a)

tiene la naturaleza de una decisión sobre una petición? (esto tendría como consecuencia que el control judicial de una decisión de la autoridad de control sobre una reclamación con arreglo al artículo 78, apartado 1, del RGPD se limitaría, en principio, a la cuestión de si dicha autoridad ha dado curso a la reclamación, ha examinado adecuadamente el objeto de la reclamación y ha informado al reclamante del resultado del examen),

o bien

b)

debe considerarse una decisión administrativa sobre el fondo? (esto tendría como consecuencia que la resolución de una reclamación por parte de la autoridad de control estaría íntegramente sujeta, desde el punto de vista de su contenido, al control judicial con arreglo al artículo 78, apartado 1, del RGPD, debiendo entenderse que, en un caso concreto, por ejemplo, en caso de reducción de la discrecionalidad a cero, la autoridad de control también podría ser obligada por el órgano jurisdiccional a adoptar una medida concreta en el sentido del artículo 58 del RGPD)

a)

¿Son admisibles, en principio, las bases de datos paralelas privadas (en particular las bases de datos de las agencias de información), creadas al margen de las bases de datos estatales y en las que los datos procedentes de las bases de datos estatales (en el presente caso, comunicaciones relativas a insolvencias) se conservan durante más tiempo de lo previsto en el estricto marco del Reglamento 2015/848, en relación con el Derecho nacional?

b)

En caso de respuesta afirmativa a la cuestión 3a), ¿se deriva del derecho al olvido previsto en el artículo 17, apartado 1, letra d), del RGPD que tales datos deben suprimirse cuando haya expirado el período de tratamiento previsto para el registro público?