COMISIÓN EUROPEA

Bruselas, 20.7.2021

SWD(2021) 703 final

DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN

Informe sobre el Estado de Derecho en 2021





Capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Bulgaria

que acompaña al documento

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES

Informe sobre el Estado de Derecho en 2021

Situación del Estado de Derecho en la Unión Europea

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El Mecanismo de Cooperación y Verificación (MCV) se creó en 2007, año de la adhesión del país a la Unión Europea, como medida transitoria para facilitar que Bulgaria mantuviera el empeño por reformar su poder judicial e intensificar la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada 1 . En consonancia con la decisión por la que se establece el mecanismo y tal como ha subrayado el Consejo, el mecanismo finalizará cuando se cumplan de manera satisfactoria todos los criterios de referencia aplicables a Bulgaria 2 . El último informe de la Comisión sobre el Mecanismo, aprobado en octubre de 2019, señalaba que Bulgaria había contraído una serie de compromisos adicionales y llegaba a la conclusión de que los progresos realizados en el marco del Mecanismo eran suficientes para cumplir los compromisos contraídos por el país en el momento de su adhesión a la UE. Como también subrayó la Comisión, Bulgaria tendrá que seguir trabajando de manera coherente en la traducción de los compromisos especificados en el informe en legislación concreta y en la continuación de la aplicación. Toda decisión sobre el final del Mecanismo tendrá debidamente en cuenta la posición expresada por el Consejo y el Parlamento Europeo 3 .

I.Sistema judicial

El sistema judicial de la República de Bulgaria 4 incluye un total de 182 órganos jurisdiccionales, que son ordinarios y especiales. Por regla general, los tribunales ordinarios conocen de asuntos en tres instancias, y el sistema de estos está formado por 113 tribunales regionales, 28 tribunales de distrito y 5 tribunales de apelación. Los tribunales especiales incluyen los tribunales militares, penales y administrativos. El Tribunal Supremo de Casación es el tribunal competente en última instancia en asuntos examinados por los tribunales ordinarios, militares y penales especiales, mientras que para los asuntos administrativos el órgano jurisdiccional de última instancia es el Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo. El poder judicial también incluye el Ministerio Fiscal, mientras que el Tribunal Constitucional de Bulgaria no forma parte de él 5 . El Ministerio Fiscal tiene una estructura unificada y está encabezado por el Fiscal General 6 . Bulgaria participa en la Fiscalía Europea. El Consejo Superior de la Magistratura es la más alta autoridad administrativa del poder judicial búlgaro. Es el responsable de gestionar el poder judicial y de garantizar su independencia. Los jueces, fiscales e investigadores 7 son nombrados, ascendidos, transferidos y destituidos por sus respectivas salas (de la Magistratura o la Fiscalía) del Consejo Superior de la Magistratura 8 . El Consejo General de la Abogacía es un organismo independiente y autónomo establecido por la ley 9 .

Independencia

El nivel de independencia judicial percibida en Bulgaria sigue siendo bajo entre el público general y medio entre las empresas, y se ha reducido ligeramente en comparación con los datos de 2020. Solo el 31 % del público general lo considera «bastante o muy bueno». El nivel de independencia percibida entre las empresas sigue siendo medio, y el 43 % lo considera «bastante o muy bueno» 10 . El nivel de independencia judicial percibida ha seguido siendo sistemáticamente bajo entre el público general durante los últimos cinco años. Entre las empresas, el nivel de independencia judicial percibida solía ser muy bajo hasta 2019 y, desde entonces, sigue siendo medio a pesar de ligeras fluctuaciones.

La nueva ley relativa a la rendición de cuentas y la responsabilidad penal del Fiscal General y sus adjuntos ha sido declarada inconstitucional y siguen existiendo retos. La imposibilidad de llevar a cabo una investigación penal eficaz en relación con el Fiscal General y sus adjuntos ha sido un tema pendiente desde hace mucho tiempo que no solo ha sido planteado por la Comisión Europea 11 , sino también por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 12 y el Consejo de Europa 13 . La combinación de las competencias del Fiscal General 14 con su puesto en el Consejo Superior de la Magistratura 15 da lugar a una considerable influencia en la Fiscalía, posiblemente en el Consejo Superior de la Magistratura (tanto en el Consejo Fiscal como en el Pleno) y en la magistratura 16 . El 29 de enero de 2021, el Parlamento aprobó una ley relativa a la ejecución de la sentencia Kolevi del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 17 , por la que se establece un nuevo marco para cualquier investigación contra el Fiscal General o sus adjuntos 18 . El nuevo mecanismo encomendó a un fiscal especial todas las investigaciones contra un Fiscal General o sus adjuntos 19 . La negativa del fiscal especial a abrir una investigación habría estado sujeta a control judicial 20 ante el Tribunal Penal Especial en primera instancia 21 . Tras algunas de las sugerencias formuladas por el Consejo de Europa 22 , la nueva ley preveía el nombramiento del fiscal especial por parte del Pleno del Consejo Superior de la Magistratura en lugar de por la Sala de la Fiscalía a la que pertenecía. El 10 de febrero de 2021, el presidente de la República impugnó la constitucionalidad de la nueva ley ante el Tribunal Constitucional 23 . En consecuencia, el Pleno del Consejo Superior de la Magistratura decidió suspender el procedimiento de selección del fiscal especial a la espera de la decisión del Tribunal Constitucional 24 . El 11 de mayo de 2021, el Tribunal Constitucional dictó una resolución por la que declaró inconstitucionales las disposiciones impugnadas por el presidente de la República y, por consiguiente, consideró inconstitucional todo el mecanismo 25 . Además, a raíz de una recomendación de la Comisión, el 23 de febrero de 2021, las autoridades búlgaras solicitaron un nuevo dictamen de la Comisión de Venecia 26 sobre esta ley. Sin embargo, debido a la decisión del Tribunal Constitucional, no se emitirá el dictamen previsto. El Consejo de Europa ha identificado diferentes cuestiones relativas a esta ley 27 . Estas se deben a la considerable influencia previamente mencionada del Fiscal General 28 , la cual puede llevarle a controlar las candidaturas a fiscal especial 29 y su nombramiento 30 . El 11 de marzo de 2021, el Comité de Ministros del Consejo de Europa 31 subrayó la importancia de reducir la influencia del Fiscal General en el seno de la Fiscalía, así como cualquier posible influencia en el Consejo Superior de la Magistratura 32 y en la propia magistratura, con fin de permitir la aplicación de un mecanismo de investigación eficaz, en particular, al ampliar el control judicial a cualquier negativa de la Fiscalía a abrir investigaciones 33 .

La falta de control judicial contra la decisión de un fiscal de no iniciar una investigación suscita preocupación. El 11 de marzo de 2021, el Comité de Ministros del Consejo de Europa reiteró su recomendación acerca de la introducción de un control judicial para las negativas de la Fiscalía a abrir una investigación, junto con disposiciones para evitar una carga de trabajo adicional excesiva para los tribunales y los fiscales 34 . Esta recomendación se ha formulado en el contexto del mecanismo de supervisión reforzada del Consejo de Europa iniciado a raíz de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que considera la ineficacia de las investigaciones penales un problema sistémico 35 .

Persisten las preocupaciones relacionadas con la composición y el funcionamiento del Consejo Superior de la Magistratura. La situación en la que el número total de jueces elegidos por sus homólogos no equivale a una mayoría se mantiene sin cambios 36 . Además, como se ha explicado en el apartado anterior, el Fiscal General sigue desempeñando un papel decisivo 37 en la Sala de la Fiscalía 38 y conserva una influencia significativa en el Pleno 39 y, posiblemente, también en la Sala de la Magistratura 40 , ya que los miembros legos 41 elegidos por el Parlamento para la Sala de la Magistratura también pueden proceder de las filas de los fiscales 42 . La práctica electoral 43 pone de manifiesto la limitada influencia en la toma de decisiones de los jueces elegidos por pares en el Consejo Superior de la Magistratura y la posible influencia del Fiscal General sobre el Consejo Superior de la Magistratura. A pesar de los progresos conseguidos gracias a reformas anteriores 44 , la situación del Consejo Superior de la Magistratura sigue siendo motivo de preocupación para el Consejo de Europa 45 y diversas partes interesadas 46 . Aunque las reformas han dado lugar a una composición más equilibrada del Consejo Superior de la Magistratura 47 , la participación de los fiscales y, en particular, del Fiscal General en la gobernanza de los jueces sigue suscitando preocupación 48 . Los intentos de modificar la Constitución con el fin de cambiar la composición del Consejo Superior de la Magistratura 49 , presentados en septiembre de 2020, tenían por objeto abordar parcialmente estas preocupaciones 50 . Abordar la cuestión relativa a la composición del Consejo Superior de la Magistratura se ha convertido en una cuestión más acuciante, ya que el sistema en vigor afectaría a las futuras elecciones para los miembros del Consejo Superior de la Magistratura, debido al próximo final de sus mandatos actuales, y también a otros puestos importantes en el poder judicial 51 . En cuanto al funcionamiento del Consejo Superior de la Magistratura, un avance positivo ha sido la introducción de un registro en línea de las posiciones adoptadas por dicho Consejo, incluidos su Pleno y las dos cámaras, contra las amenazas a la independencia judicial 52 . Sin embargo, el registro solo cubre los casos en los que el Consejo Superior de la Magistratura ha adoptado una posición y no todos los casos de ataques contra la independencia judicial, algo que algunas partes interesadas consideran insuficiente 53 . Además, las partes interesadas también han señalado aquellos casos en los que algunas de las posiciones adoptadas por el Consejo Superior de la Magistratura se consideran contrarias a los propios miembros del poder judicial 54 .

El Plan de Acción adoptado para abordar determinados retos expresados en el Informe sobre el Estado de Derecho de 2020 comprende, entre otros, la reforma judicial. El 6 de noviembre de 2020, el Gobierno publicó un plan de acción 55 para completar la reforma sobre la rendición de cuentas y la responsabilidad penal del Fiscal General con el fin de mejorar el funcionamiento y la composición de la Inspección del Consejo Superior de la Magistratura 56 , revisar los criterios que permiten una remuneración adicional de los magistrados y abordar los retos relacionados con la independencia judicial.

Se ha creado un grupo de trabajo en relación con una posible reforma de la composición y el funcionamiento de la Inspección del Consejo Superior de la Magistratura. Como parte del Plan de Acción del Gobierno previamente mencionado, en diciembre de 2020, el Ministro de Justicia creó un grupo de trabajo 57 al que se encomendó redactar las modificaciones legislativas destinadas a abordar los problemas relacionados con la Inspección que el Informe sobre el Estado de Derecho de 2020 58 y la Comisión de Venecia 59 plantearon como motivo de preocupación. En la actualidad, la Inspección controla la actividad del poder judicial, comprueba la integridad y los posibles conflictos de intereses de los magistrados y propone la apertura de procedimientos disciplinarios contra los magistrados ante el Consejo Superior de la Magistratura. La Inspección está formada por un Inspector General y diez inspectores, independientes y elegidos por la Asamblea Nacional 60 . El mandato del grupo de trabajo incluye una revisión de los controles de integridad, la responsabilidad disciplinaria de los magistrados, la creación de un sistema deontológico de prevención, las declaraciones de propiedad e intereses 61 , así como la formalización de la práctica actual que permite al Parlamento nombrar al inspector general y a los inspectores de entre las personas designadas por los plenos de los Tribunales Supremos y las organizaciones profesionales 62 . Sin embargo, no existe un calendario específico para la finalización de las modificaciones y persisten las preocupaciones relacionadas con la independencia judicial y el ejercicio de presión sobre los jueces, cuestiones planteadas por el Informe sobre el Estado de Derecho de 2020 63 y la Comisión de Venecia 64 . El Inspector General y los inspectores siguen trabajando sobre la base de un mandato que ya ha vencido 65 , en virtud del principio de continuidad 66 . Cabe señalar que otras instituciones también se encuentran en esta situación: otras cinco autoridades independientes y de supervisión operan sobre la base de un mandato agotado 67 . En otros casos, los cambios en las normas de elección y de mandato permitieron la reelección automática de sus directores actuales 68 .

El régimen de ascenso de los magistrados sigue suscitando preocupación. Los magistrados suelen recibir un ascenso después de superar un concurso 69 . Sin embargo, en la práctica, no se ha completado ningún proceso de concurso para el ascenso de jueces desde hace más de tres años 70 . Además del proceso normal de ascenso a través de concurso, existe un ascenso de los miembros legos del Consejo Superior de la Magistratura al final de su mandato. El Pleno del Tribunal Supremo de Casación impugnó la constitucionalidad de la nueva ley ante el Tribunal Constitucional 71 al considerar que se trataba de un ascenso automático. El 11 de mayo de 2021, el Tribunal Constitucional dictaminó que la ley de ascenso de los miembros legos del Consejo Superior de la Magistratura al final de su mandato sí es constitucional porque el Consejo sigue participando en la decisión 72 . Las partes interesadas criticaron la ausencia de concursos regulares para el ascenso y de un mecanismo de ascenso de los miembros del Consejo Superior de la Magistratura 73 . La ausencia de promociones periódicas ha dado lugar a un número cada vez mayor de comisiones de servicio. En particular, las partes interesadas informaron de que, desde 2017, el número de jueces en comisión de servicios ha aumentado 74 , así como el número de comisiones de servicio largas (con consentimiento) 75 , a veces de hasta 90 a 100 meses o más 76 , para ocupar puestos de rango superior 77 . Las normas europeas ponen de relieve el principio de la promoción basada en el mérito 78 y que las comisiones de servicio, siempre con consentimiento y de carácter temporal, solo deben emplearse en circunstancias excepcionales 79 . La ausencia de ascensos periódicos basados en el mérito puede afectar a la independencia judicial. También se han planteado preocupaciones 80 en el contexto de la reforma prevista de la planta judicial, en la que los jueces de los tribunales de primera instancia, que pasarían a formar parte de los tribunales provinciales, ascenderían automáticamente a una posición más elevada 81 . Dado que los debates se encuentran en una fase inicial, existe cierto margen para llevar a cabo una amplia consulta sobre la reforma de la planta judicial 82 . Además, es importante que toda reforma del mapa judicial se base en una evaluación exhaustiva de sus efectos probables y preserve la independencia judicial y el acceso a la justicia 83 .

El Consejo Superior de la Magistratura está modificando los criterios para tomar decisiones acerca de la remuneración adicional. Con el fin de abordar las preocupaciones del Consejo de Europa en relación con las amplias facultades discrecionales de los presidentes de los tribunales para asignar una remuneración adicional a los magistrados, se han creado dos grupos de trabajo  84 . El proyecto de normas se elaboró en marzo de 2020, sin embargo, no se debatió en el pleno del Consejo Superior de la Magistratura y no se hizo público 85 . Por lo tanto, es demasiado pronto para evaluar si se han abordado los problemas detectados a la luz de las recomendaciones del Consejo de Europa. Es importante que cualquier modificación tenga en cuenta dichas recomendaciones 86 .

Se ha suprimido el registro en línea sobre la afiliación de magistrados a organizaciones profesionales. El requisito de que los magistrados declaren su pertenencia a organizaciones profesionales 87 se derogó en 2020. En el momento de la publicación del Informe sobre el Estado de Derecho de 2020, la base de datos en línea de magistrados que participan en asociaciones profesionales seguía estando disponible en el sitio web del Consejo Superior de la Magistratura. Entretanto, las autoridades han abordado esta preocupación y, desde el 14 de enero de 2021, el registro ya no está disponible en línea.

Calidad

Se han reducido las tasas judiciales para las demandas presentadas en línea. Las modificaciones introducidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil preveían una reducción del 15 % de la tasa adeudada cuando la solicitud de protección y asistencia se hubiera realizado de manera electrónica. Sin embargo, la medida sigue siendo demasiado limitada para reducir sustancialmente las tasas judiciales para incoar el procedimiento 88 , ya que solo afecta a los expedientes presentados electrónicamente y no a todos los casos. Además, esta medida no afecta al umbral para la asistencia jurídica gratuita 89 ni exime a los beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita de las tasas judiciales 90 . Las repercusiones de la reforma también se ven comprometidas por la falta de digitalización 91 . Además, el Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer ha planteado preocupaciones específicas en relación con el acceso limitado a la justicia para las mujeres y las niñas 92 .

Se introdujeron modificaciones para permitir el uso de videoconferencias en los procedimientos civiles, administrativos y penales. El 17 de diciembre de 2020 se adoptaron las modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil, del Código de Procedimiento Administrativo y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Permiten el uso de videoconferencias en los procedimientos civiles y administrativos, así como en los procedimientos penales para la obtención de pruebas. Sin embargo, en la práctica parece que el sistema todavía no se ha puesto en práctica 93 . Se han anunciado nuevas mejoras a través de dos proyectos en el contexto del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia de Bulgaria (PNRR) 94 . A pesar de estas reformas y planes, actualmente no es posible que el personal de la oficina judicial y los jueces trabajen de forma segura a distancia 95 , y la comunicación electrónica segura solo está disponible para la comunicación entre los tribunales, pero no con otros profesionales del Derecho 96 . Aunque es posible acceder a los expedientes electrónicos de los asuntos en curso y cerrados y recibir información en línea sobre las tasas judiciales, todavía no es posible incoar procedimientos por internet, presentar una solicitud de asistencia jurídica gratuita en línea y los documentos judiciales oficiales no se pueden notificar o trasladar por vía electrónica 97 . El proyecto financiado por el Fondo Social Europeo (2016-2020) Development of a Model for Optimization of the Judicial Map of Bulgarian Courts and Prosecutor’s Offices and of a Unified Information System for Courts 98 abarca un total de siete actividades, incluidas dos específicamente relacionadas con la digitalización y la justicia electrónica 99 . Se han planteado preocupaciones en relación con la aplicación del Sistema Unificado de Información de los Tribunales en ausencia de un proceso completo de digitalización 100 . La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto las deficiencias del sistema judicial del país en el ámbito de la digitalización de la justicia. Durante el estado de excepción 101 , se suspendió la tramitación de los asuntos judiciales a lo largo de un mes, con excepción de los casos urgentes 102 . Una vez que el Consejo de Ministros declaró el estado de excepción el 13 de marzo de 2020, el Colegio de Jueces del Consejo Superior de la Magistratura adoptó una nueva organización del trabajo en los tribunales para limitar el contagio. Sin embargo, se han celebrado audiencias a distancia en casos muy limitados por iniciativa de tribunales específicos, y el trabajo a distancia ha sido una excepción 103 .

Se han incrementado los recursos financieros y humanos del Tribunal Penal Especial. El Tribunal Penal Especial de primera instancia, que había estado experimentando problemas relacionados con la falta de recursos humanos o financieros, ha incorporado dos puestos adicionales para jueces 104 . Se trata de un avance positivo que responde a una preocupación planteada en el capítulo sobre Bulgaria del Informe sobre el Estado de Derecho de 2020. La inversión anunciada por el Gobierno en el sistema judicial en los últimos años ha ido en aumento 105 .

Una nueva legislación ha modificado el régimen aplicable a los bufetes de abogados. En febrero de 2021, se introdujeron modificaciones en la Ley del Colegio de Abogacía que hicieron posible la creación de empresas de abogados individuales; además, se suprimió la prohibición de que los abogados ejerzan como gestores y directores ejecutivos de empresas comerciales 106 . Estas modificaciones generan la oportunidad de crear más bufetes de abogados, lo que, a su vez, aumentaría la competencia entre abogados y permitiría un mayor acceso a los profesionales de la justicia.

Eficiencia

La eficiencia de la justicia administrativa sigue mejorando. La actuación de los tribunales administrativos en relación con la duración de los procedimientos es una de las más eficientes de la UE 107 . Sin embargo, la falta de datos sobre la eficiencia de los asuntos civiles y mercantiles contenciosos y no contenciosos (tribunales de primera y segunda instancia) no permite evaluar adecuadamente la eficiencia global del sistema judicial 108 . En cuanto a la duración de los procedimientos en el Tribunal Supremo de Casación, Bulgaria sigue obteniendo buenos resultados en comparación con otros Estados miembros 109 . Además, en lo que se refiere a la eficiencia en ámbitos específicos del Derecho de la UE, los procedimientos se resuelven rápidamente en el ámbito de la comunicación electrónica y la protección de los consumidores 110 .

II.Marco de lucha contra la corrupción

Tras la reforma integral de 2017 y 2018, Bulgaria creó la Comisión de lucha contra la corrupción y el decomiso de activos ilegales (en lo sucesivo, la Comisión Anticorrupción). Esta Comisión es principalmente responsable tanto de las acciones preventivas como represivas en relación con la corrupción de alto nivel, el mantenimiento y la gestión del registro público de declaraciones de patrimonio, el seguimiento y el asesoramiento sobre cuestiones relacionadas con los conflictos de intereses, así como la confiscación de activos adquiridos ilegalmente. También lleva a cabo evaluaciones institucionales del riesgo de corrupción con el fin de desarrollar planes de acción de integridad de las instituciones a medida. Tras esta evaluación, las recomendaciones dirigidas a las instituciones públicas son vinculantes y las medidas de seguimiento deben notificarse periódicamente a la Comisión Anticorrupción. La competencia para los casos de corrupción de alto nivel se transfirió a los Tribunales Penales Especiales y la investigación de tales casos se lleva a cabo bajo la supervisión de la Fiscalía Especial.

La percepción entre los expertos y los ejecutivos de empresas es que el nivel de corrupción en el sector público sigue siendo elevado. En el Índice de percepción de la corrupción de 2020 de Transparencia Internacional, Bulgaria obtiene una puntuación de 44/100 y ocupa el puesto 19 en la Unión Europea y el puesto 69 del mundo 111 . Esta percepción se ha mantenido relativamente estable 112 en los últimos cinco años 113 .

La Comisión Anticorrupción ha simplificado aún más su estructura organizativa. Racionalizó los recursos financieros, que se incrementaron a principios de 2021 114 . También siguió aumentando su personal, en particular, mediante nuevas contrataciones de inspectores en la dirección responsable de la lucha contra la corrupción. En 2020, la Comisión Anticorrupción confiscó 6,2 millones EUR 115 de bienes adquiridos ilegalmente, mientras que 30 personas fueron sancionadas por conflictos de intereses. En comparación con 2019, se ha producido una disminución (de alrededor del 20 %) en el número de inspecciones realizadas, así como en los informes recibidos sobre presuntas violaciones relacionadas con la corrupción 116 .

La nueva estrategia anticorrupción para 2021-2027 se adoptó en marzo de 2021. Sobre la base de las enseñanzas extraídas de la estrategia anterior, se han establecido nuevas prioridades con respecto a los sectores de alto riesgo, incluido el refuerzo de la capacidad de lucha contra la corrupción; el aumento de la rendición de cuentas de las autoridades locales; y la creación de un entorno contra la corrupción capaz de dar respuestas oportunas. La estrategia también contiene una lista de objetivos pertinentes, indicadores y entidades responsables de la ejecución 117 .

El Plan de Acción adoptado en noviembre de 2020 para abordar determinados retos expresados en el Informe sobre el Estado de Derecho en 2020 también abarca cuestiones relacionadas con la corrupción. El Plan de Acción tiene por objeto mejorar las investigaciones y seguir reforzando las operaciones de la Comisión Anticorrupción. Además, tal como se anunció en el Plan de Acción, se está llevando a cabo una reflexión para mejorar la eficiencia de las investigaciones y los ensayos. El 30 de marzo de 2021, se encargó a un grupo de trabajo que recomendara cambios en el Código Penal para mejorar la eficiencia de las investigaciones y los juicios 118 .

A pesar del aumento de la actividad de investigación, los resultados en condenas firmes de corrupción de alto nivel siguen siendo bajos, sin un historial sólido de condenas firmes. En 2020, se dictaron 33 resoluciones del Tribunal Supremo de Casación sobre casos generales de corrupción. En 19 casos se confirmaron las resoluciones, en 8 casos los actos del tribunal de apelación fueron revocados y devueltos para un nuevo examen, en cuatro casos se modificaron las resoluciones de la instancia de apelación y en dos de ellos se reanudó el procedimiento penal 119 . El 17 de diciembre de 2020, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) recomendó que se recuperasen casi 6 millones de euros tras un presunto abuso de poder en un ministerio búlgaro 120 . Finalmente, continúa siendo preciso contar con un sólido historial de condenas firmes en casos de corrupción de alto nivel 121 .

Existen pocas pruebas de la eficacia de las medidas relacionadas con la integridad de la administración pública. La aplicación del código de conducta de los funcionarios públicos 122 es responsabilidad de las comisiones disciplinarias institucionales dentro de cada servicio público. El desarrollo de normas éticas de conducta de altos funcionarios (incluidos ministros y alcaldes), sistemas de verificación de la integridad y asistencia para su aplicación son competencia de la Comisión Anticorrupción 123 . Las disposiciones deontológicas para los miembros del Parlamento se establecen en el Reglamento de organización y procedimiento de la Asamblea Nacional 124 , cuya aplicación es responsabilidad de una comisión de la Asamblea Nacional. Si bien las disposiciones legales están en vigor, no existen datos objetivos de su aplicación o eficacia 125 . En lo que respecta a los miembros del poder judicial, no hay pruebas de que se haya impartido formación anticorrupción ni de que se haya creado un comité consultivo para asuntos relacionados con la ética. Por lo que se refiere a las fuerzas del orden, desde 2021 la Inspección del Ministerio del Interior ha implantado un nuevo sistema para grabar en vídeo las acciones de los agentes de seguridad y las patrullas de carretera 126 . Las pruebas sobre infracciones de las normas de integridad, incluida la corrupción, recogidas a través de un instrumento de grabación de vídeo, se han utilizado para disciplinar, sancionar o condenar a funcionarios de policía de distintos departamentos 127 .

Existe un sistema de verificación para la declaración de patrimonio y los conflictos de intereses. En 2020, la Comisión Anticorrupción llevó a cabo 21 587 verificaciones de las declaraciones de propiedad e intereses de las personas que ocupan cargos públicos superiores (frente a las 9 900 verificaciones realizadas en 2019), incluidas las de personas que participaron en las elecciones locales 128 . Se puede acceder a las declaraciones a través del Registro de titulares de altos cargos públicos en la página web de la Comisión Anticorrupción. Los conflictos de intereses y las medidas de incompatibilidad de los funcionarios públicos (aplicables a los empleados de la administración gubernamental central y local) se definen en la Ley de Funcionarios Públicos, el Código Laboral, la Ley del Ministerio del Interior, la Ley de la Agencia Estatal de Seguridad Nacional, la Ley de Aduanas y otras leyes orgánicas 129 .

La actividad de los grupos de presión sigue careciendo de una regulación específica. Aunque la regulación de las actividades de los grupos de presión forma parte del plan de acción nacional en respuesta al Informe sobre el Estado de Derecho en 2020 130 , quedan por dar pasos concretos. 

No existe una ley específica sobre la protección de los denunciantes Sin embargo, la legislación penal vigente 131 , aplicable a los testigos, ofrece, mutatis mutandis, protección a las personas que denuncien casos de delitos, incluida la corrupción. Las denuncias anónimas no están permitidas ni protegidas, por lo que la Comisión Anticorrupción no puede utilizar la información recibida de personas desconocidas ni de fuentes no divulgadas.

Las autoridades han adoptado algunas medidas para contrarrestar los riesgos de corrupción relacionados con las medidas contra la pandemia de COVID-19. Estas medidas abarcan sectores con alto riesgo de corrupción, como la asistencia sanitaria y la contratación pública. Se han implantado procedimientos urgentes de contratación pública, con un uso significativo de procedimientos negociados sin publicación y procedimientos simplificados (es decir, con un único proveedor o un proveedor sin experiencia acreditada previamente ni capacidad corporativa para el contrato específico). Como parte del enfoque político para hacer frente a la pandemia de COVID-19, los representantes del Ministerio del Interior 132 , el Ministerio de Sanidad y las autoridades de control se reúnen periódicamente para intercambiar información operacional y decidir las medidas que se deben adoptar, incluida la lucha contra el riesgo de corrupción. Se ha creado una unidad independiente en la Dirección General del Ministerio del Interior de Persecución de la Delincuencia Organizada para combatir la corrupción en la asistencia sanitaria 133 .

III.Libertad y pluralismo de los medios de comunicación

El marco jurídico búlgaro 134 se basa en un conjunto de garantías constitucionales y medidas legislativas, como la Ley de Radio y Televisión 135 . La Ley de acceso a la información pública regula el acceso a la información pública y la reutilización de la información del sector público. La autoridad reguladora de los medios de comunicación, el Consejo de Medios de comunicación Electrónicos (CEM), se crea y funciona en virtud de la Ley de Radio y Televisión.

Se ha adoptado una nueva legislación para reforzar la independencia de la autoridad reguladora de los medios de comunicación (CEM) y se han tomado medidas para aumentar sus recursos. En diciembre de 2020, la Asamblea Nacional adoptó la Ley 136 por la que se modifica la Ley de Radio y Televisión con el fin de transponer la Directiva de servicios de comunicación audiovisual revisada. Esto reforzará la independencia del CEM, en particular, al garantizar que siga el interés público, y adoptará medidas para proteger la libertad y el pluralismo de expresión e información y la independencia de los proveedores de servicios de comunicación. El aumento de 574 867 EUR (1,12 millones BGN) para el presupuesto del CEM, previsto en el presupuesto del Estado de 2021, tiene por objeto abordar las preocupaciones planteadas en el Informe sobre el Estado de Derecho de 2020 en relación con la falta de recursos del CEM necesarios para llevar a cabo sus tareas con eficacia 137 . Aunque se trata de un avance positivo, recientemente, en marzo y abril de 2021, el Gobierno redujo el presupuesto de la autoridad reguladora 138 . Además, queda por ver si el aumento previsto del presupuesto será adecuado habida cuenta de las tareas adicionales relacionadas con la aplicación de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual revisada 139 .

La falta de transparencia en relación con la propiedad de los medios de comunicación sigue siendo motivo de preocupación. A pesar de las actualizaciones periódicas del registro público del CEM de servicios de comunicación lineales y no lineales a los que se refiere el Informe sobre el Estado de Derecho en 2020, los datos sobre la propiedad de los medios de comunicación todavía no se divulgan en su totalidad al público. Algunas partes interesadas han expresado su preocupación por el hecho de que la cuestión de la transparencia de los medios de comunicación pueda verse agravada por la importante concentración de los medios de comunicación que tuvo lugar en 2020 140 .

La falta de garantías reglamentarias para una asignación justa y transparente de la publicidad estatal 141 sigue suscitando preocupación. Además, las partes interesadas han destacado que la transparencia en la asignación de fondos públicos a los medios de comunicación sigue siendo problemática 142 .

La injerencia política en los medios de comunicación sigue siendo una cuestión apremiante. La falta de legislación que impide a los políticos y partidos poseer medios de comunicación parece ser un factor importante, y se ha registrado un mayor riesgo a este respecto en los sectores de la televisión y la prensa 143 . Las autoridades han presentado un plan de acción que incluye esta cuestión como una de las prioridades del Programa Nacional de Desarrollo 2030 de Bulgaria 144 . Sin embargo, todavía no se han especificado medidas concretas.

La pandemia de COVID-19 ha afectado negativamente al pluralismo de los medios de comunicación y no se han puesto en marcha medidas de apoyo directo al sector de los medios de comunicación. La pandemia ha afectado al pluralismo de los medios de comunicación y a la protección de los periodistas principalmente en términos económicos, debido a los recortes salariales y los retrasos en los pagos, con graves repercusiones en el periodismo regional, como han puesto en relieve las partes interesadas 145 . Se informa de que, como consecuencia de la pandemia, algunos de los medios de comunicación más pequeños y regionales quebraron 146 .

El entorno de trabajo y la seguridad de los periodistas siguen siendo motivo de preocupación 147 . El acceso a la información pública sigue siendo difícil y los periodistas siguen enfrentándose a presiones políticas y autocensura 148 . Desde el último informe, se registraron seis nuevas alertas sobre ataques y acoso a periodistas en la Plataforma del Consejo de Europa para promover la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas 149 . Esto incluye una alerta relativa al caso de un periodista supuestamente golpeado por la policía y detenido durante 24 horas que la Fiscalía se negó a investigar. Las otras alertas se refieren a ataques y acoso a periodistas y otros agentes de los medios de comunicación, así como a pleitos abusivos. Además, la pandemia de COVID-19 provocó la suspensión de los trabajos sobre la hoja de ruta, enviada por Reporteros sin Fronteras a las autoridades búlgaras en marzo de 2020, para abordar las preocupaciones relativas a la libertad de prensa en Bulgaria, incluidos aspectos como la seguridad de los periodistas, el acceso a la información, la asignación de publicidad estatal y la financiación de los medios de comunicación 150 .

IV.Otras cuestiones institucionales relacionadas con el sistema de contrapoderes institucionales

Bulgaria es una república democrática representativa con un presidente elegido directamente, una Asamblea Nacional unicameral y un Tribunal Constitucional encargado del control de constitucionalidad de las leyes. La Asamblea Nacional tiene capacidad de decisión definitivo a la hora de adoptar leyes 151 . Bulgaria cuenta con dos instituciones nacionales de derechos humanos. En primer lugar, el Defensor del Pueblo es un órgano constitucional independiente elegido por la Asamblea Nacional y encargado de la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales. En segundo lugar, la Comisión para la protección contra la discriminación es un organismo que aplica políticas en los ámbitos de la igualdad de género y la no discriminación.

Aún no ha concluido el establecimiento de un mecanismo de seguimiento a posteriori. Como se indica en el informe del Mecanismo de Cooperación y Verificación de octubre de 2019 152 y se recuerda en el Informe sobre el Estado de Derecho de 2020, el Gobierno decidió establecer un mecanismo adicional más completo de supervisión nacional centrado en un Consejo de Coordinación y Cooperación («consejo de seguimiento a posteriori»). El objetivo del Consejo es evaluar los avances de Bulgaria en la reforma judicial, así como la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada de manera independiente, transparente y objetiva 153 . La actividad del Consejo se iniciaría una vez que finalizase oficialmente el Mecanismo de Cooperación y Verificación. Sin embargo, se ha suspendido la creación del Consejo Cívico, un órgano perteneciente al Consejo de Coordinación y Cooperación que incluye a miembros de la sociedad civil y para el que se había iniciado un procedimiento de selección, a la espera de la resolución del Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo en relación con un recurso sobre el asunto 154 .

El Plan de Acción adoptado en respuesta al Informe sobre el Estado de Derecho de 2020 incluye medidas destinadas a abordar algunos retos identificados en relación con los controles y equilibrios. Esto incluye medidas para aumentar los fondos destinados a las instituciones nacionales de derechos humanos y mejorar el proceso de toma de decisiones. Para este último, se contemplaron dos iniciativas: la creación de una guía para la evaluación de impacto a posteriori 155 y la realización de evaluaciones de impacto a posteriori de las leyes clave 156 .

Un estudio reciente confirma el uso limitado de la consulta pública y la evaluación de impacto, especialmente para la legislación propuesta por los miembros del Parlamento. Un estudio realizado por el Centro Nacional de Estudios Parlamentarios, integrado en la Asamblea Nacional, examinó la actividad legislativa de la Asamblea Nacional desde abril de 2017 hasta marzo de 2021 157 . Las principales conclusiones confirman el aumento del número de proyectos de ley propuestos por los miembros del Parlamento 158 , sin consulta obligatoria a las partes interesadas, evaluación de impacto y control de compatibilidad con la legislación de la UE 159 que se aplica a los proyectos legislativos propuestos por el Gobierno. Las autoridades se comprometieron a adherirse a las normas recientemente reforzadas 160 y a continuar con la práctica del Gobierno de presentar proyectos de ley al Parlamento con una evaluación de impacto total o parcial 161 . Sin embargo, estas iniciativas destinadas a mejorar la calidad de las evaluaciones de impacto y las consultas públicas no comprenden los proyectos de ley propuestos por los miembros del Parlamento. Además, aunque la elaboración de una evaluación de impacto es un paso obligatorio en el proceso legislativo desde 2016, la intervención legislativa solo se basa en un número limitado de proyectos basados en conocimientos científicos 162 . Para abordar esta cuestión, las autoridades se comprometieron a empezar a realizar evaluaciones de impacto a posteriori de la legislación clave, para lo cual el Consejo de Ministros adoptó una serie de orientaciones el 3 de diciembre de 2020 163 . Además, la consulta pública y las opiniones de las partes interesadas también forman parte integrante del proceso. Sin embargo, en la mayoría de los proyectos legislativos propuestos 164 no hay información sobre consultas públicas ni debates organizados por los miembros del Parlamento o el Gobierno para determinar los problemas y las razones de la adopción del proyecto de ley 165 . Además, las razones para la adopción de una ley incluían los puntos de vista de algunas o todas las partes interesadas en muy pocos proyectos de ley propuestos 166 .

La práctica de introducir modificaciones legislativas importantes mediante modificaciones de otros actos jurídicos sigue suscitando preocupación. Ha continuado la técnica legislativa de utilizar las disposiciones transitorias de un acto jurídico para introducir modificaciones importantes en otro acto no relacionado 167 . Esto confirma las preocupaciones planteadas en el Informe sobre el Estado de Derecho de 2020, ya que dichas modificaciones eluden los requisitos de consulta pública y evaluación de impacto 168 . Por otra parte, otra tendencia, que se identificó en el Informe sobre el Estado de Derecho de 2020 y sigue suscitando preocupación, es la práctica legislativa de adoptar modificaciones importantes entre la primera y la segunda lectura en la Asamblea Nacional sin consulta pública 169 .

El régimen de la situación de excepción relacionado con la pandemia de COVID-19 continúa en vigor. Tras la adopción del régimen del «estado de excepción» entre el 13 de marzo y el 13 de mayo de 2020 170 , el 12 de mayo de 2020 se aprobó una modificación de la Ley de Sanidad 171 que introdujo un nuevo régimen de emergencia («situación de emergencia epidémica») 172 . El 13 de mayo de 2020, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Sanidad, decidió declarar una situación de emergencia epidémica durante un período de un mes, la cual se ha renovado periódicamente y se mantiene en vigor hasta el [31 de julio de 2021]. Este nuevo régimen de emergencia fue revisado por el Tribunal Constitucional 173 , que decidió el 23 de julio de 2020 que se ajustaba a la Constitución 174 .

La Asamblea Nacional adoptó una serie de normas para garantizar la continuidad durante la pandemia de COVID-19. Con el fin de adaptarse a la situación, la Asamblea Nacional prosiguió su trabajo habitual y, el 6 de noviembre de 2020, adoptó nuevas normas, añadiendo la posibilidad de participar por videoconferencia en las reuniones plenarias para los miembros del Parlamento que se encontraban bajo aislamiento o cuarentena obligatorios debido a la COVID-19 175 . El 23 de noviembre de 2020, 54 miembros del Parlamento impugnaron la constitucionalidad de estas normas ante el Tribunal Constitucional 176 , que las consideró compatibles con la Constitución 177 .

Se han incrementado los recursos financieros y humanos de las instituciones nacionales de derechos humanos. Se han producido aumentos en los presupuestos del Defensor del Pueblo y de la Comisión para la protección contra la discriminación. Las autoridades búlgaras informaron de que las previsiones presupuestarias para el período 2021-2023 prevén un aumento del 10 % de los fondos de personal para ambas instituciones. Además, en vista de mejorar la capacidad de la institución del Defensor del Pueblo, el proyecto de presupuesto prevé gastos adicionales 178 .

No se ha seguido adelante con el proyecto legislativo sobre una mayor transparencia de la financiación extranjera destinada a las ONG. El proyecto de ley, presentado el 3 de julio de 2020 179 y destinado a imponer nuevas obligaciones a las organizaciones sin ánimo de lucro, ya había suscitado preocupación entre las partes interesadas 180 en cuanto a su conformidad con el Derecho de la UE 181 . Tras la publicación del Informe sobre el Estado de Derecho de 2020, no se ha seguido debatiendo el proyecto de ley 182 . No obstante, el espacio cívico sigue estando limitado 183 y, en ocasiones, los miembros de la sociedad civil parecen estar bajo presión, a través de campañas de difamación, intimidación y un discurso negativo 184 . En noviembre de 2020, con motivo del examen periódico universal, Bulgaria recibió varias recomendaciones en relación con la necesidad de mejorar el espacio cívico y hacer frente a la intimidación y las amenazas 185 .

Anexo I: Lista de fuentes por orden alfabético*

* La lista de aportaciones recibidas en el marco de la consulta para el Informe sobre el Estado de Derecho en 2021 está disponible en https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2021-rule-law-report-targeted-stakeholder-consultation_es .

Bulgarian Centre for Not-for-profit Law (2021), Aportación del Bulgarian Centre for Not-for-profit Law para el Informe sobre el Estado de Derecho de 2021.

Foro Búlgaro de Donaciones (2021), Aportación del Foro Búlgaro de Donaciones para el Informe sobre el Estado de Derecho de 2021.

Gobierno búlgaro (2021), Aportación de Bulgaria para el Informe sobre el Estado de Derecho de 2021.

Gobierno búlgaro (2021), Proyecto de Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Corrupción (2021-2027) ( https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5828 ).

Comité Búlgaro de Helsinki (2021), Aportación del Foro Búlgaro de Helsinki para el Informe sobre el Estado de Derecho de 2021.

Bulgarian Institute for Legal Initiatives Foundation (2021), Aportación de la Bulgarian Institute for Legal Initiatives Foundation para el Informe sobre el Estado de Derecho de 2021.

Centro para la Libertad y el Pluralismo en los Medios de Comunicación (2021), Media Pluralism Monitor de 2021, Informe sobre Bulgaria.

CEPEJ (2013), Revised Guidelines on the Creation of Judicial Maps to Support Access to Justice within a Quality Judicial System ( https://rm.coe.int/european-commission-for-the-efficiency-of-justice-cepej-revised-guidel/168078c492 ).

CEPEJ (2020), Estudio sobre el funcionamiento de los sistemas judiciales en los Estados miembros de la UE.

Civicus, Monitor tracking civic space – Bulgaria ( https://monitor.civicus.org/country/bulgaria/ ).

Tribunal Constitucional, asunto n.º 15 de 2020  http://www.constcourt.bg/bg/Cases/Details/585

Decisión n.º 6 del Tribunal Constitucional de 2021 sobre el asunto n.º 15 de 2020  http://www.constcourt.bg/bg/Acts/GetHtmlContent/96c8d204-d2eb-4785-beac-7133ed3b6cd2

Plataforma del Consejo de Europa para promover la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas ( https://www.coe.int/en/web/media-freedom/bulgaria ).

Consejo de Europa: Comité de Ministros (2010), Recomendación CM/Rec(2010)12 del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre los jueces: independencia, eficiencia y responsabilidades.

Consejo de Europa: Comité de Ministros (2019), Decisión CM/Notes/1362/H46-6.

Consejo de Europa: Comité de Ministros (2019), Resolución provisional CM/ResDH(2019)367.

Consejo de Europa: Comité de Ministros (2020), Decisión CM/Del/Dec(2020)1377bis/H46-9.

Consejo de Europa: Comité de Ministros (2021), decisión CM/Notes/1398/H46-6 de 9-11 de marzo, ( https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=0900001680a1abfa ). 

Consejo de Europa: Departamento de Ejecución de Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (2021), Memorandum H/Exec(2021)9.

Consejo de Europa: Comisión de Venecia (2010), Informe sobre la independencia del sistema judicial, parte I: The Independence of Judges [CDL-AD(2010)004].

Consejo de Europa: Comisión de Venecia (2017), Bulgaria - Opinion on the judicial system act [CDL-AD(2017)018].

Consejo de Europa: Comisión de Venecia (2019), Bulgaria - Opinion on draft amendments to the Criminal Procedure Code and the Judicial System Act, concerning criminal investigations against top magistrates [CDL-AD(2019)031].

Consejo de Europa: Comisión de Venecia (2020), Bulgaria - Urgent interim opinion on the draft new constitution opinion [CDL-AD(2020)035].

Consejo de Europa: Comisión de Venecia (2020), Poland - Joint Urgent Opinion of the Venice Commission and the Directorate General of Human Rights and Rule of Law (DGI) of the Council of Europe on amendments to the Law on the Common courts, the Law on the Supreme court and some other Laws, [CDL-AD(2020)017].

Consejo de la Unión Europea (2017), Conclusiones del Consejo sobre el Mecanismo de Cooperación y Verificación ( https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15587-2017-INIT/es/pdf ).

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sentencia de 18 de junio de 2020, Comisión/Hungría, C-78/18.

Consejo de Ministros (2020), Orientaciones para la evaluación de impacto a posteriori ( https://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?lang=bg-BG&categoryId=&Id=320&y=&m=&d ).

Dirección General de Comunicación (2019), Eurobarómetro Flash n.º 482: Businesses’ attitudes towards corruption in the EU.

Dirección General de Comunicación (2020), Eurobarómetro especial n.º502: Corrupción.

Comisión Europea (2019), Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre los progresos realizados por Bulgaria en el ámbito del Mecanismo de Cooperación y Verificación, COM(2019) 498

Comisión Europea (2020), Informe sobre el Estado de Derecho de 2020 - La situación del Estado de Derecho en la Unión Europea

Comisión Europea (2021), Cuadro de indicadores de la justicia en la UE.

Comisión Europea: «OLAF recommends recovery of nearly €6 million after alleged abuse of power at Bulgarian ministry» - Comunicado de prensa de la UE n.º 04/2021 ( https://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/01-02-2021/olaf-recommends-recovery-nearly-eu6-million-after-alleged-abuse-power_en ).

Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sentencia de 5 de febrero de 2010, Kolevi/Bulgaria.

Red Europea de Consejos del Poder Judicial (2019), Independence and Accountability of the Judiciary – ENCJ Survey on the independence of judges.

Parlamento Europeo (2020), Resolución del Parlamento Europeo sobre el Estado de Derecho y los derechos fundamentales en Bulgaria [2020/2793(RSP)].

Parlamento Europeo, «Member states must stop selling EU passports immediately, MEPs demand» - Nota de prensa de 22 de octubre de 2020. ( https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201016IPR89564/member-states-must-stop-selling-eu-passports-immediately-meps-demand ).

Presidencia finlandesa del Consejo de la Unión Europea (2019), Informe de la Presidencia ( https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14856-2019-INIT/en/pdf ).

Agencia de los Derechos Fundamentales (2020), Repercusiones del brote de coronavirus COVID-19 UE en los derechos fundamentales ( https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/bulgaria-report-covid-19-april-2020_en.pdf ).

Agencia de los Derechos Fundamentales (2021), Legal environment and space of civil society organisations in support rights in Bulgaria.

GRECO (2015), Cuarta ronda de evaluación: Evaluation report on Bulgaria on corruption prevention in respect of members of parliament, judges and prosecutors. ( https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806c983f ).

Institute for Market Economics (IME) (2021), «Estudio sobre el envío de magistrados en comisión de servicios» ( https://ime.bg/bg/articles/komandirovane-na-magistrati-ili-kadruvane-tihomylkom/#ixzz6pUEALbxu ).

Asociación de Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades (2021), Aportación de la Asociación de Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades para el Informe sobre el Estado de Derecho de 2021.

Ministerio de Hacienda (2019), Programa Nacional de Desarrollo 2030 de Bulgaria ( https://www.minfin.bg/upload/46720/National%2BDevelopment%2BProgramme%2BBULGARIA%2B2030.pdf ).

Asamblea Nacional de la República de Bulgaria (2017), Rules of organisation and procedure of the National Assembly ( https://www.parliament.bg/en/rulesoftheorganisations ).

Asamblea Nacional de la República de Bulgaria (2020),    Decisión de declarar el estado de excepción, 13 de marzo de 2020 ( https://www.parliament.bg/bg/desision/ID/157374 ).

Asamblea Nacional de la República de Bulgaria (2020), Decisión de prorrogar el estado de excepción, 3 de abril de 2020 ( https://www.parliament.bg/bg/desision/ID/157396 ).

Comunicado de prensa sobre la carta abierta al Consejo Superior de la Magistratura contra el modelo elegido para la reforma del mapa judicial firmado por 500 jueces - https://news.lex.bg/564

Comunicado de prensa del Tribunal Supremo de Casación sobre el Instituto Nacional de Gestión de la Justicia ( http://www.vks.bg/novini/nip.html )

Reporteros sin Fronteras: Bulgaria ( https://rsf.org/en/bulgaria ). 

Tribunal Supremo de Casación de Bulgaria (2019), Informe anual de 2020.

Tribunal Supremo de Casación de Bulgaria (2021), Aportación del Tribunal Supremo de Casación de Bulgaria al Informe sobre el Estado de Derecho de 2021

Críticas del Consejo General de la Abogacía sobre la reforma del mapa judicial ( https://www.vas.bg/bg/a/predlozheniyata-za-reforma-na-sdebnata-karta ).

Transparencia Internacional (2021), Índice de percepción de la corrupción de 2020.

Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (2021), Actualización de la lista de nacionales especialmente designados, 2 de febrero de 2021 ( https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20210602 ).

Oficina Regional para Europa del ACNUDH (2021), Aportación de la Oficina Regional para Europa del ACNUDH al Informe sobre el Estado de Derecho de 2021.

Anexo II — Visita a Bulgaria

Los servicios de la Comisión celebraron reuniones virtuales en marzo de 2021 con:

·Programa de acceso a la información

·Dirección para la modernización de la administración

·Consejo de lucha contra la corrupción

·Fundación Fondo Anticorrupción

·Asociación de Periodistas Europeos - Bulgaria

·Asociación de Fiscales de Bulgaria

·Regulador del sector audiovisual: CEM

·Bulgarian Institute for Legal Initiatives

·Asociación de Jueces búlgaros

·Centre for the Study of Democracy.

·Comisión de lucha contra la corrupción y el decomiso de activos ilegales

·Proyecto por la verdad

·Inspección del Consejo Superior de la Magistratura

·Institute for Market Economics

·el Ministerio de Cultura

·Ministerio del Interior

·el Ministerio de Justicia

·Consejo Nacional de Ética Periodística

·Fiscalía General

·Colegio de Abogados de Sofía

·Tribunal Penal Especial

·Fiscalía especializada

·Consejo General de la Abogacía

·Tribunal Supremo de Casación

·Consejo Superior de la Magistratura

·Unión de Editoriales de Bulgaria

* Además, la Comisión mantuvo reuniones horizontales con las siguientes organizaciones:

·Amnistía Internacional

·Centro de Derechos Reproductivos

·CIVICUS

·Unión por las Libertades Civiles en Europa

·Sociedad Civil Europa

·Conferencia de Iglesias Europeas

·EuroCommerce

·European Center for Not-for-Profit Law

·Centro Europeo para la Libertad de Prensa y de los Medios de Comunicación

·Foro Cívico Europeo

·Federación Europea de Periodistas

·European Partnership for Democracy

·Foro Europeo de la Juventud

·Front Line Defenders

·Human Rights House Foundation

·Human Rights Watch

·ILGA-Europe

·Comisión Internacional de Juristas

·Federación Internacional por los Derechos Humanos

·Red Europea de la Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF EN)

·Instituto Internacional de la Prensa

·Netherlands Helsinki Committee

·Open Society European Policy Institute

·Philanthropy Advocacy

·Protection International

·Reporteros Sin Fronteras

·Transparencia Internacional UE

(1)      A raíz de las Conclusiones del Consejo de 17 de octubre de 2006 (13339/06), se estableció el mecanismo mediante la Decisión de la Comisión de 13 de diciembre de 2006 (DO L 354 de 14.12.2006, p. 58).

(2)      Conclusiones del Consejo sobre el mecanismo de cooperación y verificación, de 12 de diciembre.

(3)      Si bien el Parlamento Europeo apoyó inicialmente la finalización del mecanismo (véase la carta del presidente Sassoli de 20 de diciembre de 2019 a la presidenta von der Leyen), ahora ha adoptado otra posición [véase la Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de octubre de 2020, sobre el Estado de Derecho y los derechos fundamentales en Bulgaria [2020/2793 (RSP)]]. En el Consejo no se ha llegado a un consenso sobre las conclusiones al respecto. En el Informe de la Presidencia de 13 de diciembre de 2019, la Presidencia finlandesa tomó nota de la división en el seno del Consejo sobre la línea que debe seguirse con respecto a Bulgaria.

(4)      Para consultar una descripción de la estructura judicial, véase, p. ej., CEPEJ (2020), Study on the functioning of judicial systems in the EU Member States.

(5)      Véase el Informe sobre el Estado de Derecho en 2020, Capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Bulgaria, p. 2.

(6)      Artículos 126 a 128 de la Constitución.

(7)      Dictamen de la Comisión de Venecia [CDL-AD(2019)031], apartados 13-14: la mayoría de los investigadores son funcionarios de policía, supervisados desde el punto de vista procesal por los fiscales; un menor número de investigadores ostenta la categoría de magistrados y trabaja en el Servicio Nacional de Investigación o en unidades de investigación que forman parte de las fiscalías a escala regional. Desde el punto de vista procesal, todos están bajo la supervisión de los fiscales. La supervisión procesal implica que todas las decisiones de un investigador pueden ser anuladas por un fiscal supervisor. El fiscal supervisor está, a su vez, sujeto a la supervisión de un fiscal jerárquicamente superior, hasta el nivel del Fiscal General.

(8)      El Pleno del Consejo Superior de la Magistratura cuenta con 25 miembros. El Consejo Superior de la Magistratura está compuesto por una Sala de la Magistratura y una Sala de la Fiscalía. La Sala de la Magistratura está compuesta por seis jueces elegidos por otros jueces, seis miembros elegidos por el Parlamento y los presidentes de los dos tribunales superiores, los cuales son miembros de oficio. La Sala de la Fiscalía está compuesta por cuatro fiscales y un juez de instrucción elegidos por sus homólogos, cinco miembros elegidos por el Parlamento y el Fiscal General, que es miembro de oficio.

(9)      Véase el Informe sobre el Estado de Derecho de 2020, Capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Bulgaria, p. 3.

(10)      Gráficos 48 y 50 del Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2021. El nivel de percepción de la independencia judicial se clasifica de la siguiente manera: muy bajo (menos del 30 % de los encuestados perciben la independencia judicial como «bastante buena» o «muy buena»), bajo (entre el 30 % y el 39 %), medio (entre el 40 % y el 59 %), alto (entre el 60 % y el 75 %) y muy alto (por encima del 75 %).

(11)      Informe de situación de Bulgaria de 2019 [COM(2019) 498], p. 6.

(12)      Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), sentencia de 5 de febrero de 2010, Kolevi/Bulgaria, apartados 121 a 127, 129, 135 y 136.

(13)      Consejo de Europa, supervisión de la ejecución de las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo, decisión del Comité de Ministros CM/Del/Dec(2021) 1398/H46-6 de 11 de marzo de 2021 y CM/Notes/1398/H46-6, de 9 a 11 de marzo; Decisión del Comité de Ministros CM/Del/Dec(2020) 1377bis/H46-9, de 1 a 3 de septiembre de 2020, y CM/Notes/1377bis/H46-9, de 3 de septiembre de 2020. Véase también Comité de Ministros [Resolución provisional CM/ResDH(2019) 367, de 5 de diciembre de 2019, y CM/Notes/1362/H46-6, de 3 a 5 de diciembre de 2019]; Dictamen de la Comisión de Venecia [CDL-AD(2019)031].

(14)      El Fiscal General podrá anular o modificar cualquier dictamen adoptado por cualquier fiscal que no haya sido revisado por un juez. Además, puede destinar en comisión de servicios a fiscales sin su consentimiento, durante un período de 3 meses dentro de un año natural, y dictar instrucciones por escrito a los fiscales relativas únicamente a la aplicación de la ley, incluso en casos concretos. El Fiscal General también posee importantes competencias sobre los fiscales que dirigen las fiscalías provinciales y de distrito.

(15)      En la Sala de la Fiscalía (compuesta por cuatro fiscales y un juez de instrucción elegido por sus homólogos, cinco miembros elegidos por el Parlamento —actualmente, en la composición actual todos ellos también son fiscales o jueces de instrucción— y el Fiscal General), el Fiscal General, un miembro de oficio y el presidente desempeñan una función esencial en relación con los procedimientos disciplinarios y de carrera relativos a los fiscales. En el Pleno, los miembros de la Fiscalía suelen votar en bloque para apoyar al Fiscal General.

(16)      Consejo de Europa, supervisión de la ejecución de las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo, CM/Del/Dec(2021)1398/H46-6, de 9 a 11 de marzo de 2021. Véase también el Informe sobre el Estado de Derecho de 2020, Capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Bulgaria, p. 3.

(17)      TEDH, sentencia de 5 de febrero de 2010, Kolevi/Bulgaria. 

(18)      Ley complementaria de la Ley de Enjuiciamiento Criminal promulgada en el Boletín Oficial del Estado n.º 16 de 23 de febrero de 2021.

(19)      Este fiscal especial debía ser nombrado a propuesta de seis miembros del Pleno del Consejo Superior de la Magistratura o por autonominación para un período de cinco años por mayoría de quince votos (de un total de veinticinco) en el Pleno del Consejo Superior de la Magistratura. Para llevar a cabo la investigación, el fiscal especial puede haber recibido asistencia de un juez de instrucción de la Fiscalía especial. Al término de su mandato, el fiscal especial habría podido convertirse en juez o juez de instrucción, o seguir siendo fiscal, con el mismo nivel que el que ocupaba en la Fiscalía antes del mandato o con un nivel superior. El fiscal especial habría gozado de independencia jerárquica y de toma de decisiones.

(20)      La negativa de un fiscal general a abrir una investigación no está sujeta a control judicial; solo la podrá revocar un fiscal de nivel superior.

(21)      Los asuntos investigados por el fiscal especial debían tratarse en el Tribunal Penal Especial en primera instancia, el Tribunal de Apelación Penal Especial en segunda instancia y el Tribunal Supremo de Casación en última instancia.

(22)      Consejo de Europa, supervisión de la ejecución de las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo, decisión del Comité de Ministros CM/Del/Dec (2021) 1398/H46-6, de 11 de marzo de 2021, y CM/Notes/1398/H46-6, de 9 y 11 de marzo. El proyecto de ley tuvo en cuenta algunas de las observaciones preliminares de la Dirección de Derechos Humanos del Consejo de Europa enviadas a las autoridades búlgaras el 15 de diciembre de 2020, así como los días 18 y 19 de enero de 2021.

(23)      Litigio constitucional n.º 4 de 2021.

(24)      Decisión del Pleno del Consejo Superior de la Magistratura, protocolo n.º 6 de 8 de abril de 2021.

(25)      Resolución del Tribunal Constitucional n.º 7 de 2021.

(26)      A falta de mejoras para abordar las preocupaciones existentes, el Departamento de Ejecución de Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos afirmó que el nuevo mecanismo debería considerarse una solución temporal.

(27)      CM/Del/Dec(2021)1398/H46-6 de 9 a 11 de marzo de 2021.

(28)      Consejo de Europa, supervisión de la ejecución de las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo, CM/Del/Dec(2021)1398/H46-6, de 9 a 11 de marzo de 2021. Véase también el Informe sobre el Estado de Derecho de 2020, Capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Bulgaria, p. 3.

(29)      Los posibles candidatos potenciales que sean fiscales podrían temer riesgos profesionales, en caso de que el Fiscal General se oponga a su candidatura, ya que todos los miembros de la Sala de la Fiscalía del Consejo Superior de la Magistratura también están subordinados al Fiscal General [H/Exec(2021)9 de 11 de marzo de 2021, memorándum elaborado por el Departamento de Ejecución de Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos].

(30)      Debido a la combinación de los poderes del Fiscal General y su puesto en el Consejo Superior de la Magistratura, la votación por mayoría de 15 de los 25 votos en el Pleno no impide que un Fiscal General pueda influir en el nombramiento o la carrera de las personas responsables de su investigación, tal como exige la resolución provisional del Comité CM/ResDH(2019)367. De hecho, 11 miembros (de un total de 25) de la Sala de la Fiscalía podrían votar en bloque para defender los intereses del Fiscal General. De este modo, podrían vetar las decisiones del Pleno u obligar a este a considerar únicamente a los candidatos aceptados por un Fiscal General. Además, con el apoyo de otros cuantos miembros más bajo una «influencia de facto» del Fiscal General (CM/Notes/1398/H46-6), pueden representar el componente principal de la mayoría.

(31)      Decisión CM/Del/Dec(2021)1398/H46-6 del Comité de Ministros.

(32)      Esto también tiene en cuenta que en 2022 tendrá lugar la elección de un nuevo Consejo Superior de la Magistratura. En este contexto, aunque indica que el mecanismo propuesto solo podría considerarse una solución temporal hasta que se adoptase una reforma más amplia, el Consejo de Europa ha sugerido la introducción de una doble mayoría para el nombramiento del fiscal especial en el Pleno del Consejo Superior de la Magistratura.

(33)      Cabe recordar que, en el pasado, se expresaron inquietudes en cuanto a la posibilidad de introducir un control judicial debido a que dicha modificación interferiría con las competencias constitucionales de la Fiscalía. Dado que la nueva ley introdujo un control judicial sobre cualquier negativa a abrir una investigación contra el Fiscal General y sus adjuntos, ha desaparecido cualquier duda a este respecto.

(34)      Véase CM/Del/Dec(2021)1398/H46-6, apartado 3; CM/Del/Dec(2020)1377bis/H46-9, apartado 4; CM/Del/Dec(2019)1362/H46-6.

(35)      Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sentencia de 3 de junio de 2015, S.Z./Bulgaria, 29263/12.

(36)      CM/Rec(2010)12, apartado 27; dictamen de la Comisión de Venecia [CDL-AD(2020)035], apartado 44; ley del Poder Judicial, artículo. 16, apartados 3 y 4. La Sala de la Magistratura del Consejo Superior de la Magistratura (14 miembros) está presidida por uno de los miembros de oficio, el presidente del Tribunal Supremo de Casación o el presidente del Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo. Seis de los miembros los eligen directamente los jueces y otros seis, el Parlamento. Se puede alcanzar una mayoría, tanto en el Pleno del Consejo Superior de la Magistratura como en la Sala de la Magistratura, sin los votos de los jueces elegidos por sus homólogos.

(37)      Debido a la posición del Fiscal General en el seno de la Fiscalía y a su función de presidente de la Sala de la Fiscalía, este desempeña un papel decisivo en la esta última Sala y, por extensión, una importante influencia en el Pleno del Consejo Superior de la Magistratura.

(38)      Ley del Poder Judicial, artículo 16, apartados 3 y 4. La Sala de la Fiscalía (11 miembros) está presidida por el Fiscal General como miembro de oficio y está formada por cinco miembros elegidos por el Parlamento, cuatro por los fiscales y uno por los investigadores elegidos por sus respectivos homólogos.

(39)      Ley del Poder Judicial, artículo 30, apartado 1 y artículo 32. El Pleno del Consejo Superior de la Magistratura (25 miembros) está compuesto por miembros de las dos salas previamente mencionadas y está presidido por el Ministro de Justicia, que no tiene derecho a voto. El Pleno del Consejo Superior de la Magistratura toma decisiones sobre el proyecto de presupuesto, la destitución disciplinaria y las propuestas para el nombramiento de los presidentes del Tribunal Supremo de Casación, del Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo y del Fiscal General (Ley del Poder Judicial, artículo 30, apartado 2). Las dos Salas adoptan decisiones sobre el nombramiento, la promoción, el traslado y el cese, asuntos relacionados con la adquisición y el restablecimiento del cargo y deciden sobre sanciones disciplinarias (Ley del Poder Judicial, artículo 30, apartado 5); la mayoría de las votaciones para las decisiones de la Sala de Jueces se describen en el artículo 33, apartado 4, de la Ley del Poder Judicial.

(40)      Dictamen de la Comisión de Venecia [CDL-AD(2017)018], apartado 19.

(41)      Los miembros legos son todos ellos miembros electivos en el sentido de la Ley del Sistema Judicial.

(42)      En la Ley del Poder Judicial, artículo 16, apartado 3, se exige que la elección por parte de la Sala se celebre entre jueces, fiscales, jueces de instrucción, académicos con titulación universitaria en ciencias jurídicas, abogados y otros juristas de alto nivel profesional e integridad moral, teniendo en cuenta su cualificación profesional y especialización. En la actualidad no hay fiscales en la Sala de la Magistratura, aunque parece que en la anterior Sala de la Magistratura algunos miembros eran antiguos fiscales.

(43)      Cuando se trata de decisiones importantes, los miembros de la Sala de la Fiscalía parecen votar en bloque, junto con los miembros de la Sala de la Magistratura elegidos por el Parlamento. Véase Comité de Ministros del Consejo de Europa [CM/Del/Dec(2021)1398/H46-6]; véanse también las decisiones del Pleno del Consejo Superior de la Magistratura: protocolo n.º 24 de 2019, votación para la elección del Fiscal General; protocolo n.º 27 de 2019, repetición de la votación para la elección del Fiscal General; protocolo n.º 26 de 2020, votación para detener el debate sobre la incoación de un procedimiento disciplinario contra el Fiscal General sobre la base de una señal de una organización profesional; protocolo n.º 2 de 2021, votación para la preparación de un análisis sobre la propuesta de cesión de la gestión de un inmueble (resort estival) al Consejo Superior de la Magistratura para las necesidades de la Fiscalía de la República de Bulgaria; protocolo n.º 2 de 2021, votación a favor de la cesión de la administración de un inmueble (resort estival) al Consejo Superior de la Magistratura para las necesidades de la Fiscalía de la República de Bulgaria; protocolo n.º 3 de 2021, debate en votación y adopción de un modelo para la reorganización de las estructuras judiciales en el plano regional y hoja de ruta con un plan de acción para la reorganización de las estructuras judiciales en el nivel de distrito y de apelación. Véase también una posible pauta de votación en la Sala de la Magistratura del Consejo Superior de la Magistratura: protocolo n.º 1 de 2021, votaciones relacionadas con el nuevo mapa judicial; protocolo n.º 2 de 2021, votaciones relacionadas con cargos adicionales en tribunales de las primeras instancias; protocolo n.º 3 de 2021, votaciones relacionadas con cambios en las fronteras de las regiones judiciales.

(44)      Enmiendas a la Constitución de Bulgaria (2015): artículo 130 bis; modificaciones de la Ley del Poder Judicial(2016): artículo 30, apartado 1.

(45)      Decisión CM/Del/Dec(2021)1398/H46-6 del Consejo de Ministros. Véase también el dictamen de la Comisión de Venecia [CDL-AD(2020)035], apartado 40.

(46)      Aportaciones de la Oficina Regional para Europa de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), asociación de Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades y Bulgarian Institute for Legal Initiatives Foundation para el Informe sobre el Estado de Derecho de 2021.

(47)      Dictamen de la Comisión de Venecia [CDL-AD(2017)018], apartado 9.

(48)      Dictamen de la Comisión de Venecia [CDL-AD(2020)035], apartado 42, dictamen de la Comisión de Venecia [CDL-AD(2017)018], apartados 16, 17 y 19.

(49)      Cabe señalar que un cambio en la composición del Consejo Superior de la Magistratura requiere una modificación de la Constitución, lo cual puede decidirse, bien sobre la base del procedimiento de la Gran Asamblea Nacional, como solicitaron las autoridades búlgaras a finales de 2020, bien mediante el procedimiento simplificado de la Asamblea Nacional ordinaria, de forma similar a la reforma emprendida en 2015. Véase también la resolución del Tribunal Constitucional n.º 3 de 2003, la resolución n.º 8 de 2005 y la negativa a dictar una resolución sobre el asunto n.º 7 de 2015.

(50)      El 17 de agosto de 2020, el primer ministro anunció en un mensaje de vídeo que su partido propondría un proyecto de Constitución. El 2 de septiembre de 2020, dicho proyecto se presentó en el Parlamento. El 18 de septiembre de 2020, el presidente del Parlamento solicitó a la Comisión de Venecia un dictamen sobre el proyecto. El 25 de noviembre de 2020, el Parlamento votó en contra del proyecto de nueva Constitución y, finalmente, en diciembre de 2020, la Comisión de Venecia emitió su dictamen sobre el proyecto.

(51)      El mandato del actual Consejo Superior de la Magistratura durará hasta octubre de 2022 y los nuevos miembros serán nombrados con arreglo al procedimiento previamente mencionado. El mandato del actual presidente del Tribunal Supremo de Casación expira el 10 de febrero de 2022 y el nuevo será elegido por el Pleno del Consejo Superior de la Magistratura.

(52)      El acceso al registro puede consultarse en la siguiente dirección: http://www.vss.justice.bg/page/view/106204 . El Registro incluye también los cargos de otros órganos del poder judicial, incluidos los directores administrativos y los jueces.

(53)      El 24 de octubre de 2020, en una entrevista, el vicepresidente de la Asamblea Nacional de por aquel entonces acusó de parcialidad a determinados jueces del Tribunal Supremo de Casación que se pronunciaron en un asunto que le afectaba. El 3 de noviembre de 2020, el Consejo Superior de la Magistratura se pronunció en defensa de los jueces, después de que una organización profesional así se lo solicitase. En octubre de 2020, un sitio web especializado en noticias jurídicas publicó una resolución del Tribunal de Apelación Penal Especial en la que el juez de apelación (también jefe administrativo del tribunal) evalúa personalmente las cualidades profesionales del juez de primera instancia. Una organización profesional pidió al Consejo Superior de la Magistratura que adoptase una postura al respecto y desarrollase un criterio en relación con las expresiones admisibles que el tribunal superior debería utilizar para no comprometer la independencia objetiva y subjetiva del tribunal. Sin embargo, no se adoptó ninguna posición ni se desarrolló ningún criterio.

(54)      Declaración del presidente del Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo en contra del presidente del Tribunal Supremo de Casación, posición de 8 de mayo de 2020. Declaración de la Sala de la Fiscalía en contra del presidente del Tribunal Supremo de Casación, protocolo n.º 16 de 13 de mayo de 2020. Véase también el Informe sobre el Estado de Derecho de 2020, Capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Bulgaria, nota a pie de página 37, p. 6.

(55)      «Plan para la aplicación de medidas en respuesta a las recomendaciones y los retos identificados en el informe de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho» (Plan de acción).

(56)      Véase más adelante el apartado sobre la posible reforma de la Inspección del Consejo Superior de la Magistratura.

(57)      Véase el plan de acción adoptado por el Consejo de Ministros; véase también la Ordenanza n.º LS-13-88/21.12.2020

(58)      Aportación de Bulgaria al Informe sobre el Estado de Derecho de 2021, p. 3.

(59)      Comisión de Venecia [CDL-AD(2017)018], apartado 58.

(60)      Artículo 132 bis de la Constitución.

(61)      Con arreglo al artículo 1 bis de la Ley del Poder Judicial.

(62)      Aportación de Bulgaria al Informe sobre el Estado de Derecho de 2021, p. 3.

(63)      Véase el Informe sobre el Estado de Derecho de 2020, Capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Bulgaria, pp. 7-8.

(64)      Comisión de Venecia [CDL-AD(2017)018], apartado 58.

(65)      El procedimiento para la elección de nuevos inspectores y del Inspector General debía comenzar, a más tardar, el 9 de febrero de 2020 para el Inspector General y, a más tardar, el 14 de enero de 2020 para los inspectores (Ley del Poder Judicial, artículo 44, apartado 1). Hasta la fecha, este procedimiento todavía no se ha iniciado. También se produjo una situación similar durante el mandato del anterior Inspector Jefe, que operó en virtud de una prórroga de facto de dos años del mandato.

(66)      Resolución n.º 13 del Tribunal Constitucional de 2010 sobre el asunto n.º 12 de 2010, en la que el Tribunal dictaminó que el principio de continuidad es aplicable a organismos colegiados.

(67)      Comisión para la protección de datos personales, cuyo mandato venció el 16 de abril de 2019; Comisión para la protección de los consumidores, cuyo mandato venció el 27 de marzo de 2020; Comisión para la regulación de la energía y del agua, cuyo mandato expiró el 20 de abril de 2020.

(68)      El 11 de febrero de 2021, la Asamblea Nacional aprobó las modificaciones a la Ley de protección de la competencia, que permitieron prorrogar el mandato del actual director del organismo de supervisión durante 2 años más. Su mandato actual debía expirar en junio de 2021. Véase también la Ley por la que se modifica la Ley sobre la protección de la competencia: https://www.parliament.bg/bg/laws/ID/163501 ; El consejo de administración del Instituto Nacional de Gestión de la Justicia (compuesto por cinco miembros del Consejo Superior de la Magistratura, el ministro de justicia y un miembro del Ministerio de Justicia) modificó las normas para el nombramiento del director del Instituto, por lo que se permite la renovación casi automática del actual director.

(69)      Todos los procedimientos de oposición se llevan a cabo de conformidad con los términos y condiciones de la Ley del Sistema Judicial.

(70)      Los concursos ordinarios de promoción se han anunciado en 2018, 2019 y 2020, pero ninguno de ellos ha finalizado ( http://www.vss.justice.bg/page/view/1878 ).

(71)      Solicitud de 20 de diciembre de 2020 dirigida al Tribunal Constitucional por parte del Pleno del Tribunal Supremo de Casación: asunto n.º 15 de 2020.

(72)      Resolución n.º 6 del Tribunal Constitucional de 2021, sobre el asunto n.º 15 de 2020.

(73)      Aportación de la asociación de Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades al Informe sobre el Estado de Derecho de 2021, p. 15.

(74)      En 2017, había 83 jueces en comisión de servicio; en 2018, eran 104; en 2019, eran 144; y, en 2020, 202 jueces en comisión de servicio. Para más información, véase el estudio facilitado por el Institute for Market Economics (IME).

(75)      En 2020, hubo 59 jueces en comisión de servicio durante más de 24 meses. Para más información, véase el estudio sobre el envío de magistrados en comisión de servicios elaborado por el IME.

(76)      Véase el registro de magistrados en comisión de servicios de los tribunales de 10.12.2020, elaborado por el Consejo Superior de la Magistratura. Véase también la aportación del Tribunal Supremo de Casación al Informe sobre el Estado de Derecho de 2021.

(77)      Se afirma que esta práctica distorsionada de envío en comisión de servicios se utiliza para envíos en comisión de servicios sin el consentimiento de la Fiscalía como supuesto castigo. Aportación del Bulgarian Institute for Legal Initiatives y del presidente del Tribunal de Casación para el Informe sobre el Estado de Derecho de 2021 y la información recibida en el contexto de la visita al país.

(78)      CM/Rec(2010)12, apartado 44.

(79)      Comisión de Venecia [CDL-AD(2017)018], apartados 86 y 87.

(80)      Más de 500 jueces firmaron una carta abierta al Consejo Superior de la Magistratura contra el modelo elegido para la reforma del mapa judicial. El Consejo General de la Abogacía también criticó la reforma.

(81)      Aportación de Bulgaria al Informe sobre el Estado de Derecho de 2021, p. 15; Aportación del Tribunal Supremo de Casación al Informe sobre el Estado de Derecho de 2021.

(82)      El Ministerio de Justicia ha organizado una serie de debates públicos (14, 25 y 29 de junio de 2021) sobre el modelo propuesto para la reforma del mapa judicial con la participación de una amplia gama de representantes de diversas organizaciones profesionales en el ámbito de la justicia, magistrados del Tribunal Supremo de Casación, abogados, tribunales locales, municipios y representantes de ONG.

(83)      Directrices revisadas sobre la creación de mapas judiciales para respaldar el acceso a la justicia en un sistema judicial de calidad aprobadas en la 22.ª reunión plenaria de la CEPEJ, celebrada el 6 de diciembre de 2013.

(84)      De acuerdo con la información recibida por las autoridades búlgaras en relación con el «plan de acción», sobre la base de una decisión de la sesión plenaria del Consejo Superior de la Magistratura sobre el protocolo n.º 26/22.10.20, punto 32, se creó un grupo de trabajo para proponer a la sesión plenaria del Consejo Superior de la Magistratura modificaciones y suplementos a las reglas para la determinación y el pago de retribuciones extraordinarias a los magistrados, con el fin de establecer criterios claros, objetivos y transparentes para definir la remuneración adicional y limitar las facultades discrecionales de los gestores administrativos del poder judicial. El grupo de trabajo incluye miembros del Consejo Superior de la Magistratura, representantes de las autoridades judiciales y de la administración del Consejo Superior de la Magistratura. Este grupo de trabajo decidió esperar a la adopción de las normas en virtud del artículo 233, apartado 6, primera frase, de la Ley del Poder Judicial (sobre la base del nivel de carga de trabajo del órgano judicial correspondiente, el Consejo Superior de la Magistratura podrá determinar una remuneración adicional para jueces, fiscales y jueces de instrucción), elaboradas por el grupo de trabajo creado por medio de una decisión sobre el protocolo n.º 3/19.2.20, punto 1, apartado 1, y el protocolo n.º 7/27.5.20, punto 4, apartado 1, del Comité sobre la planta judicial, la carga de trabajo y las estadísticas judiciales del Colegio de Jueces del Consejo Superior de la Magistratura. Mediante decisión de 22.6.2021, el Colegio de Jueces del Consejo Superior de la Magistratura adoptó normas para determinar el importe de la remuneración adicional con arreglo a lo dispuesto en el artículo 233, apartado 6, primera frase, de la Ley del Sistema Judicial. Las normas adoptadas aún deben enviarse al Comité Presupuestario y Financiero del Pleno del Consejo Superior de la Magistratura y al Comité de la planta judicial, la carga de trabajo y las estadísticas judiciales del Colegio de Jueces para que actúen con arreglo a sus respectivas competencias. Según el GRECO, el sistema de aplicar una remuneración suplementaria parece estar todavía sujeto a decisiones con un amplio carácter discrecional y a riesgos de influencia indebida. Cuarta ronda de evaluación del GRECO: Informe de evaluación, recomendación x, apartado 26. Véase también Comisión de Venecia [CDL-AD(2010)004], apartados 46 y 51; Recomendación CM/Rec(2010)1 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, apartado 55.

(85)      Aportación de Bulgaria al Informe sobre el Estado de Derecho de 2021, p. 7.

(86)      Recomendación CM/Rec(2010)12 del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre los jueces: independencia, eficiencia y responsabilidades, apartado 55: «deben evitarse los sistemas que hagan que la remuneración básica de los jueces dependa del rendimiento, ya que podrían crear dificultades para la independencia de los jueces».

(87)      COM(2019) 498, p. 6, nota a pie de página n.° 29; Comisión de Venecia [CDL-AD(2020)017], apartado 29.

(88)      Informe sobre el Estado de Derecho de 2020, Capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Bulgaria, p. 9. Por lo que respecta al nivel de las tasas en los asuntos civiles y mercantiles, véanse los gráficos 24 y 25 del Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2021.

(89)      En el estado actual del sistema de asistencia jurídica gratuita de Bulgaria, ni siquiera una persona cuyos ingresos se sitúen en el umbral de la pobreza de Eurostat o estén ligeramente por debajo de este tienen derecho a asistencia jurídica gratuita. Gráfico 24 del Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2021.

(90)      Gráfico 25 del Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2021.

(91)      En la práctica, en la actualidad no existe la posibilidad de presentar un asunto en línea; no existe la posibilidad de participar en una audiencia por videoconferencia; y no existe la posibilidad de presentar un asunto en línea. Para más información, véanse los gráficos 39 a 45 del Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2021.

(92)      Más concretamente, debido, en particular, a la corrupción generalizada, el estigma social, la inaccesibilidad del sistema judicial, el sesgo de género entre los agentes de la autoridad, incluida la policía, y el escaso conocimiento por parte de los jueces y los agentes de la autoridad de la Convención de 1979 sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Aportación de la Oficina Regional para Europa del ACNUDH al Informe sobre el Estado de Derecho de 2021, p. 2.

(93)      Gráficos 39 a 44 del Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2021; Información también obtenida en el contexto de la visita al país (por ejemplo, Asociación de Fiscales de Bulgaria; Asociación de Jueces de Bulgaria).

(94)      Aportación de Bulgaria al Informe sobre el Estado de Derecho de 2021, p. 11. Cabe señalar que el PNRR podría modificarse de nuevo y que estos proyectos podrían eliminarse finalmente del plan definitivo.

(95)      Gráfico 41 del Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2021.

(96)      Gráfico 42 del Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2021.

(97)      Gráfico 44 del Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2021.

(98)      Aclaración enviada por el Consejo Superior de la Magistratura acerca del Plan de Acción sobre digitalización. En cuanto al Sistema Unificado de Información de los Tribunales, esta aclaración, así como las partes interesadas durante las visitas al país, han informado sobre el descontento de los jueces y el personal que dio lugar a la suspensión del sistema el 16.9.2020 (prorrogado hasta 31.12.2020) para los casos nuevos. La aclaración del Consejo Superior de la Magistratura anunció que, con la decisión del Pleno desde el 1.1.2021 hasta el 1.6.2021, todos los tribunales reanudarán nuevos casos.

(99)      «Desarrollo y aplicación de un Sistema Unificado de Información Judicial (UCIS)» y «Creación de un sistema de información especializado para el seguimiento y el análisis de los factores relacionados con el desarrollo socioeconómico de la circunscripción judicial y la carga de trabajo de los tribunales (SISMA)».

(100)      Más concretamente, las partes interesadas informaron de que todo se lleva a cabo en papel y se codifica en el sistema. El Consejo Superior de la Magistratura está poniendo en práctica una serie de proyectos, financiados con recursos presupuestarios y programas de donantes externos, para mejorar y mejorar la justicia electrónica y facilitar su accesibilidad.

(101)      Sala de la Magistratura del Consejo Superior de la Magistratura, sesión extraordinaria, protocolo abreviado n.º 9, domingo, 15 de marzo de 2020.

(102)      Como las relativas a la revisión de la prisión preventiva o a la adopción de medidas de protección de las víctimas y de protección de menores. Véase también Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Coronavirus COVID-19 outbreak in the EU Fundamental Rights Implications, p. 3.

(103)      Aportación del Tribunal Supremo de Casación al Informe sobre el Estado de Derecho de 2021.

(104)      Reunión de la Sala de la Magistratura, protocolo n.º 3, 2 de febrero de 2021; Reunión de la Sala de la Magistratura, protocolo n.º 6, 23 de febrero de 2021. La Sala de la Magistratura del Consejo Superior de la Magistratura rechazó la propuesta de la Comisión de Atestación y Competencia del Consejo Superior de la Magistratura de no otorgar cargos adicionales al Tribunal Penal Especial y, posteriormente, aprobó dos nuevos puestos que se añadirán al personal del Tribunal Penal Especial.

(105)      Gráficos 29 a 31 del Cu adro de indicadores de la justicia en la UE de 2021.

(106)      Ley de modificación y complemento de la Ley del Colegio de Abogacía: https://www.parliament.bg/bg/laws/ID/163509 .

(107)      Gráficos 9 y 10 del Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2021. Cabe señalar que no existe una metodología armonizada para medir dicho rendimiento.

(108)      Gráficos 7 y 8 del Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2021.

(109)      Gráfico 8 del Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2021.

(110)      Gráficos 18 y 20 del Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2021.

(111)      Transparencia Internacional (2020), Índice de percepción de la corrupción, pp. 2-3. El nivel de corrupción percibida se clasifica de la siguiente manera: bajo (la percepción de la corrupción en el sector público entre los expertos y los directivos de empresas es superior a 79 puntos), relativamente bajo (entre 79 y 60 puntos), relativamente alto (entre 59 y 50 puntos) y alto (menos de 50 puntos).

(112)      En 2015, se obtuvo una puntuación de 41, mientras que en 2020 la puntuación fue de 44. Se considera que la puntuación aumenta o disminuye de manera significativa cuando varía más de cinco puntos; mejora/empeora (cambia entre 4 y 5 puntos); es relativamente estable (cambia entre 1 y 3 puntos) en los últimos cinco años.

(113)    Los datos del Eurobarómetro sobre la percepción de la corrupción y la experiencia de los ciudadanos y las empresas, notificados el año pasado, se actualizan cada dos años. Los conjuntos de datos más recientes son el Eurobarómetro especial n.º 502 (2020) y el Eurobarómetro Flash n.º 482 (2019).

(114)      Aportación de Bulgaria al Informe sobre el Estado de Derecho de 2021.

(115)      BGN 12.172.551,64.

(116)      Información y aportación recibidas de la Comisión Anticorrupción en el contexto de la visita a Bulgaria.

(117)      Aportación de la Comisión Anticorrupción. Véase también el proyecto de Estrategia nacional de prevención y lucha contra la corrupción (2021-2027).

(118)      Aportación de Bulgaria al Informe sobre el Estado de Derecho de 2021, p. 1.

(119)

     Informe anual de la actividad del Tribunal Supremo de Casación en 2020, pp. 41-43.

(120)      Comisión Europea: OLAF, OLAF recommends recovery of nearly €6 million after alleged abuse of power at Bulgarian ministry, comunicado de prensa de la UE n.º 04/2021.

(121)      Informe sobre el Estado de Derecho en 2020, Capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Bulgaria, p. 12. Además, en junio de 2021, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra determinados ciudadanos búlgaros (incluido un antiguo miembro del Parlamento) por cometer actos de corrupción de conformidad con la Ley Global Magnitsky de los Estados Unidos. Departamento del Tesoro de Estados Unidos, actualización de la lista de nacionales especialmente designados; miércoles, 2 de junio de 2021.

(122)

     Adoptado por el Consejo de Ministros con la Resolución n.º 57 de 2 de abril de 2020. El papel del Código de conducta de los funcionarios en el sistema de integridad del sector público se está revisando actualmente con el apoyo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el marco del proyecto «Gestionar la reforma de la administración pública en el futuro». 

(123)

     Artículo 32, apartado 1, punto 6, de la Ley de lucha contra la corrupción y decomiso de bienes adquiridos ilegalmente.

(124)

   Asamblea Nacional de la República de Bulgaria (2017), Reglamento de organización y procedimiento de la Asamblea Nacional.

(125)

     Tales como procedimientos abiertos o cerrados y decisiones de las entidades competentes.

(126)      El Ministerio del Interior ha proporcionado un gran número de cámaras corporales (en el marco de un proyecto financiado por el Fondo de Seguridad Interior de la Comisión Europea) que se han desplegado desde 2021.

(127)

     Informe sobre seguridad interior: en el período entre 2014 y 2020, se condenó a ocho agentes de tráfico. Además, información recibida en el contexto de la visita a Bulgaria.

(128)      En 2020, se presentaron a tiempo 83 316 declaraciones de patrimonio e intereses de las personas que trabajaban en la Administración del Estado (es decir, 250 menos que en 2019). En 46 casos se produjo una infracción de las normas administrativas (es decir, una disminución del 38 % en comparación con 2019) y se impusieron sanciones en dos casos (es decir, una disminución del 50 % en comparación con 2019). En 2020, las inspecciones internas llevaron a cabo 4 750 verificaciones (es decir, una disminución del 23 % en comparación con 2019). En 2020, se detectaron 21 infracciones administrativas (frente a las seis infracciones de 2019); con la aplicación de sanciones en cuatro casos, además de nueve casos de cese de empleo por incompatibilidades (es decir, el mismo número que en 2019). Para 2020, el número de declaraciones de patrimonio de titulares de altos cargos públicos recibidas y tramitadas ha disminuido en torno al 36 % en comparación con 2019. El número de declaraciones que no se presentaron o que se presentaron fuera de plazo aumentó en torno al 160 % en 2020, en comparación con 2019. Aportación de Bulgaria al Informe sobre el Estado de Derecho de 2021.

(129)      En 2020, la Comisión Anticorrupción llevó a cabo 28 verificaciones (frente a las 17 de 2019) sobre los casos de conflicto de intereses e incompatibilidad. En 2020 se adoptaron un total de 30 decisiones por las que se establecía un conflicto de intereses, mientras que en 2019 14 se adoptaron dichas decisiones. Aportación del país al Informe sobre el Estado de Derecho de 2021. Véase también GRECO, Cuarta ronda de evaluación: segundo informe de cumplimiento, Recomendaciones iii) y iv), apartado 11. El GRECO concluyó que se habían aplicado satisfactoriamente las Recomendaciones iii) y iv) sobre declaración de patrimonio, divulgación y comprobación de conflictos de intereses y de su impacto en la prevención y detección de la corrupción.

(130)      Como se indica en el Informe sobre el Estado de Derecho en 2020, un análisis del Centro Nacional de Estudios Parlamentarios relativo al período comprendido entre abril de 2017 y diciembre de 2019 puso de manifiesto que casi el 37 % de los actos jurídicos adoptados alteran otros actos mediante modificaciones, incluidas las disposiciones transitorias y finales del acto modificativo. Las partes interesadas han expresado su profunda preocupación por el hecho de que esta práctica no solo afecte negativamente a la transparencia del proceso legislativo en el país, sino que, en algunos casos, pueda ser una señal de actividades irregulares de los grupos de presión.

(131)      Artículo 123 (sobre la protección de testigos) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

(132)      Dirección General de Policía Nacional.

(133)      Aportación de Bulgaria al Informe sobre el Estado de Derecho de 2021, p. 29.

(134)      La Clasificación mundial de la libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras en 2021 sitúa a Bulgaria en el puesto 112 de los 180 países objeto de seguimiento, un puesto menos que el año pasado (último puesto en la UE).

(135)      La Ley de Radio y Televisión.

(136)      Publicado en el Boletín Oficial del Estado n.º 109/2020.

(137)      Informe sobre el Estado de Derecho en 2020, Capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Bulgaria, p. 15.

(138)      Decreto n.º 113/29.3.2021 y decreto n.º 177/29.4.2021.

(139)      Información proporcionada por el CEM en el contexto de la visita al país.

(140)      Información recibida en el contexto de la visita a Bulgaria y del Media Pluralism Monitor de 2021 para el país, p. 12. En el sector de la televisión, se registra un alto nivel de concentración (92 % de la cuota de mercado total de los 4 principales propietarios). Las cuotas de audiencia acumuladas de los 4 principales grupos de medios de comunicación televisivos (74 %) y los 4 principales grupos de radio (79 %) también sugieren una elevada concentración. El sector de los medios de comunicación en línea se caracteriza por la falta de datos precisos.

(141)      Media Pluralism Monitor de 2021, Bulgaria, p. 15.

(142)      Reporteros sin Fronteras, Bulgaria.

(143)      Media Pluralism Monitor de 2021, Bulgaria, p. 14.

(144)      Ministerio de Hacienda (2019), Programa Nacional de Desarrollo 2030 de Bulgaria.

(145)      Información recibida en el contexto de la visita a Bulgaria.

(146)      Media Pluralism Monitor de 2021, Bulgaria, p. 7.

(147)      Informe sobre el Estado de Derecho en 2020, Capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Bulgaria, p. 17.

(148)      Información recibida en el contexto de la visita a Bulgaria.

(149)      Las autoridades no han respondido a ninguna de las alertas. Plataforma del Consejo de Europa para promover la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas.

(150)      Reporteros sin Fronteras, Bulgaria.

(151)      Artículo 87 de la Constitución: cualquier miembro de la Asamblea Nacional o del Consejo de Ministros tiene derecho a presentar un proyecto de ley, el cual se aprueba por parte de la Asamblea Nacional en dos lecturas. El proyecto de ley aprobado se envía al presidente de la República de Bulgaria, que firma un decreto para su promulgación. La ley se publica en el Boletín Oficial de Bulgaria y entra en vigor a los tres días, salvo que la propia ley prescriba otro plazo. Véase también el reciente proyecto de reforma de la Constitución que se menciona en la nota a pie de página 40, por el cual se amplía el derecho de iniciativa legislativa también a los Consejos del Poder Judicial. Sin embargo, posteriormente, esta modificación se dejó fuera del proyecto.

(152)      COM(2019) 498, p.3.

(153)      El decreto n.º 21 de 14 de febrero de 2020 ha modificado la entrada en vigor original del decreto (n.º 240 del Consejo de Ministros de 2019) por el que se establece el mecanismo nacional de seguimiento.

(154)      El recurso ha sido interpuesto por la ONG afectada por la cancelación del procedimiento inicial de selección del denominado Consejo Civil en el marco del mecanismo de seguimiento a posteriori.

(155)      Adoptado mediante la decisión n.º 885 del Consejo de Ministros de 3 de diciembre de 2020.

(156)      Las leyes clave las define el Consejo de Reforma Administrativa, tras un mandato de 5 años, de conformidad con la Ley de Actos Jurídicos de 2016.

(157)      Para más información, véase https://www.parliament.bg/pub/NCIOM/2021 .

(158)      Durante la 44.a Asamblea Nacional, más del 60 % de los proyectos de ley fueron propuestos por los miembros del Parlamento. Estudio sobre la actividad legislativa de la Asamblea Nacional (abril de 2017 — marzo de 2021), p. 9.

(159)      Estudio sobre la actividad legislativa de la Asamblea Nacional (abril de 2017 — marzo de 2021), p. 62.

(160)      La metodología para la evaluación de impacto se actualizó en 2019. El Consejo de Reforma Administrativa (órgano consultivo del Consejo de Ministros) aprobó nuevos modelos y orientaciones sobre las evaluaciones de impacto en febrero de 2021. El Gobierno también publica la lista de evaluaciones de impacto en su sitio web para consultas. - www.strategy.bg .

(161)      El sitio web del Parlamento muestra que los proyectos de ley del Consejo de Ministros tienen estos documentos.

(162)      Estudio sobre la actividad legislativa de la Asamblea Nacional (abril de 2017 — marzo de 2021), pp. 16 y 20.

(163)      Consejo de Ministros (2020), Orientaciones para la evaluación de impacto a posteriori.

(164)      En el 93 % de los proyectos legislativos. Véase el estudio sobre la actividad legislativa de la Asamblea Nacional (abril de 2017 — marzo de 2021), pp. 56-57.

(165)      Véase la referencia anterior.

(166)      En el 9 % de los proyectos legislativos. Véase el estudio sobre la actividad legislativa de la Asamblea Nacional (abril de 2017 — marzo de 2021), p. 59.

(167)      En el 37 % de los proyectos de ley propuestos, las disposiciones finales y transitorias modificaron otra legislación, lo que supone un 2 % más que en la anterior Asamblea Nacional. Estudio sobre la actividad legislativa de la Asamblea Nacional (abril de 2017 — marzo de 2021), p. 46. (Por ejemplo, introduciendo modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Criminal a través del Código Marítimo Mercante, tipificando como delito el transporte no regulado de personas, a pesar de que ya es punible en virtud del Código Administrativo).

(168)      Informe sobre el Estado de Derecho de 2020, Capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Bulgaria, p. 19.

(169)      Información recibida en el contexto de la visita a Bulgaria. Véase, por ejemplo, la ley por la que se establece el mecanismo de rendición de cuentas y responsabilidad penal del Fiscal General y sus adjuntos, en la que las modificaciones entre las dos lecturas se introdujeron dentro del plazo y se aprobaron poco después sin un debate en profundidad. El proceso se puede consultar en https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163448.

(170)      Asamblea Nacional de la República de Bulgaria (2020),    Decisión de declarar el estado de excepción, 13 de marzo de 2020, y Asamblea Nacional de la República de Bulgaria (2020), decisión de prorrogar el estado de excepción, 3 de abril de 2020. Esta decisión otorgaba amplios poderes al Gobierno para adoptar todas las medidas necesarias para hacer frente a la emergencia.

(171)      Ley de modificación y complemento de la Ley de Sanidad.

(172)      Artículo 63 de la Ley de Sanidad. De acuerdo con este nuevo régimen, el Consejo de Ministros podría declarar una situación de emergencia epidémica durante un determinado período de tiempo a propuesta del Ministro de Sanidad. Esto permitiría seguir aplicando algunas de las medidas adoptadas en el marco del estado de excepción e introducir otras nuevas, a pesar del final del estado de excepción.

(173)      A petición del presidente de la República; Tribunal Constitucional, asunto n.º 7 de 2020.

(174)      Resolución del Tribunal Constitucional n.º 10 de 2020 del asunto n.º 7 de 2020, de 23 de julio de 2020.

(175)      Aportación de Bulgaria al Informe sobre el Estado de Derecho de 2021, pp. 42-43.

(176)      Tribunal Constitucional, asunto n.º 13 de 2020.

(177)      Resolución n.º 2 del Tribunal Constitucional de 2021, sobre el asunto n.º 13 de 2020.

(178)      Para más información, véase el Plan de acción con medidas para abordar las preocupaciones planteadas por el Informe sobre el Estado de Derecho de 2020: https://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1314

(179)      Proyecto de Ley 054-01-60. Proyecto de ley por el que se modifica y completa la ley sobre entidades jurídicas sin ánimo de lucro.

(180) Las preocupaciones planteadas por las partes interesadas en sus dictámenes, publicados en el sitio web del Parlamento como parte del proceso de promulgación de la ley, incluyen limitaciones a la libertad de asociación y a la libre circulación de capitales, así como la publicidad del registro que también podría derivarse de los actos de ejecución (véase la aportación del Bulgarian Centre for Not-for-profit Law, el Foro Búlgaro de Donaciones, Comité Búlgaro de Helsinki). https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157496

(181)      En la misma línea, véase la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 18 de junio de 2020, Comisión/Hungría, C-78/18.

(182)      Una vez que vence el mandato de una Asamblea Nacional, los proyectos legislativos pendientes expiran; aunque la próxima Asamblea Nacional podría reintroducirlos, el proceso legislativo debería comenzar desde el principio.

(183)      Véase la calificación dada por Civicus, Bulgaria. Las calificaciones se sitúan en una escala de cinco categorías, que se definen como sigue: abierto, reducido, obstruido, reprimido y cerrado.

(184)      Información recibida en el contexto de la visita a Bulgaria.

(185)      Aportación de la Oficina Regional para Europa de la ACNUDH para el Informe sobre el Estado de Derecho de 2021, pp. 8-9.