COMISIÓN EUROPEA
Bruselas, 20.7.2021
SWD(2021) 704 final
DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN
Informe sobre el Estado de Derecho en 2021
Capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Chipre
que acompaña al documento
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES
Informe sobre el Estado de Derecho en 2021
Situación del Estado de Derecho en la Unión Europea
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Resumen
La reforma estructural del sistema judicial chipriota continúa, pero con retraso. Está pendiente ante el Parlamento un proyecto legislativo sobre la escisión del actual Tribunal Supremo en un Tribunal Constitucional Supremo y un Tribunal Superior, así como sobre los procedimientos de nombramiento de los jueces y presidentes de estas dos nuevas jurisdicciones. Dichos nombramientos serán competencia del presidente de la República, siguiendo el dictamen no vinculante del Consejo Consultivo de la Judicatura. Es importante que esta reforma garantice la independencia judicial, en consonancia con el Derecho de la UE y teniendo en cuenta las recomendaciones del Consejo de Europa. También se está debatiendo en el Parlamento la creación de un Tribunal de Apelación. Ya está en marcha la creación de tribunales especializados y la reestructuración de los órganos jurisdiccionales. Se han adoptado las nuevas normas de procedimiento civil con el fin de acelerar los procedimientos judiciales. Continúa mejorándose la capacidad de la Oficina Jurídica, concretamente la separación de funciones y los procedimientos de selección de personal. Otras reformas tienen por objeto superar retos importantes para la eficiencia y la calidad del sistema judicial, en particular para la digitalización. Los procedimientos judiciales civiles, mercantiles y administrativos siguen siendo muy largos.
Chipre continúa mejorando su legislación de lucha contra la corrupción, aunque siguen pendientes algunas reformas importantes, como la creación de una agencia anticorrupción, la protección de los denunciantes, la regulación de los grupos de presión y la declaración del patrimonio de los funcionarios elegidos. Se ha encomendado a la Oficina de Transparencia y Prevención de la Corrupción que supervise la aplicación de un nuevo plan anticorrupción para el período 2021-2026. Ha proseguido la investigación de casos de corrupción, con la manipulación de las competiciones deportivas como un ámbito especial de riesgo, aunque la resolución de los casos de corrupción sigue siendo baja. La Fiscalía General ha recibido nuevos recursos, y con una modificación del Código Penal se han agravado las sanciones al delito de abuso de poder, lo que abre la puerta al uso de técnicas especiales en la investigación de estos delitos. El Gobierno ha iniciado una investigación sobre el régimen de ciudadanía para inversores a raíz de ciertas acusaciones de corrupción que afectan a personas extranjeras y altos funcionarios. Un nuevo código de conducta centrado en la lucha contra la corrupción pretende mejorar la integridad de la policía. Durante la pandemia de COVID-19, las acciones de apoyo financiero han ido acompañadas de medidas destinadas a reducir el riesgo de fraude y corrupción.
En Chipre, la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información están protegidos jurídica y oficialmente por la Constitución. El Derecho derivado garantiza expresamente la protección de las fuentes periodísticas y fomenta el pluralismo de los medios de comunicación radiofónicos y televisivos. Desde diciembre de 2020, el Derecho derivado regula el acceso público a la información, establece sus condiciones y crea la figura del Comisario de Información. Ciertos proyectos de ley cuya adopción está prevista para el segundo semestre de 2021 tienen por objeto reforzar la independencia de la Autoridad de Medios de Comunicación, reforzando las garantías de libertad de expresión y la transparencia en lo que respecta a la propiedad.
El sistema de controles y equilibrios incluye un proceso de consulta en el marco de un Proyecto de Mejora de la Legislación. Sin embargo, el proceso de consulta sobre los proyectos legislativos se limita a los debates en la Cámara de Representantes, hay dudas en cuanto al acceso del público a los proyectos. Durante la pandemia no se declaró el estado de emergencia previsto en la Constitución. Sin embargo, se impusieron restricciones a los ciudadanos y las empresas en virtud de la Ley de Cuarentena, que faculta al Consejo de Ministros para dictar decretos relacionados con la pandemia de COVID-19. Algunas organizaciones de la sociedad civil siguen teniendo problemas para cumplir con la normativa de registro, como se señala en el Informe sobre el Estado de Derecho en 2020, aunque se observan mejoras en la nueva legislación, que simplifica el registro de las federaciones de ONG.
I.Sistema judicial
El sistema judicial está integrado por seis tribunales de distrito, seis tribunales de lo penal, el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, el Tribunal Administrativo de Protección Internacional y el Tribunal Supremo. Está en curso la creación de un Tribunal Constitucional. Además, hay tribunales de familia, tribunales de control de arrendamientos, tribunales de lo laboral y un tribunal militar. Entre todos los órganos jurisdiccionales de primera instancia suman ciento trece jueces, mientras que el Tribunal Supremo está compuesto por trece magistrados. Los jueces del Tribunal Supremo son designados por el presidente de la República de entre los miembros de la judicatura y teniendo en cuenta las recomendaciones del Tribunal Supremo, que no vinculan al presidente. Sin embargo, según una práctica consolidada, el presidente de la República sigue las recomendaciones del Tribunal Supremo, que, en función de la antigüedad, propone para cada vacante al juez de mayor edad en servicio. La misma práctica se aplica al nombramiento del presidente del Tribunal Supremo, para el cual el presidente de la República sigue siempre la recomendación de nombrar al juez de mayor edad que esté al servicio de dicho Tribunal. El Consejo Superior de la Judicatura, integrado por todos los miembros del Tribunal Supremo (el presidente y doce jueces) nombra, transfiere y promueve a los jueces de primera instancia. El Ministerio Fiscal es independiente y se organiza bajo los auspicios del Fiscal General de la República. El Fiscal General dirige la Oficina Jurídica de la República, un órgano independiente que le asiste sin estar adscrito a ningún ministerio. El Fiscal General tiene la facultad, que puede ejercer discrecionalmente en aras del interés público, de incoar, gestionar, hacerse cargo y continuar o interrumpir cualquier proceso por un delito cometido contra una persona (jurídica o física) en la República. Asimismo, es el asesor jurídico de la República, del presidente, del Consejo de Ministros y de los ministros individualmente. Por último, lleva a cabo todas las demás funciones y obligaciones que le confieren la Constitución o el derecho escrito. Chipre participa en la Fiscalía Europea. El colegio nacional independiente de abogados tiene competencia normativa y disciplinaria sobre sus miembros.
Independencia
El nivel de percepción de la independencia judicial es intermedio. El 48% de la población general considera que la independencia judicial es «bastante buena» o «muy buena», porcentaje que ha descendido en 7 puntos en 2021 en comparación con 2020. Entre las empresas, la cifra se sitúa en el 45 %, lo que constituye un descenso de 3 puntos desde 2020. Esta percepción de la independencia judicial se ha mantenido en niveles intermedios desde 2016.
La escisión del actual Tribunal Supremo en un Tribunal Constitucional Supremo y un Tribunal Superior está pendiente ante el Parlamento. Se ha presentado el proyecto de ley al Parlamento y a finales de 2020 se ha constituido una comisión ad hoc para redactar el texto definitivo. Este proyecto prevé actualmente que el nombramiento de los jueces y de los presidentes de estos tribunales recaiga exclusivamente en el presidente de la República. Se creará un Consejo Consultivo de la Judicatura, distinto del Consejo Superior de la Magistratura, encargado de preparar una lista de los candidatos más idóneos, que no será vinculante para el presidente. Es importante que esta reforma garantice la independencia judicial, en consonancia con el Derecho de la UE y teniendo en cuenta las recomendaciones del Consejo de Europa. La consulta a la Comisión de Venecia sobre el proyecto de legislación daría garantías sobre la reforma propuesta a tal efecto. El proyecto de ley también prevé la creación de un Tribunal de Apelación, cuyos jueces y presidente serán nombrados por el Consejo Supremo de la Judicatura. Tras la disolución del Parlamento el 14 de abril de 2021 con vistas a las elecciones legislativas del 30 de mayo, el nuevo Parlamento debatirá los proyectos de ley pendientes.
Se están llevando a cabo reformas en el Consejo Superior de la Magistratura, a fin de que sea más representativo de los miembros de la judicatura. Un proyecto de ley elaborado en 2020 proponía la ampliación del Consejo Superior de la Judicatura. Estaría compuesto por los miembros del Tribunal Supremo, el presidente y los magistrados del Tribunal Superior, el presidente del Tribunal de Apelación, el presidente de los Tribunales de Distrito, el presidente de la Asociación de Jueces, el Fiscal General y el presidente del Colegio de Abogados de Chipre. La judicatura expresó su preferencia por un nuevo Consejo Judicial de la Judicatura compuesta únicamente por miembros de la judicatura. Este proyecto se halla pendiente desde finales de 2020 y no se había aprobado cuando se disolvió el Parlamento a principios de esta primavera. Es importante que esta reforma tenga en cuenta las recomendaciones del Consejo de Europa.
Se está aplicando el Plan de Acción para el fortalecimiento de la Oficina Jurídica de la República, y se prevé aprobar una ley que garantice la independencia presupuestaria de la Oficina. En particular, la reforma comprende la reestructuración y creación de direcciones independientes y autónomas en la Oficina Jurídica, profundizar en la separación de las dos funciones principales del Fiscal General, crear nuevos puestos y racionalizar los procesos, la separación de funciones y los procesos de contratación. El fiscal general y el Ministerio de Economía aún están debatiendo un proyecto de ley relativo a la independencia presupuestaria de la Oficina Jurídica. Con el fin de anticipar la reforma prevista, a finales de 2020 se contrató a un elevado número de nuevos abogados para la Oficina Jurídica de la República, varios de los cuales se ocupan de asuntos penales, incluidos casos de corrupción.
Calidad
Se han adoptado medidas para mejorar la digitalización de la justicia, pero sigue habiendo graves problemas en este ámbito. El público general tiene acceso a una cantidad muy limitada de información sobre el sistema judicial. Además, existen muy pocas soluciones digitales para iniciar y seguir los procedimientos en asuntos civiles, mercantiles y administrativos. Uno de los principales objetivos de las reformas en curso es la introducción de un sistema electrónico de administración judicial. No obstante, su implantación y los correspondientes procedimientos de contratación pública vienen retrasándose desde 2017. Entretanto, se ha creado un minirregistro electrónico de asuntos, que entró en servicio en 2020 en todos los registros civiles y en el Tribunal Supremo con el fin de tramitar las demandas de un modo más eficiente, en espera de que se implemente por completo el sistema de justicia electrónica. La puesta en marcha del registro se aceleró por la pandemia de COVID-19.
Se han seguido desarrollando sitios web informativos sobre jurisprudencia y legislación para el público. Un sitio web gestionado por el Colegio de Abogados de Chipre ofrece acceso público abierto y gratuito a una serie de bases de datos, como las de jurisprudencia y legislación. En concreto, proporciona acceso a la base de datos de jurisprudencia chipriota, a la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Chipre, a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y a la legislación chipriota. El Tribunal Supremo facilita a los jueces chipriotas el acceso a bases de datos en línea nacionales y extranjeras y corre con los costes correspondientes.
Eficiencia
El sistema judicial sigue presentando graves problemas de eficiencia. El tiempo necesario para resolver asuntos civiles, mercantiles y administrativos en los órganos jurisdiccionales de primera instancia (882 días en 2019, frente a los 737 de 2018) sigue siendo de los más elevados de la UE. En el orden contencioso-administrativo de primera instancia aumentó la duración de los procedimientos (495 días en 2019, frente a los 487 de 2018) y disminuyó el porcentaje de resolución (en torno al 170 % en 2019, mientras que en 2018 fue de alrededor del 219 %). Desde septiembre de 2020 se ejecuta un proyecto piloto en el Tribunal de Distrito de Pafos para reducir el retraso acumulado. Tras la contratación de una serie de jueces adicionales, se ha creado un grupo de trabajo que se centra, en particular, en la gestión de la acumulación de asuntos pendientes.
Aun con cierto retraso, sigue adelante el plan de acción para abordar los problemas de eficiencia. En este marco, un proyecto de ley redactado por el Ministerio de Justicia y Orden Público a finales de 2020 prevé el aumento de la jurisdicción civil de los jueces de los tribunales de distrito y de los jueces de los juzgados de primera instancia, en lo que respecta a la cuantía de los litigios que pueden conocer y juzgar, a fin de dotar de una mayor flexibilidad al sistema. Se sigue aplicando la decisión adoptada por el Tribunal Supremo en febrero de 2019 de asignar la gestión de los litigios financieros (procedimientos judiciales relativos a préstamos dudosos) a seis magistrados del Tribunal de Distrito que ya están en funciones.
Se ha adoptado la regulación del procedimiento civil. El 19 de mayo de 2021, el Tribunal Supremo adoptó la nueva regulación del procedimiento civil, que sustituye a la obsoleta legislación en vigor desde 1958. Estas normativa, que aún no se ha aplicado, tiene por objeto acelerar los procedimientos judiciales y aumentar la eficiencia general del procedimiento civil, también en lo que se refiere a la ejecución de las resoluciones judiciales.
II.Marco de lucha contra la corrupción
Se ha adoptado un nuevo plan de acción contra la corrupción para el período 2021-2026, y se ha encomendado a la Oficina de Transparencia y Prevención de la Corrupción que supervise su aplicación. El Fiscal General tiene competencias generales en materia penal, incluidos los delitos de corrupción. La Fiscalía proporciona asesoramiento jurídico a las autoridades policiales que investigan delitos de corrupción. Se ha nombrado un nuevo Fiscal General, a la vez que se ha contratado nuevo personal y se ha reorganizado la unidad de delitos financieros. La nueva ley sobre el acceso a la información pública constituye una mejora en la legislación de lucha contra la corrupción.
La percepción entre los expertos y los directivos de empresas es que el nivel de corrupción en el sector público sigue siendo relativamente elevado. En el Índice de percepción de la corrupción de 2020 de Transparencia Internacional, Chipre obtiene una puntuación de 57/100 y ocupa el puesto 12 en la Unión Europea y el 42 del mundo
. Esta percepción se deteriorado
en los últimos cinco años
.
Se ha revisado el marco estratégico en materia de lucha contra la corrupción. En enero de 2021, el presidente de la República y el Ministro de Justicia y Orden Público acordaron una nueva estrategia contra la corrupción para 2021-2026. Las medidas propuestas se refieren a la transparencia, la rendición de cuentas y los asuntos de corrupción, con el objetivo de reforzar las instituciones existentes y crear nuevas garantías
. La estrategia consta de tres pilares
, divididos en acciones específicas
. La Oficina de Transparencia y Prevención de la Corrupción (dependiente del Ministerio de Justicia y Orden Público) ha nombrado a dos funcionarios encargados de la coordinación interinstitucional y la ejecución de la estrategia. Todas las instituciones públicas tienen una unidad destinada a la estrategia de lucha contra la corrupción, que informa sobre los avances en la aplicación de las medidas adoptadas bajo la responsabilidad de su institución. La Oficina de Transparencia y Prevención de la Corrupción recoge y centraliza información sobre la aplicación de la estrategia y publica los resultados en una plataforma en línea
. A finales de 2020, el Consejo de Ministros también puso en marcha un programa nacional de integridad basado en la norma sobre el sistema de gestión contra el soborno de la Organización Internacional de Normalización (ISO). El Ministerio de Justicia es responsable de supervisar la aplicación de este programa
.
Se ha promulgado la ley sobre el acceso a la información pública, pero todavía se está debatiendo en el Parlamento otra legislación anticorrupción. La Ley sobre el derecho de acceso a la información del sector público
, que otorga a toda persona física o jurídica el derecho de acceso a la información en poder de una autoridad pública, entró en vigor en diciembre de 2020. El proyecto de ley para la creación de una Autoridad Independiente contra la Corrupción y el proyecto de ley sobre los grupos de presión han sido aprobados en primera lectura ante la comisión parlamentaria competente. Varios proyectos de ley sobre la declaración patrimonial de los funcionarios elegidos del Estado siguen pendientes ante la Comisión Parlamentaria de Instituciones, Mérito y Comisario de Administración
. Sin embargo, no hay información sobre la fecha de adopción prevista.
Se han incrementado las sanciones por el delito de abuso de poder público. En marzo de 2021 se incrementó de tres a siete años de prisión la pena por el delito de abuso de poder por parte de funcionarios públicos (elegidos o designados)
.
La Fiscalía General sigue mejorando su capacidad. A finales de 2020 se nombró un nuevo Fiscal General. La oficina ha contratado recientemente a 24 abogados de primer nivel encargados de investigar delitos financieros, incluidos los de corrupción, y tres funcionarios fueron trasladados del departamento de personal a la Fiscalía General. Entre 2013 y 2020 se investigaron 149 casos de corrupción, de los cuales se resolvieron 20 (incluidos 5 casos relativos a funcionarios de alto rango y personas del ámbito político)
. Un ámbito particular de riesgo, regulado por la Ley de lucha contra la manipulación de las competiciones deportivas
, ha dado lugar a la apertura de varias investigaciones sobre corrupción (doce asuntos en 2020 y tres asuntos en 2021) y conflictos de intereses (dos asuntos en 2020 y uno en 2021), pero hasta ahora no se han resuelto
. A lo largo de 2020, el Fiscal General coordinó reuniones con la asociación de apuestas y la policía, relacionadas con la aplicación de la Ley de lucha contra la manipulación de las competiciones deportivas.
El Gobierno ha puesto en marcha una comisión de investigación para el régimen chipriota de ciudadanía para inversores. En respuesta a las acusaciones de corrupción en las que están implicadas personas extranjeras y altos funcionarios (incluida la posible participación de personas del ámbito político), a petición del Consejo de Ministros el 7 de septiembre de 2020 el Fiscal General nombró una comisión de investigación encargada de examinar todas las naturalizaciones concedidas de conformidad con el régimen chipriota de ciudadanía para inversores entre 2007 y 2020. La comisión ha informado de 6 779 naturalizaciones examinadas, concedidas por razón de inversiones. Las conclusiones preliminares de la comisión, publicadas en abril de 2021, indican que más del 53 % de las naturalizaciones analizadas se concedieron de forma ilegal. La Comisión Europea inició un procedimiento de infracción contra Chipre en relación con el régimen de ciudadanía para inversores.
Se ha reorganizado la fiscalía de delitos financieros. En 2020, la unidad de delitos financieros se reorganizó en dos divisiones: una para la investigación de delitos financieros y otra de apoyo (cuyas operaciones comenzaron en febrero de 2021) con dos investigadores policiales y cuatro auditores forenses
. La división de apoyo presta asistencia transversal a otras unidades, mediante el análisis de la inteligencia financiera y la diligencia debida con respecto a sospechosos. Sin embargo, la unidad sigue teniendo dificultades para atraer y retener a personal cualificado
. Algunas investigaciones de delitos financieros se retrasan debido a la demora de las entidades financieras en responder a las órdenes judiciales de presentación de documentos y, en algunos casos internacionales, debido a la supuesta tardanza de las autoridades extranjeras en atender las solicitudes de asistencia judicial mutua
. En 2020 se produjo un decomiso por un delito de corrupción en el que participaron cuatro acusados, incluido un funcionario
.
Se han introducido nuevos instrumentos para mejorar la integridad dentro de la policía, incluida una plataforma en línea para la denuncia de irregularidades. En 2020, el Servicio de Asuntos Interiores de la Policía (PIAS), encargado de investigar las acusaciones de corrupción en el seno de la policía, puso en marcha una plataforma en línea para la denuncia de irregularidades. Desde entonces ha recibido 141 denuncias
: de ellas ya se han investigado 36 (de las cuales 21 acabaron desestimadas). No se dispone de información sobre los asuntos resueltos. A principios de 2021, la PIAS adoptó un código de conducta policial centrado en la lucha contra la corrupción (que se consagra en el código de ética policial existente)
y explicó sus competencias en un folleto informativo para el público. En caso de sospecha de corrupción en un agente de policía, la PIAS puede decidir realizar una «prueba de integridad» al sospechoso. Aunque las sospechas de corrupción se notifican al Fiscal General, los indicios de infracciones de las disposiciones disciplinarias se envían al Director de la Policía para que tome, en su caso, las medidas oportunas. Entre 2018 y 2020, se remitieron 13 casos a la Fiscalía General, y se resolvió un caso (con condena). Actualmente hay 11 investigaciones abiertas y una más pendiente en la Fiscalía General.
Se han adoptado nuevas disposiciones relativas a los conflictos de intereses de los diputados al Parlamento Europeo. En febrero de 2021, la Cámara de Representantes adoptó un Código de conducta para sus diputados, con disposiciones relativas a las incompatibilidades, las declaraciones de bienes, los regalos y los grupos de presión
. El cumplimiento del Código será supervisado por una comisión parlamentaria específica. En el caso de otros funcionarios, además de la legislación administrativa vigente
, un proyecto en curso tiene por objeto redactar un conjunto común de principios sobre conflictos de intereses para los funcionarios públicos de todos los sectores
.
No hay datos sobre la aplicación de las normas relativas a la declaración de patrimonio. Aunque existen tales normas, se han suscitado dudas acerca de la exactitud y verificación de dichas declaraciones. Además, si bien existen normas y sanciones por incumplimiento de las obligaciones en materia de declaración del patrimonio, en particular para los funcionarios de alto rango y las personas del medio político (como los diputados al Parlamento y el presidente de la República), su eficacia sigue siendo poco clara a falta de información sobre la aplicación del sistema de declaración del patrimonio. Así pues, las dudas expuestas en el informe del año pasado aún no se han disipado.
Desde mayo de 2017 está pendiente la aprobación
por el legislador de un proyecto de ley sobre las «leyes de denuncias de corrupción». Esta legislación introduciría nuevas disposiciones sobre la protección de las personas que denuncien actos de corrupción, tanto en el sector público como en el privado
.
Durante la pandemia de COVID-19 se han desplegado acciones destinadas a prevenir el fraude en los regímenes de ayudas. El Ministerio de Trabajo, Bienestar y Seguridad Social ha puesto en marcha un mecanismo de control, vinculado a la base de datos de los servicios de seguridad social, que permite realizar controles automáticos de los beneficiarios de subvenciones relacionadas con el COVID-19 (también denominado «régimen especial»). En caso de incumplimiento de los criterios para acogerse al «régimen especial», el Ministerio de Trabajo, Bienestar y Seguridad Social ha requerido la devolución de las prestaciones correspondientes. En el sector sanitario, los límites de precios de los elementos esenciales para la protección contra la enfermedad (por ejemplo, mascarillas o pruebas médicas contra el COVID-19) figuran entre las medidas destinadas a hacer frente a los riesgos de corrupción.
III.Libertad y pluralismo de los medios de comunicación
En Chipre, la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información están protegidos jurídica y oficialmente por el artículo 19 de la Constitución del país. El Derecho derivado protege expresamente la protección de las fuentes periodísticas y fomenta el pluralismo de los medios de comunicación radiofónicos y televisivos. La Ley sobre el derecho de acceso a la información del sector público (2017) entró en vigor en diciembre de 2020, tras varios retrasos, con el fin de consagrar este derecho en el Derecho derivado. Dicha Ley regula el acceso público a la información en poder de las autoridades públicas, establece sus condiciones y crea la figura del Comisario de Información. Se espera que dos proyectos de ley distintos cuya adopción esté prevista para el segundo semestre de 2021 adapten la legislación chipriota a la Directiva de servicios de comunicación audiovisual y refuercen la libertad de prensa
, respectivamente. Chipre distribuyó una subvención estatal, consistente principalmente en ingresos publicitarios abonados a los medios de comunicación para informar al público sobre la pandemia de COVID-19.
Se han presentado enmiendas con el fin de reforzar la independencia del regulador de los servicios de comunicación audiovisual, la Autoridad de Radiotelevisión de Chipre. Se han presentado al Parlamento enmiendas a la Ley de radiodifusión y televisión de 7(I)/1998 con el fin de establecer expresamente la independencia funcional y efectiva de la Autoridad, adaptando la Ley a la Directiva de servicios de comunicación audiovisual. Además, la Autoridad de Radiotelevisión de Chipre tiene la intención de ajustar los criterios de selección de los miembros de su consejo de administración al Código chipriota de gobernanza pública, tal y como establece la Decisión 87/869 del Consejo de Ministros, garantizando así que los miembros de los consejos de administración posean un alto nivel de cualificación profesional.
El consejo de prensa independiente de Chipre, la Comisión de Reclamaciones de los Medios de Comunicación, está compuesto por trece miembros y es responsable de la autorregulación de los medios de comunicación, tanto impresos como electrónicos. De aprobarse, el proyecto de ley sobre la protección de la libertad de prensa y el funcionamiento de los medios de comunicación dotaría de estatuto legal a la Comisión de Reclamaciones. Si bien la Comisión de Reclamaciones está totalmente libre de interferencias del Gobierno y de supervisión judicial, el Media Pluralism Monitor señala que la pandemia de COVID-19 y los despidos motivados por esta han exacerbado la enquistada situación provocada por el hecho de que la Comisión centra su labor en proteger el empleo y los salarios, antes que en la independencia editorial.
Se prevé modificar la legislación chipriota, que ya exige cierto grado de transparencia en la propiedad de los medios de comunicación en el sector de la comunicación audiovisual, para hacerla más estricta. El Media Pluralism Monitor (MPM) de 2021 hace hincapié en los problemas existentes y confirma los niveles de riesgo señalados en el MPM de 2020 con respecto a la aplicación efectiva de la normativa vigente y la ausencia de leyes que garanticen la transparencia de la propiedad en los sectores de la prensa escrita y los medios de comunicación digitales, lo que dificulta la identificación y verificación de los propietarios finales o la propiedad cruzada en estos sectores. El proyecto de ley por el que se modifica la Ley de Radiodifusión de Radio y Televisión, actualmente en fase de consulta, tiene por objeto subsanar estas deficiencias obligando a todos los medios de comunicación a publicar cuentas auditadas que proporcionen información sobre los propietarios reales.
Existen mecanismos de protección de la independencia política y para evitar los conflictos de intereses. Aunque sigue sin haber normas que regulen la publicidad estatal, se ha concedido una ayuda de 700 000 EUR, consistente principalmente en ingresos publicitarios abonados a los medios de comunicación para informar al público sobre la pandemia de COVID-19. La MPM 2021 considera que las subvenciones concedidas están más diversificadas que los regímenes anteriores y que han reducido drásticamente el factor de riesgo relacionado con el indicador de regulación estatal de los recursos
.El MPM 2021 concluyó que se ha producido una disminución general del riesgo en el ámbito de la independencia política (del 59 % al 55 %), aunque la autonomía editorial sigue estando amenazada y en alto riesgo debido a la búsqueda de agendas políticas por parte de los propietarios de medios de comunicación, lo que da lugar a cierto grado de autocensura entre el personal editorial. Se está elaborando un mecanismo detallado que regula el desembolso de ingresos publicitarios en campañas públicas de publicidad más allá de la pandemia de COVID-19.
Aunque las amenazas directas siguen siendo raras, se ha denunciado un caso de acoso y vigilancia en línea de un periodista. Existen normas dirigidas a la protección de las fuentes periodísticas. Cuando se apruebe, se espera que el proyecto de ley sobre la protección de la libertad de prensa y el funcionamiento de los medios de comunicación refuerce las garantías de la libertad de expresión tanto en línea como fuera de línea. Las partes interesadas han expresado su preocupación por el acecho, el ciberataque y el acoso digital grave a un periodista de investigación, en particular mediante su difamación en las redes sociales. La Plataforma del Consejo de Europa para promover la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas no ha publicado ninguna alerta desde el Informe sobre el Estado de Derecho en 2020 relativo a la República de Chipre.
IV.Otras cuestiones institucionales relacionadas con el sistema de contrapoderes institucionales
La República de Chipre es una república presidencialista. El presidente de Chipre es al mismo tiempo el jefe del Estado y el jefe del Gobierno. La Cámara de Representantes es el Parlamento y está dotada de poder legislativo. Tanto los representantes como los ministros tienen derecho de iniciativa legislativa. El Tribunal Supremo es competente para examinar la constitucionalidad de las leyes a partir de los asuntos concretos que se le presenten
. Existen diversas autoridades, organizaciones e instituciones nacionales independientes dedicadas a la protección y defensa de los derechos humanos.
A pesar de las medidas adoptadas para mejorar la participación de las partes interesadas, la consulta pública no siempre tiene lugar en una fase temprana del diseño y la elaboración de las políticas. Rara vez se realiza una consulta pública abierta sobre actos legislativos, a pesar del compromiso asumido con motivo del proyecto «Legislar mejor» y de las respectivas circulares del Ministerio de Hacienda y de la Oficina Jurídica de la República. En cambio, el proceso de consulta sobre proyectos legislativos no es muy accesible para el público y se limita a los debates en la Cámara de Representantes. En esta fase, los proyectos de actos legislativos se comparten a través de una lista normalizada de distribución del Ministerio de Justicia a las partes interesadas previamente identificadas, de modo que estas puedan presentar sus observaciones o participar en los debates de las correspondientes comisiones parlamentarias permanentes. El Fiscal General (Oficina Jurídica) procede a una revisión previa de los proyectos legislativos en lo que se refiere al respeto de los principios de legalidad y proporcionalidad.
El Gobierno está facultado para adoptar medidas para hacer frente a la pandemia de COVID-19. En Chipre no se ha declarado el estado de excepción consagrado en la Constitución. Sin embargo, se han impuesto restricciones en virtud de la Ley de Cuarentena, que faculta al Consejo de Ministros para dictar órdenes, debido a la pandemia de COVID-19, que se aplican tanto a los ciudadanos como a las autoridades públicas y las empresas. El Parlamento chipriota supervisa periódicamente la aplicación de todas las medidas relacionadas con la COVID-19. Según la información facilitada por el Gobierno, hasta la fecha solo se han impugnado una vez las medidas restrictivas, dando lugar a un asunto en 2020, aún pendiente ante el Tribunal Administrativo, relativo al número máximo de empleados que pueden trabajar en oficinas y otros lugares de trabajo
.
Con motivo de la pandemia de COVID-19, el Defensor del Pueblo ha ayudado activamente a los ciudadanos. Desde marzo de 2020, el Defensor del Pueblo lleva a cabo una campaña de sensibilización en relación con la pandemia de COVID-19 y la protección de los derechos humanos. El Defensor del Pueblo fue calificado con la «B» por la Alianza Mundial de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI) en 2015
, y su calificación se revisará en junio de 2021
.
Aunque se han realizado algunos avances, sigue habiendo dudas en cuanto al registro de las organizaciones de la sociedad civil. Estas preocupaciones fueron reiteradas por el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa
, en particular por lo que se refiere a la capacidad de las ONG para operar en Chipre y a la aplicación de la legislación sobre asociaciones, que ha dado lugar recientemente a la baja de varias organizaciones no gubernamentales. En respuesta a estas inquietudes
, el Gobierno subrayó que la legislación de 2017
introduce elementos de transparencia y rendición de cuentas para las actividades de las ONG, de conformidad con las directrices del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
, a fin de proteger a las ONG frente a la financiación del terrorismo, y de conformidad con la quinta Directiva de la UE para la prevención y supervisión del blanqueo de capitales. Ahora es posible registrar las federaciones de organizaciones directamente sin necesidad de que sus miembros estén también registrados individualmente
.
Anexo I: Lista de fuentes por orden alfabético*
* La lista de aportaciones recibidas en el marco de la consulta para el Informe sobre el Estado de Derecho en 2021 está disponible en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2021-rule-law-report-targeted-stakeholder-consultation_es
.
Centro para el Pluralismo y la Libertad de los Medios de Comunicación (2021), Media Pluralism Monitor de 2021 — Informe sobre Chipre (enlace que se añadirá cuando esté disponible).
CEPEJ (2020), Estudio sobre el funcionamiento de los sistemas judiciales en los Estados miembros de la UE.
Consejo de Europa: Comité de Ministros (2010), Recomendación CM/Rec(2010)12 del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre los jueces: independencia, eficiencia y responsabilidades.
Colegio de Abogados de Chipre (2021), Aportación del Colegio de Abogados de Chipre para el Informe sobre el Estado de Derecho en 2021
Comisión chipriota de investigación (2021), Informe intermedio sobre el procedimiento de concesión de la nacionalidad a inversores extranjeros y empresarios (
https://www.pio.gov.cy/assets/pdf/newsroom/2021/04/Interim Report 27 04 2021(pdf).pdf
).
Gobierno de Chipre (2021), Datos aportados por Chipre para el Informe sobre el Estado de Derecho en 2021.
Dirección General de Comunicación (2019), Encuesta «Flash» del Eurobarómetro n.º 482: Businesses’ attitudes towards corruption in the EU.
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Comisión Europea (2020), Regímenes de ciudadanía para inversores: la Comisión Europea incoa procedimientos por incumplimiento contra Chipre y Malta por «vender» la ciudadanía de la UE, INFR(2020)2300 (
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Carta de respuesta del Sr. Nicos Nouris, ministro del Interior de Chipre, a Dunja Mijatović, Comisaria de Derechos Humanos (2021) (
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Transparencia Internacional (2021), Índice de percepción de la corrupción de 2020.
Anexo II: Visita a Chipre
Los servicios de la Comisión celebraron reuniones virtuales en abril de 2021 con:
·el Ministerio de Justicia
·el Tribunal Supremo
·el Consejo de la Abogacía Chipriota
·la Oficina de Transparencia y Prevención de la Corrupción
·la Policía (servicio de asuntos internos)
·la Policía (unidad de delitos financieros)
·la Autoridad de Radio y Televisión,
·la Oficina de Prensa e Información,
·representantes de la Fiscalía General,
·el Ministerio del Interior (medios de comunicación)
·Foro de Integridad de Chipre
* Además, la Comisión mantuvo reuniones horizontales con las siguientes organizaciones:
·Amnistía Internacional
·Centro de Derechos Reproductivos
·CIVICUS
·Unión por las Libertades Civiles en Europa
·Sociedad Civil Europa
·Conferencia de Iglesias Europeas
·EuroCommerce
·European Center for Not-for-Profit Law
·Centro Europeo para la Libertad de Prensa y de los Medios de Comunicación
·Foro Cívico Europeo
·Federación Europea de Periodistas
·European Partnership for Democracy
·Foro Europeo de la Juventud
·Front Line Defenders
·Human Rights House Foundation
·Human Rights Watch
·ILGA-Europe
·Comisión Internacional de Juristas
·Federación Internacional por los Derechos Humanos
·Red Europea de la Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF EN)
·Instituto Internacional de la Prensa
·Netherlands Helsinki Committee
·Open Society European Policy Institute
·Philanthropy Advocacy
·Protection International
·Reporteros Sin Fronteras
·Transparencia Internacional UE