15.2.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 58/1

15.2.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 58/2

—

Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM) y sus dos acuerdos de ejecución: el Acuerdo relativo a la aplicación de la Parte XI y el Acuerdo de las Naciones Unidas sobre las poblaciones de peces (UNFSA),

—

Vista la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional,

—

Visto el documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Río de Janeiro en 2012, titulado «El futuro que queremos»,

—

Vistos los informes del Grupo de trabajo abierto informal ad hoc de las Naciones Unidas,

—

Vistos el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica adoptadas por las Partes en el CDB, y en particular las metas 6, 10 y 11,

—

Vistos los criterios científicos y directrices de las Azores, de 2009, para la identificación de áreas marinas de importancia ecológica o biológica (EBSA) y la designación de redes representativas de zonas marinas protegidas en las aguas oceánicas y en los hábitats de los fondos marinos del CDB,

—

Visto el proceso del CDB para la descripción de áreas marinas de importancia ecológica o biológica (EBSA), que ya ha dado lugar a la descripción de 204 áreas que cumplen los criterios, muchas de las cuales están ubicadas en zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional,

—

Visto que, si bien se han descrito EBSA en el océano Índico Meridional, las zonas templadas y tropicales del Pacífico, el Pacífico Norte, el Atlántico Sureste, el Ártico, el Atlántico Noroeste, el Mediterráneo, el Pacífico Suroeste, el Gran Caribe y el Atlántico Centro Occidental, aún no están cubiertas otras regiones,

—

Vistos la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el Programa 21, el Programa para la ejecución ulterior del Programa 21, el Plan de Aplicación de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible y el Plan de aplicación),

—

Vistos el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), adoptado en octubre de 1995 por la Conferencia de la FAO, y sus instrumentos asociados, en particular el Acuerdo para promover el cumplimiento de las medidas internacionales de conservación y ordenación por los buques pesqueros que pescan en alta mar, de 1995,

—

Vistos la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (UNGA A/RES/70/1, adoptada en 2015), y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14 para conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible,

—

Visto el objetivo 14 de la Agenda para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas,

—

Visto el artículo 52 de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Pesca (A8-0042/2016),

A.

Considerando que el mar cubre el 71 % de la superficie de la tierra y contiene el 97 % del agua del planeta; que el mar alberga una parte significativa de la biodiversidad mundial, gran parte de la cual aún permanece inexplorada;

B.

Considerando que aproximadamente el 64 % del mar, y concretamente las aguas de altura y los fondos marinos, son zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional de los Estados y que se rigen por el Derecho internacional;

C.

Considerando que el océano desempeña un papel esencial en muchos de los sistemas de la Tierra, incluidos el climático y el meteorológico, y es el lugar en el que se realiza una amplia gama de actividades humanas relacionadas, por ejemplo, con la pesca, la energía, el transporte y el comercio;

D.

Considerando que menos del 1 % de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional está protegido gracias al establecimiento de zonas marinas protegidas, y que para la gran mayoría de las regiones oceánicas no existe un marco de gestión con un mandato legal para establecer zonas marinas protegidas;

E.

Considerando que la preservación y la conservación de la biodiversidad marina son de interés común para toda la humanidad y deben ser tratadas como tal;

F.

Considerando que el mantenimiento de unos hábitats marinos sanos y de unas poblaciones de peces sostenibles es esencial para la sostenibilidad a largo plazo de la pesca;

G.

Considerando que, en 2014, los ecosistemas protegidos abarcaban el 15,2 % de la superficie terrestre y solo el 8,4 % de las zonas marinas mundiales;

H.

Considerando que el cambio climático y la acidificación están agravando las repercusiones negativas de la sobreexplotación, la contaminación, los residuos marinos y la destrucción de los hábitats y ecosistemas marinos;

I.

Considerando que, en el documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río de Janeiro, 2012) titulado «El futuro que queremos», se subraya que la protección y la gestión de la base de recursos naturales del desarrollo económico y social son los objetivos globales y los requisitos esenciales para un desarrollo sostenible;

J.

Considerando que los mares y océanos tienen un potencial de crecimiento azul todavía inexplotado en gran medida, en particular en materia de energías renovables y productos farmacéuticos, que podría verse también como una vía de desarrollo válida para los actuales países en desarrollo; y que la ampliación de los conocimientos sobre las especies y el medio marinos, su batimetría y la cartografía de los ecosistemas marinos vulnerables, es un requisito previo para el desarrollo marítimo y la realización de su potencial de crecimiento azul;

K.

Considerando que la conservación de la biodiversidad marina y su uso sostenible están directamente relacionados con el desarrollo sostenible a largo plazo y, por lo tanto, tienen una relevancia social, económica y medioambiental para todos los países y territorios;

L.

Considerando que el marco jurídico existente en la materia para las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, desarrollado hace más de 30 años y basado en la doctrina de la libertad de las aguas de altura, ha de ser perfeccionado a fin de promover exitosamente la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina en las zonas situadas fuera de la jurisdicción;

M.

Considerando que el número de actividades desarrolladas en el medio marino ha aumentado en las últimas décadas, y que reconocemos la dinámica entre las diferentes actividades que tienen lugar en alta mar y cómo afectan a la biodiversidad marina;

N.

Considerando que reconocemos las interacciones y los efectos acumulativos de las diferentes actividades que tienen lugar en alta mar, y que estas tienen un impacto en la biodiversidad marina;

O.

Considerando que, en 2004, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el Grupo de trabajo abierto informal ad hoc con el propósito de estudiar y analizar la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina fuera de las zonas de jurisdicción nacional;

P.

Considerando que, en 2011, el Grupo de trabajo recomendó que se iniciara un proceso que detecte las brechas y determine las vías para avanzar, incluido el posible desarrollo de un acuerdo multilateral con arreglo a la CNUDM, y que el proceso debía abordar, conjuntamente, los recursos genéticos marinos (incluidas las cuestiones relativas a la participación en los beneficios), las medidas tales como instrumentos de gestión basados en zonas (incluidas las zonas marinas protegidas), los procesos de evaluación del impacto medioambiental, el desarrollo de capacidades y la transferencia de tecnología marina;

Q.

Considerando que en el resumen de los copresidentes del Grupo de trabajo de 2011 se reconocía la brecha existente entre el proceso científico de descripción de las zonas significativas desde los puntos de vista ecológico y biológico, y la detección o designación de dichas zonas en la práctica, dado que ningún foro mundial tenía por entonces un mandato formal, y que los foros regionales y sectoriales existentes estaban afrontando problemas de legitimidad para hacerlo;

R.

Considerando que, en el resumen de los copresidentes del Grupo de trabajo de 2011, se señalaba que se reconocían de forma generalizada las limitaciones y deficiencias de la situación existente;

S.

Considerando que, en el documento final de Río+20, de junio de 2012, los Jefes de Estado y de Gobierno se comprometieron a abordar, con carácter urgente, basándose en la labor del Grupo de trabajo, y antes del final de la 69.a sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cuestión de la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina fuera de las zonas de jurisdicción nacional, mediante, entre otras cosas, la adopción de una decisión sobre el desarrollo de un instrumento internacional con arreglo a la Convención sobre el Derecho del Mar;

T.

Considerando que la pesca, por sí sola y en conjunción con el cambio climático, la contaminación marina u otras actividades marinas humanas, tiene un gran impacto sobre la biomasa y la biodiversidad marinas, por lo que los efectos de la pesca sobre la biodiversidad marina en las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional deben ser abordados exhaustivamente en todas las medidas de conservación y gestión marítimas, a fin de evitarlos o minimizarlos; y que, además, la pesca no es el único factor de mortalidad derivado de la actividad humana que incide en los recursos de los océanos y no debe ser la única palanca de acción internacional;

U.

Considerando que, a título enunciativo, la extracción de minerales, las perforaciones con fines de explotación energética y el uso de espacio por plataformas urbanas constituyen otros factores de mortalidad respecto de los recursos pesqueros a día de hoy, y que el desarrollo marítimo futuro podría generar factores de mortalidad no previstos que se han de vigilar;

V.

Considerando que la biodiversidad marina ya ha registrado un declive significativo; que existe un estrecho vínculo entre la preservación de las posibilidades de pesca para las generaciones futuras y la protección de la biodiversidad marina y la conservación de los ecosistemas marinos;

W.

Considerando que las técnicas de pesca selectiva y sostenible son una herramienta indispensable para la gestión sostenible de los recursos pesqueros, así como para la minimización de las capturas accidentales, contribuyendo con ello a la conservación de la biodiversidad marina;

X.

Considerando que la coordinación y la consulta entre todos los interesados en la actividad marítima son cruciales para garantizar la conservación de la biodiversidad marina y el uso sostenible de los recursos;

Y.

Considerando que las regiones ultraperiféricas de la Unión tienen, por su naturaleza, componentes geográficos y en ocasiones geopolíticos especiales, y están integradas en mecanismos de cooperación regional específicos;

Z.

Considerando que la pesca es una actividad muy importante que se realiza tanto dentro de zonas bajo jurisdicción nacional como en zonas situadas fuera de esa jurisdicción;

AA.

Considerando que la Unión desempeña un papel clave en la gobernanza mundial de los mares y océanos, y que goza de una gran influencia a escala internacional en materia de pesca debido, en particular, a su participación en diecisiete organizaciones regionales de ordenación pesquera (OROP); que este papel de actor de primera línea entraña para la Unión la responsabilidad de adoptar una política proactiva en materia de protección de la biodiversidad marina a escala mundial;

AB.

Considerando que el Acuerdo UNFSA, que establece los derechos y obligaciones de los Estados Partes respecto a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios, es un documento exhaustivo y con visión de futuro que no se debe modificar, socavar o diluir, y cuya plena aplicación debe garantizarse a través de los procesos de refuerzo de la cooperación que se han de adoptar en el nuevo instrumento internacional;

AC.

Considerando que se deben extraer enseñanzas de los recientes desacuerdos de la Unión con las Islas Feroe e Islandia, para hacer posible una gestión sostenible de las poblaciones de peces a escala mundial;

AD.

Considerando que cada país tiene derecho a beneficiarse de la conservación y el uso sostenible de sus recursos, de conformidad con la CNUDM;

AE.

Considerando que reconocemos la obligación de los Estados de proteger y preservar el medio marino, incluyendo la protección de los ecosistemas raros y vulnerables y los hábitats de especies vulnerables, diezmadas, amenazadas o en peligro y otras formas de vida marina;

AF.

Considerando que el Acuerdo UNFSA establece un marco para la aplicación a la ordenación pesquera del criterio de precaución y de los enfoques basados en los ecosistemas, para las medidas de conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios, y para la cooperación internacional, a través de la labor de las organizaciones subregionales y regionales de ordenación pesquera (OROP) y los correspondientes acuerdos; y que debe mejorarse su ejecución efectiva;

AG.

Considerando que en las Resoluciones 61/105 y 64/72 de la Asamblea General de las Naciones Unidas se exhorta a los Estados y a las OROP a adoptar una gama de medidas para garantizar la conservación efectiva de los recursos de los fondos marinos e impedir que la pesca de fondo tenga un importante impacto negativo en los ecosistemas marinos vulnerables (EMV) de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional;

AH.

Considerando que reconocemos y apoyamos los derechos y necesidades especiales de los Estados en desarrollo en el contexto del desarrollo de capacidades, a fin de que puedan beneficiarse de la conservación y el uso sostenible de los recursos y de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios;

AI.

Considerando que el marco de acciones del denominado «Proceso de Kobe» reconoce los esfuerzos ya realizados por las OROP que gestionan las poblaciones de atún y han efectuado revisiones independientes de los resultados, y pide a todas esas OROP que realicen periódicamente esas revisiones, hagan públicos los resultados y apliquen plenamente las recomendaciones que presenten; que organismos como la Asamblea General de la ONU y el COFI han pedido igualmente a las demás OROP que hicieran lo mismo, y que se han llevado a cabo tales revisiones;

AJ.

Considerando que ya existen OROP y que algunas trabajan con miras a establecer zonas marinas protegidas a fin de conservar y restablecer las poblaciones de peces a un nivel sostenible;

AK.

Considerando que el CDB ha facilitado la organización de una serie de talleres para describir las EBSA incluso en las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, y que los resultados de dichos talleres están ahora ampliamente disponibles para fines de consulta en un sitio web del CDB;

AL.

Considerando que la recogida y la puesta en común de los conocimientos y datos científicos son de máxima importancia para tomar decisiones de buena fe y basándose en el mejor asesoramiento científico disponible;

AM.

Considerando que el problema ecológico de los residuos plásticos en el mar representa una amenaza directa para la biodiversidad marítima, que tanto su magnitud como los medios para luchar contra ese problema siguen abordándose de manera inadecuada, y que su resolución puede ser en realidad una oportunidad económica;

AN.

Considerando que el Grupo de trabajo, en su documento de 23 de enero de 2015, subrayó la necesidad de que el régimen mundial global aborde mejor la conservación y gestión de la biodiversidad marina en las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional;

AO.

Considerando que la Unión desarrolla y fomenta activamente mejores prácticas a fin de lograr un uso sostenible de las poblaciones de peces, y que a través de sus programas, como Horizonte 2020, alienta y financia la recogida de datos, la investigación y el desarrollo sostenible;

AP.

Considerando que, el 23 de enero de 2015, el Grupo de trabajo expresó su apoyo a una recomendación en favor de la elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante en el marco de la Convención;

AQ.

Considerando que, el 19 de junio de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una Resolución sobre la elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional;

1.

Acoge con satisfacción la decisión adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas de elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante en el marco de la CNUDM sobre la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional a fin de, entre otras cosas, resolver las actuales deficiencias; subraya que este proceso no debe socavar los instrumentos y marcos relevantes que ya existen, ni tampoco los órganos mundiales, regionales y sectoriales relevantes (por ejemplo, las OROP); subraya la importancia de que la elaboración de este nuevo instrumento avance con rapidez pero también con cautela, y de que se respete el objetivo previsto de concluir la elaboración de un proyecto de texto antes de que finalice 2017;

2.

Subraya la visión, la oportunidad y las consecuencias para las buenas relaciones entre los Estados y para la explotación sostenible de los recursos en el marco de la CNUDM, al tiempo que reconoce que las nuevas presiones y oportunidades exigen que se efectúen ajustes;

3.

Destaca la importancia de la conservación y el uso sostenible de los mares y los océanos y de sus recursos; pide a la Unión y a la comunidad internacional que fomenten la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina mediante la aplicación de, entre otras medidas, unos conceptos modernos y sostenibles de ordenación del ecosistema marino, los principios de la gobernanza de los océanos, la gestión de la explotación de los recursos marinos (ya se trate de la explotación de minerales, perforaciones con fines energéticos, etc.) y de la pesca, incluyendo la gobernanza marina con base científica, el restablecimiento y mantenimiento de las poblaciones de peces por encima de niveles capaces de producir un rendimiento máximo sostenible, la gestión basada en los ecosistemas y la conservación de la biodiversidad marina, la aplicación de la legislación existente y el criterio de precaución;

4.

Destaca que, para afrontar las presiones sobre la biodiversidad marina de aquí a 2020, los Estados miembros tendrán que adoptar medidas para la ejecución de los planes de gestión, la supervisión de la aplicación de las normas, la ampliación de la base de conocimientos y el refuerzo de las redes de investigación y la coordinación de la información sobre la biodiversidad marina;

5.

Reconoce y apoya el papel positivo y de liderazgo desempeñado por la Unión y la Comisión, teniendo en cuenta la posición de protagonismo de la industria y el mercado pesqueros de la Unión y el hecho de que la política pesquera europea está orientada a la sostenibilidad;

6.

Reconoce el importante papel que la Unión ha desempeñado a la hora de asegurar una gestión sostenible de los recursos marinos vivos, en particular en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR); destaca que, por su propia naturaleza, la pesca INDNR amenaza la biodiversidad marina y pone en serio peligro la preservación de los ecosistemas marinos; recuerda que la Unión ha hecho de la lucha contra la pesca INDNR una prioridad, y que la cooperación internacional es primordial para tener éxito en ella; anima a la FAO y a las OROP a intensificar sus esfuerzos para mejorar la cooperación multilateral;

7.

Destaca el positivo papel desempeñado por el etiquetado medioambiental en el sector de los productos del mar, pues permite a los consumidores contribuir a la sostenibilidad de los recursos y a la preservación de la biodiversidad marina al efectuar una elección informada;

8.

Alienta a la Comisión a fomentar, coordinar y garantizar en mayor medida que el impacto de las actividades humanas, incluidos la pesca y todos los tipos de explotación de los fondos marinos y los océanos, sobre la biodiversidad en las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional se aborda eficazmente en el contexto de ese nuevo acuerdo internacional; señala, por ello, la necesidad de fomentar en mayor medida la aplicación de la legislación existente y de desarrollar los instrumentos de gestión necesarios para garantizar la coherencia y la uniformidad;

9.

Anima a las OROP a garantizar la plena ejecución de sus recomendaciones, a seguir realizando evaluaciones independientes con regularidad y a asegurar la adecuada implementación de dichas evaluaciones;

10.

Insta a la Comisión a apoyar y promover un enfoque holístico y global con respecto a las zonas marinas protegidas (ZMP), dado que no es posible una coordinación y una cooperación auténticas en lo que respecta a los esfuerzos de conservación sin la participación del círculo más amplio posible de partes interesadas implicadas en una amplia variedad de actividades marinas humanas en los océanos y los mares;

11.

Alienta e insta a la Comisión y los Estados miembros a promover la designación e implementación de EBSA en las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional;

12.

Insta a la Comisión a colaborar con todas las partes interesadas pertinentes para seguir apoyando y fomentando, en el contexto del nuevo acuerdo internacional en el marco de la CNUDM, la elaboración de un mecanismo institucional para la designación, la gestión y el establecimiento de las disposiciones necesarias en materia de seguimiento y ejecución de redes conectadas, coherentes, viables y representativas de ZMP como elementos esenciales para garantizar la conectividad ecológica y biológica;

13.

Pide a la Comisión que elabore datos exhaustivos sobre la biodiversidad marina en los mares regionales europeos; considera que la recogida de dichos datos representa un reto necesario, dado que el 80 % de las especies y los hábitats contemplados en la Directiva marco sobre la estrategia marina están clasificados como desconocidos;

14.

Solicita un papel de liderazgo para la Unión en la lucha contra los residuos plásticos en el mar y la correspondiente financiación de la investigación en el marco de la economía azul;

15.

Subraya que este nuevo acuerdo internacional debe garantizar unas condiciones equitativas de competencia entre todas las partes interesadas; considera que el nuevo acuerdo internacional debería tener en cuenta además las necesidades específicas de los países en desarrollo, en particular los pequeños Estados insulares, en materia de mejora de las capacidades con vistas a la realización de los objetivos de la comunidad internacional relativos, entre otras cosas, a las zonas marinas protegidas;

16.

Insta a la Comisión a que fomente el refuerzo de la cooperación, la coordinación, la transparencia y la responsabilidad entre todas las partes interesadas pertinentes, también entre los nuevos instrumentos negociados, los instrumentos UNFSA y FAO existentes, las OROP y otros órganos sectoriales como, entre otros, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos y la Organización Marítima Internacional;

17.

Pide a las Naciones Unidas que colaboren con los Estados para aplicar más eficazmente las normas existentes y, cuando sea necesario, establecer normas adicionales que puedan contribuir indirectamente a proteger la biodiversidad en alta mar y mejorar las condiciones sociales, de seguridad y de seguimiento, tales como el establecimiento de unas herramientas de gestión a escala mundial, es decir, un instrumento centralizado de registro de los buques como el Archivo mundial de buques pesqueros que se está elaborando bajo la autoridad de la FAO, pero evitando provocar un incremento de la carga burocrática para los pescadores;

18.

Subraya que los impactos de la pesca sobre la biodiversidad marina en las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional tendrán que formar parte del mandato de las OROP;

19.

Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que apoyen y promuevan, dentro del mandato del nuevo acuerdo internacional en el marco de la CNUDM, la elaboración de un mecanismo institucional para la puesta en práctica de la evaluación de impacto ambiental anticipada para aquellas actividades que puedan tener efectos considerables sobre el medio marino, de conformidad con el artículo 206 de la CNUDM, también para la explotación de los recursos marinos, con una base científica sólida en la medida en que sea factible, y que esas actividades vayan acompañadas de un seguimiento medioambiental y socioeconómico pormenorizado;

20.

Pide a la Comisión que, en el marco del nuevo acuerdo internacional, presione para que se reconozcan los daños ecológicos en el mar y se determine cuál es la cadena de responsabilidad de los mismos;

21.

Insta a la Comisión a exhortar a los Estados que aún no lo hayan hecho a que ratifiquen o se adhieran a la CNUDM;

22.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Asamblea General de las Naciones Unidas y al comité preparatorio encargado de redactar el texto del futuro acuerdo internacional.

15.2.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 58/9

—

Vistos la Convención de Ginebra de 1951 y su Protocolo adicional, y en particular el derecho a la no devolución,

—

Visto el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales,

—

Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,

—

Vistas la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 y la Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de noviembre de 2014, sobre el vigesimoquinto aniversario de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (1),

—

Vistos la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 1982, el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar de 1974 y el Convenio Internacional sobre búsqueda y salvamento marítimos de 1979 modificado,

—

Vista la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares de 1990,

—

Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

—

Vistas la Comunicación de la Comisión titulada «Plan de acción sobre los menores no acompañados» (2010-2014)» (COM(2010)0213) y la Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de septiembre de 2013, sobre la situación de los menores no acompañados en la UE (2),

—

Vista su Resolución, de 29 de abril de 2015, sobre las recientes tragedias en el Mediterráneo y las políticas de inmigración y asilo de la UE (3),

—

Vista su Resolución, de 10 de septiembre de 2015, sobre la migración y los refugiados en Europa (4),

—

Vistos los debates celebrados por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior en 2015: el 14 de abril, en presencia del comisario Avramopoulos; el 6 de mayo, sobre solidaridad y reparto equitativo de la responsabilidad, incluidas las obligaciones de búsqueda y salvamento; el 26 de mayo, sobre la estrategia en materia de cooperación con terceros países; el 4 de junio, sobre el desarrollo de rutas seguras y legales para el acceso de los solicitantes de asilo y los refugiados a la UE y sobre la aplicación del Sistema Europeo Común de Asilo; el 25 de junio, sobre la lucha contra el tráfico ilícito, la trata y la explotación laboral ilegales de los migrantes irregulares, el desarrollo de unos cauces legales adecuados para la migración económica, la gestión de las fronteras y la política de visados; el 2 de julio, sobre el modo en que se gastan los fondos destinados a asuntos de interior en el contexto de la migración y el desarrollo; el 6 de julio, sobre el primer paquete de propuestas presentadas por la Comisión a raíz de la Agenda Europea de Migración así como sobre la solidaridad y el reparto equitativo de la responsabilidad, incluidas las obligaciones de búsqueda y salvamento y el desarrollo de rutas seguras y legales para el acceso de los solicitantes de asilo y los refugiados a la UE; el 16 de julio, en presencia de expertos en los fondos de la UE para las políticas migratorias, sobre las políticas, las prácticas y los datos relativos a los menores no acompañados en los Estados miembros de la UE y en Noruega, sobre la cooperación de la UE con terceros países en el ámbito de la migración y sobre la exploración de nuevas vías para la legislación en materia de migración económica; el 22 de septiembre, sobre el segundo paquete de propuestas presentadas por la Comisión a raíz de la Agenda Europea de Migración; el 23 de septiembre, con los Parlamentos nacionales, sobre el enfoque de «puntos críticos» y la lucha contra la migración a escala nacional y local; el 19 de octubre, sobre la lucha contra el tráfico ilícito, la trata y la explotación laboral ilegales de los migrantes irregulares; el 10 de noviembre, sobre la Comunicación de la Comisión titulada «Gestión de la crisis de los refugiados: estado de ejecución de las acciones prioritarias con arreglo a la Agenda Europea de Migración (COM(2015)0510); el 19 de noviembre, sobre la financiación interna y externa de la UE relacionada con su política de migración y asilo; el 10 de diciembre, sobre la cooperación de la UE con terceros países en el ámbito de la migración; el 21 de diciembre, sobre la gestión de las fronteras y la política de visados, la aplicación efectiva del sistema europeo común de asilo (SECA) y el desarrollo de unos cauces legales adecuados para la migración económica,

—

Vistos los debates celebrados el 1 de abril de 2015 en la reunión conjunta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y la Comisión de Desarrollo sobre el nexo entre desarrollo y migración, así como el 15 de septiembre de 2015 en la reunión conjunta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, la Comisión de Asuntos Exteriores y la Subcomisión de Derechos Humanos sobre el respeto de los derechos humanos en el contexto de los flujos migratorios en el Mediterráneo,

—

Vistos los informes de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior sobre las visitas realizadas en septiembre de 2015 por sus delegaciones a Lampedusa en relación con las operaciones de búsqueda y salvamento, así como a Túnez, en octubre de 2015, en relación con la cooperación con terceros países en el ámbito de la migración, el asilo y el control de las fronteras, y visto el informe de la Comisión de Presupuestos y la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior sobre la visita realizada a Sicilia, en julio de 2015, por su delegación conjunta en relación con la forma de afrontar las presiones migratorias en la región, en particular desde una perspectiva presupuestaria,

—

Visto el plan de acción de diez puntos de la Comisión sobre migración, presentado en la reunión conjunta del Consejo de Asuntos Exteriores y de Interior celebrada en Luxemburgo el 20 de abril de 2015,

—

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Una Agenda Europea de Migración» (COM(2015)0240),

—

Vista la Decisión (PESC) 2015/778 del Consejo, de 18 de mayo de 2015, relativa a una operación militar de la Unión Europea en el Mediterráneo central meridional (EUNAVFOR MED),

—

Vista la decisión de iniciar la segunda fase de la operación EUNAVFOR MED, rebautizada como «Operación Sophia», adoptada por los embajadores de la UE en el seno del Comité Político y de Seguridad (5), y vistas las operaciones llevadas a cabo por la OTAN en el mar Egeo,

—

Vista la Resolución 2240 (2015) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 9 de octubre de 2015,

—

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Plan de Acción de la UE contra el tráfico ilícito de migrantes (2015-2020)» (COM(2015)0285),

—

Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión relativo a la aplicación del Reglamento Eurodac en lo que respecta a la obligación de tomar impresiones dactilares (SWD(2015)0150),

—

Vistas la recomendación de la Comisión sobre un programa europeo de reasentamiento (C(2015)3560) y las conclusiones de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo sobre el reasentamiento mediante programas multilaterales y nacionales de 20 000 personas que necesitan protección internacional, presentadas en la reunión del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior del 20 de julio de 2015,

—

Vistos la nota explicativa de la Comisión sobre el enfoque de «puntos críticos» y los informes de situación sobre Grecia e Italia de 10 de febrero de 2016, así como el informe relativo a los progresos realizados por Grecia de 4 de marzo de 2016,

—

Vista la Decisión (UE) 2015/1523 del Consejo, de 14 de septiembre de 2015, relativa al establecimiento de medidas provisionales en el ámbito de la protección internacional en favor de Italia y Grecia,

—

Vista la Decisión (UE) 2015/1601 del Consejo, de 22 de septiembre de 2015, por la que se establecen medidas provisionales en el ámbito de la protección internacional en beneficio de Italia y Grecia,

—

Vista la propuesta de la Comisión de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un mecanismo de reubicación de crisis y se modifica el Reglamento (UE) n.o 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida (COM(2015)0450),

—

Vista la propuesta de la Comisión de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece una lista común a la UE de países de origen seguros a efectos de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional, y por el que se modifica la Directiva 2013/32/UE (COM(2015)0452),

—

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Plan de Acción de la UE en materia de retorno» (COM(2015)0453),

—

Vistos la Recomendación de la Comisión por la que se establece un manual común sobre el retorno que deberán utilizar las autoridades competentes de los Estados miembros cuando realicen tareas relacionadas con el retorno (C(2015)6250) y su anexo,

—

Vista la Comunicación de la Comisión relativa a las normas de contratación pública por lo que respecta a la actual crisis del asilo (COM(2015)0454),

—

Vista la Comunicación conjunta de la Comisión Europea y de la Alta Representante titulada «Abordar la crisis de los refugiados en Europa: el papel de la acción exterior de la UE» (JOIN(2015)0040),

—

Vista la Decisión de la Comisión relativa a la creación de un Fondo fiduciario de emergencia de la Unión Europea para la estabilidad y para abordar las causas profundas de la migración irregular y los desplazamientos de personas en África (C(2015)7293),

—

Vistos la Comunicación de la Comisión titulada «Gestión de la crisis de los refugiados: medidas operativas, presupuestarias y jurídicas inmediatas en el marco de la Agenda Europea de Migración» (COM(2015)0490) y sus anexos,

—

Vistos la Comunicación de la Comisión titulada «Gestión de la crisis de los refugiados: estado de ejecución de las acciones prioritarias con arreglo a la Agenda Europea de Migración (COM(2015)0510) y sus anexos,

—

Vistas la Comunicación de la Comisión Europea titulada «La Guardia Europea de Fronteras y Costas y una gestión eficaz de las fronteras exteriores de Europa» (COM(2015)0673) y la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.o 2007/2004, el Reglamento (CE) n.o 863/2007 y la Decisión 2005/267/CE del Consejo (COM(2015)0671), la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre un documento de viaje europeo para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular (COM(2015)0668), la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 562/2006 en lo relativo al refuerzo de los controles mediante la consulta de bases de datos pertinentes en las fronteras exteriores (COM(2015)0670), la propuesta de la Comisión de una Decisión del Consejo por la que se establecen medidas provisionales en el ámbito de la protección internacional en beneficio de Suecia de conformidad con el artículo 9 de la Decisión (UE) 2015/1523 del Consejo y el artículo 9 de la Decisión (UE) 2015/1601 del Consejo por la que se establecen medidas provisionales en el ámbito de la protección internacional en beneficio de Italia y Grecia (COM(2015)0677) y la Recomendación de la Comisión relativa a un régimen voluntario de admisión humanitaria con Turquía (C(2015)9490),

—

Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el estado de ejecución de las medidas prioritarias en el marco de la Agenda Europea de Migración (COM(2016)0085),

—

Vista la Recomendación de la Comisión dirigida a la República Helénica sobre las medidas urgentes que Grecia debe adoptar con vistas a la reanudación de los traslados en virtud del Reglamento (UE) n.o 604/2013 (C(2016)0871),

—

Vista la propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo sobre la suspensión temporal de la reubicación del 30 % de los solicitantes asignados a Austria de conformidad con la Decisión (UE) 2015/1601 del Consejo, por la que se establecen medidas provisionales en el ámbito de la protección internacional en beneficio de Italia y Grecia (COM(2016)0080),

—

Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo y al Consejo titulada «Restablecer Schengen — Hoja de ruta» (COM(2016)0120),

—

Visto el Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulado «Second Report on progress by Turkey in fulfilling the requirements of its visa liberalisation roadmap» (COM(2016)0140) y el documento de trabajo de la Comisión que la acompaña (SWD(2016)0097),

—

Vistos la Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la prestación de asistencia urgente en la Unión (COM(2016)0115) y el futuro presupuesto rectificativo n.o 1/2016 con el fin de crear la línea presupuestaria para este instrumento,

—

Vistas las Conclusiones adoptadas por el Consejo Europeo en su reunión extraordinaria del 23 de abril de 2015, en su reunión de los días 25 y 26 de junio de 2015, en la reunión informal del 23 de septiembre de 2015 de los jefes de Estado o de Gobierno de la UE sobre migración, en su reunión del 15 de octubre de 2015, en su reunión de los días 17 y 18 de diciembre de 2015, y en su reunión de los días 18 y 19 de febrero de 2016,

—

Vistas las Conclusiones adoptadas por el Consejo, sobre los países de origen seguros, en su reunión de 20 de julio de 2015; sobre la migración, en su reunión de 20 de julio de 2015; sobre el futuro de la política en materia de retorno, en su reunión de 8 de octubre de 2015; sobre migración, en su reunión de 12 de octubre de 2015; sobre medidas para gestionar la crisis migratoria y de los refugiados, en su reunión de 9 de noviembre de 2015, sobre la apatridia, en su reunión de 4 de diciembre de 2015, y sobre el tráfico ilícito de migrantes, en su reunión de 10 de marzo de 2016,

—

Vistas las conclusiones de la Presidencia aprobadas el 14 de septiembre de 2015,

—

Vistas las conclusiones de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos el 20 de julio de 2015 en el seno del Consejo, sobre el reasentamiento mediante programas multilaterales y nacionales de 20 000 personas que tienen manifiestamente necesidad de protección internacional,

—

Vistos el Plan de acción conjunto UE-Turquía de 15 de octubre de 2015, y sus informes de aplicación de 10 de febrero y de 4 de marzo de 2016,

—

Vista la Declaración de los jefes de Estado y de Gobierno de 7 de marzo de 2016,

—

Vistos la Declaración de la Conferencia de alto nivel sobre la ruta del Mediterráneo Oriental y de los Balcanes Occidentales, aprobada el 8 de octubre de 2015, así como la declaración de los dirigentes sobre los flujos de refugiados a lo largo de la ruta de los Balcanes Occidentales, aprobada en su reunión del 25 de octubre de 2015, y su informe sobre los progresos realizados de 10 de febrero de 2016,

—

Vistos el plan de acción y la declaración política aprobados en la Cumbre Unión Europea-África sobre Migración, celebrada en La Valeta los días 11 y 12 de noviembre de 2015,

—

Vistos el trabajo y los informes de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) y, en particular, su Informe anual sobre la situación del asilo en la Unión Europea 2014 y las tendencias mensuales en materia de asilo,

—

Vistos el trabajo y los informes de Frontex y, en particular, su Análisis de riesgos anual 2015 y los informes trimestrales de su Red de Análisis de Riesgos,

—

Vistos el trabajo y los informes de Europol y, en particular, el equipo operativo conjunto MARE, así como la creación por Europol del Centro europeo sobre el tráfico ilícito de migrantes,

—

Vistos el trabajo y los informes de Eurojust y, en particular, sus informes sobre la trata de seres humanos,

—

Vistos el trabajo, los informes anuales y los estudios de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) y, en particular, sus estudios sobre formas graves de explotación laboral y criminalización de los migrantes en situación irregular y de las personas que los contratan,

—

Vistos los estudios del Departamento Temático C sobre la aplicación del artículo 80 del TFUE, sobre nuevo enfoque, vías alternativas y medios de acceso a los procedimientos de asilo para las personas que solicitan protección internacional, sobre la exploración de nuevas vías para legislar sobre la migración laboral a la UE, sobre el refuerzo del Sistema Europeo Común de Asilo y las alternativas a Dublín, sobre la cooperación de la UE con terceros países en el ámbito de la migración, y sobre la acogida de mujeres refugiadas y solicitantes de asilo en la UE, así como el estudio del Departamento Temático D sobre los «Fondos de la UE para las políticas de migración: Análisis de la eficiencia y mejores prácticas para el futuro» y el del Departamento Temático de la DG de Políticas Exteriores sobre los «Migrantes en el Mediterráneo: Protección de los derechos humanos»,

—

Vistos los estudios realizados por la Red Europea de Migración (REM) y, en particular, su estudio sobre políticas, prácticas y datos relativos a los menores no acompañados,

—

Vistos el trabajo y los informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados,

—

Vistos el trabajo y los informes del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes,

—

Vistos el trabajo, los informes y las resoluciones del Consejo de Europa,

—

Vistos el trabajo y los informes de la Organización Internacional para las Migraciones,

—

Vistos el trabajo y los informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito,

—

Visto el dictamen del Comité de las Regiones de la Unión Europea sobre la Agenda Europea de Migración, aprobado en su 115o sesión plenaria de los días 3 y 4 de diciembre de 2015,

—

Vistos los dictámenes del Comité Económico y Social Europeo sobre la Agenda Europea de Migración y el Plan de Acción de la UE contra el tráfico ilícito de migrantes,

—

Vista su Resolución, de 17 de diciembre de 2014, sobre la situación en el mar Mediterráneo y la necesidad de un enfoque integral de la Unión frente a la migración (6),

—

Visto el documento de trabajo sobre el artículo 80 — Solidaridad y reparto equitativo de responsabilidades, incluidas las obligaciones de búsqueda y salvamento,

—

Visto el documento de trabajo sobre la lucha contra el tráfico ilícito, la trata y la explotación laboral ilegales de los migrantes irregulares,

—

Visto el documento de trabajo sobre la gestión de las fronteras y la política de visados, incluido el papel de Frontex y otros organismos pertinentes,

—

Visto el documento de trabajo sobre el desarrollo de rutas seguras y legales para el acceso de los solicitantes de asilo y los refugiados a la UE, incluida la política de reasentamiento de la Unión y las correspondientes políticas de integración,

—

Visto el documento de trabajo sobre el desarrollo de unos cauces legales adecuados para la migración económica,

—

Visto el documento de trabajo sobre la financiación interna y externa de la UE relacionada con su política de migración y asilo,

—

Visto el documento de trabajo sobre una aplicación efectiva del sistema europeo común de asilo, incluido el papel de la EASO,

—

Visto el artículo 52 de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y las opiniones de la Comisión de Asuntos Exteriores, la Comisión de Desarrollo, la Comisión de Presupuestos, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, la Comisión de Transportes y Turismo, la Comisión de Desarrollo Regional, la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y la Comisión de Peticiones (A8-0066/2016),

A.

Considerando que en su Resolución de 17 de diciembre de 2014 encargó a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior que evaluase las distintas políticas involucradas, que desarrollase un conjunto de recomendaciones y que informase al Pleno mediante un informe de iniciativa estratégico;

B.

Considerando que, según datos de Frontex (7), en 2015, 1,83 millones de personas fueron descubiertas al intentar cruzar ilegalmente las fronteras exteriores de la UE, batiendo un récord sin precedentes con respecto a los 282 500 migrantes que llegaron a la Unión a lo largo de todo el año 2014, y que, según datos de la OIM/UNICEF, aproximadamente el 20 % de todos los migrantes que llegan por mar son niños (8);

C.

Considerando que, según datos de la EASO (9), en 2015 se presentaron en la UE+ más de un millón de solicitudes de protección internacional (10), con una tendencia al alza constante desde abril, en tanto que el porcentaje de solicitudes repetidas ha descendido, y que alrededor del 6 % de los solicitantes aseguraban ser menores no acompañados; que en febrero de 2016, el 22 % de las personas que llegaron a Grecia por mar eran mujeres y el 40 % menores (11);

D.

Considerando que, para los efectos de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad;

E.

Considerando que, según la Organización Internacional para las Migraciones, en 2015 más de 3 771 personas murieron o desaparecieron en el Mediterráneo (12); y que, a 8 de marzo de 2016, 444 personas habían muerto ahogadas en el Mediterráneo; considerando que en las primeras nueve semanas de 2016, murieron 77 menores — una media superior a uno por día; y que, según datos recientes de Europol, al menos 10 000 menores no acompañados han desaparecido tras llegar a Europa;

F.

Considerando que el 3 de octubre debería reconocerse como el Día de conmemoración de los hombres, las mujeres y los niños que mueren al intentar huir de la persecución, los conflictos y las guerras en sus países, así como de todos los hombres y las mujeres que arriesgan sus vidas cada día con el fin de salvarlos;

G.

Considerando que algunas partes del mundo están afectados por la guerra y la violencia y sufren los efectos de la combinación de pobreza extrema, la degradación medioambiental y la falta de oportunidades para los jóvenes, todo lo cual podría avivar la violencia y la inseguridad y provocar nuevos desplazamientos de población;

H.

Considerando que, con arreglo al artículo 80 del TFUE, el principio de solidaridad y reparto equitativo de la responsabilidad constituyen el núcleo de todo el sistema de la Unión, proporcionando una base jurídica para la aplicación de estos principios en las políticas de asilo, migración y control de fronteras de la Unión;

I.

Considerando que la solidaridad puede adoptar la forma de solidaridad interna y externa, y que la reubicación, el reconocimiento mutuo de las decisiones en materia de asilo, las medidas de apoyo operativo, una interpretación dinámica del actual Reglamento de Dublín y de la Directiva sobre protección temporal son todas herramientas para la solidaridad interna, mientras que el reasentamiento, la admisión por motivos humanitarios y la búsqueda y el salvamento en el mar fomentan la solidaridad externa, y que el mecanismo de la protección civil puede ir dirigido a ambos;

J.

Considerando que, el 3 de marzo de 2016, de los 39 600 solicitantes de asilo acogidos en instalaciones italianas a la espera de ser trasladados a otros Estados miembros habían sido reubicados realmente solo 338, mientras que, en el caso de Grecia, solo se habían producido 322 de las 66 400 reubicaciones previstas;

K.

Considerando que el tráfico ilícito, la trata y la explotación laboral de los migrantes son fenómenos jurídicos distintos a los que se hace frente con diferentes marcos jurídicos a escala internacional y de la Unión y requieren respuestas específicas adecuadas, si bien, en la práctica, a menudo se solapan, y que las redes de tráfico ilícito y trata pueden cambiar con gran rapidez su modus operandi, lo que exige unas respuestas que se adapten con celeridad y se basen en los datos más recientes y exactos; y que los esfuerzos desplegados para hacer frente al tráfico ilícito de migrantes no deben afectar a los que se despliegan para aportar asistencia humanitaria a los migrantes irregulares;

L.

Considerando que la lucha contra el tráfico ilícito, la trata y la explotación laboral de los migrantes requiere respuestas a corto, medio y largo plazo, incluidas medidas destinadas a desarticular las redes delictivas y a llevar ante la justicia a los delincuentes, la recopilación y el análisis de datos, medidas de protección de las víctimas y de devolución de inmigrantes en situación irregular, así como la cooperación con terceros países y estrategias a más largo plazo, a fin de luchar contra la demanda de personas objeto de tráfico ilícito y de trata así como contra las causas profundas de la migración que obligan a las personas a ponerse en manos de tratantes;

M.

Considerando que numerosas propuestas de la Comisión en el ámbito de la política en materia de fronteras y visados, en particular la propuesta de Reglamento relativo al código sobre visados de la Unión (refundición) (2014/0094(COD)), la propuesta de Reglamento por el que se establece un visado itinerante (2014/0095(COD)) y la propuesta de Reglamento por el que se establece un modelo uniforme de visado: seguridad (2015/0134(COD)), están en curso de tramitación por el procedimiento legislativo ordinario, y que la Comisión ha presentado recientemente nuevas propuestas en este ámbito que se tramitarán asimismo con arreglo al procedimiento legislativo ordinario;

N.

Considerando que la supresión de los controles en las fronteras interiores debe correr pareja con la gestión eficaz de las fronteras exteriores, unas normas comunes rigurosas, el intercambio efectivo de información entre los Estados miembros y el pleno respeto de los derechos fundamentales de todas las personas;

O.

Considerando que el Parlamento Europeo ha pedido a la Agencia de Fronteras de la Unión que refuerce su capacidad para tratar las posibles violaciones de los derechos fundamentales, en particular en el marco de las modalidades de trabajo que acuerde con las autoridades competentes de terceros países, y que la propuesta de la Comisión de una nueva Agencia de Fronteras d4 la Unión contiene un mecanismo de reclamaciones;

P.

Considerando que el actual código de Visados permite a los Estados miembros apartarse de los criterios de admisibilidad normales con relación a una solicitud de visado «por razones humanitarias» (artículos 19 y 25);

Q.

Considerando que el 86 % de la población mundial de refugiados se encuentra en países no industrializados, y que las redes delictivas y los tratantes explotan la desesperación de las personas que intentan entrar en la Unión huyendo de la persecución o la guerra;

R.

Considerando que los refugiados disponen de pocas rutas seguras y legales de acceso a la Unión, y que muchos continúan asumiendo el riesgo de seguir rutas peligrosas; que el desarrollo de nuevas rutas seguras y legales para el acceso de los solicitantes de asilo y los refugiados a la Unión, tomando como punto de partida la legislación y las prácticas existentes, permitiría a la Unión y a los Estados miembros tener una mejor visión de conjunto de las necesidades de protección y del flujo de entrada a la Unión y debilitar el modelo de negocio de los tratantes;

S.

Considerando que la cooperación de la UE con terceros países se desarrolla a través de instrumentos políticos como los diálogos regionales, los diálogos bilaterales, las agendas comunes en materia de migración y movilidad y las asociaciones de movilidad; de instrumentos jurídicos como las cláusulas relativas a la migración en «acuerdos globales», los acuerdos de readmisión, los acuerdos de facilitación de visados y los acuerdos sobre exención de visado; y de instrumentos operativos como los programas regionales de protección (PRP), los programas regionales de desarrollo y protección (PRDP), las modalidades de trabajo de Frontex y la cooperación de la EASO con terceros países;

T.

Considerando que los Estados miembros siguen llevando a cabo una intensa acción exterior a escala bilateral en materia de migración;

U.

Considerando que la Unión ha intensificado su cooperación exterior con terceros países en materia de migración y asilo a fin de responder adecuadamente a la actual crisis de refugiados, y que ha puesto en marcha nuevas iniciativas de cooperación como el Plan de acción conjunto UE-Turquía, los compromisos contraídos con respecto a las rutas de los Balcanes Occidentales y el Plan de acción adoptado en la Cumbre de La Valeta;

V.

Considerando que se prevé que, para 2020, la población en edad de trabajar de la Unión disminuirá en 7,5 millones de personas; que las previsiones sobre la evolución de las necesidades del mercado laboral en la Unión indican que empiezan a producirse o se producirán carencias en sectores concretos, y que los nacionales de terceros países afrontan muchas dificultades para lograr el reconocimiento de sus cualificaciones extranjeras y, por lo tanto, suelen estar sobrecualificados para sus puestos de trabajo;

W.

Considerando que el actual enfoque de la Unión sobre la migración laboral es fragmentario, y que hay numerosas Directivas que se centran en categorías específicas de trabajadores y de nacionales de terceros países a los que, en determinadas circunstancias, se les permite trabajar; y que este enfoque solo puede servir para cubrir necesidades específicas y a corto plazo;

X.

Considerando que la Unión dispone de diversos instrumentos financieros para financiar las acciones de los Estados miembros y de terceros países en el ámbito de la migración, el asilo y la gestión de las fronteras; que, en particular, los fondos destinados a los Estados miembros se asignan principalmente a través del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) y el Fondo de Seguridad Interior (FSI), pero que para financiar actividades relacionadas con la migración se pueden utilizar otros muchos programas y fondos, y que los fondos destinados a terceros países, si bien se adjudican principalmente a través del Instrumento de Cooperación al Desarrollo, los gestionan numerosas direcciones generales de la Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior;

Y.

Considerando que la actual fragmentación de líneas presupuestarias y responsabilidades puede dificultar el ofrecer una visión general sobre la utilización de los fondos e, incluso, la cuantificación exacta del gasto de la Unión en migración;

Z.

Considerando que el Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) incluye un conjunto de normas comunes para una política común de asilo, un estatuto uniforme en materia de asilo y procedimientos de asilo comunes válidos en toda la Unión; que, no obstante, numerosas alertas, incluidas las decisiones sobre casos de infracción adoptadas por la Comisión, muestran que muchos Estados miembros no han aplicado íntegramente el SECA; que su aplicación es esencial para armonizar las legislaciones nacionales y fomentar la solidaridad entre los Estados miembros, y que los Estados miembros pueden solicitar ayuda a la EASO a fin de cumplir las normas requeridas por el SECA; que la armonización de las condiciones de acogida y los procedimientos de asilo puede evitar tensiones en los países que ofrecen mejores condiciones y es fundamental para el reparto de la responsabilidad;

AA.

Considerando que los actuales mecanismos del sistema de Dublín no han conseguido ser objetivos, establecer criterios equitativos para la asignación de la responsabilidad por lo que respecta a las solicitudes de protección internacional ni ofrecer un acceso rápido a protección; que, en la práctica, el sistema no se está aplicando, y que en dos decisiones del Consejo sobre reubicación temporal se han adoptado excepciones explícitas; que la Comisión había anunciado asimismo una propuesta para proceder a una revisión adecuada del Reglamento Dublín III para marzo de 2016;

AB.

Considerando que, de conformidad con el artículo 3 de la Convención de Ginebra de 1951, los Estados miembros no deben discriminar a los refugiados por motivos de raza, religión o país de origen;

1.

Señala que la acción de la Unión en materia de migración debe basarse en el principio de solidaridad; observa que este principio, consagrado en el artículo 80 del TFUE, incluye las políticas de asilo, inmigración y control de las fronteras; opina que el artículo 80, «conjuntamente» con los artículos 77 a 79 del TFUE, proporciona el fundamento jurídico para la aplicación del principio de solidaridad en esos ámbitos;

2.

Da por sentado que la prioridad principal debe ser el salvamento de vidas, y que para las operaciones de búsqueda y salvamento es esencial una financiación adecuada, tanto a nivel de la Unión como de los Estados miembros; toma nota del aumento que se ha registrado en el número de llegadas irregulares por mar, así como del alarmante aumento en el número de muertes en el mar, y de que todavía se necesita una respuesta más adecuada por parte de Europa;

3.

Recuerda que el salvamento de vidas es un acto de solidaridad hacia las personas que se encuentran en peligro, aunque también es una obligación legal con arreglo al Derecho internacional, ya que el artículo 98 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM), ratificada por todos los Estados miembros y por la propia Unión Europea, exige que se preste auxilio a toda persona que se encuentre en peligro en el mar;

4.

Considera esencial que la Unión dé una respuesta duradera, firme y eficaz a las operaciones de búsqueda y salvamento en el mar para evitar un aumento del número de víctimas entre los migrantes que intentan atravesar el mar Mediterráneo;

5.

Sugiere, en este sentido, que se refuercen las capacidades de búsqueda y salvamento y que los Gobiernos de los Estados miembros destinen más recursos, en términos de asistencia y activos financieros, en el marco de una operación humanitaria a escala de toda la Unión que tenga por objeto buscar, rescatar y ayudar a los migrantes que se encuentren en peligro y llevarles al lugar seguro más cercano;

6.

Destaca que los capitanes de buques privados o las organizaciones no gubernamentales (ONG) que ayudan realmente a las personas que se encuentran en peligro en el mar no deberían estar expuestos a sanciones por prestar este tipo de ayuda; considera que la marina mercante no debe ser una opción que sustituya a los Estados miembros y a la Unión en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de búsqueda y salvamento;

7.

Pide que se establezca una diferencia clara entre las personas que son víctimas de tráfico ilícito hacia la Unión Europea y las que son víctimas de trata hacia la Unión, pues, aunque la respuesta política debe estar correctamente integrada, también tiene que estar destinada a las personas adecuadas; declara que, en términos generales, el tráfico ilícito de migrantes implica la facilitación de la entrada irregular de una persona en un Estado miembro, mientras que la trata de seres humanos implica la captación, el transporte o la acogida de una persona por medios violentos, engañosos o abusivos con fines de explotación;

8.

Opina que cualquier enfoque integral con respecto a la migración debe incluir necesariamente medidas destinadas a entorpecer las actividades de las redes delictivas que participan en la trata y el tráfico ilícito de personas;

9.

Se felicita del importante papel que han desempeñado hasta la fecha los buques de la marina en el salvamento marítimo y la desarticulación de redes delictivas; apoya los objetivos de operaciones navales como la «Operación Sophia», e insiste en la necesidad de proteger la vida, haciendo hincapié en que todos los aspectos de la operación deben garantizar que se proteja la vida de los migrantes;

10.

Destaca que las operaciones militares no deberían predominar en ningún enfoque integral para con la migración, y reitera que la «Operación Sophia» no se debe llevar a cabo a expensas de los medios ya desplegados para el salvamento marítimo en el Mediterráneo;

11.

Señala que, habida cuenta de que los delincuentes pueden cambiar su modus operandi con mucha rapidez, y que de hecho lo hacen, las respuestas políticas deben adaptarse a los datos más recientes y precisos; toma nota, como un avance positivo, de que la Comisión aprobó el 27 de mayo de 2015 un Plan de Acción de la UE contra el tráfico ilícito de migrantes («El plan de acción sobre el tráfico ilícito», que prevé la creación de un grupo de contacto de las agencias de la Unión sobre el tráfico ilícito de migrantes para fortalecer su cooperación operativa y el intercambio de información;

12.

Destaca que deben utilizarse al máximo los instrumentos existentes, como por ejemplo los análisis de riesgo de las agencias; observa que las agencias de la UE deben cooperar plenamente entre sí, pero que también deben aumentar la cooperación con los Estados miembros; señala que una mayor coordinación de los esfuerzos debería permitir la recogida de datos a nivel nacional y su posterior transmisión a las agencias;

13.

Recuerda que el proceso de reubicación —es decir, el traslado de un solicitante de protección internacional, o de un beneficiario de protección internacional, de un Estado miembro a otro— es un ejemplo concreto de solidaridad en el seno de la Unión; recuerda, además, que el Parlamento Europeo viene pidiendo desde 2009 una cuota vinculante para la distribución de solicitantes de asilo entre todos los Estados miembros;

14.

Toma nota de que, en el último año, el Consejo ha adoptado dos decisiones sobre medidas de reubicación temporal en la Unión («decisiones de reubicación») (13), que implican el traslado de solicitantes de protección internacional de Grecia e Italia a otros Estados miembros; observa que, aunque las decisiones de reubicación no suponen el fin de las actuales normas de Dublín sobre la atribución de la responsabilidad, constituyen una «excepción temporal» a dichas normas;

15.

Considera que el establecimiento de medidas urgentes de reubicación constituye un paso en la buena dirección, y pide a los Estados miembros que cumplan sus obligaciones respecto de estas medidas tan pronto como sea posible;

16.

Recuerda que, a los efectos de las decisiones de reubicación, la reubicación cubrirá únicamente a aquellas nacionalidades para las que el porcentaje de decisiones positivas de concesión de protección internacional en la Unión haya ascendido a un 75 % o más en los tres meses anteriores, basándose para ello en los datos de Eurostat; observa que las decisiones de reubicación afectarán a un número relativamente limitado de personas y dejarán fuera a un importante número de solicitantes procedentes de otros terceros países que no pueden ser reubicados en virtud de dichas decisiones;

17.

Manifiesta su preocupación de que, en virtud de la actual decisión de reubicación, los Estados miembros que sean el primer país de llegada siguen teniendo que hacer frente a las solicitudes de protección internacional más complicadas (y a los recursos), organizar periodos de acogida más largos, y tendrán que coordinar el retorno de aquellos que, en última instancia, no tengan derecho a protección internacional; reitera que cualquier nuevo sistema de gestión del Sistema Europeo Común de Asilo ha de basarse en la solidaridad y en un reparto justo de las responsabilidades,

18.

Opina que, además de los criterios incluidos en las decisiones de reubicación, en particular el PIB del Estado miembro, su población, su tasa de desempleo y el número de solicitantes de asilo en el pasado, deberían tenerse en cuenta otros criterios, a saber, el tamaño del territorio del Estado miembro y su densidad de población;

19.

Considera que, al llevar a cabo la reubicación, se deberían tener en cuenta, en la medida de lo posible, las preferencias del solicitante; reconoce que de esta manera se desincentivarían los movimientos secundarios y se alentaría a los propios solicitantes a aceptar las decisiones de reubicación, aunque ello no debe frenar el proceso de reubicación;

20.

Reconoce que el reasentamiento es una de las opciones preferidas para permitir a los refugiados y a las personas que necesitan protección internacional un acceso seguro y legal a la Unión en aquellos casos en los que los refugiados no pueden volver a sus países de origen ni recibir una protección efectiva o ser integrados en el país de acogida;

21.

Observa, además, que el reasentamiento bajo los auspicios del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) es un programa humanitario sólido y un instrumento útil para la gestión ordenada de las llegadas de las personas que necesitan protección internacional a los territorios de los Estados miembros;

22.

Señala que, habida cuenta de los flujos de migrantes sin precedentes que han llegado y siguen llegando a las fronteras exteriores de la Unión y del aumento continuado del número de personas que solicitan protección internacional, la Unión tiene que adoptar un enfoque legislativo vinculante y obligatorio para con los reasentamientos, con arreglo a lo establecido en la agenda de la Comisión para la migración; considera que, para ser eficaz, este enfoque debe prever el reasentamiento de un número significativo de refugiados, en relación con el número total de refugiados que solicitan protección internacional en la Unión y teniendo en cuenta las necesidades globales de reasentamiento publicadas anualmente por ACNUR;

23.

Destaca la necesidad de un programa permanente de reasentamiento a escala de la Unión, en el que la participación de los Estados miembros sea obligatoria, que prevea el reasentamiento de un número significativo de refugiados teniendo en cuenta el número total de refugiados que solicitan protección en la Unión;

24.

Señala que la admisión humanitaria se puede utilizar como un complemento al reasentamiento para ofrecer protección urgente, a menudo con carácter temporal, a las personas más vulnerables cuando estén necesitadas, por ejemplo los menores no acompañados o los refugiados con discapacidad o quienes necesiten ser evacuados urgentemente por razones médicas;

25.

Destaca que, en la medida en que el reasentamiento siga sin estar al alcance de los nacionales de terceros países, debería instarse a todos los Estados miembros a que creen y apliquen programas de admisión humanitaria;

26.

Señala que los visados humanitarios ofrecen a quienes necesitan protección internacional los medios necesarios para acceder a un tercer país con el fin de solicitar asilo; pide a los Estados miembros que utilicen todas las posibilidades existentes para facilitar visados humanitarios, en particular a personas vulnerables, en las embajadas de la Unión y en las oficinas consulares de los países de origen o de los países de tránsito;

27.

Considera que las personas que tratan de obtener protección internacional deben poder solicitar un visado humanitario directamente a cualquier consulado o embajada de los Estados miembros, y que una vez concedido, tal visado humanitario debe permitir a su titular entrar en el territorio del Estado miembro que lo haya emitido con la finalidad exclusiva de solicitar allí protección internacional; considera, por consiguiente, que es necesario modificar el código de visados de la Unión para incluir disposiciones comunes más específicas relativas a los visados humanitarios;

28.

Señala que se necesitan medidas adicionales para garantizar que el SECA se convierta en un sistema verdaderamente uniforme;

29.

Recuerda que, para mejorar la armonización, es absolutamente necesario llevar a cabo una evaluación global (en forma de informes de evaluación de la Comisión) de la aplicación de este paquete, y a continuación un seguimiento rápido en caso de que la aplicación no sea satisfactoria en algunos Estados miembros;

30.

Observa, por ejemplo, que las solicitudes inadmisibles, las solicitudes posteriores, los procedimientos acelerados y los procedimientos en las fronteras son todos casos específicos en los que la refundición de la Directiva sobre procedimientos de asilo intentó alcanzar un delicado equilibrio entre la eficiencia del sistema y los derechos de los solicitantes, en particular los de las personas vulnerables, y destaca que este equilibrio solo se puede conseguir mediante una aplicación completa y adecuada de la legislación;

31.

Destaca la importancia que reviste el control judicial de todas las formas de internamiento en virtud de la legislación en materia de inmigración y asilo; recuerda que el Derecho internacional y la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE obligan a los Estados miembros a examinar alternativas al internamiento; pide a los Estados miembros que apliquen correctamente los procedimientos de asilo y la Directiva sobre las condiciones de recepción de refugiados en lo relativo al acceso a los centros de internamiento;

32.

Recuerda la importancia de reducir el número de apátridas e insta a los Estados miembros, a este respecto, a que introduzcan procedimientos específicos de determinación de la apatridia y compartan buenas prácticas de recogida de datos fiables sobre apátridas y relativas a procedimientos de determinación de apatridia;

33.

Observa que la aplicación del Reglamento de Dublín III (14) ha suscitado un gran número de cuestiones en lo que se refiere a la justicia y la solidaridad en la asignación de los Estados miembros responsables de examinar una solicitud de protección internacional; observa que el sistema actual no tiene suficientemente en cuenta la presión migratoria específica a que se enfrentan los Estados miembros situados en las fronteras exteriores de la Unión; considera que los Estados miembros deben aceptar las dificultades que plantea actualmente el método de Dublín y que la Unión debe desarrollar soluciones que favorezcan la solidaridad, tanto entre sus Estados miembros como entre los migrantes implicados;

34.

Señala que la presión que ejerce en el sistema —tal como se establece en el Reglamento de Dublín— el número cada vez mayor de migrantes que llegan a la Unión ha puesto de manifiesto que, en la práctica, el sistema ha sido en gran medida un fracaso en lo que se refiere al logro de sus dos objetivos principales, a saber, fijar unos criterios objetivos y justos para la asignación de responsabilidad y ofrecer un acceso rápido a la protección internacional; reitera sus reservas sobre el criterio en virtud del cual actualmente se determina que el Estado miembro de primera entrada será el Estado responsable del examen de la solicitud de protección internacional, y considera que este criterio debe revisarse;

35.

Señala además que, al mismo tiempo, los casos de movimientos secundarios siguen siendo elevados en la Unión; opina que es algo obvio que, ya desde su creación, el sistema de Dublín no tenía por objeto compartir la responsabilidad entre los Estados miembros, sino que su principal objetivo era asignar rápidamente la responsabilidad para tratar una solicitud de asilo a un único Estado miembro;

36.

Recomienda que los criterios en los que se fundamenten las decisiones de reubicación se basen directamente en las normas estándar de la Unión para la asignación de la responsabilidad de tramitar solicitudes de protección internacional; Hace hincapié en que, en la revisión del Reglamento de Dublín, debe reconsiderarse el concepto de «solicitantes que tienen manifiestamente necesidad de protección internacional», ya que los migrantes y refugiados que no pertenezcan a esta categoría seguirían dependiendo del Estado miembro que sea el primer país de llegada;

37.

Considera que la Unión Europea debería apoyar a los Estados miembros que reciben el mayor número de solicitudes de asilo con un apoyo financiero y técnico adecuado; opina que la razón por la que se recurre a medidas de solidaridad y reparto de responsabilidades es reforzar la calidad y el funcionamiento del SECA;

38.

Señala que una opción para una revisión fundamental del sistema de Dublín sería la creación de un sistema centralizado de recogida de solicitudes a nivel de la Unión —con arreglo al cual cada solicitante de asilo sería considerado como alguien que busca asilo en toda la Unión y no en un Estado miembro individual—, así como la creación de un sistema centralizado de asignación de responsabilidad en relación con todas las personas que buscan asilo en la Unión; sugiere que un sistema de este tipo podría prever determinados umbrales por Estado miembro relativos al número de llegadas, y cabe pensar que podría contribuir a desincentivar los movimientos secundarios, ya que todos los Estados miembros participarían plenamente en el sistema centralizado y ya no tendrían una responsabilidad individual en la asignación de solicitantes a otros Estados miembros; considera que este sistema podría funcionar basándose en un número de «puntos críticos» de la Unión desde los que se llevaría a cabo el reparto en la Unión; destaca que todo nuevo sistema de asignación de responsabilidades debe incorporar los conceptos fundamentales de unidad familiar e interés superior del menor;

39.

Observa que, en la actualidad, los Estados miembros solo reconocen las decisiones de asilo de otros Estados miembros cuando son negativas; reitera que el reconocimiento mutuo por los Estados miembros de las decisiones de concesión de asilo positivas es una medida lógica para la correcta aplicación del artículo 78, apartado 2, letra a), del TFUE, que pide «un estatuto uniforme de asilo […] válido en toda la Unión;»;

40.

Señala que, en caso de afluencia masiva, la Comisión, por propia iniciativa o tras examinar la petición de un Estado miembro, puede proponer la activación de la Directiva 2001/55/CE del Consejo sobre concesión de protección temporal («Directiva sobre protección temporal») (15); observa que para ello se requiere una decisión del Consejo adoptada por mayoría cualificada; toma nota de que la Directiva se debería activar ante el riesgo de que el sistema de asilo de la Unión sea incapaz de hacer frente a la afluencia masiva o a la afluencia masiva inminente de personas desplazadas; destaca, no obstante, que, desde su adopción en 2001, la Directiva sobre protección temporal no se ha activado nunca;

41.

Señala que en la Directiva sobre protección temporal también se prevé la posibilidad de evacuación de personas desplazadas procedentes de terceros países, y que dicha evacuación permitiría la utilización de corredores humanitarios, en cooperación con el ACNUR, con la obligación de que, en caso de necesidad, los Estados miembros den todo tipo de facilidades para la obtención de los visados;

42.

Considera que los sistemas de asilo de algunos Estados miembros que se encuentran en primera línea están ya claramente saturados y que, en virtud de su propia lógica, debería haberse aplicado la Directiva sobre protección temporal; pide, en cualquier caso, que el concepto de «afluencia masiva» se defina claramente en el marco de la revisión de esta directiva; opina que la revisión de la Directiva sobre protección temporal puede formar parte de la revisión del sistema de Dublín;

43.

Observa que la participación de todos los actores que intervienen en la sociedad es crucial y propone, por lo tanto, que, respetando las competencias de los Estados miembros respecto de las medidas de integración, se refuerce el intercambio de las mejores prácticas en este ámbito; subraya que las medidas de integración para todos los residentes legales nacionales de terceros países deben promover la inclusión social, en lugar del aislamiento; señala que las entidades locales y regionales, incluidas las ciudades, tienen un papel clave en el proceso de integración;

44.

Destaca que los Estados miembros de acogida deben ofrecer a los refugiados apoyo y oportunidades para integrarse y fraguarse una vida en su nueva sociedad; señala que ello necesariamente debe comprender alojamiento, cursos de alfabetización y de idiomas, diálogo intercultural, educación y formación profesional y asimismo un acceso efectivo a las estructuras democráticas de la sociedad, con arreglo a lo previsto en la Directiva sobre cualificaciones (16); señala que —exactamente como los ciudadanos de la Unión— los refugiados tienen derechos y obligaciones en los Estados miembros de acogida; hace hincapié, por lo tanto, en que la integración es un proceso bidireccional y en que el respeto de los valores en los que se fundamenta la UE debe formar parte constitutiva del proceso de integración, al igual que el respeto de los derechos fundamentales;

45.

Recuerda que, de conformidad con el artículo 15 de la Directiva sobre las condiciones de acogida, los Estados miembros tienen que determinar las condiciones para la concesión de acceso a sus mercados de trabajo en el caso de los solicitantes de protección internacional, a condición de que dicho acceso sea efectivo y respete el calendario previsto en el apartado 1 de dicho artículo; considera que, de conformidad con el artículo 15, apartado 2, de esta Directiva, los Estados miembros, atendiendo a políticas del mercado de trabajo, pueden dar prioridad a los ciudadanos de la Unión y a los nacionales de Estados parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, así como a los nacionales de terceros países que sean residentes legales;

46.

Opina que, cuando las personas a las que se conceda protección internacional en la Unión tengan una oferta de empleo en un Estado miembro distinto del Estado en el que se les ha concedido dicha protección, deberían poder aceptarla;

47.

Reitera que la mejora del reconocimiento de las cualificaciones obtenidas en el extranjero constituye una manera práctica de garantizar que los nacionales de terceros países ya presentes en la Unión puedan integrarse mejor, y pide a la Comisión que presente propuestas adecuadas en este sentido;

48.

Alienta los programas privados y comunitarios de integración para las personas admitidas al reasentamiento, en particular en cooperación con Estados miembros y entidades locales y sobre la base de sus mejores prácticas;

49.

Insta a los Estados miembros a que intenten mantener unidas a las familias, lo que contribuirá a las perspectivas de integración a largo plazo, puesto que ello permite dedicar la atención al desarrollo de una nueva vida, sin preocupaciones por la suerte de los familiares que siguen en una situación insegura;

50.

Destaca que los Estados miembros deben superar cualquier obstáculo jurídico y práctico que impida tomar decisiones más rápidas sobre reagrupación familiar;

51.

Recomienda encarecidamente que, hasta el momento en que el Reglamento de Dublín sea objeto de una revisión en profundidad, los Estados miembros hagan un mejor uso de las cláusulas discrecionales para respetar el principio de unidad familiar;

52.

Hace hincapié en la situación vulnerable de los niños que llegan a la Unión y reitera el derecho de todo niño a ser tratado ante todo como un niño; pide a los Estados miembros que apliquen plenamente las disposiciones específicas del SEAC referentes a los menores no acompañados, como el acceso a asistencia jurídica, la tutela, el acceso a asistencia sanitaria, alojamiento y educación, el derecho a ser hablado en una lengua que se comprenda y la posibilidad de entrevistarse con funcionarios formados debidamente; reitera que los Estados miembros no deben internar a niños por ser migrantes;

53.

Recuerda que el apoyo, la información y la protección deben extenderse a los niños no acompañados y separados de sus padres, siempre en función de sus intereses, y que debe acelerarse la tramitación de las solicitudes de reunificación familiar presentadas por menores no acompañados y separados de sus padres;

54.

Observa que una tutela eficaz y unos sistemas de protección que tengan en cuenta las necesidades de los niños son fundamentales para prevenir los abusos, la desatención y la explotación de los menores privados del cuidado de sus padres; subraya la importancia de definir unas directrices europeas para un sistema de tutela armonizado que pueda proporcionar el apoyo y la protección adecuados y garantizar igualdad de trato a los menores extranjeros y a los nacionales;

55.

Cree que la determinación de la edad debe llevarse a cabo del modo menos invasivo, que debe ser multidisciplinar, segura y con respetuosa de la integridad física del niño y de su dignidad humana, con especial atención a las niñas, y que debe ser practicada por profesionales y expertos independientes cualificados;

56.

Pide a los Estados miembros que recopilen datos desglosados sobre la situación de los niños refugiados y migrantes con el fin de mejorar la capacidad de los sistemas para integrarlos;

57.

Entiende que el retorno seguro de las personas respecto de las que, tras la evaluación individual de su solicitud de asilo, se considere que no procede conceder protección internacional en la Unión debe efectuarse como parte de la correcta aplicación del SECA;

58.

Reconoce que, habida cuenta de que en 2014 el 36 % de los nacionales de terceros países a los que se ordenó abandonar la Unión fueron devueltos efectivamente, es necesario mejorar la eficacia del sistema de retorno de la Unión;

59.

Considera que, con el fin de aumentar la eficiencia de los procedimientos de readmisión, y con miras a garantizar la coherencia de los retornos a nivel de la UE, será necesario favorecer los acuerdos europeos de readmisión, que deben preponderar sobre los acuerdos bilaterales entre Estados miembros y terceros países;

60.

Considera que el retorno de los migrantes solo debe llevarse a cabo de forma segura, con plena observancia de los derechos fundamentales y procesales de los migrantes, y si el país al que se los devuelve es seguro para ellos; recuerda que se debería dar prioridad a los retornos voluntarios sobre los retornos forzosos;

61.

Considera que cualquier intento por parte de los Estados miembros de «hacer retroceder» a los migrantes a los que no se les haya dado la oportunidad de presentar solicitudes de asilo es contrario al Derecho internacional y de la UE, y que la Comisión debería tomar medidas adecuadas contra cualquier Estado miembro que lo intente;

62.

Toma nota de la reciente propuesta de la Comisión relativa a una lista de la Unión de países de origen seguros, por la que se modifica la Directiva sobre procedimientos de asilo (17); observa que, en caso de que dicha lista de la Unión pasara a ser obligatoria para los Estados miembros, podría representar un importante instrumento para facilitar el proceso de asilo, incluido el retorno;

63.

Lamenta la situación actual, en la que los Estados miembros aplican listas diferentes, con diferentes países seguros, lo que dificulta la aplicación uniforme e incentiva los movimientos secundarios;

64.

Subraya, en cualquier caso, que una lista de países de origen seguros no tendría por qué excluir el principio de que debe examinarse adecuadamente y de manera individual la solicitud de protección internacional de cada persona;

65.

Toma nota de que, en septiembre de 2015, la Comisión se vio obligada a adoptar 40 decisiones de infracción relacionadas con la aplicación del SECA contra 19 Estados miembros, que se sumaron a los 34 casos ya pendientes; reitera que debería mantenerse al Parlamento totalmente informado de los procedimientos puestos en marcha por la Comisión contra los Estados miembros que no han aplicado la legislación de la Unión en este ámbito, o que no lo han hecho correctamente;

66.

Destaca una vez más la importancia de que, una vez que se haya acordado y adoptado la legislación de la Unión, los Estados miembros respeten su parte del acuerdo y apliquen esa legislación;

67.

Observa, además, que es imposible evaluar correctamente los pros y los contras de algunos elementos del SECA, al haber muchos Estados miembros que no han aplicado todavía totalmente la legislación;

68.

Recomienda que la EASO se convierta con el tiempo en el principal coordinador del SECA para garantizar la aplicación común de las normas de ese sistema, en particular teniendo en cuenta la revisión del Reglamento de Dublín III; reitera que, a medida que el SECA se convierte en un sistema verdaderamente europeo, la EASO necesita pasar de ser un grupo de expertos de los Estados miembros a convertirse plenamente en una agencia de la Unión que proporcione apoyo operativo a los Estados miembros y en las fronteras exteriores; destaca, en este sentido, que ha de contar con la financiación y los recursos humanos necesarios a corto, medio y largo plazo;

69.

Observa que el presupuesto asignado a la EASO en 2015 para reubicación, reasentamiento y la dimensión exterior fue de tan solo 30 000 EUR; reitera que este presupuesto tan reducido no puede tomarse en serio a la vista de los sucesos que se están produciendo actualmente en el Mediterráneo y de las múltiples referencias a la EASO en las decisiones de reubicación; recuerda que serán necesarios aumentos significativos a corto, medio y largo plazo en el presupuesto de la EASO, en sus recursos humanos y en los importes que se destinan a la reubicación y al reasentamiento;

70.

Toma nota de la reciente misión encomendada a Frontex, consistente en prestar asistencia a los buques y a las personas que se encuentran en peligro en el mar, y reconoce su contribución, a través de las operaciones conjuntas Tritón y Poseidón, al rescate y el salvamento de muchas vidas en el Mediterráneo;

71.

Entiende que la Guardia Europea de Fronteras y Costas propuesta recientemente sustituiría a Frontex y tendría la misión de garantizar una gestión europea integrada de las fronteras en las fronteras exteriores con objeto de gestionar adecuadamente la migración y garantizar un alto nivel de seguridad interna en el seno de la Unión, salvaguardando al mismo tiempo la libre circulación de las personas; indica, de acuerdo con los Tratados y sus Protocolos que los Estados miembros que son parte de los Acuerdos de Schengen pero aún no participan en el espacio Schengen sin controles fronterizos interiores deberán poder participar y beneficiarse de todas las acciones comprendidas en la nueva propuesta;

72.

Espera con impaciencia las negociaciones sobre la propuesta entre los colegisladores en el marco del procedimiento legislativo ordinario, de conformidad con el artículo 294 del TFUE;

73.

Recuerda que, desde el establecimiento del espacio Schengen, la Unión es un espacio sin fronteras interiores, que los Estados miembros de Schengen han desarrollado una política común por etapas orientada con respecto a las fronteras exteriores de Schengen, y que la lógica inherente de tal sistema ha sido siempre que la supresión de los controles en las fronteras interiores debe ir acompañada de medidas compensatorias de refuerzo de las fronteras exteriores del espacio Schengen y la puesta en común de información a través del Sistema de Información de Schengen («SIS»);

74.

Reconoce que la integridad del espacio Schengen y la supresión de los controles en las fronteras interiores dependen de que se practique una gestión eficaz de las fronteras exteriores, con unas normas comunes exigentes aplicadas por todos los Estados miembros en las fronteras exteriores y un intercambio eficaz de información entre ellos;

75.

Admite que la Unión tiene que reforzar la protección de las fronteras exteriores y seguir desarrollando el SECA, y que son necesarias medidas para aumentar la capacidad del espacio Schengen para abordar los nuevos desafíos a los que se enfrenta Europa y preservar los principios fundamentales de seguridad y libre circulación de personas;

76.

Señala que el acceso al territorio del espacio Schengen normalmente es controlado en las fronteras exteriores con arreglo al Código de fronteras Schengen y que, además, los ciudadanos de muchos terceros países necesitan un visado para entrar en el espacio Schengen;

77.

Reitera el llamamiento del ACNUR en el sentido de que el respeto de los derechos fundamentales y las obligaciones internacionales solo puede garantizarse si los procedimientos y los planes operativos reflejan tales obligaciones en orientaciones prácticas y claras dirigidas al personal de control de las fronteras, ya sean terrestres, marítimas o aéreas; subraya la necesidad de seguir reforzando el Mecanismo de Protección Civil de la UE para reaccionar ante acontecimientos cuyos efectos múltiples se extienden a un número importante de Estados miembros;

78.

Destaca una vez más que, en lo que respecta a la legislación en materia de asilo y migración, para que la legislación sobre fronteras interiores y exteriores sea eficaz, es esencial que los Estados miembros apliquen adecuadamente las medidas acordadas a nivel de la Unión; subraya que, ante una presión creciente, es esencial que los Estados miembros apliquen mejor las medidas en las fronteras exteriores y contribuirá en cierta medida a calmar los temores de los ciudadanos ante cuestiones de seguridad;

79.

Toma nota de que, el 15 de diciembre de 2015, la Comisión presentó una propuesta de revisión específica del Código de fronteras Schengen en la que propone el establecimiento de controles sistemáticos de todos los ciudadanos de la Unión (no solo de los nacionales de terceros países) utilizando las bases de datos pertinentes en las fronteras exteriores del espacio de Schengen;

80.

Considera que el espacio Schengen es uno de los mayores logros de la integración europea; observa que el conflicto en Siria y otros conflictos en otros lugares de la región han producido un número sin precedentes de refugiados y migrantes que llegan a la Unión, lo que a su vez ha puesto de relieve determinadas deficiencias en partes de las fronteras exteriores de la Unión; expresa su preocupación ante el hecho de que, como respuesta, algunos Estados miembros hayan considerado necesario cerrar fronteras interiores o introducir medidas temporales de control de fronteras, poniendo con ello en cuestión el debido funcionamiento del Espacio Schengen;

81.

Recuerda que, según el enfoque de puntos críticos propuesto por la Comisión en la Agenda Europea de Migración, la Agencia de Fronteras, EASO, Europol y Eurojust deben proporcionar asistencia operativa a los Estados miembros con arreglo a sus mandatos respectivos;

82.

Señala, a este respecto, que las agencias de la Unión necesitan los recursos necesarios para poder desempeñar las tareas que tienen encomendadas; insiste en que las agencias de la Unión y los Estados miembros mantengan al Parlamento plenamente informado de los trabajos realizados en los puntos críticos;

83.

Observa que ambas decisiones de reubicación estipulan la prestación de asistencia operativa en los puntos críticos, la cual debe proporcionarse a Italia y Grecia para que lleven a cabo el control de los migrantes cuando llegan por primera vez, el registro de su solicitud de protección internacional, la facilitación de información a los solicitantes en materia de reubicación, la organización de las operaciones de retorno de quienes no solicitaran protección internacional y no tengan derecho a permanecer mediante otras vías o de quienes vieran rechazada su solicitud, y la prestación de ayuda en todas las etapas relacionadas con el propio procedimiento de reubicación;

84.

Pide que se establezcan puntos críticos lo antes posible con el fin de prestar asistencia operativa específica a esos Estados miembros; pide que se asignen recursos y asistencia técnicos y financieros a los Estados miembros de primera llegada, como Italia y Grecia, a fin de garantizar el registro rápido y efectivo y la remisión a las autoridades competentes de todos los migrantes que lleguen a la Unión, respetando plenamente sus derechos humanos fundamentales; considera que el apoyo rápido y efectivo de la Unión a los Estados miembros y la aceptación de dicho apoyo es importante para la confianza mutua;

85.

Reconoce que uno de los objetivos principales de los puntos críticos es hacer posible que la Unión conceda protección y asistencia humanitaria con rapidez a quienes lo necesiten; hace hincapié en que debe actuarse con suma cautela para garantizar que la categorización de los migrantes en los puntos críticos se realice respetando plenamente los derechos de todos ellos; reconoce, no obstante, que la correcta identificación de los solicitantes de protección internacional en el primer punto de llegada a la Unión debe contribuir a facilitar el funcionamiento global de un SECA reformado;

86.

Toma nota de que, en su Plan de Acción contra el tráfico ilícito de migrantes, la Comisión afirma que está estudiando una revisión de la Directiva 2004/81/CE del Consejo relativa a la expedición de un permiso de residencia a nacionales de terceros países que sean víctimas de la trata de seres humanos o hayan sido objeto de una acción de ayuda a la inmigración ilegal, que cooperen con las autoridades competentes;

87.

Estima que dicha revisión es necesaria y que debería considerarse también la posibilidad de introducir un sistema que permita a las víctimas de trata y de tráfico ilícito contribuir al procesamiento efectivo de los tratantes o traficantes ilegales sin miedo a ser procesadas;

88.

Observa que la Comisión está estudiando la revisión de la Directiva 2002/90/CE del Consejo destinada a definir el concepto de ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia irregulares; opina que no ha de perseguirse judicialmente a nadie que preste asistencia humanitaria en sus distintas formas a las personas necesitadas y que el Derecho de la Unión debe reflejar este principio;

89.

Subraya que otra medida crucial para el desmantelamiento de las redes de tráfico ilícito y trata de seres humanos consiste en dar prioridad a las investigaciones financieras, ya que el seguimiento y la confiscación de los beneficios de esas redes delictivas resulta esencial si han de ser debilitadas y finalmente desmanteladas; pide, en este sentido, a los Estados miembros que transpongan rápida y eficazmente la cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales;

90.

Recuerda que, a fin de garantizar la eficacia de las investigaciones penales, es indispensable formar a los profesionales, de manera que puedan comprender en su totalidad el fenómeno que intentan combatir y sepan cómo reconocerlo en una fase temprana;

91.

Señala que el pilar del Enfoque Global de la Migración y la Movilidad (EGMM) en materia de asilo y protección internacional debería desarrollarse más permitiendo una mayor participación de terceros países; toma nota de que las medidas actuales en este ámbito, en el marco de los programas regionales de protección (PRP) o los programas regionales de desarrollo y protección (PRDP), se centran en el desarrollo de capacidades para luchar contra las redes de tráfico ilícito y de trata de seres humanos en los terceros países de origen y de tránsito; señala, al mismo tiempo, que el componente de reasentamiento de estos programas sigue siendo deficiente; considera que deberían redoblarse los esfuerzos de creación de capacidades y las actividades de reasentamiento, y llevarse a cabo de forma conjunta con terceros países que alberguen grandes contingentes de refugiados;

92.

Reconoce que el instrumento de base que establece los objetivos de la política exterior de la Unión en materia de migración, asilo y fronteras es el EGMM; toma nota de que engloba otros varios instrumentos, como diálogos regionales, diálogos bilaterales, asociaciones de movilidad, agendas comunes en materia de migración y movilidad, acuerdos de readmisión, acuerdos de facilitación de visados, acuerdos sobre exención de visados, PRP y PRDP;

93.

Entiende que la dimensión externa debería centrarse en la cooperación con terceros países para abordar y eliminar las causas profundas de los flujos irregulares hacia Europa; es de la opinión de que debe seguir prestándose atención a las asociaciones y la cooperación con los países de origen, de tránsito y de destino claves, por ejemplo mediante los procesos de Jartum y Rabat, el diálogo África-UE sobre migración y movilidad, el proceso de Budapest y el proceso de Praga;

94.

Señala que la UE y sus Estados miembros han de ser selectivos a la hora de dar apoyo a las fuerzas de seguridad de los terceros países y tener en cuenta su historial en materia de violación de los derechos humanos de los migrantes;

95.

Recomienda que la cooperación con terceros países conlleve la evaluación de sus sistemas de asilo, su apoyo a los refugiados y su capacidad y voluntad de luchar contra la trata de seres humanos y el tráfico ilícito de entrada en dichos países o de tránsito por los mismos;

96.

Pide a la Unión que ayude a los terceros países a crear sistemas de asilo y estrategias de integración de modo que los nacionales de terceros países necesitados de protección internacional puedan solicitarla allí; considera que la Unión debe adoptar un planteamiento de cara a la cooperación con terceros países en el que todos ganen, es decir, un enfoque que redunde en beneficio de la Unión, del tercer país en cuestión, así como de los refugiados y migrantes en ese tercer país;

97.

Recuerda que la Unión ha intensificado su cooperación exterior con terceros países en materia de migración y asilo con el fin de responder adecuadamente a la actual crisis de refugiados, y ha puesto en marcha nuevas iniciativas de cooperación, tales como el Plan de Acción conjunto entre la UE y Turquía; destaca, en este sentido, la necesidad de que todas las partes cumplan los compromisos que se derivan del Plan de Acción conjunto, incluida la eliminación de las causas profundas que provocan la afluencia masiva de ciudadanos sirios, intensificando la cooperación en apoyo de los ciudadanos sirios bajo protección temporal y sus comunidades de acogida en Turquía, así como de que Turquía cumpla sus compromisos para impedir los flujos de migración irregular desde su territorio a la Unión;

98.

Señala que muchas de las personas que son víctimas del tráfico ilícito son conscientes, en cierta medida, de los riesgos a los que se enfrentarán en un viaje potencialmente peligroso y, aun así, deciden emprenderlo al estimar que dichos riesgos son inferiores a los que correrían si no migrasen;

99.

Acoge con satisfacción que el Plan de Acción contra el tráfico ilícito de migrantes vincule la puesta en marcha de nuevas campañas de sensibilización a la evaluación de las existentes; recomienda que toda campaña de este tipo incluya información acerca de los criterios que han de aplicarse para determinar el estatuto de protección en la Unión, ya que dicha información puede convencer a algunos migrantes de que no hagan el viaje, ya que corren el riesgo de emprender un peligroso viaje solo para ser retornados si no se les concede protección;

100.

Reitera que la Unión tiene que adoptar una estrategia a largo plazo que contribuya a contrarrestar los factores (conflictos, persecuciones, limpieza étnica, violencia generalizada u otros factores, como la pobreza extrema, el cambio climático o catástrofes naturales) que empujan a los afectados a las redes de tráfico ilícito, que perciben como su única posibilidad de llegar a la Unión;

101.

Recuerda que el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes ha solicitado también a la Unión que abra cauces de migración regular que permitan a los migrantes usar los sistemas de entrada y de salida oficiales en lugar de tener que recurrir a las redes de tráfico ilícito de seres humanos;

102.

Destaca que el reciente aumento de las llegadas de refugiados a la Unión ha puesto de manifiesto que las medidas preventivas no bastan por sí solas para gestionar los fenómenos migratorios actuales;

103.

Estima que, a largo plazo, es necesaria más energía para resolver los problemas geopolíticos que afectan a las causas profundas de la migración, como la guerra, la pobreza, la corrupción, el hambre y la falta de oportunidades, puesto que los afectados seguirán viéndose obligados a huir a Europa, a menos que Europa considere cómo ayudar a reconstruir estos países; señala que esto significa que la Comisión y los Estados miembros deben aumentar los fondos destinados a respaldar la creación de capacidades en los terceros países, por ejemplo, impulsando las inversiones y la educación, fortaleciendo y aplicando los sistemas de asilo, ayudando a mejorar la gestión de las fronteras, y reforzando sus sistemas jurídico y judicial;

104.

Toma nota de que el principal instrumento de financiación a terceros países es el Instrumento de Cooperación al Desarrollo («ICD»), que incluye la única financiación temática global de la Unión para migración en el marco del programa «Retos y bienes públicos mundiales», gestionado por la Dirección General (DG) de Cooperación Internacional y Desarrollo (DEVCO); observa además que, al igual que en los fondos asignados directamente a los Estados miembros, otras direcciones generales de la Comisión y otros organismos de la Unión participan en la gestión del ICD, de manera que la ayuda de la Unión a los países vecinos la presta la DG de Política de Vecindad y Negociaciones de Ampliación a través del Instrumento de Ayuda Preadhesión; la ayuda humanitaria la proporciona la DG de Ayuda Humanitaria y Protección Civil (ECHO), y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) gestiona el Instrumento en pro de la estabilidad y la paz; recuerda que, dado que los dos fondos gestionados por la DG de Migración y Asuntos de Interior (HOME) —el FAMI y el FSI— cuentan también con una dimensión exterior, el ámbito de la financiación externa cuenta con una nueva parte interesada;

105.

Acoge con satisfacción el recientemente creado Fondo Fiduciario de Emergencia para África y los 1 800 millones EUR comprometidos para el mismo, ya que ha añadido un elemento adicional a la financiación de terceros países; insta a los Estados miembros a que sigan contribuyendo al Fondo;

106.

Recomienda que, en consonancia con el EGMM, los cuatro pilares temáticos que abordan i) la migración legal y la movilidad, ii) la migración irregular y la trata de seres humanos, iii) la protección internacional, y iv) la repercusión en el desarrollo de la migración tengan la misma relevancia en la política exterior y la financiación de la Unión;

107.

Observa que la política europea de migración se aplica a través de distintos instrumentos normativos, cada uno de los cuales tiene sus propios objetivos que no están necesariamente interrelacionados, y que la coordinación de la financiación entre los múltiples actores involucrados es insuficiente; señala que la fragmentación de las líneas presupuestarias y las responsabilidades crea una estructura de gestión que podría dificultar la visión global sobre cómo se asignan y se utilizan en última instancia los distintos fondos disponibles; indica, además, que esta fragmentación dificulta la cuantificación del gasto global de la Unión en la política de migración;

108.

Es de la opinión de que debe facilitarse este tipo de visión global de la financiación de la Unión relacionada con la migración, tanto dentro como fuera de la Unión, ya que su ausencia es un claro obstáculo a la transparencia y la buena elaboración de las políticas; observa, a este respecto, que una posible opción podría ser un sitio web con una base de datos que recogiese todos los proyectos financiados por la Unión en relación con la política de migración; subraya que la necesidad de transparencia se extiende también a las líneas presupuestarias, a fin de garantizar la financiación adecuada de todos los objetivos de la política de migración de la Unión;

109.

Recuerda que el efecto positivo de los fondos de migración de la UE depende de procedimientos aplicados a escala nacional y de la UE para garantizar la transparencia, el seguimiento eficaz y la rendición de cuentas, considera que debe estudiarse cómo llevar a cabo procedimientos de seguimiento y evaluación en curso y no solo procedimientos ex post, y cree que convendría reforzar la función del Tribunal de Cuentas a este respecto; Señala que deben establecerse indicadores cualitativos y cuantitativos para medir los efectos de los fondos de la UE y ayudar a evaluar si estos fondos logran sus objetivos;

110.

Celebra la financiación adicional facilitada en el presupuesto de la Unión para 2016 a fin de empezar a abordar los fenómenos migratorios actuales; señala que la mayor parte de esta nueva financiación es financiación anticipada del marco financiero plurianual (MFP) 2014-2020, es decir, que la Unión gasta hoy lo que estaba previsto gastar mañana;

111.

Se muestra de acuerdo en que, si bien deben acogerse con satisfacción las recientes propuestas presupuestarias y la financiación adicional prevista en el presupuesto de la Unión para 2016, incluida la utilización del instrumento de flexibilidad, la financiación a medio y largo plazo sigue constituyendo un motivo de preocupación; manifiesta su inquietud por el hecho de que el aumento de los importes propuestos en las líneas presupuestarias del FAMI correspondientes a 2016 no se vea acompañado de una propuesta de revisión de los recursos globales disponibles en el marco de este fondo para el período de financiación 2014-2020; entiende que, de seguir así las cosas, la financiación del FAMI se agotará mucho antes de 2020;

112.

Anima a los Estados miembros a que aprovechen plenamente las posibilidades ofrecidas por los fondos que no están directamente relacionados con la política de migración, pero que pueden utilizarse para financiar acciones en este ámbito (por ejemplo, las acciones de integración), tales como las disponibles en el marco del Fondo Social Europeo, el Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas, la Iniciativa Horizonte 2020, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Programa «Derechos fundamentales y ciudadanía»;

113.

Recomienda que, en el marco de la revisión del MFP prevista para finales de 2016, se dispongan recursos adicionales sustanciales en la rúbrica 3 del presupuesto de la Unión, relativa a ciudadanía, libertad, seguridad y justicia, a fin de que se disponga de una financiación adecuada basada en las tendencias migratorias y los consiguientes requisitos financieros destinada a las políticas de la Unión y los Estados miembros en materia de asilo, migración e integración;

114.

Señala que la obtención de financiación operativa representa un desafío fundamental para las ONG, puesto que la mayor parte de la financiación está relacionada con proyectos; afirma que la Comisión y los Estados miembros deben promover y, cuando proceda, financiar iniciativas de voluntarios y de la sociedad civil dedicadas a la prestación de asistencia a migrantes; pide a los Estados miembros y a la Comisión que, siempre que sea posible y conveniente, procuren financiar proyectos gestionados por organizaciones de la sociedad civil que trabajen en los ámbitos de la inmigración, la integración y el asilo;

115.

Reitera que debe garantizarse la participación de la sociedad civil en el desarrollo de las acciones de la Unión y los programas nacionales, en consonancia con el principio de asociación establecido en el FAMI; propone que, a nivel de la Unión, se reflexione sobre la posibilidad de que se realicen consultas periódicas entre la Comisión y organizaciones relevantes de la sociedad civil que trabajen en los ámbitos de la inmigración, la integración y el asilo;

116.

Observa que, antes del aumento de los flujos migratorios en la Unión en 2015, según un estudio de la OCDE y de la Comisión de 2014, la población de la Unión en edad de trabajar (15-64 años) disminuirá en 7,5 millones de personas entre 2013 y 2020, y que, si se excluye la migración neta de sus proyecciones, el descenso sería aún más pronunciado, ya que supondría una reducción de la población en edad de trabajar de 11,7 millones de personas;

117.

Señala, no obstante, que la tasa de desempleo juvenil en todos los Estados miembros se situaba en noviembre de 2015 en el 20 %;

118.

Toma nota, además, de que, según las últimas proyecciones de Eurostat, la proporción de las personas de 65 años o más en relación con las personas de entre 15 y 64 años aumentará del 27,5 % a principios de 2013 a casi el 50 % en 2050; observa que esto significaría una variación de la proporción actual de cuatro personas en edad de trabajar por cada persona de 65 años o más a solo dos personas en edad de trabajar por cada persona de 65 años o más;

119.

Afirma que el fundamento jurídico para la gestión de la migración legal a escala de la Unión se establece en el artículo 79 del TFUE;

120.

Entiende que en el artículo 79, apartado 5, se reserva expresamente a los Estados miembros el derecho a establecer volúmenes de admisión de nacionales de terceros países procedentes de terceros países que lleguen a su territorio con el fin de buscar trabajo;

121.

Señala que la Estrategia Europa 2020 ha determinado la necesidad de una política global de migración de mano de obra y una mejor integración de los migrantes para cumplir los objetivos de la Unión de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador;

122.

Toma nota de que el marco legislativo vigente de la UE por el que se rige el acceso de los nacionales de terceros países al empleo en la Unión está bastante fragmentado, ya que se centra en categorías específicas de trabajadores en lugar de regular en general la situación de todos los trabajadores migrantes;

123.

Opina que, a largo plazo, la Unión deberá establecer normas más generales que regulen la entrada y la residencia de esos nacionales de terceros países en busca de empleo para colmar las lagunas detectadas en el mercado de trabajo de la Unión;

124.

Pide una visión global del mercado de trabajo en la Unión como un requisito previo para la elaboración de las políticas del mercado laboral; señala que es preciso desarrollar instrumentos para detectar y prever mejor las necesidades presentes y futuras del mercado laboral de la Unión; sugiere, a este respecto, que algunos instrumentos existentes —como los desarrollados por el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) o la OCDE— podrían mejorarse e incluso fusionarse con estadísticas internacionales sobre la oferta potencial de mano de obra de terceros países, con el fin de proporcionar una imagen más precisa de la situación;

125.

Considera que una mejora de los datos y de los instrumentos para analizar estos datos únicamente puede ayudar a los responsables a elaborar las políticas de migración laboral futuras, y que la Unión y los Estados miembros deben detectar lagunas en sus mercados de trabajo, pues ello podría ayudarles a cubrir puestos de trabajo que permanecerían de otro modo vacantes;

126.

Observa que la explotación laboral puede producirse como consecuencia de la trata o del tráfico ilícito o incluso en ausencia de ambos fenómenos, con la consecuencia de que quienes explotan a migrantes irregulares gozan de impunidad en los Estados miembros en los que no está penalizada como tal;

127.

Lamenta que el bajo riesgo de ser descubierto o perseguido judicialmente como empresario que explota el trabajo de migrantes irregulares haya sido señalado como un factor importante para la explotación laboral, en especial en los sectores más expuestos (agricultura, construcción, hoteles y restaurantes, trabajo doméstico y servicios asistenciales); indica que, para hacer frente a esta situación de impunidad, será necesario, en primer lugar, asegurarse de que todos los casos de explotación laboral grave estén tipificados y penados adecuadamente en el marco del Derecho nacional y, en segundo lugar, incrementar las inspecciones laborales en los sectores más expuestos;

128.

Toma nota de que, en la actualidad, muchos Estados miembros tipifican como delito la explotación laboral solo cuando se lleva a cabo como una forma de trata, lo que deja una gran laguna en todos los casos en que los explotadores laborales no han estado implicados en la trata de seres humanos o no puede probarse su implicación;

129.

Reitera que los procedimientos especiales para garantizar la simplificación de las denuncias previstos por la Directiva 2009/52/CE por la que se establecen normas mínimas sobre las sanciones y medidas aplicables a los empleadores de nacionales de terceros países en situación irregular (la «Directiva sobre sanciones a los empleadores») deben aplicarse plena y correctamente en la práctica; opina que es necesario proteger en mayor medida a las víctimas de la trata o a las personas introducidas ilegalmente en la Unión que cooperen y faciliten la acción judicial contra los tratantes o traficantes; indica que, además, debe apoyarse la creación de la coalición de empresas europeas contra la trata de seres humanos propuesta en la Estrategia para la erradicación de la trata de seres humanos de 2014), con el fin de desarrollar cadenas de suministro que no impliquen trata de seres humanos;

130.

Estima que, a la postre, cualquier esfuerzo para erradicar la explotación laboral de los migrantes debe adoptar un enfoque dual a fin de perseguir judicialmente de forma eficaz a los empleadores explotadores, protegiendo al mismo tiempo a las víctimas de dicha explotación;

131.

Recuerda que, en la Agenda Europea de Migración, la Comisión anunció su intención de revisar la Directiva relativa a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países para fines de empleo altamente cualificado (Directiva sobre la tarjeta azul), poniendo especial énfasis en las cuestiones del ámbito de aplicación (cubriendo posiblemente a los empresarios dispuestos a invertir en Europa) y mejorando las normas relativas a la movilidad dentro de la UE;

132.

Reitera que el informe de ejecución de la Comisión sobre la actual Directiva sobre la tarjeta azul subraya sus imperfecciones, incluido un nivel de armonización muy limitado provocado por la amplia facultad de apreciación que ofrece a los Estados miembros a la hora de su ejecución, en particular, el derecho de los Estados miembros a mantener regímenes nacionales paralelos;

133.

Considera, por otra parte, que queda claro que la Directiva debería centrarse no solo en las personas altamente cualificadas, sino también en aquellas profesiones de alta cualificación concretas en las que se registre una escasez manifiesta de mano de obra; estima, además, que la revisión de la tarjeta azul ha de ser a la vez ambiciosa y dirigida a objetivos específicos, y debe tratar de eliminar las incoherencias de la Directiva actual, en particular en lo que se refiere a los regímenes nacionales paralelos; recomienda que se reflexione sobre la revisión del ámbito de aplicación para englobar a los nacionales de terceros países que puedan ayudar a colmar las lagunas observadas en los mercados de trabajo de la UE;

134.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, a los Parlamentos y a los Gobiernos de los Estados miembros, así como a la EASO, Frontex, Europol, Eurojust, FRA, eu-LISA, el Consejo de Europa, el Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social Europeo.

15.2.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 58/33

—

Visto el Acuerdo Interinstitucional «Legislar mejor» (1),

—

Vistos los aspectos prácticos acordados el 22 de julio de 2011 entre los servicios competentes del Parlamento Europeo y del Consejo para la aplicación del artículo 294, apartado 4, del TFUE en caso de acuerdo en primera lectura,

—

Vista su Resolución, de 4 de febrero de 2014, sobre la adecuación de la normativa de la UE y la subsidiariedad y la proporcionalidad — 19o Informe «Legislar mejor» correspondiente al año 2011 (2),

—

Vista su Resolución, de 13 de septiembre de 2012, sobre el XVIII Informe «Legislar mejor» — Aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad (2010) (3),

—

Vista su Resolución, de 14 de septiembre de 2011, sobre legislar mejor, subsidiariedad, proporcionalidad y normativa inteligente (4),

—

Vistos el Informe anual de 2012 de la Comisión sobre subsidiariedad y proporcionalidad (COM(2013)0566) y el Informe anual de 2013 de la Comisión sobre subsidiariedad y proporcionalidad (COM(2014)0506),

—

Vistas las Conclusiones del Consejo sobre normativa inteligente, de 4 de diciembre de 2014,

—

Vistas las Conclusiones de la Conferencia de Presidentes de los Parlamentos de la Unión Europea de 21 de abril de 2015,

—

Vistos los informes bianuales de la COSAC de 27 de septiembre de 2012, 17 de mayo de 2013, 4 de octubre de 2013, 19 de junio de 2014 y 14 de noviembre de 2014 sobre la evolución de los procedimientos y prácticas relativos al control parlamentario vigentes en la Unión Europea,

—

Visto el informe final de 14 de octubre de 2014 del Grupo de alto nivel de partes implicadas independientes sobre cargas administrativas, titulado «Cutting Red Tape in Europe — Legacy and Outlook» (Reducir la burocracia en Europa: legado y perspectivas) (5),

—

Vistos el artículo 52 y el artículo 132 de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y las opiniones de la Comisión de Comercio Exterior, la Comisión de Control Presupuestario, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y la Comisión de Asuntos Constitucionales (A8-0301/2015),

A.

Considerando que, en 2012, la Comisión recibió dictámenes motivados en relación con ochenta y tres propuestas legislativas; considerando que el número total de documentos recibidos en 2012 fue de 292, incluidos aquellos que no eran dictámenes motivados;

B.

Considerando que, en 2013, la Comisión recibió dictámenes motivados en relación con noventa y nueve propuestas legislativas; considerando que el número total de documentos recibidos en 2013 fue de 313, incluidos aquellos que no eran dictámenes motivados;

C.

Considerando que en 2012 los Parlamentos nacionales transmitieron doce dictámenes motivados sobre la propuesta Monti II (6), correspondientes a diecinueve votos (siendo el umbral dieciocho votos), y que, como consecuencia, se activó el denominado procedimiento de tarjeta amarilla, que exige que la institución que ha presentado la propuesta la revise y justifique su decisión de retirarla, modificarla o mantenerla;

D.

Considerando que la Comisión retiró la propuesta Monti II, pero declaró que la consideraba conforme con el principio de subsidiariedad y que la había retirado al no contar esta con apoyo suficiente en el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros (7);

E.

Considerando que, en 2013, los Parlamentos nacionales transmitieron trece dictámenes motivados sobre la propuesta para la creación de la Fiscalía Europea (8), correspondientes a dieciocho votos, activando así el segundo procedimiento de tarjeta amarilla;

F.

Considerando que la Comisión concluyó que su propuesta respetaba el principio de subsidiariedad y que no era necesario retirarla ni modificarla; que la Comisión declaró que en el procedimiento legislativo tomaría debidamente en consideración los dictámenes motivados (9);

G.

Considerando que varios Parlamentos expresaron sus reservas en relación con el enfoque adoptado por la Comisión, al considerar insuficientes las justificaciones y argumentos aportados por esta; considerando que la Comisión de Asuntos Jurídicos y la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo debatieron sobre este asunto;

H.

Considerando que en las negociaciones subsiguientes con el Consejo sobre la Fiscalía Europea se han restringido el alcance y las metodologías de trabajo en comparación con la propuesta inicial sobre la que se emitieron los dictámenes motivados;

I.

Considerando que, habida cuenta de su derecho de iniciativa, la Comisión tiene la responsabilidad de garantizar, desde las fases iniciales del procedimiento de elaboración de las políticas, la adopción de decisiones correctas en lo que respecta a la conveniencia y la forma de proponer medidas a escala de la UE;

J.

Considerando que la Comisión ha emprendido una revisión de las directrices aplicables al procedimiento de evaluación de impacto, que comprende un examen de la subsidiariedad y la proporcionalidad;

K.

Considerando que el Parlamento ha creado su propia Unidad de Evaluación de Impacto, que ha elaborado cincuenta valoraciones iniciales y dos valoraciones detalladas de evaluaciones de impacto de la Comisión en 2013;

L.

Considerando que los Parlamentos nacionales han observado que, cuando se delegan en la Comisión poderes múltiples y de amplio alcance, es difícil evaluar efectivamente si las normas definitivas respetarán el principio de subsidiariedad;

M.

Considerando que el control de la subsidiariedad y la proporcionalidad, así como la evaluación de impacto se hacen solamente al principio del proceso legislativo;

1.

Observa que los principios de subsidiariedad y proporcionalidad son principios fundamentales de la Unión Europea;

2.

Hace hincapié en que la utilización de las competencias de la UE debe regirse por los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, tal y como se establece en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea; acoge con satisfacción que en 2012 y 2013 el respeto de estos dos principios fuera sometido a una atenta supervisión por las instituciones de la UE y por los Parlamentos nacionales;

3.

Acoge positivamente la mayor participación e implicación de los Parlamentos nacionales en el proceso legislativo europeo en los últimos años, lo que se ha traducido en un incremento de la toma en consideración de los principios sobre los que está fundada la UE, incluidos los principios de subsidiariedad y proporcionalidad en el contexto interinstitucional; señala, sin embargo, que queda mucho por hacer en este contexto; sugiere que, en primer lugar, la Comisión participe en un debate anual con cada uno de los Parlamentos nacionales con el fin de reforzar el diálogo entre la Comisión y los Parlamentos nacionales;

4.

Considera, además, que los principios de subsidiariedad y proporcionalidad deben ser el punto de partida para la elaboración de todas las políticas; subraya por consiguiente la importancia de evaluar al principio del proceso legislativo si se pueden alcanzar los objetivos políticos a escala europea mejor que mediante iniciativas nacionales o regionales;

5.

Toma nota de la importancia de los parlamentos y de su impacto territorial y su cercanía respecto de los ciudadanos, y pide que, cuando proceda, participen en mayor medida en el sistema de alerta temprana;

6.

Observa, no obstante, que la mayoría de los dictámenes de los Parlamentos nacionales son presentados por un reducido número de cámaras nacionales; anima a las demás cámaras a que participen más activamente en el debate europeo;

7.

Destaca que las instituciones europeas deben respetar los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, establecidos en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea y en el Protocolo no 2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que tienen carácter general y son obligatorios para las instituciones cuando ejercen las competencias de la Unión, excepción hecha de los ámbitos que son competencia exclusiva de la Unión, en los que no es aplicable el principio de subsidiariedad;

8.

Considera que el mecanismo de control del principio de subsidiariedad es un instrumento importante para la cooperación entre las instituciones europeas y nacionales;

9.

Observa que los informes anuales preparados por la Comisión son, en cierto modo, superficiales, y pide a la Comisión que examine la posibilidad de preparar informes más detallados sobre cómo se respetan la subsidiariedad y la proporcionalidad en la elaboración de políticas de la UE;

10.

Toma nota de la metodología empleada por la Comisión para la elaboración de los informes anuales de 2012 y 2013, en los cuales se utilizan estadísticas para clasificar los dictámenes motivados presentados por los Parlamentos nacionales sobre un paquete de propuestas como un único dictamen motivado, en lugar de considerar que se ha presentado un dictamen motivado sobre cada una de las propuestas;

11.

Toma nota de que, en conjunto, la proporción de dictámenes motivados como porcentaje del total de documentos enviados ha aumentado de manera significativa con respecto a 2010 y 2011, y observa que en 2012 los dictámenes motivados representaron el 25 % de todos los documentos transmitidos por los Parlamentos nacionales en el marco del procedimiento contemplado en el Protocolo 2, mientras que en 2013 este porcentaje fue del 30 %; señala a este respecto la consulta a los Parlamentos nacionales en el proceso legislativo;

12.

Señala que en 2012 tuvo lugar la primera utilización del denominado procedimiento de «tarjeta amarilla» por los Parlamentos nacionales respecto del principio de subsidiariedad, en respuesta a la propuesta de Reglamento de la Comisión sobre el ejercicio del derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo en el contexto de la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios (Monti II); observa que, aunque la Comisión concluyó que no se había violado el principio de subsidiariedad, retiró la propuesta debido a la falta de apoyo político; señala que en 2013 se activó un segundo procedimiento de «tarjeta amarilla» respecto de la propuesta de la Comisión de un Reglamento del Consejo relativo a la creación de la Fiscalía Europea; observa que la Comisión concluyó que la propuesta se ajustaba al principio de subsidiariedad y decidió mantenerla;

13.

Observa que los dictámenes motivados emitidos por los Parlamentos nacionales apuntan a la existencia de diversas interpretaciones de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad; recuerda en este contexto que el principio de subsidiariedad, tal y como se establece en los Tratados, permite a la Unión, en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, intervenir solamente «en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión»; recuerda asimismo que «en virtud del principio de proporcionalidad, el contenido y la forma de la acción de la Unión no excederán de lo necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados»; anima a los Parlamentos nacionales a ser fieles a la letra del TUE al evaluar el respeto de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad; recomienda encarecidamente a los Parlamentos nacionales y a las instituciones europeas que entablen intercambios de puntos de vista y prácticas respecto del control de la subsidiariedad y la proporcionalidad.

14.

Observa que los dictámenes motivados presentados por los Parlamentos nacionales varían considerablemente en cuanto a los tipos de argumentos planteados y a su forma; lamenta la ausencia de «patrones» comunes que hacen que sea más difícil evaluar sobre la base de qué intervienen los Parlamentos nacionales;

15.

Recuerda que el Parlamento ya ha manifestado en informes anteriores su preocupación en relación con ciertos casos en los que la Comisión no había examinado adecuadamente en sus evaluaciones de impacto el respeto del principio de subsidiariedad; recuerda, además, que el Comité de Evaluación de Impacto ya ha señalado este asunto en sus informes anuales; Toma nota de que este Comité ha considerado que más del 30 % de las evaluaciones de impacto que examinó en 2012 y 2013 contienen un análisis insatisfactorio del principio de subsidiariedad; manifiesta su preocupación por que este porcentaje haya aumentado hasta el 50 % en 2014, e insta a la Comisión a que, cuando lleve a cabo la revisión de las evaluaciones de impacto, aborde el asunto e invierta esta tendencia;

16.

Señala la importancia de las evaluaciones de impacto como instrumento de apoyo a la toma de decisiones en el proceso legislativo, y resalta la necesidad, en este contexto, de valorar debidamente las cuestiones relativas a la subsidiariedad y la proporcionalidad;

17.

Hace hincapié en que unas evaluaciones de impacto rigurosas en las que se evalúe exhaustivamente el cumplimiento del principio de subsidiariedad son fundamentales para inspirar una mayor confianza en los ciudadanos, muchos de los cuales consideran el principio de subsidiariedad un aspecto clave del proceso democrático; recalca, por tanto, que llevar a cabo controles más estrictos de la subsidiariedad podría contribuir en gran medida a reducir el denominado «déficit democrático»;

18.

Reitera el llamamiento realizado en su Resolución antes mencionada de 14 de septiembre de 2011 en el sentido de que las evaluaciones de impacto nacionales se utilicen como complemento de las llevadas a cabo por la Comisión —cuya reforma se está debatiendo— en apoyo de la legislación propuesta; considera que las unidades de evaluación de impacto del Parlamento de reciente creación serán un complemento positivo al trabajo de la Comisión;

19.

Expresa su decepción ante la respuesta de la Comisión a los Parlamentos nacionales en los casos en que se han activado procedimientos de tarjeta amarilla; considera necesario que la Comisión responda de manera exhaustiva a todas las dudas planteadas por los Parlamentos nacionales y que las aborde una por una en el marco de un diálogo, además de responder a los dictámenes publicados; considera asimismo necesario que la Comisión comparezca ante la comisión o las comisiones pertinentes del Parlamento para explicar en detalle su posición;

20.

Subraya que el procedimiento de «tarjeta amarilla», que es un instrumento para influir en la adopción de decisiones de la UE, podría reforzarse en la práctica mediante un intercambio temprano de información sobre las posiciones de los Parlamentos nacionales, por lo que anima a estos a que intercambien pareceres sobre el alcance y los métodos de evaluación aplicados para evaluar la conformidad con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad;

21.

Cree que el diálogo político reviste una importancia cada vez mayor a la hora de garantizar que se respeta la subsidiariedad; considera que el diálogo político debe mejorarse no solo en el marco de los procedimientos de tarjeta amarilla o tarjeta naranja, sino como norma general; celebra, a este respecto, la iniciativa de la Comisión Juncker de comparecer ante los Parlamentos nacionales, y pide al Parlamento que considere la posibilidad de emprender iniciativas similares; cree que podría alentarse a los ponentes a entablar un contacto más frecuente con los Parlamentos nacionales, en particular ahora que las videoconferencias y otras formas de interacción en línea están ganando en eficacia y facilidad de uso;

22.

Hace hincapié en que las instituciones europeas y los Parlamentos nacionales todavía deben hacer mucho más para fomentar una «cultura de la subsidiariedad» en toda la UE; recomienda emprender dos iniciativas concretas que ayudarán, desde ahora, a que la subsidiariedad se tenga más en cuenta en el procedimiento legislativo, a saber, facilitar una mejor integración en el diálogo político de las posiciones, perspectivas o sugerencias de otro tipo que planteen los Parlamentos nacionales –en particular en el curso de los trabajos preparatorios, tales como los libros verdes o los libros blancos que elabora la Comisión– y considerar la posibilidad de ampliar el plazo de consulta de los Parlamentos nacionales contemplado en el procedimiento de control del respeto de la subsidiariedad si estos lo solicitan debido a limitaciones de tiempo basadas en razones objetivas justificadas, como catástrofes naturales y periodos de vacaciones, que deberán acordarse entre los Parlamentos nacionales y la Comisión; considera que esto podría lograrse mediante un compromiso político entre las instituciones y los Parlamentos nacionales en primera instancia, sin dar pie a retrasos en la aprobación de la legislación pertinente;

23.

Considera que, en caso de que los Estados miembros acuerden ampliar el plazo del que disponen los Parlamentos nacionales para emitir un dictamen motivado en virtud del artículo 6 del Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, esta disposición debería incluirse en una próxima revisión del Tratado; observa que esta ampliación del plazo podría determinarse asimismo posteriormente en el derecho secundario;

24.

Considera importante que el procedimiento de «tarjeta amarilla» sea fácilmente aplicable por los parlamentos, a la vez que reafirma el principio de subsidiariedad de conformidad con los Tratados;

25.

Señala que varios Parlamentos nacionales de la COSAC han manifestado su interés en proponer la introducción de una «tarjeta verde» como instrumento para mejorar el diálogo político, que daría a los Parlamentos nacionales, una vez asegurado el apoyo del Parlamento, la oportunidad de presentar propuestas constructivas para su consideración por parte de la Comisión y con el debido respeto del derecho de iniciativa de la Comisión;

26.

Observa que las propuestas legislativas pueden experimentar cambios drásticos en el período que transcurre hasta su adopción por las instituciones; recuerda que el respeto del principio de subsidiariedad se evalúa al inicio, pero no al término, del procedimiento legislativo; recuerda también que las evaluaciones de impacto, más en general, solo se llevan a cabo para las fases iniciales del procedimiento legislativo y no para sus fases finales; destaca la necesidad de una evaluación intermedia después de comenzar el proceso de adopción y al final del proceso legislativo, lo que quizás pueda permitir advertir a los Estados miembros cuando no respeten el principio de subsidiariedad;

27.

Pide, por consiguiente, que, al finalizar las negociaciones legislativas y antes de la adopción del texto definitivo, se lleve a cabo un nuevo control del respeto de la subsidiariedad y una evaluación de impacto completa, a fin de que quede garantizado el cumplimiento de la subsidiariedad y de que puedan realizarse evaluaciones en las que se tenga en cuenta la proporcionalidad; cree que este «período de reflexión» ayudaría a los responsables políticos a valorar si la legislación cumple con los principios de la Unión, y aumentaría la transparencia de los resultados de unos períodos de negociación a menudo de elevada intensidad;

28.

Toma nota de los objetivos políticos de la nueva Comisión relacionados con iniciativas y propuestas legislativas de la UE, es decir: un coste mínimo; beneficios para los ciudadanos, las empresas y los trabajadores; y evitar cargas normativas innecesarias;

29.

Considera que los programas del marco financiero plurianual deben evaluar y demostrar el cumplimiento del principio de subsidiariedad en términos de valor añadido probado en los Estados miembros beneficiarios;

30.

Pide a la Comisión que, de conformidad con los principios de proporcionalidad y subsidiariedad, simplifique el procedimiento de solicitud de fondos de la UE con el fin de que sea más eficaz y se oriente hacia los resultados;

31.

Subraya su compromiso de garantizar el respeto de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad mediante evaluaciones de sus propios informes de iniciativa legislativa, evaluaciones previas de las evaluaciones de impacto de la Comisión y la evaluación constante del posible valor añadido de la UE y del «coste de la no Europa»;

32.

Toma nota de los recientes debates sobre la resolución de litigios entre inversores y Estados y de las propuestas de la Comisión dirigidas a sustituir el actual modelo; recuerda que el artículo 3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea define la política comercial común como un ámbito integral de competencias exclusivas de la Unión basadas en principios uniformes; señala que, en consecuencia, el principio de subsidiariedad no se aplica a la política comercial común; inversores;

33.

Pide inversores a los Estados miembros que desbloqueen la Convención de la CNUDMI sobre la transparencia en los arbitrajes entre inversores y Estados en el marco de un tratado, con el fin de que la Comisión pueda firmar dicha convención en nombre de toda la Unión; lamenta la actual situación, en la que algunos Estados miembros de la UE son parte de la convención y otros no; considera que este ejemplo subraya la necesidad de aclarar en mayor medida la situación con respecto a todas las partes acerca de las competencias exclusivas de la Unión en el ámbito de la inversión extranjera directa; recuerda que las diferentes políticas de los Estados miembros en materia de protección de las inversiones han llevado a la situación actual, en la que los Estados miembros son partes contratantes de unos 1 400 tratados bilaterales de inversión que incluyen a veces disposiciones dispares que podrían dar lugar a un trato diferente de los inversores de la UE en el exterior, dependiendo del origen de la inversión en cuestión;

34.

Pide, en relación con la asistencia financiera de la UE a otros países en concreto con la asistencia macrofinanciera, que se lleven a cabo evaluaciones de impacto ex ante y ex post más exhaustivas en cuanto a la proporcionalidad de las medidas propuestas, con objeto de que la asistencia sea eficaz y ayude verdaderamente a nuestros socios en situación de necesidad; insiste en la necesidad de establecer una condicionalidad para el desembolso de la ayuda, así como un control adecuado de la utilización de los fondos que incluya medidas de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción y un seguimiento riguroso y exhaustivo por el Parlamento; pide una sólida integración de los instrumentos exteriores de la UE, de tal forma que se combinen el comercio, el desarrollo y la política exterior y de seguridad; destaca que los Estados miembros deben dar prueba de un mayor compromiso en este sentido;

35.

Destaca la importancia esencial de una consulta, un diálogo y una participación adecuados de los ciudadanos, las empresas (en particular, las pymes) y la sociedad civil en el proceso de toma de decisiones de la Unión en materia de política comercial;

36.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

15.2.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 58/39

—

Vistos los Acuerdos Interinstitucionales «Legislar mejor» (1),

—

Vistos los aspectos prácticos acordados el 22 de julio de 2011 entre los servicios competentes del Parlamento Europeo y del Consejo para la aplicación del artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) en caso de alcanzar acuerdos en primera lectura,

—

Vista su Resolución, de 4 de febrero de 2014, sobre la adecuación de la normativa de la UE y la subsidiariedad y la proporcionalidad — 19o Informe «Legislar mejor» correspondiente al año 2011 (2),

—

Vista su Resolución, de 27 de noviembre de 2014, sobre la revisión de las directrices de evaluación del impacto de la Comisión y el papel de la prueba de las pymes (3),

—

Visto su Resolución, de 25 de febrero de 2014, sobre el seguimiento en relación con la delegación de poderes legislativos y el control, por parte de los Estados miembros, del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (4),

—

Vista su Resolución, de 13 de septiembre de 2012, sobre el XVIII Informe «Legislar mejor» — Aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad (2010) (5),

—

Vista su Resolución, de 14 de septiembre de 2011, sobre legislar mejor, subsidiariedad, proporcionalidad y normativa inteligente (6),

—

Vista su Resolución, de 8 de junio de 2011, sobre el aseguramiento de evaluaciones de impacto independientes (7),

—

Vistas las conclusiones del Consejo sobre normativa inteligente, de 4 de diciembre de 2014,

—

Visto el informe de la Comisión sobre el Programa de adecuación y eficacia de la reglamentación (REFIT): situación actual y perspectivas (COM(2014)0368),

—

Vistas las anteriores comunicaciones de la Comisión sobre la adecuación de la normativa de la UE (COM(2012)0746 y (COM(2013)0685),

—

Visto el Informe de la Comisión sobre subsidiariedad y proporcionalidad (19o Informe «Legislar mejor» correspondiente al año 2011) (COM(2012)0373),

—

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Normativa inteligente: responder a las necesidades de las pequeñas y medianas empresas» (COM(2013)0122),

—

Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión relativo al seguimiento y la consulta sobre la normativa inteligente para las PYME (SWD(2013)0060),

—

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Normativa inteligente en la Unión Europea» (COM(2010)0543),

—

Vistas las Directrices para 2014 sobre la consulta de las partes interesadas, de la Comisión,

—

Visto el informe final, de 24 de julio de 2014, del Grupo de alto nivel de partes implicadas independientes sobre cargas administrativas titulado «La reducción de la burocracia en Europa — Legado y perspectivas», y en particular la opinión discrepante recogida en el Anexo 12 y formulada por cuatro miembros del Grupo de alto nivel con una trayectoria en la defensa de los trabajadores, la salud pública, el medio ambiente y los consumidores,

—

Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 10 de diciembre de 2014 (8),

—

Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Legislar mejor para obtener mejores resultados — Agenda de la UE» (COM(2015)0215),

—

Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulada «Propuesta de Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación» (COM(2015)0216),

—

Vistas la Decisión de la Comisión sobre el establecimiento de la plataforma REFIT (C(2015)3261), y la Decisión de la Comisión titulada «La plataforma REFIT — Estructura y funcionamiento» (C(2015)3260),

—

Vistas la Decisión del Presidente de la Comisión Europea sobre la creación de un comité independiente de control de la reglamentación (C(2015)3263), la Comunicación de la Comisión titulada «Comité de Control Reglamentario — Misión, funciones y personal» (C(2015)3262), y la Comunicación de la Comisión titulada «Standard Explanatory Memorandum» (C(2015)3264/2);

—

Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión titulado «Directrices para la mejora de la legislación» (SWD(2015)0111),

—

Visto el artículo 52 de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y las opiniones de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, y de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A8-0208/2015),

A.

Considerando que el programa REFIT es un elemento esencial de la nueva estrategia de la Comisión para la mejora de la legislación;

B.

Considerando que el programa REFIT constituye un intento de consolidar procedimientos para legislar mejor, simplificar el Derecho de la UE y reducir las cargas administrativas o normativas, así como de iniciar un camino que lleve hacia la buena gobernanza basada en la formulación de políticas a partir de datos sólidos, en la que las evaluaciones de impacto y los controles ex post desempeñen un papel importante, sin sustituir a las decisiones políticas;

C.

Considerando que, para apoyar su actividad relativa al programa REFIT, la Comisión ha creado una nueva plataforma REFIT que consta de dos grupos: el «Grupo de representantes de los Gobiernos», compuesto por expertos de alto nivel de la administración pública de cada Estado miembro, y el «Grupo de partes interesadas», compuesto por un máximo de veinte expertos, dos de los cuales representan al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones y los demás representan a las empresas (incluidas las pymes), los interlocutores sociales y organizaciones de la sociedad civil;

D.

Considerando el boletín anual de REFIT, que permite valorar los avances realizados en todos los ámbitos políticos y respecto de las iniciativas seleccionadas por la Comisión, incluyendo las medidas adoptadas por el Parlamento y el Consejo;

E.

Considerando que el Acuerdo Interinstitucional «Legislar mejor» de 2003 se ha quedado anticuado a raíz de la creación del actual entorno legislativo en virtud del Tratado de Lisboa;

F.

Considerando que en los últimos años el programa para regular mejor ha contribuido, no obstante, a la mejora de las prácticas legislativas; y que el gran número de denominaciones y programas distintos presentados por la Comisión en este ámbito, tales como «mejora de la legislación», «legislar mejor», «normativa inteligente», «adecuación de la reglamentación», «pensar primero a pequeña escala», «comprobaciones de la adecuación» y «ABR+», no aportan claridad y transparencia suficientes, especialmente a los ciudadanos, sobre los objetivos de las medidas, por lo que es preciso combinarlas mejor;

G.

Considerando que, con su Comunicación titulada «Legislar mejor para obtener mejores resultados — Agenda de la UE», de 19 de mayo de 2015, la Comisión ha propuesto mantener en adelante un enfoque coherente y global para legislar mejor, que tiene en cuenta todo el ciclo político de la legislación y exige una interacción de todas las instituciones en pos de los objetivos perseguidos, y que por ello dicha comunicación va a ser detenidamente estudiada por el Parlamento a fin de obtener los mejores resultados posibles en interés de los ciudadanos de la Unión;

H.

Considerando que todos los fines y objetivos de la Unión enunciados en el artículo 3 del TUE revisten idéntica importancia; y que la Comisión subraya que el programa REFIT no cuestiona los objetivos políticos existentes, ni debería incidir negativamente en la salud y la seguridad de los ciudadanos, los consumidores, los trabajadores o el medio ambiente;

I.

Considerando que, durante la segunda mitad de 2014, la Comisión realizó consultas públicas sobre la revisión de sus directrices sobre la evaluación de impacto y sobre sus directrices sobre la consulta de las partes interesadas;

J.

Considerando que la Comisión, al establecer su programa de trabajo para 2015, aplicó por vez primera el llamado principio de discontinuidad política para justificar la retirada de un gran número de propuestas legislativas pendientes;

K.

Considerando que, en su programa de trabajo para el año 2015, la Comisión Europea preveía centrar su actuación en los grandes retos económicos y sociales, y que su nueva estructura va dirigida a asegurar un enfoque político coherente, lo que permitirá incrementar la transparencia en la UE y, en consecuencia, la aceptación entre los ciudadanos;

1.

Toma nota de la decisión del Presidente de la Comisión, Sr. Juncker, de encomendar al vicepresidente primero de la Comisión la cartera de legislar mejor, lo cual responde a los llamamientos del Parlamento y pone de manifiesto la gran importancia política de este asunto; confía en que este nombramiento haga que la legislación europea, que es de la máxima calidad posible, satisfaga las expectativas de los ciudadanos y otras partes interesadas y garantice que no se ponen en peligro los objetivos de política pública, incluidas las normativas en materia social, de los consumidores, el medioambiente, la salud y la seguridad;

2.

Destaca que el objetivo de legislar mejor debe abarcar la «cultura» de la administración pública a todos los niveles de la Unión Europea, teniendo en cuenta la excesiva burocratización a escala de la UE y la necesidad de simplificar la legislación, y debe incluir la aplicación y ejecución de los actos de la Unión a escala europea así como a escala nacional, regional y local, a fin de garantizar unas prácticas administrativas correctas y una conducta más «favorable para Europa» a todos los niveles;

3.

Subraya que la Comisión debe dar prioridad al desarrollo de determinadas medidas y centrarse en la calidad de la legislación y en que se aplique mejor la legislación vigente y no en la cantidad de actos legislativos; señala, en este sentido, que los costes no deben ser el factor decisivo, sino que la calidad de la legislación es el único parámetro de referencia adecuado, y que el programa REFIT no debe utilizarse para menoscabar la sostenibilidad o cualesquiera normativas en materia social, laboral, medioambiental y del consumidor;

4.

Propone que la Comisión tome en consideración la introducción de cláusulas de extinción en la iniciativas legislativas de duración limitada, a condición de que ello no genere inseguridad jurídica, e incluya, si procede, cláusulas de revisión en las medidas legislativas a fin de reevaluar periódicamente la pertinencia constante de las medidas legislativas a nivel europeo;

5.

Destaca que, por regla general, una norma europea sustituye a 28 normas nacionales, lo cual contribuye a reforzar el mercado interior y a reducir la burocracia;

6.

Acoge con satisfacción el paquete de medidas de 19 de mayo de 2015 destinadas a legislar mejor; respalda el compromiso constante mostrado por la Comisión con el programa para legislar mejor; subraya que el trabajo previsto en la Comunicación REFIT debe considerarse como un proceso continuo, garantizando que la legislación vigente a escala europea sea adecuada a los fines perseguidos, alcance el objetivo común de los legisladores y satisfaga las expectativas de los ciudadanos, particularmente de los empleados, las empresas y otras partes interesadas;

7.

Toma nota del compromiso de la Comisión con un nuevo acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación que tiene en cuenta los cambios derivados del Tratado de Lisboa y del Acuerdo marco entre el Parlamento y la Comisión, que consolida las mejores prácticas en ámbitos como la planificación legislativa, las evaluaciones de impacto, los controles sistemáticos ex-post de la legislación de la UE y la aplicación y gestión de los actos delegados y de ejecución, y toma nota de la conclusión de las negociaciones;

8.

Celebra que la Comisión se haya comprometido a que su estrategia para legislar mejor no se dirija a desregular determinadas políticas ni a cuestionar valores que son importantes para nosotros, como la protección social, la protección del medio ambiente y los derechos fundamentales, incluido el derecho a la salud;

9.

Reconoce el intensivo trabajo del Grupo de alto nivel de partes implicadas independientes, que desde hace años viene presentando propuestas de reducción de las cargas administrativas a la Comisión Europea y señalando buenas prácticas con el fin de que la aplicación de la legislación de la UE en los Estados miembros sea lo menos burocrática posible; toma nota de que cuatro miembros del Grupo de alto nivel de partes implicadas independientes se han pronunciado en contra de varias de las conclusiones presentadas en el informe final del Grupo sobre cargas administrativas y han presentado una opinión discrepante; espera que la Comisión tenga en cuenta las preocupaciones de todas las partes interesadas que participan en el proceso;

10.

Destaca la importancia del diálogo social y el respeto de la autonomía de los interlocutores sociales; subraya que, a la luz, en particular, del artículo 9 del TFUE, los interlocutores sociales pueden celebrar, de conformidad con el artículo 155 del TFUE, acuerdos susceptibles de generar legislación de la UE a petición conjunta de las partes signatarias; confía en que la Comisión respete la autonomía de las partes y los acuerdos que negocien, y que tome en serio las preocupaciones de estas, y subraya que el programa para legislar mejor no debe servir de pretexto para hacer caso omiso de los acuerdos alcanzados entre los interlocutores sociales o para eludirlos, y rechazaría, por tanto, las evaluaciones de impacto de los acuerdos de los interlocutores sociales que se le pudieran presentar;

11.

Recuerda que, en la legislatura anterior, la elección entre actos de ejecución y actos delegados dio lugar a numerosas discrepancias interinstitucionales; considera importante, por tanto, que se definan directrices precisas al respecto, tal como solicitó el Parlamento Europeo en su resolución aprobada el 25 de febrero de 2014;

12.

Acoge con satisfacción el anuncio de la Comisión de simplificar la gestión de las subvenciones de la Política Agrícola Común (PAC), los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos y Horizonte 2020;

13.

Acoge con satisfacción el hecho de que la Comisión reconozca la importancia del proceso de consultas en el programa REFIT; destaca que, de conformidad con el apartado 2 del artículo 11 del TUE, todas las instituciones están obligadas a mantener un diálogo abierto, transparente y regular con las asociaciones representativas y la sociedad civil; pide a las instituciones que presten especial atención al diálogo obligatorio y regular con las asociaciones representativas y con la sociedad civil;

14.

Señala que aumentar la transparencia es la única forma de hacer más eficaz el funcionamiento de la Unión y de fortalecer la confianza de la sociedad civil en la UE;

15.

Se congratula, en este sentido, de que la Comisión reconozca que el diálogo con los ciudadanos, los interlocutores sociales y otras partes interesadas del mundo económico y de la sociedad civil contribuye a garantizar la transparencia, la eficacia y la coherencia en la elaboración de la legislación de la UE, y apoya a la Comisión en su propósito de exponer con mayor detalle el camino que recorre hasta presentar sus propuestas, por ejemplo, mediante textos legislativos o comunicaciones de la Comisión;

16.

Observa que la Comisión, dentro de su estrategia para la mejora de la legislación, atribuye un valor claramente mayor a las consultas públicas; toma nota de que en el futuro la Comisión llevará a cabo una consulta pública de doce semanas a) antes de elaborar nuevas propuestas legislativas o b) cuando evalúe las disposiciones existentes y examine su idoneidad o c) cuando presenten hojas de ruta y evaluaciones de repercusiones ex ante; toma nota asimismo de que, además, tras adoptar una propuesta, la Comisión también dará ocasión a los ciudadanos y las partes interesadas de presentar alegaciones, durante un plazo de doce semanas, sobre la propuesta y transmitirá esas alegaciones al Consejo y al Parlamento;

17.

Pide a la Comisión, a este respecto, que evalúe de modo ecuánime y transparente las alegaciones y comentarios de todos los intervinientes en el procedimiento de consulta y, en particular, a que vele por que las organizaciones de intereses bien financiadas y organizadas no puedan hacer un uso indebido de las consultas públicas para sus propios fines; pide a la Comisión que haga públicas las conclusiones que extrae de las consultas;

18.

Observa que las evaluaciones de impacto solo pueden publicarse una vez que la Comisión haya adoptado la iniciativa política correspondiente; considera necesario, en aras de la transparencia de las decisiones de la Comisión, que las evaluaciones de impacto también se publiquen cuando la Comisión haya decidido no presentar una propuesta legislativa;

19.

Observa que el Comité Económico y Social, con su estatuto consultivo, cumple una función fundamental de representación de la sociedad civil; señala que el Comité de las Regiones, también dotado de estatuto consultivo, cumple una función fundamental de representación de las autoridades locales y regionales de la UE y de evaluación de la aplicación de la legislación de la Unión; señala que, con arreglo a la legislación en vigor, ambos organismos consultivos pueden ser consultados de antemano por el Parlamento, por el Consejo o por la Comisión, siempre que el Parlamento y la Comisión lo consideren oportuno; considera que si son consultados sobre cuestiones concretas y con la debida antelación y si se aprovechan sus competencias específicas, esta consulta puede contribuir a la mejora de la legislación;

20.

Considera que debe haber una mayor participación de las autoridades regionales y locales en la elaboración de las políticas de la UE, en particular asociando los conocimientos y la experiencia de los Estados miembros a escala regional y local en una fase temprana de la preparación de la legislación; señala que todas las instituciones deben observar, en sus funciones legislativas, los principios de subsidiariedad y proporcionalidad;

21.

Acoge con satisfacción el propósito de la Comisión de hacer más transparente el proceso legislativo y de permitir una mayor participación de los ciudadanos y los representantes de intereses en todo el proceso;

22.

Acoge con satisfacción la decisión de la Comisión de llevar a cabo consultas públicas durante doce semanas también sobre proyectos de actos jurídicos delegados y actos de ejecución importantes antes de que los Estados miembros acuerden su postura en el comité pertinente;

23.

Pide a la Comisión que revise las directrices sobre la evaluación, intensificando la participación y la consulta de las partes interesadas y utilizando el modo más directo para permitir a los ciudadanos europeos participar en los procesos de toma de decisiones;

24.

Toma nota del nuevo apartado «Aligerar la carga — Dé su opinión» («Lighten the Load — Have your say») de las páginas web de la Comisión sobre la mejora de la legislación, y pide que la Comisión y la nueva plataforma REFIT hagan una valoración ecuánime y transparente de los comentarios que allí se viertan; considera, no obstante, que el grupo especial REFIT no debería incurrir en procedimientos y deliberaciones demasiado gravosos, sino ser un órgano capaz de responder con rapidez y trabajar más detenidamente en el proceso legislativo europeo; estima que las consultas a través de la página web de la Comisión no pueden sustituir a las consultas públicas con las partes interesadas;

25.

Pone de relieve que las evaluaciones de impacto son una importante herramienta de apoyo a la toma de decisiones en todas las instituciones de la UE y contribuyen de manera significativa a la mejora de la legislación; pide a la Comisión y a los Estados miembros, a este respecto, que sean más rigurosos a la hora de cumplir sus compromisos y de evaluar las repercusiones de la legislación vigente o futura; subraya, no obstante, que dichas evaluaciones no pueden sustituir las valoraciones y decisiones políticas y que en modo alguno se puede limitar la libertad de los diputados al Parlamento Europeo en el desempeño de su actividad política;

26.

Estima que la evaluación de la competitividad debe constituir una parte significativa del proceso de evaluación del impacto; considera que el proyecto de directrices revisadas debe contener indicaciones sobre cómo se debe evaluar y ponderar en el análisis final el impacto en la competitividad; apoya el principio vigente según el cual las propuestas con un impacto negativo en la competitividad no deben ser aprobadas por la Comisión a menos que se presenten pruebas que demuestren unos beneficios significativos imposibles de cuantificar;

27.

Considera que los principios para la mejora de la legislación deben aplicarse no solo a la legislación primaria sino también a las decisiones relativas a la legislación secundaria; pide a la Comisión que, cuando proceda, adjunte a los actos delegados y de ejecución una evaluación de impacto que incluya consultas con las partes interesadas;

28.

Estima que las evaluaciones de impacto han de ser exhaustivas y que es necesario evaluar de forma equilibrada, en particular, las repercusiones económicas, sociales y medioambientales y el impacto sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos y la igualdad entre hombres y mujeres; subraya que el análisis coste-beneficio solo es uno de tantos criterios;

29.

Señala que en muchos Estados miembros, como Suecia, la República Checa, los Países Bajos, el Reino Unido y Alemania, existen organismos independientes que asisten a los Gobiernos de forma constructiva en los procesos legislativos, con el objetivo de reducir el coste administrativo para las empresas y los ciudadanos y disminuir de forma cuantificable y comprobable los costes que suponen las obligaciones de información; señala que podrían tomarse en consideración las mejores prácticas y la experiencia de los organismos existentes de mejora de la legislación; toma nota de la conversión del Comité de Evaluación de Impacto (CEI) de la Comisión en un «Comité de Control Reglamentario» independiente y confía en que la inclusión de expertos independientes tenga un efecto beneficioso en el proceso de evaluación de impacto dentro de la Comisión; insiste en que el Comité de Control Reglamentario debe ejercer una función exclusivamente consultiva y en que no tenga que emitir dictámenes vinculantes; insiste asimismo en que las evaluaciones de impacto deben ser coherentes y tener en cuenta, por tanto, las modificaciones introducidas en la fase de consulta interservicios y que deben basarse, en particular, en una estimación de los costes adicionales para los Estados miembros caso de no existir una solución a escala europea; considera que la opinión del Comité de Control Reglamentario debe acompañar a la propuesta legislativa final; propone que en las próximas negociaciones sobre el Acuerdo interinstitucional se trate la idea de que el Comité de Control Reglamentario sea de interés común para las instituciones en calidad de órgano exclusivamente consultivo;

30.

Acoge con satisfacción el hecho de que en estos momentos, en una fase temprana del debate sobre propuestas legislativas específicas, los grupos de trabajo del Consejo se dispongan a considerar las evaluaciones de impacto pertinentes de la Comisión sobre la base de una lista indicativa; deplora, no obstante, que la Secretaría del Consejo aún no disponga de una unidad de evaluación de impacto propia y considera que la solución mencionada podría contribuir a que el Consejo cumpla sus obligaciones de evaluar cualquier modificación sustancial de las propuestas de la Comisión;

31.

Señala que el Parlamento Europeo ha establecido su propia Dirección de Evaluación de Impacto y Valor Añadido Europeo que ofrece múltiples servicios de evaluación de impacto ex ante y ex post a las comisiones parlamentarias, de evaluación del valor añadido de las futuras o actuales políticas de la UE y de valoración de las opciones políticas en los campos de la ciencia y la tecnología; observa que, según datos de la Comisión, los servicios internos del Parlamento han efectuado unas veinte evaluaciones de impacto en relación con modificaciones de las propuestas de la Comisión; recuerda a las comisiones especializadas del Parlamento que aprovechen de forma más coherente los instrumentos de evaluación de impacto internos, sobre todo siempre que se planteen introducir modificaciones sustanciales en la propuesta inicial de la Comisión; señala, no obstante, que ello no debe dar lugar a una limitación del margen de actuación de los diputados al Parlamento Europeo;

32.

Hace hincapié en la necesidad de tener en cuenta cada uno de los principios en los que se fundamenta la Unión, sobre todo los principios de subsidiariedad y proporcionalidad; pide a todas las instituciones de la UE que consideren siempre los efectos de la legislación a corto y a largo plazo;

33.

Señala que el periodo de reflexión tras la conclusión de las negociaciones pero antes de la votación final —utilizado actualmente para la revisión por parte de los juristas-lingüistas— podría emplearse también para realizar una evaluación de impacto y una comprobación de la subsidiariedad;

34.

Opina que todas las instituciones de la UE deben desarrollar un enfoque metodológico común con respecto a las evaluaciones de impacto; subraya que las prerrogativas legislativas del Parlamento y del Consejo de modificar una propuesta de la Comisión deben permanecer inalteradas;

35.

Insta a la Comisión a que amplíe su procedimiento de consultas, tanto públicas como privadas, con todas las partes interesadas —entre ellas, los consumidores— a la hora de elaborar actos delegados y de ejecución, con el fin de examinar cómo dar a conocer mejor las propuestas en la fase provisional;

36.

Toma nota del compromiso asumido por la Comisión de seguir mejorando la prueba de las pymes, sobre todo teniendo en cuenta que los más de veinte millones de pequeñas y medianas empresas representan el 99 % del total de las empresas de la UE y que, por tanto, las pymes constituyen la espina dorsal de la actividad económica, el crecimiento y el empleo; es partidario de que se examine la posibilidad de aplicar disposiciones adaptadas y regímenes menos estrictos para las pymes en las evaluaciones de impacto cuando se pueda demostrar que ello no socava la eficacia de la legislación y que las exenciones o los regímenes menos estrictos no favorecen la fragmentación del mercado interior ni obstaculizan el acceso al mismo; acoge con satisfacción, por tanto, la promesa de la Comisión de que considerará introducir regímenes menos estrictos para las pymes, incluida la exención sin reservas para las microempresas, siempre y cuando sea adecuado y factible y no se comprometa con ello la consecución efectiva de los objetivos sociales, ecológicos y económicos de un acto jurídico propuesto;

37.

Pide a la Comisión que no rebaje sus ambiciones de reducir la carga administrativa que pesa sobre las pymes y contribuir así a establecer las condiciones necesarias para la creación de empleos de calidad, e insta a que se tomen medidas a fin de no hacer peligrar los objetivos de interés público, incluidas las normas de consumo, ambientales, sociales y de salud y seguridad, así como en materia de igualdad entre hombres y mujeres; destaca que la reducción de la carga administrativa no debe provocar un deterioro de las normas laborales ni un aumento de los contratos de empleo precarios, y que los trabajadores de las pymes y las microempresas deben disfrutar del mismo trato y alto nivel de protección que los trabajadores de las grandes empresas;

38.

Hace hincapié en que la evaluación del impacto de las nuevas reglamentaciones en las pymes no debe, en ningún caso, ir en detrimento de los derechos de los trabajadores;

39.

Hace hincapié en la necesidad de contar con una normativa redactada con mayor claridad, que pueda aplicarse de manera sencilla y ayudar a todos los actores a operar en el marco del Estado de Derecho; subraya que una reglamentación más sencilla e inteligente puede favorecer una transposición coherente y una aplicación más eficaz y uniforme por parte de los Estados miembros;

40.

Celebra que la Comisión esté convirtiendo el análisis ex post en un elemento esencial del objetivo de legislar mejor; subraya que, en interés de la seguridad jurídica de los ciudadanos y las empresas, dichos análisis deben llevarse a cabo dentro de un plazo suficiente, preferentemente varios años después de la fecha límite de transposición del acto al Derecho nacional; recuerda, no obstante, que las evaluaciones ex post no deben sustituir nunca la obligación que tiene la Comisión, como guardiana de los Tratados, de controlar de manera efectiva y a su debido tiempo la aplicación del Derecho de la Unión por parte de los Estados miembros, así como de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la buena aplicación del mismo;

41.

Subraya la importancia de la evaluación ex post y de la valoración de los resultados de las políticas para evaluar la aplicación y la eficacia de la legislación y de las políticas de la UE con respecto a los resultados perseguidos por el legislador;

42.

Considera conveniente asociar a los Parlamentos nacionales a la evaluación ex post de los nuevos actos legislativos, ya que ello mejoraría también los informes de la Comisión y ayudaría a estudiar las distintas dificultades que plantean, a escala nacional, cada una de las leyes y normativas;

43.

Toma nota de que, según la Comisión, un tercio de la carga administrativa y reglamentaria de la legislación de la UE se deriva de las medidas de transposición adoptadas por los Estados miembros;

44.

Reconoce que, en el caso de las directivas, los Estados miembros tienen la prerrogativa de decidir si adoptan, a escala nacional, unas normas sociales, ambientales y de protección de los consumidores más exigentes que las acordadas a escala de la UE, y acoge con satisfacción cualquier decisión en este sentido; corrobora que adoptar normas más exigentes no se puede considerar sobrerregulación; pide, no obstante, a las autoridades nacionales competentes que tomen conciencia de las posibles consecuencias de la práctica conocida como «sobrerregulación», con la cual se añaden trabas burocráticas innecesarias a la legislación de la UE, dado que dicha práctica puede inducir una idea errónea acerca de la actividad legislativa de la UE, lo cual a su vez podría fomentar el euroescepticismo; pide a los Estados miembros que, en aras de la cercanía a los ciudadanos, supriman las normas administrativas superfluas establecidas en el marco de la aplicación de directivas y reglamentos;

45.

Alienta a la Comisión y a los Estados miembros a que intensifiquen el intercambio de mejores prácticas en la aplicación y ejecución de las directivas de la UE; considera que esto podría alentar a las partes interesadas y a las autoridades locales y regionales a participar en la identificación de las dificultades detectadas al aplicar las política de la UE a escala local, regional y nacional;

46.

Subraya el interés del Parlamento Europeo, como colegislador, por conocer las repercusiones reales de la legislación de la UE tras su aplicación; por ese motivo, pide a la Comisión que conceda al Parlamento pleno acceso a toda evaluación en ese sentido, en particular a los datos fuente recabados y a los documentos preparatorios;

47.

Pide a la Comisión que, en vista de los graves y persistentes problemas derivados de la aplicación del Reglamento (CE) no 1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos, en particular los problemas de distorsión de la competencia, revise el fundamento científico, la utilidad y el realismo de dicho Reglamento y, si procede, elimine el concepto de «perfil nutricional»; considera que los objetivos del Reglamento (CE) no 1924/2006, como la veracidad de las declaraciones sobre alimentos y las indicaciones específicas relativas al contenido de grasa, azúcar y sal, han sido alcanzados, entretanto, mediante el Reglamento (UE) no 1169/2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor;

48.

Recuerda la Declaración política conjunta, de 28 de septiembre de 2011, de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explicativos, y la Declaración política conjunta, de 27 de octubre de 2011, del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre los documentos explicativos, y pide a la Comisión que garantice el acceso del Parlamento a dichos documentos explicativos;

49.

Toma nota de que la Comisión recién elegida, invocando el principio de discontinuidad política, ha decidido por primera vez, en su programa de trabajo para 2015, reexaminar todas las propuestas legislativas pendientes;

50.

Señala que el Tribunal de Justicia confirmó, en su sentencia de 14 de abril de 2015 (9), que la Comisión tiene la potestad, en cualquier etapa del procedimiento de adopción de un acto de la Unión por la vía legislativa ordinaria, de retirar una propuesta mientras el Consejo no haya actuado; pide, por tanto, a la Comisión que, en aras del equilibrio interinstitucional, consulte primero al Parlamento en caso de que desee retirar una propuesta, en particular tras la primera lectura, y que tenga debidamente en cuenta sus posiciones; en este contexto se remite, en particular, a las resoluciones del Parlamento de 15 de enero de 2015;

51.

Destaca, además, que el Tribunal de Justicia, en esa misma sentencia, retoma los argumentos del Consejo según los cuales la Comisión, en caso de retirada de una propuesta legislativa, debe respetar el principio de atribución de competencias, el principio de equilibrio institucional y el principio de cooperación leal, enunciados en el artículo 13, apartado 2, del TUE, y el principio de democracia, consagrado en el artículo 10, apartados 1 y 2, del TUE;

52.

Destaca la importancia de evitar la duplicación de la legislación;

53.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión así como a los Parlamentos nacionales.

15.2.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 58/48

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 28 de noviembre de 2014, titulada «Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2015» (COM(2014)0902),

—

Vistas su Resolución, de 7 de febrero de 2013, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre la gobernanza del mercado único (1), y la respuesta de la Comisión, adoptada el 8 de mayo de 2013,

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 8 de junio de 2012, titulada «Mejorar la gobernanza del mercado único» (COM(2012)0259),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 18 de junio de 2014, titulada «Programa de adecuación y eficacia de la reglamentación (REFIT): Situación actual y perspectivas» (COM(2014)0368),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 7 de marzo de 2013, titulada «Normativa inteligente: responder a las necesidades de las pequeñas y medianas empresas» (COM(2013)0122),

—

Vistas las conclusiones del Consejo Europeo celebrado los días 26 y 27 de junio de 2014,

—

Vistas las conclusiones del Consejo de Competitividad sobre normativa inteligente, de 4 de diciembre de 2014,

—

Vista su Resolución, de 11 de marzo de 2015, sobre la gobernanza del mercado único en el marco del Semestre Europeo 2015 (2),

—

Vistas su Resolución, de 27 de febrero de 2014, sobre Solvit (3), y la respuesta de la Comisión, adoptada el 28 de mayo de 2014,

—

Visto el estudio encargado por su Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor sobre una normativa inteligente del mercado interior,

—

Vista la edición en línea de abril de 2015 del Cuadro de indicadores del mercado único,

—

Visto el artículo 52 de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A8-0278/2015),

A.

Considerando que el mercado único es un instrumento clave para relanzar el crecimiento económico y la creación de empleo en la Unión;

B.

Considerando que, más de veinte años después de su creación oficial, el marco del mercado único aún está fragmentado, en concreto debido a que los Estados miembros no han transpuesto totalmente o no han aplicado correctamente la legislación de la Unión;

C.

Considerando que es necesario reforzar la gobernanza del mercado único abordando el conjunto del ciclo político;

D.

Considerando que la próxima estrategia para el mercado interior debe centrarse en la mejora de la regulación del mercado único esforzándose por aprender de las experiencias del pasado en los ámbitos de la libre circulación de bienes y servicios, el mercado único digital, las cualificaciones profesionales y la contratación pública;

E.

Considerando que la Unión debe basarse en el concepto de responsabilidad compartida a la hora de mejorar la regulación del mercado único;

F.

Considerando que la responsabilidad en materia de subsidiariedad no se detiene en la Comisión, el Consejo y el Parlamento, sino que también implica a los parlamentos nacionales y, en su caso, regionales; que el principio de subsidiariedad supone que las políticas deben decidirse en el nivel institucional más adecuado, ya sea este local, regional, nacional o europeo;

G.

Considerando que contamos con un mercado único de bienes pero no de servicios;

H.

Considerando que es preciso reforzar, revisar o promover mejor instrumentos específicos con el fin de contribuir positivamente a la creación de un marco regulador competitivo para nuestras empresas, al apoyo al crecimiento y la creación de empleo, así como a una mayor confianza de los consumidores en la legislación europea;

I.

Considerando que tanto los ciudadanos como las empresas tienen un conocimiento muy escaso de los distintos servicios de asistencia, como «Tu Europa» y Solvit;

J.

Considerando que no existen suficientes indicadores y datos para medir el éxito de la aplicación de la legislación en las diferentes áreas del mercado único;

K.

Considerando que dichos indicadores y datos permitirían arrojar luz sobre el objetivo y la finalidad de la legislación en la materia;

L.

Considerando que la innovación digital avanza más rápido que la política y que los emprendedores están impulsando la agenda digital; que es extremadamente importante prever normas que sean digitales por defecto y que resistan el paso del tiempo;

M.

Considerando que la transposición, aplicación y cumplimiento adecuados de los derechos de los consumidores y de la legislación sobre consumidores es esencial para lograr un nivel elevado de protección de los consumidores en la Unión;

N.

Considerando que una de las principales prioridades de la Cumbre Europea del Consumidor 2015 —un foro anual que reúne a los principales legisladores y partes interesadas internacionales y europeos— fue la mejora de la aplicación y el cumplimiento de la legislación;

1.

Pide a la Comisión que tenga en cuenta las recomendaciones que contiene la presente Resolución en la aplicación de su reciente estrategia para el mercado interior;

2.

Considera que la mejora de la regulación del mercado único debe ser una prioridad y una responsabilidad compartida de las instituciones de la Unión; estima que una buena legislación redunda en beneficio de los ciudadanos y debe contribuir a estimular la competitividad, la creación de empleo, el crecimiento y el desarrollo de las pymes, a la vez que ofrece un nivel elevado de protección de los consumidores, y que ha de hacerlo de manera que estimule, en lugar de frustrar, la economía europea;

3.

Concibe «una mejor regulación» en el marco del ciclo político en su totalidad, en el que todos los elementos contribuyen a la eficiencia y la eficacia de la normativa; considera, por tanto, que, ya desde el momento de la evaluación de impacto inicial, deben preverse indicadores concretos para medir los resultados de la legislación de que se trate, y que dichos indicadores han de utilizarse en todo el ciclo político, también en relación con la aplicación de la legislación cuando entra en vigor;

4.

Recuerda, en este contexto, la importancia de la transparencia y la accesibilidad de la información; lamenta que, mientras los documentos del Parlamento son de acceso público, no lo sean los documentos del Consejo, que, al contrario, siguen siendo de acceso restringido;

5.

Cree que el principio de subsidiariedad debe representar el punto de partida para la elaboración de todas las políticas, de manera que se acentúe el «valor añadido europeo» en la gobernanza del mercado único;

6.

Observa que los plazos aplicados al mecanismo de subsidiariedad no siempre permiten a los parlamentos disponer de tiempo suficiente para examinar en detalle los aspectos relacionados con la aplicación, la coherencia con la legislación vigente u otras cuestiones de índole práctica; considera, por consiguiente, que los propios parlamentos podrían desempeñar un papel más activo, en especial en los procesos de consulta;

7.

Considera que las instituciones deben comprometerse de forma conjunta a velar por que, en la elaboración de la legislación de que se trate, quede reflejado el principio de proporcionalidad; cree, asimismo, que el proceso debe garantizar la sencillez, la transparencia, la coherencia y el respeto de los derechos fundamentales;

8.

Pide a la Comisión y al Consejo que estudien, junto con el Parlamento, el mejor modo de garantizar que la simplificación es un objetivo permanente, ya que los esfuerzos en estos ámbitos redundan en beneficio de los consumidores y las pymes;

9.

Considera que la normativa sobre el mercado único debe tener en cuenta las nuevas oportunidades que ofrece la revolución digital, y ser plenamente compatible con la administración electrónica;

10.

Invita a la Comisión a reforzar el papel del mercado único como un pilar aparte del proceso del Semestre Europeo, que debe contar con el apoyo de un informe anual sobre la integración del mercado único, como contribución al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento;

11.

Cree que la legislación relativa al mercado único debe tener como objetivo un mejor funcionamiento del mercado único, ha de desarrollarse de conformidad con el artículo 3, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (TUE) y debe servir para promover la competitividad, la innovación, el crecimiento y la creación de empleo; considera que unas evaluaciones de impacto eficaces constituyen una herramienta importante para informar a los responsables políticos sobre la mejor manera de elaborar la legislación de modo que se logren estos fines y sus objetivos en relación con el mercado único, así como sobre los posibles efectos de su interacción con la legislación en vigor;

12.

Lamenta que alrededor del 40 % de los proyectos de evaluación de impacto examinados por el Comité de Evaluación de Impacto de la Comisión entre 2010 y 2014 se consideraran de calidad insuficiente y se devolvieran para que fuesen mejorados;

13.

Considera que, para ser herramientas eficaces, las evaluaciones de impacto han de basarse en información y pruebas exhaustivas, objetivas y completas y estudiar todas las posibilidades que tienen una incidencia significativa o que son importantes desde el punto de vista político; cree que las evaluaciones de impacto deben realizarse de manera que también tengan en cuenta las evaluaciones ex post de la legislación vigente en el mismo sector, y que deben analizar la coherencia de una nueva iniciativa legislativa con las demás políticas y objetivos generales de la Unión;

14.

Lamenta que todavía se detecten deficiencias en las evaluaciones de impacto presentadas al Parlamento en relación con los proyectos de propuestas, tal como ha puesto de manifiesto, por ejemplo, la Unidad de Evaluación Ex Ante del Parlamento en su análisis de la evaluación de impacto que acompaña a la propuesta sobre la comercialización de equipos radioeléctricos;

15.

Piensa que un examen atento de la información científica debe formar parte del proceso de evaluación de impacto y, en particular, ha de justificar cómo y por qué se han elegido determinadas opciones políticas en las fases preparatorias, lo que contribuirá al proceso de elaboración de políticas; considera asimismo que las evaluaciones de impacto deben tener en cuenta los adelantos en materia de innovación digital, y su evolución, así como la necesidad de que la legislación sea neutra desde un punto de vista tecnológico y resista al paso del tiempo lo mejor posible;

16.

Subraya que no se ha dado ninguna orientación clara sobre si es necesario cuantificar o no los posibles impactos de las propuestas REFIT; subraya la necesidad de que las propuestas REFIT sean más específicas y se cuantifiquen las posibles ventajas y ahorros en cada propuesta;

17.

Señala que la evaluación de impacto que acompaña a una propuesta debe completarse con evaluaciones de impacto sobre las modificaciones importantes adoptadas por los colegisladores; hace hincapié en que deben establecerse normas claras y transparentes que establezcan las condiciones aplicables a la realización de dichas evaluaciones de impacto adicionales; recuerda, por ejemplo, que el Parlamento ha evaluado atentamente el impacto potencial sobre las pymes de algunas de las modificaciones que aportó a las dos Directivas sobre contratación pública; insta, por tanto, al Consejo — que desde 2007 no ha hecho ninguna evaluación de impacto de sus propias modificaciones — a implicarse más;

18.

Recuerda que la responsabilidad en materia de subsidiariedad no se detiene en la Comisión, el Consejo y el Parlamento, sino que también implica a los parlamentos nacionales;

19.

Observa que, en el estudio encargado por la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor sobre una normativa inteligente del mercado interior, se afirma que el Parlamento Europeo y el Consejo pueden aportar consejos muy valiosos en el marco de las evaluaciones de impacto de la Comisión; invita a la Comisión a explorar vías para incluir al Parlamento y al Consejo en el proceso de elaboración de las evaluaciones de impacto;

20.

Recuerda que, de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del TUE, todas las instituciones deben mantener un diálogo abierto, transparente y regular con las asociaciones representativas, la sociedad civil y los interlocutores sociales;

21.

Considera que la fase de consulta debe incluir siempre una sección «digital por defecto» que permita a la Comisión entender en profundidad las necesidades de los usuarios, así como lo que «digital por defecto» significa para el diseño del servicio;

22.

Reitera su posición de que los procesos de consulta deben ser abiertos, transparentes e inclusivos y han de ampliarse para incluir observaciones procedentes de un amplio abanico de partes interesadas sobre los proyectos de evaluaciones de impacto; considera que esto es igual de importante para la legislación derivada, que reviste una gran importancia para la aplicación de la normativa sobre el mercado único y que, por tanto, exige una mayor transparencia y control; considera asimismo que el Código Aduanero de la Unión constituye un ámbito en el que una consulta regular de las partes interesadas podría mejorar la aplicación de la legislación derivada;

23.

Toma nota de las propuestas que abogan por ampliar la fase de programación estratégica del paquete «Legislar mejor», con la inclusión de evaluaciones de impacto iniciales, por ejemplo; considera, no obstante, que sigue faltando una visión de conjunto del proceso de trabajo de la Comisión; pide a la Comisión que refuerce la visibilidad de las hojas de ruta en las que se esbozan iniciativas políticas en sectores específicos, y que facilite su utilización;

24.

Considera que las aportaciones de los ciudadanos y las empresas a los distintos servicios de asistencia, como «Tu Europa» o Solvit, son muy importantes para el proceso legislativo, e invita por tanto a la Comisión a evaluar los datos presentados por estos servicios y a tenerlos en cuenta al revisar la legislación correspondiente;

25.

Considera esencial que se lleve a cabo una consulta amplia, adecuada y equilibrada como parte del proceso legislativo; considera asimismo que la publicación de documentos y pruebas y la invitación a todas las partes interesadas a que contribuyan eficazmente a la elaboración de políticas en este ámbito constituyen acicates importantes en favor de la innovación y el fortalecimiento del mercado único, en particular por lo que se refiere a la agenda del mercado único digital;

26.

Subraya que las pequeñas empresas a menudo no cuentan con tiempo ni recursos para participar en consultas regulares; cree que la Comisión debe encontrar modos innovadores y de fácil aplicación de llegar a las pymes y a las empresas emergentes;

27.

Considera que debe adoptarse un enfoque holístico con respecto a la consulta de las partes interesadas, que debe realizarse de forma continuada a lo largo de todo el ciclo legislativo y no con carácter puntual; reitera, a este respecto, su llamamiento a la Comisión para que estudie la posibilidad de crear un foro europeo de partes interesadas sobre una mejor legislación y menos cargas burocráticas;

28.

Subraya que estas consultas con las partes interesadas han de ser cuanto más inclusivas mejor, y deben implicar, en particular, a las pymes, las microempresas y las organizaciones de la sociedad civil;

29.

Cree que, facilitando las consultas públicas en todas las lenguas oficiales y mejorando su accesibilidad e inteligibilidad, se conseguirá una mayor participación y un acceso más transparente al proceso de consulta;

30.

Considera que la plena y correcta aplicación de la legislación del mercado único es fundamental, y que unos indicadores claros, exhaustivos y pluridimensionales constituyen una contribución útil para que puedan aprovecharse plenamente las ventajas del mercado único; manifiesta su inquietud por el hecho de que no siempre se logren los objetivos de aplicación; pide, en particular, que se aplique plena y correctamente la Directiva de servicios; recuerda el alto grado de heterogeneidad que subsiste entre los Estados miembros y los sectores;

31.

Considera que, como la Comisión procura reducir su producción legislativa, esto permitirá prestar una mayor atención a las iniciativas políticas, lo que permitirá contar con más tiempo y una reflexión más profunda, que se podrá utilizar para promover una mejor participación de las partes interesadas;

32.

Hace hincapié en la importancia de las tablas de correlación para controlar la aplicación correcta; pide a los Estados miembros que establezcan sus propias tablas de correlación;

33.

Lamenta que, pese al objetivo del 0,5 % propuesto por la Comisión en el Acta del Mercado Único, algunos Estados miembros sigan rezagados; destaca que no solo son importantes los objetivos oficiales de transposición y aplicación, sino también la calidad de la transposición, la aplicación práctica sobre el terreno y los problemas o retos que puedan implicar en la vida real para las partes interesadas pertinentes;

34.

Considera que, para llevar a la práctica los beneficios del pleno funcionamiento del mercado único, la Comisión y los Parlamentos deben trabajar conjuntamente para aprender de las mejores prácticas y experiencias obtenidas en la aplicación de la legislación de la UE, con el fin de garantizar que no se pierdan las metas y los objetivos de legislación específica debido a una aplicación deficiente o incoherente en los distintos Estados miembros;

35.

Estima que debe darse una mayor claridad en cuanto a la sobrerregulación y que son necesarias medidas más firmes para detectar aquellos casos en que se produce, que suponen retos y costes suplementarios para las personas y las empresas que quieren comprender y aplicar la legislación adoptada a escala de la UE; pide a los Estados miembros que, en documentos de aplicación, aclaren y especifiquen qué responde a la legislación de la Unión y qué a los requisitos nacionales; recuerda la posibilidad de que los Estados miembros apliquen normas más estrictas cuando la legislación de la UE prevé solo una armonización mínima;

36.

Pide a la Comisión que siga esforzándose en la elaboración y actualización periódica de documentos de orientación sobre las reglamentaciones; aboga, en especial, por una actualización rápida, en estrecha colaboración con el Parlamento Europeo, de la Guía de 2009 para la ejecución/aplicación de la Directiva 2005/29/CE sobre prácticas comerciales desleales, a fin de garantizar que esté adaptada a la era digital; lamenta que la calidad de los servicios difiera en gran medida entre los Estados miembros debido a la falta de priorización y recursos; pide, por tanto, un marco de gobernanza reforzado a escala de la UE con el fin de mejorar el funcionamiento de estos instrumentos y servicios;

37.

Considera que la resolución alternativa de litigios (RAL) y la resolución de litigios en línea (RLL) son instrumentos clave para mejorar el mercado único de bienes y servicios; destaca que permitirán a los consumidores y operadores económicos resolver sus litigios de un modo sencillo y eficaz con respecto a los costes, sin recurrir a los tribunales; anima a la Comisión y a los Estados miembros a aumentar la sensibilización sobre estas importantes herramientas;

38.

Subraya que los puntos de contacto únicos para ayudar en la resolución de conflictos, siguiendo el modelo de Solvit, ECC-Net o FIN-Net, son servicios que permiten un mejor funcionamiento del mercado interior; pide a la Comisión que ponga los medios para dar a conocer mejor estas herramientas, así como para desarrollar las complementariedades entre ellas;

39.

Acoge con satisfacción los proyectos Solvit y EU Pilot, dirigidos a evitar la apertura de procedimientos de infracción contra los Estados miembros por parte de la Comisión; considera, no obstante, que los servicios ofrecidos por EU Pilot deberían mejorarse por lo que respecta a la velocidad de respuesta a las notificaciones recibidas;

40.

Considera que el Sistema de Información del Mercado Interior (IMI) debería seguir ampliándose a otras herramientas del mercado único para convertirse en una plataforma central de información; subraya que ello respetaría el principio de «presentación única» acorde con las iniciativas recientes de la Comisión;

41.

Considera que las plataformas digitales, como las ventanillas únicas, IMI e ISA2, son importantes para mejorar el funcionamiento del mercado único, ya que facilitan el intercambio transfronterizo de información entre las autoridades de los Estados miembros;

42.

Se muestra preocupado por el bajo grado de conocimiento y comprensión de los europeos respecto a los servicios de que disponen, como «Tu Europa», «Tu Europa — Asesoramiento», el Servicio Europeo de Empleo, la red de Centros Europeos de Consumidores, las ventanillas únicas, Solvit, la RAL y la RLL;

43.

Considera que servicios como «Tu Europa», «Tu Europa — Asesoramiento», el Servicio Europeo de Empleo, la red de Centros Europeos de Consumidores, las ventanillas únicas, Solvit y Solvit Plus, la RAL y la RLL representan alternativas útiles y de bajo coste a las diligencias judiciales; observa que tan solo el 4 % de los consumidores y las empresas conocen su existencia, y que el recurso a estos servicios es actualmente muy escaso; pide a la Comisión y a los Estados miembros que, a fin de resolver este problema, mejoren el conocimiento de estas herramientas y que examinen si los resultados y las respuestas de estas resultan adecuados para los usuarios; invita asimismo a la Comisión a trabajar en una mejor cooperación entre los distintos servicios de asistencia, como «Tu Europa» o Solvit con objeto de aumentar la satisfacción de los usuarios;

44.

Pide a la Comisión que reflexione en profundidad sobre la interacción entre estos servicios, y que estudie la posibilidad de sustituirlos por una ventanilla única para los consumidores, que los orientaría hacia otras herramientas según fuera el caso;

45.

Considera que esta reflexión debería permitir redefinir los servicios en cuestión para obtener una mejor separación de las actividades y evitar así solapamientos;

46.

Pide a la Comisión que desarrolle una estrategia de comunicación y formación con miras a sensibilizar a los ciudadanos y a las empresas de cualquier tamaño; recomienda, en este contexto, que se cree un portal de acceso único a todos los servicios de asistencia;

47.

Considera que la próxima revisión del Reglamento sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores debería tener plenamente en cuenta la necesidad de mejorar el flujo de información entre las distintas herramientas del mercado único;

48.

Destaca el importante papel de la herramienta de seguimiento de la Comisión, los llamados «barridos» a escala de la Unión Europea, en especial en lo relativo al buen funcionamiento del mercado único digital;

49.

Reconoce una función positiva de los llamados «barridos» a escala de la Unión Europea, lanzados por la Comisión para aumentar el cumplimiento mediante acciones de control coordinadas en el entorno en línea; cree que estas operaciones deberían ampliarse también al sector fuera de línea;

50.

Observa con inquietud que, según informes procedentes de «Tu Europa», existen ámbitos que son sistemáticamente objeto de solicitudes de información de personas que intentan ejercer sus derechos, como por ejemplo, el comercio electrónico y el reconocimiento de las cualificaciones; considera que la Comisión, junto con los organismos nacionales y regionales, debería dar una respuesta a este aspecto con el fin de promover la comprensión y el ejercicio de estos derechos;

51.

Estima adecuado llevar a cabo una evaluación cualitativa y cuantitativa de la aplicación, no solo meras cifras sobre si se han transpuesto o no formalmente las directivas, para comprender plenamente el modo en que la legislación sobre el mercado único está funcionando realmente para los consumidores y las empresas;

52.

Pide a la Comisión que examine si se podría crear un «sistema de alerta rápida» que advierta de la existencia de problemas en lo referente a la aplicación de la legislación de la Unión;

53.

Cree que un cribado sistemático de los mercados de consumidores a escala de la UE detectaría de manera más oportuna las tendencias y los riesgos emergentes para los consumidores y las empresas; resalta, en este contexto, el papel positivo que desempeñan todas las partes interesadas, incluidas las organizaciones de consumidores;

54.

Invita a la Comisión a evaluar los resultados de los puntos de contacto para productos previstos en el Reglamento sobre reconocimiento mutuo de 2009 y en el Reglamento de productos de construcción de 2011;

55.

Subraya la necesidad de estrechar la colaboración entre los instrumentos de gobernanza del mercado único que recogen las quejas de los consumidores sobre las infracciones a la legislación de la UE por parte de un operador comercial y los órganos nacionales encargados de velar por la aplicación de la ley, mediante procedimientos formales y una mejor transmisión de los datos;

56.

Pide a la Comisión que evalúe detalladamente la coherencia y la eficacia de la aplicación y, en última instancia, de los procedimientos de infracción, en particular en lo que respecta a la legislación del mercado único;

57.

Lamenta el limitado acceso del Parlamento a información pertinente relativa a los procedimientos previos a la infracción y a los procedimientos de infracción, y pide una mayor transparencia a este respecto, con el debido respeto de la normas de confidencialidad;

58.

Insta a la Comisión a que inicie un procedimiento de infracción oportuno y más rápido en caso de que existan pruebas que demuestren la falta de aplicación y cuando hayan fracasado los esfuerzos razonables para resolver los problemas mediante instrumentos como la mediación, en forma de RAL, RLL, EU Pilot, Solvit u otros mecanismos previos a la infracción; hace hincapié en que los Estados miembros comparten la responsabilidad del cumplimiento del Derecho de la UE y deben garantizar un cumplimiento efectivo y eficiente para respetar los intereses de los consumidores y crear igualdad de condiciones para las empresas en toda Europa;

59.

Se compromete a ejercer su papel en el cumplimiento de la legislación de la UE, entre otros, mediante la revisión de la puesta en práctica de la legislación y mediante el control de la Comisión, en particular, a través de la participación del Parlamento en la elaboración anual, o al menos más detallada, de informes por parte de la Comisión sobre los programas de trabajo referentes específicamente a la ejecución;

60.

Recuerda que, en su resolución de 4 de febrero de 2014 sobre la aplicación de la Directiva 2005/29/CE (4), relativa a las prácticas comerciales desleales, el Parlamento pidió a la Comisión que recopilara y analizara datos sobre las sanciones aplicadas por los Estados miembros así como sobre la eficiencia de los sistemas de cumplimiento, en particular, con respecto a la complejidad y duración de los procedimientos de ejecución; ha pedido reiteradamente a la Comisión que facilite al Parlamento los resultados de estos análisis;

61.

Considera que conviene utilizar instrumentos de vigilancia del mercado en conjunción con herramientas del mercado único para reforzar la aplicación del Derecho de la Unión;

62.

Apunta, en este sentido, que las autoridades nacionales no siempre utilizan correctamente el Sistema de información y comunicación para la vigilancia del mercado (ICSMS) o no toman las medidas necesarias a su debido tiempo; subraya, en particular, la necesidad de mejorar la transferencia de los expedientes entre autoridades públicas;

63.

Se muestra preocupado por que, según un análisis a partir de muestras efectuado por la Comisión en 2014, el 60 % de los exámenes de los productos no mencionaban el país de origen, el 32 % de los exámenes de maquinaria no iban acompañados de una clasificación de riesgos y el 5 % de los datos no hacían referencia al reglamento o la directiva de la Unión que se habían infringido; pide al Consejo y a los Estados miembros que estudien muy en serio este problema e informen al Parlamento de las medidas que se tomen al respecto;

64.

Acoge con satisfacción la revisión periódica y la introducción de análisis sectoriales en virtud del programa REFIT, cuyo objetivo último debería ser mejorar la calidad y simplificar la legislación de la UE, acercándola de este modo a las necesidades de los ciudadanos y las empresas, con especial atención a las microempresas y las pymes;

65.

Considera, no obstante, que debe mejorarse el análisis para determinar si las medidas legislativas adoptadas hasta el momento han contribuido eficazmente a la consecución de su objetivo y si son coherentes con los actuales objetivos políticos; destaca también la importancia de la transparencia en el proceso del programa REFIT; cree, en este contexto, que un objetivo de reducción de la carga administrativa y reguladora puede contribuir positivamente a garantizar el logro de los objetivos de la manera más eficiente posible y con el menor coste posible para las personas y las empresas;

66.

Observa que el coste acumulativo de la legislación a menudo supone un obstáculo para los participantes en el mercado único, en particular para las pymes; se felicita, por tanto, de que la Comisión se haya comprometido a examinar esta cuestión; hace hincapié en que estos análisis deberían procurar suprimir obstáculos a la entrada del mercado y garantizar la competencia leal para todos los operadores;

67.

Pide a la Comisión que mejore su comprensión de los factores que influyen en el logro de los objetivos de las políticas, como el impacto de políticas complementarias u opuestas adoptadas a escala nacional o de la UE, así como el impacto y los costes de la no actuación, con el fin de mejorar la elaboración de las políticas y, en última instancia, de contribuir a una mejor regulación del mercado único;

68.

Estima que, de manera excepcional, pueden valorarse cláusulas de extinción o de revisión reforzada, en especial para fenómenos temporales, con las que las instituciones se comprometan a mantener la legislación actualizada y conservarla solo cuando sea necesario; opina que las salvaguardias son un medio necesario para garantizar que no expire la vigencia de la legislación esencial;

69.

Subraya, asimismo, que la mejora de la regulación del mercado único no entraña suprimir toda regulación ni disminuir el nivel de ambición de la regulación, por ejemplo, en términos de protección del medio ambiente, seguridad, protección de los consumidores y normas sociales, sino eliminar regulaciones innecesarias, burocracia y efectos negativos, a la vez que se logran los objetivos políticos y se ofrece un entorno regulador competitivo que respalde el empleo y las empresas en Europa;

70.

Subraya que un mercado único que no sobrecargue ni frustre la producción, la innovación y el comercio es un instrumento que permitirá el regreso a Europa de puestos de trabajo y del crecimiento que anteriormente se habían trasladado a otros lugares;

71.

Hace hincapié, por tanto, en que la responsabilidad compartida en la mejora de la regulación del mercado único producirá beneficios compartidos: un mercado único fuerte y dinámico que contribuya al crecimiento de Europa a largo plazo y, con ello, a la prosperidad de sus ciudadanos;

72.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión, al Consejo, al Consejo Europeo y a los Parlamentos y los Gobiernos de los Estados miembros.

15.2.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 58/57

—

Visto el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE),

—

Visto el artículo 165 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

—

Visto el Reglamento (UE) n.o 1288/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se crea el programa «Erasmus+», de educación, formación, juventud y deporte de la Unión y por el que se derogan las Decisiones n.o 1719/2006/CE, 1720/2006/CE y 1298/2008/CE (1),

—

Vista la Decisión n.o 1093/2012/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, relativa al Año Europeo de los Ciudadanos (2013) (2),

—

Visto el Reglamento (UE) n.o 390/2014 del Consejo, de 14 de abril de 2014, por el que se establece el programa «Europa para los Ciudadanos» para el periodo 2014-2020 (3),

—

Vista la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente (4),

—

Vista la declaración sobre la promoción de la ciudadanía y los valores comunes de la libertad, la tolerancia y la no discriminación a través de la educación («Declaración de París») de la reunión informal de los ministros de Educación de la Unión Europea, de 17 de marzo de 2015,

—

Vistas las Conclusiones del Consejo, de 12 de mayo de 2009, sobre un marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación («ET 2020») (5),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 26 de agosto de 2015, titulada «Proyecto de informe conjunto de 2015 del Consejo y de la Comisión sobre la aplicación del marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación (“ET 2020”)» (COM(2015)0408),

—

Vista la Decisión de Ejecución de la Comisión, de 14 de septiembre de 2015, relativa a la adopción del programa de trabajo anual de 2016 para la aplicación del programa «Erasmus+», de educación, formación, juventud y deporte de la Unión (C(2015)6151),

—

Vistas las Conclusiones del Consejo, de 28 y 29 de noviembre de 2011, relativas a un valor de referencia aplicable a la movilidad en la formación (6),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 15 de septiembre de 2015, titulada «Proyecto de informe conjunto de 2015 del Consejo y de la Comisión sobre la aplicación del marco renovado para la cooperación europea en el ámbito de la juventud (2010-2018)» (COM(2015)0429),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 27 de abril de 2009, titulada «Una estrategia de la UE para la juventud: inversión y capacitación — Un método abierto de coordinación renovado para abordar los desafíos y las oportunidades de los jóvenes» (COM(2009)0200),

—

Vista la Resolución del Consejo, de 27 de noviembre de 2009, relativa a un marco renovado para la cooperación europea en el ámbito de la juventud (2010-2018) (7),

—

Vista la Recomendación del Consejo, de 20 de diciembre de 2012, sobre la validación del aprendizaje no formal e informal (8),

—

Vista su Resolución de 15 de mayo de 1992 sobre la política de educación y formación con vistas a 1993 (9),

—

Vista su Resolución de 26 de septiembre de 2006 titulada «Iniciativas que complementen los programas escolares ofreciendo medidas adecuadas de apoyo para la inclusión de la dimensión europea» (10),

—

Vista su Resolución de 23 de septiembre de 2008 titulada «Mejorar la calidad de la formación del profesorado» (11),

—

Visto el artículo 52 de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Cultura y Educación (A8-0021/2016),

A.

Considerando que la educación es un derecho humano fundamental y un bien público al que deben poder acceder todas las personas en igualdad de condiciones;

B.

Considerando que el principal papel de la educación es formar ciudadanos plenamente conscientes, por lo que va más allá del cumplimiento de los objetivos económicos de las estrategias nacionales y de la UE;

C.

Considerando que entre los objetivos de la educación figura la preparación de las personas para la vida y la ciudadanía activa en unas sociedades cada vez más complejas, exigentes, multiculturales e integradas;

D.

Considerando que, según una encuesta de Eurobarómetro de 2014, el 44 % de los ciudadanos de la Unión Europea considera que sus conocimientos sobre el funcionamiento de la UE son limitados y el 52 % de los europeos considera que su opinión no cuenta en la UE (12);

E.

Considerando que en las últimas elecciones al Parlamento Europeo solo votó el 42,61 % de los ciudadanos de la UE, y tan solo el 27,8 % de los jóvenes de edades comprendidas entre los 18 y los 24 años, lo que representa el índice de participación más bajo desde 1979 (13);

F.

Considerando que el conocimiento insuficiente sobre la UE y la escasa comprensión de su valor añadido concreto pueden contribuir a la percepción de un déficit democrático y conducir al euroescepticismo generalizado en los Estados miembros y en los países candidatos; que el déficit democrático ha de subsanarse para cerrar la creciente brecha entre la voz de los ciudadanos europeos y las instituciones de la UE;

G.

Considerando que, según el Eurobarómetro especial n.o 437 de 2015, una inmensa mayoría de los europeos está de acuerdo en que la enseñanza en las escuelas y el material escolar deben incluir información sobre la diversidad en cuanto a religión o creencias, origen étnico, orientación sexual e identidad de género (14);

H.

Considerando que una mayor sensibilización acerca de los beneficios de las políticas europeas, como la libre circulación de personas y servicios en el interior de la Unión y los programas de movilidad de la UE, puede contribuir a la creación de un sentimiento de pertenencia a la UE y de un espíritu comunitario, así como a la aceptación de sociedades multiculturales y multinacionales;

I.

Considerando que unos sistemas educativos y unos planes de estudios eficaces, junto con una mayor influencia y participación de los europeos en el proceso de toma de decisiones políticas de la UE, podría suscitar un mayor interés por los asuntos de la UE, así como un sentimiento de comprensión y pertenencia, lo que contribuiría al mismo tiempo a combatir las divisiones sociales, la segregación cultural y el sentimiento de privación;

J.

Considerando que la mayoría de los Estados miembros ha integrado la adquisición de conocimientos sobre la UE en sus planes de estudios y en los programas de formación del profesorado; que siguen existiendo disparidades entre los Estados miembros y dentro de ellos;

K.

Considerando que, en algunos Estados miembros, los temas de la UE se abordan en diferentes niveles educativos y en distintas materias de la enseñanza obligatoria, y que constituyen generalmente una pequeña parte de los planes de estudios que debe impartir un profesor dado;

L.

Considerando que los conocimientos y las cualificaciones de los profesores y demás personal docente sobre temas de la UE se deben seguir desarrollando y actualizando a través de formación inicial y continua, y que, a este respecto, los centros de enseñanza y los profesores necesitan una ayuda efectiva que se adapte a sus necesidades particulares y sea pertinente para estas;

M.

Considerando que según el estudio Learning Europe at School (Aprender sobre Europa en la escuela) realizado por la consultora privada ICF GHK para la DG de Educación y Cultura (15), son principalmente las instituciones y asociaciones en las que no se imparte educación superior las encargadas de la formación del profesorado sobre temas relacionados con la UE;

N.

Considerando que el estudio de impacto del programa Erasmus presentado por la Comisión en 2014 demuestra los efectos positivos de la movilidad académica y de la internacionalización de los estudios, no solo en los currículos y en la empleabilidad, sino también en los conocimientos sobre Europa, en el desarrollo del sentido de ciudadanía europea, en la actitud positiva hacia Europa y en la participación en las elecciones al Parlamento Europeo;

1.

Subraya la importancia cada vez mayor que está adquiriendo la integración de una dimensión europea en la enseñanza en las diferentes disciplinas, niveles y formas de educación, al tiempo que destaca la necesidad de un conocimiento amplio y profundo del concepto que tenga en cuenta su carácter complejo, dinámico y polifacético, teniendo presente que la adquisición de conocimientos sobre la UE en la escuela constituye un elemento crucial;

2.

Hace hincapié en que la incorporación de una dimensión europea en la enseñanza es fundamental para ayudar a los ciudadanos a comprender mejor la UE —y a reconectarlos a ella— y puede profundizar en el papel de los valores establecidos en el artículo 2 del TUE y reforzar la voz de la Unión en un mundo interdependiente;

3.

Hace hincapié en la necesidad de comprender los valores fundamentales de la Unión Europea y de promover la adhesión a estos; señala que conocer y comprender la historia y los valores comunes de la UE y sus Estados miembros es clave para el entendimiento mutuo, la convivencia pacífica, la tolerancia y la solidaridad, así como para comprender los principios fundamentales de la Unión Europea;

4.

Señala que, dada su repercusión en la vida diaria de sus ciudadanos, la UE debe tener una mayor visibilidad y estar mejor integrada en el material educativo y en las actividades extracurriculares; considera que el contenido relacionado explícitamente con la UE puede añadir un valor significativo a los planes de estudios, así como al desarrollo y crecimiento personales de los alumnos;

5.

Hace hincapié en la necesidad de utilizar métodos de enseñanza activos y participativos adaptados a la edad, los niveles, las necesidades y los intereses de los alumnos, y de aprovechar plenamente las oportunidades que brindan las tecnologías de la información y la comunicación y los medios de comunicación, incluidos los medios sociales;

6.

Subraya que la integración de una dimensión europea en la enseñanza no solo debe permitir a los alumnos adquirir conocimientos y desarrollar un sentimiento de pertenencia y las competencias asociadas a la ciudadanía europea, sino también iniciar una reflexión crítica sobre la UE, en particular a través del aprendizaje de los valores fundamentales de la UE basados en el Estado de Derecho y los derechos humanos, de la gobernanza de la UE y sus procesos de toma de decisiones y de la manera en que estos influyen en sus Estados miembros y en su participación democrática; anima a que se utilicen los juegos de rol del Parlamento Europeo de los Jóvenes para ayudar a que los niños y los estudiantes comprendan los procesos europeos y aumente su concienciación sobre las cuestiones europeas;

7.

Recuerda que la UE ha sido configurada por sus Estados miembros con su historia y sus culturas únicas, y que el desarrollo de la Unión sigue estando vinculado indisolublemente a sus Estados miembros; destaca al mismo tiempo la contribución de las diferentes culturas a las sociedades y el patrimonio europeos;

8.

Observa que la repercusión de la UE en los Estados miembros es considerable, y que la adquisición de conocimientos sobre la UE en la escuela debe reflejar tanto el papel de los Estados miembros en la evolución de la UE como la influencia de la UE en la evolución de cada país;

9.

Señala que los Estados miembros y la UE han de dar ejemplo a todos los que intervienen en la enseñanza y la adquisición de conocimientos sobre la UE en la escuela poniendo en práctica los valores europeos fundamentales de la inclusión social y la solidaridad europea e internacional;

10.