31.12.2004   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 390/1

(1)

En la Decisión 1999/784/CE (4), el Consejo dispuso que la Comunidad pasara a ser miembro del Observatorio Europeo del Sector Audiovisual (en lo sucesivo denominado «el Observatorio») para apoyar las actividades de este último. El Observatorio contribuye a aumentar la competitividad de la industria audiovisual comunitaria, mejorando la difusión de la información destinada a la industria, en particular a las pequeñas y medianas empresas, y ofreciendo un panorama más claro del mercado.

(2)

Los multimedia y las nuevas tecnologías desempeñarán un papel cada vez más importante en el sector audiovisual. El Observatorio podría continuar desempeñando su importante papel si se reforzara oportunamente su capacidad para seguir estos nuevos avances.

(3)

Pese a que la libre circulación de personas, de mercancías y de servicios está consagrada en el Tratado, la falta de información sobre las numerosas diferencias en las normativas nacionales en los ámbitos del Derecho fiscal y laboral limita la libre circulación de los bienes y servicios audiovisuales. El Observatorio podría aportar una contribución positiva recogiendo y proporcionando información experta y sistemática en los ámbitos del Derecho fiscal y laboral, así como de la legislación relativa a la propiedad intelectual y a la protección del consumidor.

(4)

Como consecuencia de la Resolución del Parlamento Europeo de 4 de septiembre de 2003 sobre «Televisión sin fronteras», en la que se pedía que se presentara un informe anual de evaluación comparativa sobre la accesibilidad de la televisión digital a las personas con discapacidad, debe pedirse al Observatorio que recoja, sobre una base anual, datos relativos a los niveles de servicios de televisión a las personas con discapacidad, tales como subtítulos, descripción audio y lenguaje de signos, en todos los Estados miembros de la Unión Europea o del Consejo de Europa.

(5)

Ha quedado demostrado que la participación de la Comunidad en el Observatorio constituye un apoyo efectivo a las actividades de este último.

(6)

Conviene mantener esa participación durante el periodo necesario para que el Observatorio adopte directrices que orienten su actividad en el futuro, de 2006 en adelante.

(7)

Procede, pues, modificar en consecuencia la Decisión 1999/784/CE.

31.12.2004   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 390/3

(1)

La acción comunitaria de fomento de los derechos humanos y los principios democráticos establecida en la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 8 de mayo de 2001, sobre «El papel de la Unión Europea en el fomento de los derechos humanos y la democratización en terceros países», continuará después de 2004. El Reglamento (CE) no 975/1999 (2) ha demostrado ser un instrumento jurídico adecuado para la prestación de la ayuda técnica y financiera de la Comunidad destinada a actividades en el ámbito de los derechos humanos y la democratización en países en desarrollo y otros terceros países que tratan de lograr los objetivos generales en esta esfera. No obstante, el período de validez de dicho Reglamento expira el 31 de diciembre de 2004. Por consiguiente, es necesario prorrogar ese período.

(2)

Sobre la base del índice de la dotación financiera incluida en el Reglamento (CE) no 975/1999 y los créditos indicativos para los derechos humanos y la democratización hasta 2006, el presente Reglamento establece, para toda la duración prorrogada del programa, una dotación financiera que, con arreglo al punto 33 del Acuerdo interinstitucional de 6 de mayo de 1999 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre la disciplina presupuestaria y la mejora del procedimiento presupuestario (3), constituye la referencia privilegiada para la autoridad presupuestaria en el marco del procedimiento presupuestario anual.

(3)

Las disposiciones del Reglamento (CE) no 975/1999 sobre procedimientos para la ejecución de la ayuda deben adaptarse a los requisitos jurídicos del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (4) en lo que se refiere a la realización de las misiones de la UE de observación electoral.

(4)

La protección de los intereses financieros de la Comunidad y la lucha contra el fraude y las irregularidades forman parte integrante del Reglamento (CE) no 975/1999. En particular, los convenios y contratos celebrados de conformidad con dicho Reglamento deben autorizar a la Comisión a aplicar las medidas contempladas en el Reglamento (Euratom, CE) no 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas contra los fraudes e irregularidades (5).

(5)

Las medidas necesarias para la ejecución del Reglamento (CE) no 975/1999 deben adoptarse con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (6).

(6)

El Reglamento (CE) no 975/1999 debe, por tanto, modificarse en consecuencia.

1)

En el apartado 2 del artículo 2 se añade la letra siguiente:

2)

Al final del apartado 1 del artículo 4 se añade la frase siguiente:

«En el caso de misiones de la UE de observación electoral y de intervenciones amicus curiae, las personas físicas pueden obtener un apoyo financiero al amparo del presente Reglamento.».

3)

La primera frase del artículo 5 se sustituye por el texto siguiente:

«Para que puedan recibir ayuda de la Comunidad, los socios mencionados en la primera frase del apartado 1 del artículo 4 deberán tener su sede principal en un tercer país que pueda recibir ayuda comunitaria en virtud del presente Reglamento o en un Estado miembro de la Comunidad.».

4)

El apartado 3 del artículo 7 se sustituye por el texto siguiente:

«3.   La financiación comunitaria en virtud del presente Reglamento adoptará la forma de subvenciones o contratos. En el contexto de las acciones contempladas en el artículo 2, los miembros de las misiones de la UE de observación electoral pagados con los fondos de los créditos destinados a derechos humanos y democratización serán contratados de conformidad con los procedimientos establecidos por la Comisión.».

5)

El párrafo primero del artículo 10 se sustituye por el texto siguiente:

«La dotación financiera para la ejecución del presente Reglamento para el período comprendido entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2006 será de 134 millones de euros.».

6)

Los artículos 11 y 12 se sustituyen por el texto siguiente:

«Artículo 11

1.   La Comisión adoptará el marco para la programación y determinación de las actividades comunitarias.

El marco consistirá, especialmente, en:

En situaciones particulares, podrán aprobarse medidas específicas que no estén comprendidas en ningún programa de trabajo anual.

2.   La Comisión presentará un informe anual en el que se establezcan los programas para el año siguiente por región y por sector, e informará al Parlamento Europeo sobre su aplicación.

La Comisión será responsable de la gestión y adaptación, con arreglo al presente Reglamento y conforme a las necesidades de flexibilidad, de los programas de trabajo anuales que han sido definidos en el marco general de la estructura plurianual. Las decisiones adoptadas reflejarán las prioridades y preocupaciones más importantes de la Unión Europea en materia de consolidación de la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos y vendrán determinadas por la naturaleza especial de los programas. La Comisión mantendrá al Parlamento Europeo plenamente informado de este proceso.

3.   La Comisión ejecutará las acciones comunitarias contempladas en el presente Reglamento de conformidad con los procedimientos presupuestarios y de otro tipo en vigor, en especial aquéllos establecidos en el Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (7).

Artículo 12

1.   Los instrumentos a los que se hace referencia en el apartado 1 del artículo 11 se adoptarán de conformidad con el procedimiento a que se refiere el apartado 2 del artículo 13.

En los casos en los que modificaciones de programas de trabajo anuales mencionados en la letra b) del apartado 1 del artículo 11 no excedan de un 20 % del importe total que se les haya asignado o no cambien sustancialmente la naturaleza de los proyectos o programas que comprendan, será la Comisión la que adopte dichas modificaciones. Informará de ello al Comité mencionado en el apartado 1 del artículo13.

2.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14, las decisiones de financiación correspondientes a proyectos y programas que no estén comprendidos en los programas de trabajo anuales y excedan de 1 millón de euros se adoptarán de conformidad con el procedimiento a que se refiere el apartado 2 del artículo 13.».

7)

El apartado 2 del artículo 13 se sustituye por el texto siguiente:

«2.   En los casos en los que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 4 y 7 de la Decisión 1999/468/CE (1), observando lo dispuesto en su artículo 8.

El plazo contemplado en el apartado 3 del artículo 4 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en 30 días.».

8)

Se suprime la segunda frase del artículo 15.

9)

El artículo 17 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 17

Todo convenio o contrato celebrado de conformidad con el presente Reglamento establecerá expresamente que la Comisión o el Tribunal de Cuentas podrán controlar, mediante verificación de documentos o inspección in situ, a todos los contratistas y subcontratistas que hayan percibido fondos comunitarios. Será de aplicación el Reglamento (Euratom, CE) no 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas contra los fraudes e irregularidades (8).».

10)

En el párrafo segundo del artículo 20, la fecha «31 de diciembre de 2004» se sustituye por la fecha «31 de diciembre de 2006».

31.12.2004   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 390/6

(1)

Una mayor transparencia de las cualificaciones y competencias facilitará la movilidad a través de Europa con fines de aprendizaje permanente, y de este modo contribuirá al desarrollo de una educación y formación de calidad y facilitará la movilidad con fines profesionales, tanto entre países como entre sectores.

(2)

El Plan de acción sobre la movilidad (4), respaldado por el Consejo Europeo de Niza los días 7 a 9 de diciembre de 2000, y la Recomendación 2001/613/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de julio de 2001, relativa a la movilidad, en la Comunidad, de los estudiantes, las personas en formación, los voluntarios, los profesores y los formadores (5), abogaba por la utilización generalizada de documentos para la transparencia de las cualificaciones y competencias, con vistas a la creación de un espacio europeo de las cualificaciones. El Plan de acción de la Comisión sobre la movilidad reclamaba instrumentos que sirvieran de soporte para la transparencia y transferibilidad de las cualificaciones al objeto de facilitar la movilidad intra e intersectorial. También se exigía la introducción de instrumentos para mejorar la transparencia de las titulaciones y cualificaciones en el Consejo Europeo celebrado en Barcelona los días 15 y 16 de marzo de 2002. Las Resoluciones del Consejo, de 3 de junio de 2002, sobre las capacidades y la movilidad (6) y de 27 de junio de 2002, sobre la educación permanente (7) pedían una mayor cooperación, entre otras cosas, para obtener un marco de transparencia y reconocimiento basado en los instrumentos existentes.

(3)

La Resolución del Consejo de 19 de diciembre de 2002 relativa al fomento de la cooperación reforzada europea en materia de educación y formación profesionales (8) pedía que se actuara para aumentar la transparencia de la educación y formación profesionales mediante la aplicación y racionalización de los instrumentos de información y redes, además de la integración de los instrumentos existentes en un único marco. Este marco debería consistir en un expediente de documentos con una marca común y un logotipo común apoyados en sistemas de información adecuados, promovidos mediante acciones a nivel europeo y nacional.

(4)

Durante los últimos años se han desarrollado una serie de instrumentos tanto en la Comunidad como a escala internacional para ayudar a los ciudadanos europeos a comunicar mejor sus cualificaciones y competencias al solicitar un empleo o la admisión a una actividad de aprendizaje. Estos instrumentos incluyen el formato común europeo de Curriculum Vitae (CV), propuesto por la Recomendación 2002/236/CE de la Comisión, de 11 de marzo de 2002 (9), el Suplemento de diploma, recomendado por el Convenio sobre reconocimiento de titulaciones de enseñanza superior en la región europea, adoptado en Lisboa el 11 de abril de 1997, el Europass-Formación establecido por la Decisión 1999/51/CE del Consejo, de 21 de diciembre de 1998, relativa a la promoción de itinerarios europeos de formación en alternancia incluido el aprendizaje (10), el Suplemento de certificado y el Portafolio europeo de las lenguas desarrollado por el Consejo de Europa. El marco único tendría que incluir estos instrumentos.

(5)

El marco único debería quedar abierto a la inclusión futura de otros documentos coherentes con esta finalidad, una vez que la estructura y los procedimientos de aplicación hayan sido implantados y sean operativos. En particular, posteriormente podría procederse a ampliar el marco único a fin de incluir un instrumento que registre las aptitudes del titular en el ámbito de la tecnología de la información.

(6)

Proporcionar información y orientación de buena calidad constituye un factor importante en la mejora de la transparencia de las cualificaciones y competencias. Los servicios y las redes existentes ya desempeñan una función muy útil que podría beneficiarse del valor añadido de una cooperación más estrecha a través de la acción comunitaria.

(7)

Por lo tanto, es necesario velar por la coherencia y complementariedad entre las acciones realizadas en virtud de la presente Decisión y las demás políticas, instrumentos y acciones en este terreno. Entre éstas últimas figuran, a nivel comunitario, el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) creado por el Reglamento (CEE) no 337/75 del Consejo (11), la Fundación Europea de Formación creada por el Reglamento (CEE) no 1360/90 del Consejo (12) y la red europea de servicios de empleo (EURES) establecida por la Decisión 2003/8/CE de la Comisión, de 23 de diciembre de 2002, por la que se aplica el Reglamento (CEE) no 1612/68 del Consejo por lo que se refiere a la puesta en relación y la compensación de las ofertas y demandas de empleo (13). Paralelamente, a nivel internacional, la Red de Centros Nacionales de Información sobre el Reconocimiento Académico (ENIC), establecida por el Consejo de Europa y la UNESCO.

(8)

Por lo tanto, procede sustituir el documento Europass-Formación, establecido por la Decisión 1999/51/CE por un documento similar de mayor alcance, destinado a registrar todos los periodos de movilidad transnacional con fines de aprendizaje, en cualquier nivel y con cualquier objetivo, realizados en toda Europa, que cumplan criterios de calidad adecuados.

(9)

La aplicación de Europass debe incumbir a las autoridades nacionales con arreglo a la letra c) del apartado 2 y al apartado 3 del artículo 54 del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (14).

(10)

La participación debe estar abierta a los países en trámite de adhesión, a los países no comunitarios del Espacio Económico Europeo y a los países candidatos a la adhesión a la Unión Europea, de conformidad con las disposiciones pertinentes en los instrumentos que rigen las relaciones entre la Comunidad y dichos países. También deberían poder acogerse a esta acción los nacionales de terceros países que residan en la Unión Europea.

(11)

Los interlocutores sociales desempeñan un papel importante en relación con la presente Decisión y deberían participar en su aplicación. Procede informar regularmente al Comité consultivo de formación profesional, creado por la Decisión 63/266/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1963, por la que se establecen los principios generales para la elaboración de una política común sobre formación profesional (15), compuesto por representantes de los interlocutores sociales y de las autoridades nacionales de los Estados miembros, sobre la aplicación de la presente Decisión. Los interlocutores sociales a nivel europeo y otras partes interesadas, incluidos los organismos de educación y formación, desempeñarán un papel especial en lo que respecta a las iniciativas en favor de la transparencia que, a su debido tiempo, podrían integrarse en Europass.

(12)

Dado que el objetivo de la acción pretendida, a saber, el establecimiento de un marco comunitario único para fomentar la transparencia de las cualificaciones y competencias, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, puede lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Decisión no excede de lo necesario para alcanzar estos objetivos.

(13)

Procede aprobar las medidas necesarias para la ejecución de la presente Decisión con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (16).

(14)

Procede derogar la Decisión 1999/51/CE,

a)

el Curriculum Vitae Europass (en lo sucesivo, «CV Europass») contemplado en el artículo 5;

b)

los documentos contemplados en los artículos 6 a 9;

c)

cualquier otro documento aprobado por la Comisión como documento Europass, con arreglo a los criterios establecidos en el anexo I y de conformidad con el procedimiento a que se refiere el apartado 2 del artículo 4.

a)

coordinar, en cooperación con los organismos nacionales pertinentes, las actividades relativas a la puesta a disposición o emisión de los documentos Europass, o realizar dichas actividades cuando proceda;

b)

crear y gestionar el sistema nacional de información, de conformidad con el artículo 10;

c)

promover la utilización del Europass, incluido mediante la utilización de servicios de Internet;

d)

garantizar, en cooperación con los organismos nacionales pertinentes, el acceso de los ciudadanos a la información y orientación adecuadas en relación con el Europass y con sus documentos;

e)

facilitar información y orientación sobre las oportunidades de aprendizaje que existan en toda Europa, sobre la estructura de los sistemas de educación y formación y sobre otros temas relacionados con la movilidad para el aprendizaje, en particular mediante una estrecha coordinación con los servicios comunitarios y nacionales pertinentes, y, cuando proceda, poner a disposición de los ciudadanos una guía de introducción a la movilidad;

f)

gestionar a nivel nacional la ayuda financiera comunitaria para todas las actividades contempladas en la presente Decisión;

g)

participar en la red Europea de CNE.

a)

garantizarán la realización a nivel comunitario y nacional de las actividades adecuadas de promoción e información, dirigidas, entre otros, a los ciudadanos, los centros de educación y formación, los interlocutores sociales y las empresas, incluidas las PYME, prestando apoyo e integrando, cuando sea necesario, la acción de los CNE;

b)

garantizarán la oportuna cooperación, al nivel adecuado, con los servicios correspondientes, en particular el servicio EURES y otros servicios comunitarios;

c)

adoptarán medidas para facilitar la igualdad de oportunidades, en particular por medio de campañas de sensibilización dirigidas a los actores pertinentes;

d)

garantizarán la participación de todos los interesados, incluidos los organismos de educación y formación y los interlocutores sociales, en la aplicación de la presente Decisión;

e)

garantizarán el pleno respeto de la normativa comunitaria y nacional relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la vida privada en todas las actividades relacionadas con la aplicación de la presente Decisión.

31.12.2004   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 390/21

(1)

La acción comunitaria de fomento de los derechos humanos y los principios democráticos establecida en la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo de 8 de mayo de 2001 sobre el papel de la Unión Europea en el fomento de los derechos humanos y la democratización en terceros países continuará después de 2004. El Reglamento (CE) no 975/1999 del Consejo, de 29 de abril de 1999, por el que se fijan los requisitos para la aplicación de las acciones comunitarias de cooperación al desarrollo que contribuyan a alcanzar el objetivo general de desarrollar y consolidar la democracia y el Estado de Derecho, así como el de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales (2) y el Reglamento (CE) no 976/1999 (3) han demostrado ser instrumentos jurídicos adecuados para la prestación de la ayuda técnica y financiera de la Comunidad, destinada a actividades en el ámbito de los derechos humanos y la democratización en países en desarrollo y otros terceros países que tratan de lograr los objetivos generales en esta esfera. Ahora bien, el período de validez de dichos Reglamentos expira el 31 de diciembre de 2004. Es, por tanto, necesario prorrogar ese período.

(2)

Sobre la base de la relación entre el importe de referencia financiera incluido en el Reglamento (CE) no 976/1999 y los créditos indicativos para derechos humanos y democratización hasta 2006, se incluye en el presente Reglamento un importe de referencia financiera prorrogado en la acepción del punto 34 del Acuerdo interinstitucional de 6 de mayo de 1999 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre la disciplina presupuestaria y la mejora del procedimiento presupuestario (4), correspondiente a la duración ampliada del programa, sin que ello afecte a las competencias de la autoridad presupuestaria definidas en el Tratado.

(3)

Las disposiciones del Reglamento (CE) no 976/1999 del Consejo sobre procedimientos para la ejecución de la ayuda deben adaptarse a los requisitos jurídicos del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (5) en lo que se refiere a la realización de las misiones de observación electoral de la UE.

(4)

La protección de los intereses financieros de la Comunidad y la lucha contra el fraude y las irregularidades forman parte integrante del Reglamento (CE) no 976/1999 del Consejo. Concretamente, los convenios y contratos celebrados de conformidad con dicho Reglamento deben autorizar a la Comisión a aplicar las medidas contempladas en el Reglamento (CE, Euratom) no 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas contra los fraudes e irregularidades (6).

(5)

Las medidas necesarias para la aplicación del Reglamento (CE) no 976/1999 del Consejo deben adoptarse con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (7).

(6)

El Reglamento (CE) no 976/1999 debe modificarse en consecuencia,

1)

En el punto 2 del artículo 3 se añade la siguiente letra:

2)

En el apartado 1 del artículo 5 se añade la siguiente frase:

«En el caso de las misiones de la UE de observación electoral y de intervenciones amicus curiae, las personas físicas pueden obtener un apoyo financiero al amparo del presente Reglamento.».

3)

En el artículo 6, la primera frase se sustituye por el texto siguiente:

«Para que puedan recibir ayuda de la Comunidad, los socios mencionados en la primera frase del apartado 1 del artículo 5 deberán tener su sede principal en un tercer país que pueda recibir ayuda comunitaria en virtud del presente Reglamento o en un Estado miembro de la Comunidad.».

4)

El apartado 3 del artículo 8 se sustituye por el texto siguiente:

«3.   La financiación comunitaria en virtud del presente Reglamento adoptará la forma de subvenciones o contratos. En el contexto de las operaciones contempladas en el artículo 2, los miembros de las misiones de la UE de observación electoral pagados con los fondos de los créditos destinados a derechos humanos y democratización serán contratados de conformidad con los procedimientos establecidos por la Comisión.».

5)

En el artículo 11, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:

«El importe de referencia financiera para la aplicación del presente Reglamento durante el período comprendido entre 2005 y 2006 será de 78 millones de euros.».

6)

Los artículos 12 y 13 se sustituyen por el texto siguiente:

«Artículo 12

1.   La Comisión adoptará el marco para la programación y determinación de las actividades comunitarias.

El marco consistirá, concretamente, en:

En situaciones particulares, podrán aprobarse medidas específicas que no estén comprendidas en ningún programa de trabajo anual.

2.   La Comisión presentará un informe anual en el que se establezcan los programas para el año siguiente por región y por sector e informará al Parlamento Europeo sobre su aplicación.

La Comisión será responsable de la gestión y adaptación, con arreglo al presente Reglamento y conforme a las necesidades de flexibilidad, de los programas de trabajo anuales que han sido definidos en el marco general de los programas indicativos plurianuales. Las decisiones adoptadas reflejarán las prioridades y preocupaciones más importantes de la Unión Europea en materia de consolidación de la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, y vendrán determinadas por la naturaleza especial de los programas. La Comisión mantendrá al Parlamento Europeo plenamente informado de este proceso.

3.   La Comisión ejecutará las operaciones comunitarias comprendidas por el presente Reglamento de conformidad con los procedimientos presupuestarios y de otro tipo en vigor, en especial aquéllos establecidos en el Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002.

Artículo 13

1.   Los instrumentos a los que se hace referencia en el apartado 1 del artículo 12 se adoptarán de acuerdo con el procedimiento mencionado en el apartado 2 del artículo 14.

En los casos en los que las modificaciones de los programas de trabajo anuales mencionados en la letra b) del apartado 1 del artículo 12 no excedan de un 20 % del importe total que se les haya asignado o no cambien sustancialmente la naturaleza de los proyectos o programas que comprendan, será la Comisión la que adopte dichas modificaciones. Informará de ello al Comité mencionado en el apartado 1 del artículo 14.

2.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15, las decisiones de financiación correspondientes a proyectos y programas que no estén comprendidos en los programas de trabajo anuales y excedan de 1 millón de euros se adoptarán de acuerdo con el procedimiento mencionado en el apartado 2 del artículo 14.».

7)

El apartado 2 del artículo 14 se sustituye por el texto siguiente:

«2.   En los casos en los que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación el artículo 4 y los apartados 1, 2 y 4 del artículo 7 de la Decisión 1999/468/CE del Consejo (8), observando lo dispuesto en su artículo 8.

El plazo contemplado en el apartado 3 del artículo 4 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en 30 días.».

8)

Se suprime la segunda frase del artículo 16.

9)

El artículo 18 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 18

Todo convenio o contrato celebrado de conformidad con el presente Reglamento establecerá expresamente que la Comisión o el Tribunal de Cuentas podrán controlar, mediante verificación de documentos o inspección in situ, a todos los contratistas y subcontratistas que hayan percibido fondos comunitarios. Será de aplicación el Reglamento (Euratom, CE) no 2185/96 (9).».

10)

En el párrafo segundo del artículo 21, la fecha «31 de diciembre de 2004» se sustituye por «31 de diciembre de 2006».

31.12.2004   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 390/24

(1)

La Directiva 89/336/CEE del Consejo, de 3 de mayo de 1989, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la compatibilidad electromagnética (3) ha sido objeto de revisión de conformidad con la iniciativa conocida como simplificación de la legislación en el mercado interior (SLIM). Tanto el procedimiento SLIM como una posterior consulta pormenorizada han revelado la necesidad de completar, reforzar y clarificar el marco establecido por la Directiva 89/336/CEE.

(2)

Los Estados miembros son responsables de garantizar que las radiocomunicaciones, incluidas la recepción por radio y los servicios de radioaficionados operados de conformidad con la normativa sobre radiotransmisiones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), las redes de suministro eléctrico y las redes de telecomunicaciones, así como los equipos conectados a los mismos, estén protegidos de las perturbaciones electromagnéticas.

(3)

Las disposiciones de Derecho nacional de protección frente a las perturbaciones electromagnéticas deben armonizarse para garantizar la libre circulación de aparatos eléctricos y electrónicos sin reducir los niveles justificados de protección en los Estados miembros.

(4)

La protección frente a las perturbaciones electromagnéticas requiere la imposición de obligaciones a los distintos operadores económicos. Estas obligaciones deben aplicarse de forma ajustada y efectiva para lograr esta protección.

(5)

Debe regularse la compatibilidad electromagnética de los equipos con objeto de garantizar el funcionamiento del mercado interior, es decir, de un espacio sin fronteras interiores en el que está garantizada la libre circulación de bienes, personas, servicios y capitales.

(6)

Entre los equipos que cubre la presente Directiva deben figurar tanto los aparatos como las instalaciones fijas. No obstante, deben formularse disposiciones distintas para cada grupo, dado que los aparatos como tales pueden circular libremente dentro de la Comunidad, mientras que las instalaciones fijas se instalan para un uso permanente y en un sitio predefinido como conjuntos de distintos tipos de aparatos y, cuando procede, de otros dispositivos. La composición y función de estas instalaciones corresponde en la mayoría de los casos a las necesidades particulares de sus operadores.

(7)

La presente Directiva no debe cubrir los equipos radioeléctricos y los equipos terminales de telecomunicación dado que éstos ya están regulados por la Directiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 1999, sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad (4). Los requisitos de compatibilidad electromagnética de ambas Directivas alcanzan el mismo nivel de protección.

(8)

La presente Directiva no debe cubrir la aviación o los equipos destinados a instalarse en aviones, dado que ya son objeto de normas especiales comunitarias o internacionales que rigen la compatibilidad electromagnética.

(9)

La presente Directiva no necesita regular los equipos intrínsecamente inocuos en términos de compatibilidad electromagnética.

(10)

La presente Directiva no debe cubrir la seguridad de los equipos, dado que ya existe legislación comunitaria o nacional que se ocupa de este aspecto.

(11)

Cuando la presente Directiva regule los aparatos, hará referencia a aparatos acabados y comercializados por primera vez en el mercado comunitario. Ciertos componentes o subconjuntos deben, bajo determinadas condiciones, considerarse aparatos si están a disposición del usuario final.

(12)

Los principios sobre los que se fundamenta la presente Directiva son los establecidos en la Resolución del Consejo de 7 de mayo de 1985 relativa a una nueva aproximación en materia de armonización y de normalización (5). De conformidad con ese enfoque, el diseño y la fabricación de equipos están sujetos a requisitos esenciales relacionados con la compatibilidad electromagnética. Estos requisitos se expresan técnicamente mediante normas europeas armonizadas, que deberán adoptar los distintos organismos europeos de normalización: Comité Europeo de Normalización (CEN), Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC) e Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación (ETSI). El CEN, el CENELEC y el ETSI están considerados como las instituciones competentes en el ámbito de la presente Directiva para la adopción de normas armonizadas, que redactan de conformidad con las orientaciones generales de cooperación entre estos organismos y la Comisión, y con el procedimiento establecido en la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información (6).

(13)

Las normas armonizadas reflejan los últimos progresos generalmente reconocidos por lo que respecta a la compatibilidad electromagnética en la Unión Europea. El funcionamiento del mercado interior se verá beneficiado, por consiguiente, por la presencia de normas de compatibilidad electromagnética de los equipos, armonizadas a escala comunitaria. Una vez que se haya publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la referencia a estas normas, su cumplimiento debe establecer la presunción de conformidad con los requisitos esenciales pertinentes, si bien deben permitirse otros métodos de demostración de esta conformidad. El cumplimiento de una norma armonizada supone la conformidad con sus disposiciones y la demostración de dicha conformidad mediante los métodos que describe la norma armonizada o a los que ésta hace referencia.

(14)

Los fabricantes de equipos destinados a ser conectados a redes deben construirlos de forma que las redes no se vean afectadas por una degradación inaceptable del servicio cuando se utilicen en condiciones operativas normales. Los operadores de redes deben construirlas de modo que los fabricantes de equipos que puedan conectarse a ellas no se vean expuestos a trabas desproporcionadas con objeto de evitar que las redes padezcan una degradación del servicio inaceptable. Las organizaciones de normalización europeas deben tener debidamente en cuenta ese objetivo (incluidos los aspectos acumulativos de los tipos pertinentes de fenómenos electromagnéticos) a la hora de desarrollar normas armonizadas.

(15)

Sólo debe ser posible comercializar o poner en servicio aparatos si los fabricantes afectados demuestran que estos aparatos han sido diseñados y fabricados de conformidad con las exigencias de la presente Directiva. Los aparatos comercializados deben llevar el marcado «CE» que certifique el cumplimiento de la presente Directiva. Si bien la evaluación de la conformidad debe ser responsabilidad del fabricante, sin ninguna necesidad de recurrir a un organismo independiente de evaluación de la conformidad, los fabricantes podrán recurrir libremente a los servicios de un organismo de este tipo.

(16)

El requisito de evaluación de la conformidad debe obligar al fabricante a realizar una valoración de compatibilidad electromagnética del aparato basada en los fenómenos pertinentes, con objeto de determinar si se cumplen los requisitos de protección con arreglo a la presente Directiva.

(17)

Cuando los aparatos puedan tener varias configuraciones, la evaluación de compatibilidad electromagnética debe confirmar si cumplen los requisitos de protección en las configuraciones previsibles por el fabricante como representativas de un uso normal de las aplicaciones previstas; en tales casos, debe bastar con realizar una evaluación sobre la base de la configuración que más probabilidades tenga de provocar las perturbaciones máximas y de la configuración más susceptible a éstas.

(18)

Las instalaciones fijas, incluidas las máquinas de gran tamaño y las redes, pueden generar perturbaciones electromagnéticas, o verse afectadas por éstas. Puede existir una interfaz entre las instalaciones fijas y los aparatos, y las perturbaciones electromagnéticas producidas por las instalaciones fijas pueden afectar a los aparatos, y viceversa. En términos de compatibilidad electromagnética, carece de importancia que las perturbaciones electromagnéticas sean producidas por los aparatos o por una instalación fija. En consecuencia, las instalaciones fijas y los aparatos deben someterse a un sistema coherente y global de requisitos esenciales. Debe ser posible utilizar normas armonizadas para instalaciones fijas con objeto de demostrar la conformidad con los requisitos esenciales que cubren estas normas.

(19)

Debido a sus características específicas, las instalaciones fijas no necesitan la colocación del marcado «CE» o la declaración de conformidad.

(20)

No procede efectuar la evaluación de la conformidad del aparato comercializado para su incorporación en una instalación fija concreta, y que de otro modo no se comercializaría, de forma separada de la instalación fija a la que se incorporará. En consecuencia, estos aparatos deben estar exentos de los procedimientos de evaluación de la conformidad aplicables normalmente a los aparatos. No obstante, no debe permitirse que estos aparatos comprometan la conformidad de la instalación fija a la que se incorporan. Si un aparato debiera ser incorporado en varias instalaciones fijas idénticas, la identificación de las características de compatibilidad electromagnética de dichas instalaciones debe ser suficiente para asegurar la exención del procedimiento de evaluación de la conformidad.

(21)

Es necesario un período transitorio para garantizar que los fabricantes y las demás partes afectadas puedan adaptarse al nuevo sistema normativo.

(22)

Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, garantizar el funcionamiento del mercado interior exigiendo que los equipos cumplan un nivel adecuado de compatibilidad electromagnética no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y por consiguiente, debido a su dimensión y efectos, puede lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(23)

Por consiguiente, debe derogarse la Directiva 89/336/CEE.

a)

los equipos cubiertos por la Directiva 1999/5/CE;

b)

los productos, componentes y equipos aeronáuticos mencionados en el Reglamento (CE) no 1592/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2002, sobre normas comunes en el ámbito de la aviación civil y por el que se crea una Agencia Europea de Seguridad Aérea (7);

c)

los equipos de radio utilizados por radioaficionados, en el sentido del Reglamento de Radiocomunicaciones adoptado en el marco de la Constitución y el Convenio de la UIT (8), salvo que los equipos sean comercializados. No se considerarán equipos comercializados los kits de componentes para ser montados por radioaficionados y los equipos comerciales modificados por y para el uso de estos radioaficionados.

a)

no puedan generar o contribuir a las emisiones electromagnéticas que superen un nivel que permita a los equipos de radio y de telecomunicaciones, y a otros equipos, funcionar de la forma prevista; y

b)

funcionen sin una degradación inaceptable en presencia de perturbaciones electromagnéticas normales derivadas de su uso previsto.

a)

«equipo»: cualquier aparato o instalación fija;

b)

«aparatos»: cualquier aparato acabado, o una combinación de ellos comercializada como unidad funcional única destinada al usuario final, y que pueda generar perturbaciones electromagnéticas, o cuyo funcionamiento pueda verse afectado por estas perturbaciones;

c)

«instalación fija»: combinación particular de varios tipos de aparatos y, cuando proceda, de otros dispositivos, ensamblados, instalados y destinados a un uso permanente en un sitio predefinido;

d)

«compatibilidad electromagnética»: capacidad de que un equipo funcione de forma satisfactoria en su entorno electromagnético sin introducir perturbaciones electromagnéticas intolerables para otros equipos en ese entorno;

e)

«perturbación electromagnética»: cualquier fenómeno electromagnético que pueda crear problemas de funcionamiento a un equipo. Una perturbación electromagnética puede consistir en un ruido electromagnético, una señal no deseada o una modificación del propio medio de propagación;

f)

«inmunidad»: aptitud de un equipo para funcionar de la forma prevista sin experimentar una degradación en presencia de perturbaciones electromagnéticas;

g)

«fines de seguridad»: los fines de proteger la vida humana o la propiedad;

h)

«entorno electromagnético»: todos los fenómenos electromagnéticos observables en un sitio determinado.

a)

los «componentes» o «subconjuntos» destinados a ser incorporados en un aparato por el usuario final, que puedan generar perturbaciones electromagnéticas, o cuyo funcionamiento pueda verse afectado por estas perturbaciones;

b)

las «instalaciones móviles», definidas como una combinación de aparatos y, en su caso, de otros dispositivos, destinada a ser trasladada y utilizada en diversos sitios.

a)

medidas para superar un problema existente o previsto de compatibilidad electromagnética en un lugar específico;

b)

medidas adoptadas por motivos de seguridad para proteger las redes públicas de telecomunicaciones o las estaciones receptoras o transmisoras cuando se utilicen con fines de seguridad en situaciones de espectro bien definidas.

a)

no publicarla;

b)

publicarla con restricciones;

c)

mantener la referencia en el Diario Oficial de la Unión Europea;

d)

retirar la referencia del Diario Oficial de la Unión Europea.

a)

el incumplimiento de los requisitos esenciales mencionados en el Anexo I, cuando el aparato no cumple las normas armonizadas estipuladas en el artículo 6;

b)

la incorrecta aplicación de las normas armonizadas estipuladas en el artículo 6;

c)

deficiencias de las normas armonizadas estipuladas en el artículo 6.

31.12.2004   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 390/38

(1)

La existencia de mercados de valores eficientes, transparentes e integrados contribuye a hacer realidad el mercado único en la Comunidad y estimula el crecimiento y la creación de empleo a través de una mejor distribución del capital y una reducción de costes. La divulgación de información exacta, completa y puntual sobre los emisores de valores fomenta la confianza continua del inversor y permite una evaluación informada de su rendimiento y sus activos. Con ello mejora la protección de los inversores y aumenta la eficiencia del mercado.

(2)

A tal fin, los emisores de valores deben asegurar a los inversores la apropiada transparencia, a través de un flujo regular de información. Por el mismo motivo, los accionistas, o las personas físicas o jurídicas que tengan derechos de voto o instrumentos financieros que den derecho a adquirir acciones existentes con derecho de voto, deben también informar a los emisores de la adquisición u otras modificaciones de participaciones importantes en empresas, de forma que estas últimas puedan mantener informado al público.

(3)

La Comunicación de la Comisión de 11 de mayo de 1999, titulada «Aplicación del marco para los mercados financieros: Plan de acción», define una serie de actuaciones necesarias para completar el mercado único de servicios financieros. El Consejo Europeo de Lisboa de marzo de 2000 solicita la ejecución de este plan de acción antes del fin de 2005. El Plan de acción subraya la necesidad de elaborar una Directiva que refuerce los requisitos de transparencia. Esa necesidad fue confirmada por el Consejo Europeo de Barcelona de marzo de 2002.

(4)

La presente Directiva debe ser compatible con las funciones y cometidos que el Tratado y los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) y del Banco Central Europeo confieren al SEBC y a los bancos centrales de los Estados miembros; debe prestarse especial atención a los bancos centrales de los Estados miembros cuyas acciones estén actualmente admitidas a negociación en un mercado regulado, a fin de garantizar la persecución de los objetivos del Derecho comunitario primario.

(5)

Con una mayor armonización de las disposiciones del Derecho nacional sobre los requisitos de información periódica y continua impuestos a los emisores de valores se debe conseguir un elevado nivel de protección de los inversores en la Comunidad. No obstante, la presente Directiva no afecta a la actual legislación comunitaria aplicable a las participaciones emitidas por organismos de inversión colectiva, con excepción de los de tipo cerrado, o a las participaciones adquiridas o cedidas en tales organismos.

(6)

La supervisión de un emisor de acciones, o de obligaciones cuyo valor nominal unitario sea inferior a 1 000 euros, a efectos de la presente Directiva, se realizará en mejores condiciones si de ella se encarga el Estado miembro en que el emisor tenga su domicilio social. A este respecto, es vital asegurar la coherencia con la Directiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores (4). En la misma línea, debe introducirse una cierta flexibilidad para permitir que los emisores de terceros países y las sociedades de la Comunidad que emiten solamente obligaciones distintas de las mencionadas puedan elegir el Estado miembro de origen.

(7)

Un elevado nivel de protección del inversor en la Comunidad permitiría eliminar barreras a la admisión de valores en mercados regulados situados o que operan en un Estado miembro. Tiene que dejar de permitirse que Estados miembros distintos del de origen restrinjan la admisión de valores a sus mercados regulados mediante la imposición de requisitos más rigurosos de información periódica y continua sobre emisores cuyos valores se admiten a cotización en otro mercado regulado.

(8)

La supresión de obstáculos conforme al principio del Estado miembro de origen que rige la presente Directiva no debe afectar a los ámbitos no cubiertos por la misma, como los derechos de los accionistas a intervenir en la administración de un emisor; ni debe afectar al derecho del Estado miembro de origen a solicitar, asimismo, al emisor que publique parte o la totalidad de la información regulada a través de la prensa.

(9)

El Reglamento (CE) no 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de julio de 2002, sobre la aplicación de las normas internacionales de contabilidad (5) abrió ya la vía para la convergencia de las normas de información financiera en toda la Comunidad con respecto a los emisores cuyos valores están admitidos a negociación en un mercado regulado y que están obligados a elaborar cuentas consolidadas. Así pues, ya existe un régimen específico para los emisores de valores más allá del régimen general aplicable a todas las sociedades establecido en las Directivas sobre el derecho de sociedades. La presente Directiva se basa en este planteamiento por lo que se refiere a los informes financieros anuales e intermedios, con inclusión del principio de ofrecer una imagen fiel de los activos y pasivos, de la situación financiera y de los resultados del emisor. El resumen de los estados financieros, como parte de un informe financiero semestral, constituye igualmente una base suficiente para ofrecer tal imagen fiel de los seis primeros meses del ejercicio de un emisor.

(10)

Una vez que los valores del emisor hayan sido admitidos en un mercado regulado, la información se suministrará año tras año mediante un informe financiero anual. Facilitar más la comparación de los informes financieros anuales solamente es útil para los inversores en los mercados de valores si tienen la certeza de que la información se publicará en un plazo determinado tras la conclusión del ejercicio. En lo que se refiere a las obligaciones admitidas a negociación en un mercado regulado con anterioridad al 1 de enero de 2005 y emitidas por emisores constituidos en un tercer país, el Estado miembro de origen podrá permitir a los emisores, en caso de que se cumplan ciertas condiciones, que no elaboren informes financieros anuales de conformidad con las normas recogidas en la presente Directiva.

(11)

La presente Directiva introduce informes financieros semestrales más exhaustivos en el caso de los emisores de acciones admitidas a negociación en un mercado regulado. Ello debe permitir a los inversores evaluar con mayor fundamento la situación del emisor.

(12)

Un Estado miembro de origen puede eximir de la obligación de presentar informes semestrales a los emisores de obligaciones en los siguientes casos:

(13)

El Parlamento Europeo y el Consejo acogen con satisfacción el compromiso de la Comisión de examinar rápidamente la mejora de la transparencia de las políticas de remuneración, la remuneración total pagada, incluida cualquier compensación presente o aplazada, y las prestaciones en especie concedidas a cada miembro de los órganos de administración, gestión o control con arreglo a su Plan de acción «Modernización del Derecho de sociedades y mejora de la gobernanza empresarial en la Unión Europea» de 21 de mayo de 2003, así como su intención de formular en un futuro próximo una recomendación sobre este tema.

(14)

El Estado miembro de origen debe alentar a los emisores cuyas acciones se admiten a cotización en un mercado regulado y cuyas actividades principales se encuentran en la industria extractiva a que, en los informes financieros anuales, revelen los pagos realizados a los Gobiernos. El Estado miembro de origen debe fomentar asimismo una mayor transparencia por lo que se refiere a dichos pagos en el marco establecido en diversos foros financieros internacionales.

(15)

La presente Directiva dará asimismo carácter obligatorio a los informes semestrales en el caso de los emisores exclusivamente de obligaciones en mercados regulados. Únicamente deben contemplarse excepciones para los mercados mayoristas atendiendo a un valor nominal unitario a partir de 50 000 euros, como se prevé en la Directiva 2003/71/CE. En caso de que se emitan obligaciones en otra divisa, las exenciones sólo deben ser posibles cuando el valor nominal en esa divisa sea, en la fecha de emisión, al menos equivalente a 50 000 euros.

(16)

Para obtener información aún más fiable y puntual sobre el rendimiento económico del emisor a lo largo del año es necesario aumentar también la frecuencia de los informes intermedios. Debe introducirse, por tanto, la obligación de publicar una declaración intermedia de gestión durante el primer semestre del ejercicio y una segunda declaración durante el segundo semestre. Los emisores de acciones que ya publiquen informes financieros trimestrales no deben estar obligados a publicar declaraciones intermedias de los administradores.

(17)

El emisor o sus órganos de administración, gestión o control, o los responsables en el seno del emisor deben estar sujetos a las normas de responsabilidad pertinentes, según lo establecido en la legislación o reglamentación nacional de cada Estado miembro. Los Estados miembros deben poder determinar libremente el alcance de la responsabilidad.

(18)

El público debe ser informado de los cambios en las participaciones importantes de emisores cuyas acciones se negocian en un mercado regulado situado o que opera en la Comunidad. Esta información debe permitir que los inversores adquieran o enajenen acciones con pleno conocimiento de los cambios en la estructura de los derechos de voto; también debe aumentar el control efectivo de los emisores y la transparencia general del mercado en lo que respecta a movimientos de capital importantes. En determinadas circunstancias, debe facilitarse información sobre las acciones o los instrumentos financieros determinados en el artículo 13 y depositados como garantía.

(19)

El artículo 9 y la letra c) del artículo 10 no deben aplicarse a las acciones entregadas a los miembros del SEBC o facilitadas por éstos en sus funciones de autoridades monetarias, siempre que no se ejerzan los derechos de voto vinculados a dichas acciones; la referencia a una «corta duración» del artículo 11 debe entenderse en relación con las operaciones de crédito efectuadas de conformidad con el Tratado y con los actos jurídicos del Banco Central Europeo (BCE), en particular las Directrices de este último sobre instrumentos y procedimientos monetarios y TARGET, y con las operaciones de crédito a efectos del desempeño de funciones equivalentes con arreglo a disposiciones nacionales.

(20)

Con el fin de evitar un esfuerzo innecesario a algunos participantes del mercado y aclarar quién ejerce de hecho influencia sobre un emisor, no hace falta exigir requisitos de notificación de participaciones importantes en acciones, u otros instrumentos financieros determinados en el artículo 13, que den derecho a adquirir acciones por lo que respecta a los creadores de mercado o custodios, o de participaciones en acciones u otros instrumentos financieros adquiridos exclusivamente a efectos de compensación y liquidación, dentro de los límites y garantías aplicables en el conjunto de la Comunidad. Debe autorizarse al Estado miembro de origen a conceder excepciones limitadas por lo que respecta a las participaciones en las carteras de negociación de entidades de crédito y empresas de inversión.

(21)

Con objeto de clarificar quién tiene en realidad participaciones importantes en acciones u otros instrumentos financieros de un mismo emisor en el conjunto de la Comunidad, las empresas matrices no deben estar obligadas a agregar sus propias participaciones con las participaciones gestionadas por organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) o empresas de inversión, siempre que estos organismos o empresas ejerzan los derechos de voto independientemente de sus empresas matrices y cumplan determinadas condiciones adicionales.

(22)

La información continua de los tenedores de valores admitidos a negociación en un mercado regulado debe seguir basándose en el principio de igualdad de trato. Esta igualdad de trato afecta únicamente a los accionistas que se encuentran en la misma posición y, por lo tanto, no prejuzga el problema de cuántos derechos de voto pueden atribuirse a una acción particular. Por la misma razón, los tenedores de obligaciones con igualdad de rango deben seguir beneficiándose de la igualdad de trato, incluso en el caso de deuda pública. Debe facilitarse información a los accionistas y obligacionistas en las juntas generales. En particular, los accionistas u obligacionistas situados en el extranjero deben participar más activamente en el sentido de que deben poder nombrar representantes que actúen en su nombre. Por los mismos motivos, debe decidirse en una junta general de accionistas o de obligacionistas la conveniencia de utilizar tecnologías modernas de información y comunicación. En tal caso, los emisores deben establecer mecanismos para informar efectivamente a los tenedores de sus acciones u obligaciones, en la medida en que les sea posible identificarlos.

(23)

La supresión de barreras y la aplicación efectiva de nuevos requisitos comunitarios en materia de información requieren también un control adecuado por parte de la autoridad competente del Estado miembro de origen. La presente Directiva debe ofrecer al menos un mínimo de garantía de que dicha información estará disponible puntualmente. Por este motivo, en cada Estado miembro debe existir por lo menos un sistema de archivo y almacenamiento.

(24)

La obligación de que el emisor traduzca toda la información continua y periódica a todas las lenguas pertinentes de todos los Estados miembros en los que sus valores se admiten a negociación, lejos de estimular la integración de los mercados de valores, tiene efectos disuasorios sobre la admisión transfronteriza de valores a negociación en mercados regulados. Por ello, en ciertos casos debe autorizarse al emisor a facilitar la información en una lengua que sea habitual en el campo de las finanzas internacionales. Dado que es preciso realizar un esfuerzo particular para atraer inversores de otros Estados miembros y de terceros países, los Estados miembros ya no deben impedir que los accionistas, las personas que ejerzan derechos de voto o los tenedores de instrumentos financieros efectúen las notificaciones requeridas al emisor en una lengua que sea habitual en el campo de las finanzas internacionales.

(25)

El acceso de los inversores a la información sobre emisores debe organizarse mejor a escala comunitaria, con el fin de promover activamente la integración de los mercados europeos de capitales. Los inversores que no están situados en el Estado miembro de origen del emisor deben disfrutar de las mismas condiciones que los inversores situados en el Estado miembro de origen del emisor, cuando buscan acceso a dicha información. Esto se podría conseguir si el Estado miembro de origen asegura el cumplimiento de normas mínimas de calidad para la difusión de información en toda la Comunidad de forma rápida, no discriminatoria y en función del tipo de información regulada en cuestión. Además, la información difundida debe estar disponible en el Estado miembro de origen de forma centralizada, posibilitando que se cree una red europea accesible a precios razonables para los inversores particulares y sin ocasionar una duplicación innecesaria de los requisitos de registro para los emisores. Los emisores deben beneficiarse de la libertad de competencia al elegir los medios y operadores para la difusión de la información en virtud de la presente Directiva.

(26)

Para simplificar aún más el acceso del inversor a la información sobre sociedades en todos los Estados miembros, deben ser las autoridades supervisoras nacionales las que formulen las directrices para establecer las redes electrónicas, en estrecha consulta con las demás partes afectadas, en especial, los emisores de valores, los inversores, los participantes del mercado, los gestores de mercados regulados y los asesores de información financiera.

(27)

A fin de asegurar una protección eficaz de los inversores y el correcto funcionamiento de los mercados regulados, las normas relativas a la información que deben publicar los emisores cuyos valores se admiten a negociación en un mercado regulado también deben aplicarse a los emisores que no tengan su domicilio social en un Estado miembro y que no estén incluidos en el ámbito del artículo 48 del Tratado. Debe garantizarse asimismo que se ponga a disposición del público de la Comunidad toda la oportuna información adicional sobre emisores comunitarios o de terceros países cuya divulgación se exija en un tercer país pero no en un Estado miembro.

(28)

Debe designarse en cada Estado miembro una autoridad competente única que asuma la responsabilidad final de supervisar el cumplimiento de las disposiciones adoptadas con arreglo a la presente Directiva, así como de la cooperación internacional. Dicha autoridad debe ser de carácter administrativo, y habría que garantizar su independencia de los actores económicos para evitar conflictos de intereses. No obstante, los Estados miembros podrían designar otra autoridad competente para comprobar que la información prevista en la presente Directiva se presenta de conformidad con el marco pertinente en materia de información financiera y adoptar las medidas oportunas en caso de descubrirse infracciones; dicha autoridad no ha de ser necesariamente de carácter administrativo.

(29)

El aumento de las actividades transfronterizas requiere una mayor cooperación entre las autoridades nacionales competentes, así como toda una serie de disposiciones que regule el intercambio de la información y las medidas preventivas. La organización de las tareas de regulación y supervisión en cada Estado miembro no debe restar eficacia a la cooperación entre las autoridades nacionales competentes.

(30)

En su reunión del 17 de julio de 2000, el Consejo creó un Comité de expertos sobre la reglamentación de los mercados europeos de valores mobiliarios. En su informe final, ese Comité propuso la introducción de nuevas técnicas legislativas basadas en un planteamiento en cuatro niveles: principios generales, medidas de ejecución, cooperación entre reguladores nacionales de valores, y cumplimiento del Derecho comunitario. La presente Directiva debe limitarse a enunciar principios «marco» de ámbito general, mientras que las medidas de ejecución, que han de ser adoptadas por la Comisión con la asistencia del Comité Europeo de Valores establecido por la Decisión 2001/528/CE de la Comisión (6), deben establecer los detalles técnicos.

(31)

La Resolución adoptada por el Consejo Europeo de Estocolmo de marzo de 2001 respaldó el Informe final del Comité de expertos y el planteamiento en cuatro niveles para aumentar la eficacia y transparencia del proceso de elaboración de la legislación comunitaria sobre valores.

(32)

Según la citada Resolución, las medidas de ejecución deben emplearse con mayor frecuencia, para garantizar la actualización de las disposiciones técnicas en función de la evolución del mercado y de las prácticas de supervisión, debiendo establecerse plazos para todas las fases de adopción de las medidas de ejecución.

(33)

La Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de febrero de 2002, sobre la aplicación de la legislación en el marco de los servicios financieros también respaldó el informe del Comité de expertos, basándose en una declaración solemne efectuada el mismo día por el Presidente de la Comisión ante el Parlamento Europeo y en la carta de 2 de octubre de 2001 dirigida por el Comisario de Mercado Interior al Presidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento en relación con las garantías sobre el misión del Parlamento Europeo en este proceso.

(34)

El Parlamento Europeo debe disponer de un período de tres meses, a partir de la primera transmisión del proyecto de medidas de ejecución, para proceder a su examen y emitir un dictamen. Sin embargo, en casos de urgencia debidamente justificados, este período podría acortarse. Si, dentro de este período, el Parlamento aprobase una resolución, la Comisión tendría que volver a examinar su proyecto de medidas.

(35)

Pueden necesitarse medidas técnicas de ejecución de las normas fijadas en la presente Directiva para tener en cuenta la evolución de los mercados de valores. En consecuencia, la Comisión debe estar facultada para adoptar medidas de ejecución, a condición de que éstas no modifiquen los elementos fundamentales de la presente Directiva y siempre que la Comisión actúe según los principios establecidos en la misma y previa consulta al Comité Europeo de Valores.

(36)

Para ejercer sus poderes ejecutivos de conformidad con la presente Directiva, la Comisión debe respetar los principios siguientes:

(37)

Para garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente Directiva o en las medidas de ejecución de la misma, debe detectarse rápidamente y, en su caso, sancionarse toda infracción de esos requisitos o medidas. Para ello, las medidas y sanciones deben ser suficientemente disuasorias y proporcionadas y ejecutarse de forma coherente. Los Estados miembros deben velar por que las decisiones tomadas por las autoridades competentes nacionales puedan ser objeto de recurso judicial.

(38)

La presente Directiva pretende modernizar los requisitos de transparencia actuales para los emisores de valores y para los inversores que adquieran o enajenen participaciones importantes de emisores cuyas acciones se admiten a cotización en un mercado regulado. La presente Directiva sustituye algunos de los requisitos establecidos en la Directiva 2001/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de mayo de 2001, sobre la admisión de valores negociables a cotización oficial y la información que ha de publicarse sobre dichos valores (7). Para poder reunir los requisitos de transparencia en un solo acto legislativo es necesario modificar dicha Directiva en consecuencia. No obstante, dicha modificación no debe afectar a la facultad de los Estados miembros de imponer requisitos adicionales con arreglo a los artículos 42 a 63 de la Directiva 2001/34/CE, que se mantienen en vigor.

(39)

La presente Directiva es conforme con la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (8).

(40)

La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa, en particular, los principios establecidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

(41)

Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, asegurar la confianza del inversor mediante una transparencia equivalente en toda la Comunidad y completar así el mercado interior, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros en virtud de la legislación comunitaria vigente y pueden lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(42)

Procede aprobar las medidas necesarias para la ejecución de la presente Directiva con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (9).

a)

«valores», los valores mobiliarios tal como se definen en el punto 18 del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros (10), con excepción de los instrumentos del mercado monetario, según se definen en el punto 19 del apartado 1 del artículo 4 de dicha Directiva, que tengan un vencimiento inferior a 12 meses, a los que se aplicará la legislación nacional;

b)

«obligaciones», los bonos u otros títulos de deuda negociables, con excepción de los valores que sean equiparables a las acciones de sociedades o que, si se convierten o si se ejercen los derechos que confieren, den derecho a adquirir acciones o valores equiparables a acciones;

c)

«mercado regulado», un mercado con arreglo a la definición del punto 14 del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 2004/39/CE;

d)

«emisor», toda persona jurídica regida por el derecho privado o público, incluido un Estado, cuyos valores se admitan a negociación en un mercado regulado, siendo el emisor, en el caso de los certificados de depósito que representan valores, el emisor de los valores representados;

e)

«accionista», toda persona física o jurídica regida por el derecho privado o público que posea, directa o indirectamente:

f)

«empresa controlada», toda empresa

g)

«organismo de inversión colectiva con excepción del de tipo cerrado», los fondos de inversión y las sociedades de inversión:

h)

«participaciones de un organismo de inversión colectiva», los valores emitidos por un organismo de inversión colectiva que representen los derechos de los participantes sobre los activos de tal organismo;

i)

«Estado miembro de origen»,

j)

«Estado miembro de acogida», un Estado miembro en el que los valores se admitan a negociación en un mercado regulado, si es distinto del Estado miembro de origen;

k)

«información regulada», toda la información que el emisor, o cualquier otra persona que haya solicitado la admisión de valores a un mercado regulado sin el consentimiento del emisor, debe divulgar en virtud de la presente Directiva, de conformidad con el artículo 6 de la Directiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, sobre las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado (abuso del mercado) (11), o en virtud de las leyes, reglamentaciones o disposiciones administrativas de un Estado miembro, adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 3 de la presente Directiva;

l)

«medios electrónicos», los medios de equipo electrónico para el tratamiento (incluida la compresión digital), el almacenamiento y la transmisión de datos, empleando cables, radio, tecnologías ópticas u otros medios electromagnéticos;

m)

«sociedad de gestión», toda sociedad conforme a la definición del apartado 2 del artículo 1 bis de la Directiva 85/611/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) (12);

n)

«creador de mercado»: la persona que se presenta regularmente en los mercados financieros declarándose dispuesta a negociar por cuenta propia, comprando y vendiendo instrumentos financieros con capital propio a los precios establecidos por ella;

o)

«entidad de crédito», toda empresa conforme a la definición de la letra a) del punto 1 del artículo 1 de la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 2000, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio (13);

p)

«valores emitidos de forma continua o repetida», obligaciones del mismo emisor, emitidas de modo continuo, o al menos dos emisiones distintas de valores de un tipo y/o clase similar.

a)

establecer, a los efectos del inciso ii) de la letra i) del apartado 1, los requisitos de procedimiento con arreglo a los cuales un emisor puede hacer la elección del Estado miembro de origen;

b)

ajustar, cuando proceda a efectos de la elección del Estado miembro de origen mencionado en el inciso ii) de la letra i) del apartado 1, el período de tres años referente al historial del emisor en función de un eventual nuevo requisito de Derecho comunitario sobre la admisión a cotización en un mercado regulado;

c)

establecer, a efectos de la letra l) del apartado 1, una lista orientativa de medios que no deben ser considerados medios electrónicos, teniendo así en cuenta el anexo V de la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas (14).

a)

en relación con la admisión de valores a un mercado regulado de su territorio, imponer requisitos de divulgación más estrictos que los establecidos en la presente Directiva o en el artículo 6 de la Directiva 2003/6/CE;

b)

por lo que se refiere a la notificación de la información, someter a un accionista o a una persona física o jurídica de las mencionadas en los artículos 10 y 13 a unos requisitos más estrictos que los fijados en la presente Directiva.

a)

los estados financieros auditados;

b)

el informe de gestión; y

c)

declaraciones efectuadas por los responsables en el seno del emisor, cuyo nombre y cargo se indicará claramente, a tenor de las cuales, hasta donde alcanzan sus conocimientos, los estados financieros elaborados con arreglo a las normas de contabilidad aplicables ofrecen una imagen fiel de los activos y pasivos, de la situación financiera y de los resultados del emisor y de las empresas comprendidas en la consolidación tomados en conjunto, y que el informe de gestión incluye una exposición fiel de la evolución y los resultados empresariales y de la situación del emisor y de las empresas comprendidas en la consolidación tomados en su conjunto, así como una descripción de los principales riesgos e incertidumbres a que se enfrentan.

a)

los estados financieros resumidos;

b)

un informe de gestión intermedio; y

c)

declaraciones efectuadas por los responsables en el seno del emisor, cuyo nombre y cargo se indicará claramente, a tenor de las cuales, hasta donde alcanzan sus conocimientos, los estados financieros resumidos, elaborados con arreglo a las normas de contabilidad aplicables, ofrecen una imagen fiel de los activos y pasivos, de la situación financiera y de los resultados del emisor, o de las empresas comprendidas en la consolidación tomados en su conjunto, según lo exige el apartado 3, y el informe de gestión intermedio incluye una exposición fiel de la información exigida en el apartado 4.

a)

especificar las condiciones técnicas en las que un informe financiero semestral publicado, incluida la revisión del auditor, debe permanecer a disposición pública;

b)

aclarar la naturaleza de la revisión del auditor;

c)

especificar el contenido mínimo del resumen del balance y de la cuenta de resultados y de las notas explicativas de dichas cuentas, cuando no hayan sido preparadas de conformidad con las normas internacionales de contabilidad adoptadas con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 6 del Reglamento (CE) no 1606/2002.

—

una explicación de los hechos y operaciones relevantes que hayan tenido lugar durante el período correspondiente y su incidencia en la situación financiera del emisor y de sus empresas controladas, y

—

una descripción general de la situación financiera y de los resultados empresariales del emisor y sus empresas controladas durante el período correspondiente.

a)

los Estados, las entidades regionales o locales de un Estado, los organismos públicos internacionales de los que sea miembro al menos un Estado miembro, el BCE, y los bancos centrales nacionales de los Estados miembros, emitan o no acciones u otros valores; y

b)

los emisores que emitan exclusivamente obligaciones admitidas a negociación en un mercado regulado de un valor nominal unitario de al menos 50 000 euros o, en el caso de las obligaciones no denominadas en euros, cuyo valor nominal unitario sea, en la fecha de emisión, equivalente a 50 000 euros como mínimo.

a)

el umbral del 30 %, cuando aplique un umbral de un tercio;

b)

el umbral del 75 %, cuando aplique un umbral de dos tercios.

a)

tenga la autorización de su Estado miembro de origen en virtud de la Directiva 2004/39/CE; y

b)

no intervenga en la gestión del emisor de que se trate ni ejerza influencia alguna sobre el mismo para adquirir dichas acciones, ni respalde el precio de la acción.

a)

los derechos de voto mantenidos en la cartera de negociación no superen el 5 %, y

b)

la entidad de crédito o empresa de inversión garantice que los derechos de voto vinculados a acciones mantenidas en la cartera de negociación no sean ejercidos ni utilizados de otro modo para intervenir en la gestión del emisor.

a)

derechos de voto en poder de un tercero con quien esa persona física o jurídica haya celebrado un acuerdo que los obligue a adoptar, mediante el ejercicio concertado de los derechos de voto que poseen, una política común duradera en relación con la gestión del emisor en cuestión;

b)

derechos de voto en poder de un tercero en virtud de un acuerdo celebrado con esa persona física o jurídica que prevea la transferencia temporal y a título oneroso de los derechos de voto en cuestión;

c)

derechos de voto vinculados a acciones depositadas como garantía en esa persona física o jurídica, a condición de que esta última controle los derechos de voto y declare su intención de ejercerlos;

d)

derechos de voto vinculados a acciones de las que esa persona física o jurídica tiene el usufructo,

e)

derechos de voto que posee, o que puede ejercer en el sentido de las letras a) a d), una empresa controlada por esa persona física o jurídica;

f)

derechos de voto vinculados a acciones depositadas en esa persona física o jurídica, que ésta pueda ejercer discrecionalmente en ausencia de instrucciones específicas por parte de los accionistas;

g)

derechos de voto poseídos por un tercero en nombre propio, por cuenta de dicha persona física o jurídica;

h)

derechos de voto que esa persona física o jurídica pueda ejercer en calidad de representante, cuando tal persona los pueda ejercer discrecionalmente en ausencia de instrucciones específicas por parte de los accionistas.

a)

la situación resultante, en términos de derechos de voto;

b)

la cadena de empresas controladas a través de las cuales se ejercen efectivamente derechos de voto, en su caso;

c)

la fecha en la que el umbral fue alcanzado o traspasado; y

d)

la identidad del accionista, aun cuando éste no tenga derecho a ejercer derechos de voto en las condiciones establecidas en el artículo 10, y de la persona física o jurídica con derecho a ejercer los derechos de voto en nombre de tal accionista.

a)

conozca —o, dadas las circunstancias, debiera haber conocido— la adquisición o cesión o la posibilidad de ejercer los derechos de voto, independientemente de la fecha en que surta efecto la adquisición, cesión o posibilidad de ejercicio de los derechos de voto; o

b)

sea informado del acontecimiento mencionado en el apartado 2 del artículo 9.

—

la empresa de inversión esté autorizada a realizar la gestión de cartera prevista en el punto 4 de la Sección A del anexo I de la Directiva 2004/39/CE;

—

sólo pueda ejercer los derechos de voto vinculados a dichas acciones con instrucciones formuladas por escrito o por medios electrónicos, o garantice que cada uno de los servicios de gestión de cartera se ofrece de modo independiente de cualquier otro servicio, en condiciones equivalentes a las previstas en la Directiva 85/611/CEE, mediante la creación de los oportunos mecanismos; y

—

la empresa de inversión ejerza sus derechos de voto independientemente de la empresa matriz.

a)

establecer un formulario normalizado para toda la Comunidad para notificar la información requerida al emisor conforme al apartado 1 o para presentar la información en virtud del apartado 3 del artículo 19;

b)

determinar un calendario de «días de mercado» para todos los Estados miembros;

c)

establecer los casos en los que el accionista, o la persona física o jurídica mencionada en el artículo 10, o ambos, realizarán la necesaria notificación al emisor;

d)

aclarar las circunstancias en las que el accionista, o la persona física o jurídica mencionada en el artículo 10, debiera haber tenido conocimiento de la adquisición o cesión;

e)

aclarar las condiciones de independencia que deberán cumplir las sociedades de gestión y sus empresas matrices, o las empresas de inversión y sus empresas matrices, para acogerse a las exenciones de los apartados 4 y 5.

a)

los tipos de instrumentos financieros a que se refiere el apartado 1 y su agregación;

b)

la naturaleza del acuerdo formal mencionado en el apartado 1;

c)

el contenido de la notificación que deba hacerse, creando un impreso normalizado que deberá usarse en toda la Comunidad para este fin;

d)

el período de notificación;

e)

a quién debe hacerse la notificación.

a)

proporcionar información sobre el lugar, la hora y el orden del día de las reuniones, el número total de acciones y derechos de voto y el derecho de los accionistas a participar en las reuniones;

b)

facilitar un formulario de representación, en papel o, en su caso, por medios electrónicos, a toda persona autorizada a votar en una junta de accionistas, junto con la convocatoria de la junta o, previa petición, una vez convocada la junta;

c)

designar como agente a una entidad financiera a través de la cual los accionistas puedan ejercer sus derechos financieros; y

d)

publicar anuncios o distribuir circulares referentes a la asignación y al pago de dividendos, así como a la emisión de nuevas acciones, incluida la información sobre todo dispositivo para la adjudicación, suscripción, cancelación o conversión.

a)

el uso de medios electrónicos en ningún modo dependerá del lugar en que esté situado el domicilio social o la residencia del accionista o, en los casos mencionados en las letras a) a h) del artículo 10, de las personas físicas o jurídicas;

b)

se establecerán dispositivos de identificación para asegurarse de que los accionistas, o las personas físicas o jurídicas con derecho a ejercer o a dirigir el ejercicio de los derechos de voto, sean efectivamente informados;

c)

se preguntará por escrito a los accionistas o, en los casos mencionados en las letras a) a e) del artículo 10, a las personas físicas o jurídicas con derecho a adquirir, ceder o ejercer derechos de voto, si aceptan el uso de medios electrónicos para la transmisión de información y, si no se oponen a ello en un periodo de tiempo razonable, su consentimiento se dará por supuesto. Podrán solicitar en todo momento en el futuro que dicha información les vuelva a ser comunicada por escrito;

d)

cualquier reparto de los costes incurridos en la transmisión de tal información por medios electrónicos será determinado por el emisor de acuerdo con el principio de igualdad de trato fijado en el apartado 1.

a)

publicar anuncios o distribuir circulares indicando el lugar, tiempo y orden del día de las asambleas de obligacionistas, el pago de intereses, el ejercicio de cualquier derecho de conversión, canje, suscripción o renuncia, y el reembolso, así como el derecho de tales obligacionistas a participar en todo ello;

b)

facilitar un formulario de representación, en papel o, en su caso, por medios electrónicos, a toda persona autorizada a votar en una junta de obligacionistas, junto con la convocatoria de la junta o, previa petición, una vez convocada la junta; y

c)

designar como agente a una entidad financiera a través de la cual los obligacionistas puedan ejercer sus derechos financieros.

a)

el uso de medios electrónicos no dependerá en modo alguno del lugar en que esté situado el domicilio social o la residencia del obligacionista o de su representante;

b)

se establecerán dispositivos de identificación para que los obligacionistas sean efectivamente informados;

c)

se preguntará por escrito a los obligacionistas si aceptan el uso de medios electrónicos para la transmisión de información y, si no se oponen a ello en un periodo de tiempo razonable, su consentimiento se dará por supuesto. Podrán solicitar en todo momento en el futuro que dicha información les vuelva a ser comunicada por escrito; y

d)

cualquier reparto de los costes incurridos en la transmisión de información por medios electrónicos será determinado por el emisor de acuerdo con el principio de igualdad de trato fijado en el apartado 1.

a)

permitir que sea archivada por medios electrónicos en el Estado miembro de origen;

b)

coordinar la presentación del informe financiero anual mencionado en el artículo 4 de la presente Directiva con la de la información anual mencionada en el artículo 10 de la Directiva 2003/71/CE.

a)

en una lengua aceptada por la autoridad competente del Estado miembro de origen; y

b)

a elección del emisor, en una lengua aceptada por las autoridades competentes de dichos Estados miembros de acogida o en una lengua habitual en el campo de las finanzas internacionales.

a)

normas mínimas para la difusión de información regulada, como se menciona en el apartado 1;

b)

normas mínimas para los mecanismos destinados al almacenamiento central mencionados en el apartado 2.

a)

una red electrónica nacional entre reguladores nacionales de valores, operadores de mercados regulados y los registros nacionales de sociedades contemplados por la Primera Directiva 68/151/CEE del Consejo, de 9 de marzo de 1968, tendente a coordinar, para hacerlas equivalentes, las garantías exigidas en los Estados miembros a las sociedades definidas en el segundo párrafo del artículo 48 (18) del Tratado, para proteger los intereses de socios y terceros (19); y

b)

una red electrónica única, o una plataforma de redes electrónicas, en todos los Estados miembros.

i)

que establezcan un mecanismo que garantice la equivalencia de la información solicitada en la presente Directiva, incluidos los estados financieros y la información, incluidos los estados financieros requeridos de conformidad con la disposiciones legales, reglamentarias o administrativas de un tercer país;

ii)

que indiquen que, como consecuencia de sus disposiciones legales, reglamentarias o administrativas nacionales, o de las prácticas o procedimientos basados en las normas internacionales elaboradas por organizaciones internacionales, el tercer país en el que se haya registrado el emisor garantice la equivalencia de los requisitos en materia de información previstos en la presente Directiva.

a)

exigir a los auditores, emisores, tenedores de acciones u otros instrumentos financieros, o a las personas aludidas en los artículos 10 o 13, y a las personas que los controlan o que son controladas por ellos, que faciliten información y documentos;

b)

exigir al emisor que divulgue al público la información requerida con arreglo a la letra a) por los medios y en los plazos que la autoridad considere necesarios. Podrá publicar esa información por iniciativa propia, después de oír al emisor, en caso de que no lo haya hecho el emisor o las personas que lo controlan o están bajo su control;

c)

exigir a los directivos de los emisores y de los tenedores de acciones u otros instrumentos financieros o de las personas físicas o jurídicas aludidas en los artículos 10 o 13 que notifiquen la información requerida en virtud de la presente Directiva o en virtud de la legislación nacional adoptada de conformidad con la misma y, si fuese necesario, que proporcionen información y documentos adicionales;

d)

suspender, o exigir que el mercado regulado de que se trate suspenda, la negociación de valores durante un período máximo de diez días si tiene motivos razonables para sospechar que el emisor ha infringido las disposiciones de la presente Directiva o de la legislación nacional adoptada de conformidad con la misma;

e)

prohibir la negociación en un mercado regulado si descubre que se han infringido las disposiciones de la presente Directiva o de la legislación nacional adoptada de conformidad con la misma, o si tiene motivos razonables para sospechar que se han infringido las disposiciones de la presente Directiva;

f)

comprobar que el emisor divulga oportunamente la información con el objetivo de garantizar la igualdad de acceso efectivo al público en todos los Estados miembros en los que se negocien los valores, y en caso contrario, adoptar las medidas oportunas;

g)

hacer público el hecho de que un emisor, un tenedor de acciones u otros instrumentos financieros o una de las personas físicas o jurídicas aludidas en los artículos 10 o 13 está incumpliendo sus obligaciones;

h)

examinar si la información prevista en la presente Directiva se presenta de conformidad con el marco pertinente de información financiera, y adoptar las medidas oportunas en caso de descubrirse infracciones; y

i)

llevar a cabo inspecciones in situ en su territorio de acuerdo con la legislación nacional, con objeto de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva y sus medidas de ejecución. Cuando sea necesario en virtud de la legislación nacional, la autoridad o autoridades competentes podrán hacer uso de ésta facultad dirigiéndose a la autoridad judicial pertinente y/o en cooperación con otras autoridades.

a)

la autoridad competente del Estado miembro de origen reconozca que los estados financieros anuales elaborados por los emisores de este tercer país ofrecen una imagen fiel de los activos y pasivos, de la situación financiera y de los resultados del emisor,

b)

el tercer país en el que se ha constituido el emisor no haya conferido carácter obligatorio a la aplicación de las normas internacionales de contabilidad a las que se hace referencia en el artículo 2 del Reglamento (CE) no 1606/2002;

c)

la Comisión no haya adoptado ningún tipo de decisión de conformidad con el inciso ii) del apartado 4 del artículo 23 con respecto a la existencia de una posible equivalencia entre las normas de contabilidad anteriormente mencionadas y

1)

En el artículo 1 se suprimen las letras g) y h);

2)

Se suprime el artículo 4;

3)

Se suprime el apartado 2 del artículo 6;

4)

El apartado 2 del artículo 8 se sustituye por el texto siguiente:

«2.   Los Estados miembros podrán imponer obligaciones adicionales a los emisores de valores admitidos a cotización oficial, a condición de que esas obligaciones adicionales se apliquen de forma general a todos los emisores o a determinadas clases de emisores.»;

5)

Se suprimen los artículos 65 a 97;

6)

Se suprimen los artículos 102 y 103;

7)

En el apartado 3 del artículo 107, se suprime el segundo párrafo;

8)

En el artículo 108, el apartado 2 queda modificado como sigue: