19.12.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 343/1

(1)

El artículo 10, apartado 4, de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (3), no especifica cómo deben distribuirse durante el período de negociación las cantidades de derechos de emisión de gases de efecto invernadero por subastar.

(2)

En aras de la seguridad jurídica y de la previsibilidad del mercado, debe precisarse que, para garantizar el buen funcionamiento del mercado, la Comisión puede, en circunstancias excepcionales, adaptar el calendario de las subastas en aplicación del artículo 10, apartado 4, de la Directiva 2003/87/CE.

(3)

Procede, por tanto, modificar la Directiva 2003/87/CE en consecuencia.

19.12.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 343/2

(1)

El Reglamento (CE) no 1260/2001 del Consejo (1) y, en particular, su artículo 15, apartado 8, su artículo 16, apartado 5, y su artículo 18, apartado 5, facultó a la Comisión para adoptar normas de desarrollo sobre la cotización por la producción de base y la cotización B, que deben recaudarse de los titulares de cuota que operen en el marco de la organización común de mercados en el sector del azúcar, el coeficiente para el cálculo de una cotización complementaria, y el reintegro, o la recuperación de parte de las cotizaciones, a los vendedores de remolacha.

(2)

La Comisión estableció las cotizaciones por producción correspondientes a las campañas de comercialización 2001/02 (2), 2002/03 (3), 2003/04 (4), 2004/05 (5) y 2005/06 (6).

(3)

El artículo 18, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1260/2001 disponía que, cuando el importe de la cotización por la producción de base fuese inferior al importe máximo señalado en el artículo 15, apartado 3, o cuando el importe de la cotización B mencionado en ese artículo fuese inferior al importe máximo señalado en el artículo 15, apartado 4, de ese Reglamento, revisado, en su caso, de acuerdo con el apartado 5 de este artículo, los fabricantes de azúcar estarían obligados a pagar a los vendedores de remolacha el 60 % de la diferencia entre el importe máximo de la cotización en cuestión y la cotización que debe aplicarse.

(4)

De conformidad con el artículo 9, apartado 1, del Reglamento (CE) no 314/2002 de la Comisión (7), el importe que deben pagar los fabricantes de azúcar a los vendedores de remolacha por la diferencia entre el importe máximo de la cotización por la producción de base y la cotización B y los importes de la cotización por percibir, se fijaron para las campañas de comercialización 2002/03 (8), 2003/04 (9) y 2005/06 (10).

(5)

En el marco de la reforma de la organización común de mercados en el sector del azúcar, el Reglamento (CE) no 318/2006 del Consejo (11), ha derogado y sustituido el Reglamento (CE) no 1260/2001 a partir de la campaña de comercialización 2006/2007. El Reglamento (CE) no 318/2006, posteriormente derogado e incorporado al Reglamento (CE) no 1234/2007 del Consejo (12), ha sustituido el sistema de autofinanciación del régimen de cuotas de producción, basado en cotizaciones variables por producción de azúcar, por un nuevo canon de producción destinado a contribuir a la financiación de los gastos que se produzcan en el sector del azúcar en el marco de la organización común del mercado del azúcar.

(6)

El 8 de mayo de 2008, en los asuntos acumulados C-5/06 y C-23/06 a C-36/06, el Tribunal de Justicia declaró inválidos el Reglamento (CE) no 1762/2003 de la Comisión (13) y el Reglamento (CE) no 1775/2004 de la Comisión (14). En su sentencia, el Tribunal dictaminó que, a efectos del cálculo de la pérdida media estimada por tonelada de producto, deben tenerse en cuenta todas las cantidades de azúcar de los productos exportados, independientemente de que se hayan pagado realmente restituciones.

(7)

El Tribunal, en los asuntos acumulados C-175/07 a C-184/07, y en los asuntos C-466/06 y C-200/06, también declaró inválido el Reglamento (CE) no 1686/2005 de la Comisión (15).

(8)

Con el fin de ajustarse a las resoluciones del Tribunal, la Comisión adoptó el Reglamento (CE) no 1193/2009 (16).

(9)

El 29 de septiembre de 2011, en su sentencia en el asunto T-4/06, el Tribunal General dictaminó que no existía una base jurídica adecuada para aplicar un coeficiente diferenciado a la cotización complementaria en el sector del azúcar y anuló el artículo 2 del Reglamento (CE) no 1686/2005, modificado por el artículo 3 del Reglamento (CE) no 1193/2009.

(10)

El 27 de septiembre de 2012, en los asuntos acumulados C-113/10, C-147/10 y C-234/10, el Tribunal declaró inválido el Reglamento (CE) no 1193/2009, para lo que alegó que, a efectos del cálculo de la pérdida media estimada por tonelada de producto, el artículo 15, apartado 1, letra d), del Reglamento (CE) no 1260/2001 debía interpretarse en el sentido de que el importe total de las restituciones incluye el importe total de las restituciones a la exportación efectivamente pagado.

(11)

Por consiguiente, las tasas en el sector del azúcar deben fijarse al nivel adecuado. En el caso de las exportaciones definidas de conformidad con el artículo 6, apartado 5, del Reglamento (CE) no 314/2002, la «pérdida media» a tenor del artículo 15, apartado 1, letra d), del Reglamento (CE) no 1260/2001 debe calcularse dividiendo las restituciones efectivamente abonadas por las cantidades exportadas, independientemente de que se haya pagado o no una restitución. El «excedente exportable» a tenor del artículo 15, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 1260/2001 debe calcularse también utilizando todas las exportaciones, independientemente de que se haya pagado o no una restitución.

(12)

Teniendo en cuenta que es el mismo método invalidado por el Tribunal el que se utilizó para calcular las cotizaciones correspondientes a la campaña de comercialización 2001/02, procede asimismo corregir en consecuencia los importes de las cotizaciones por producción y el coeficiente de la cotización complementaria para la campaña de comercialización 2001/02.

(13)

De la sentencia del Tribunal se desprende que el valor corregido de las cotizaciones debe aplicarse a partir de las mismas fechas de invalidación de las cotizaciones.

(14)

Como resultado de la fijación de las cotizaciones del azúcar de conformidad con el método a que se hace referencia en el considerando 11, procede asimismo fijar de nuevo, y ser aplicado con efecto retroactivo, los importes pagaderos por los fabricantes de azúcar a los vendedores de remolacha por la diferencia existente entre la cotización máxima y la cotización por percibir para las campañas de comercialización 2002/03, 2003/04 y 2005/06.

(15)

Con respecto a la campaña de comercialización 2001/02, la pérdida global no sufragada que se ha calculado según el método a que se hace referencia en el considerando 11, asciende a 14 123 937 EUR. El coeficiente contemplado en el artículo 16, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1260/2001 debe fijarse en consecuencia y ser aplicado con efecto retroactivo a esa campaña de comercialización.

(16)

En lo tocante a la campaña de comercialización 2002/03, la aplicación del método a que se hace referencia en el considerando 11 da como resultado el 2 % para la cotización por producción de base y el 16,371 % para la cotización B, que deben ser aplicados con efecto retroactivo a esa campaña de comercialización con efecto retroactivo. La pérdida global calculada de nuevo se sufraga totalmente con los ingresos de la cotización por la producción de base y de la cotización B. Por consiguiente, no es necesario fijar el coeficiente complementario mencionado en el artículo 16, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1260/2001 para esa campaña de comercialización.

(17)

Con respecto a la campaña de comercialización 2002/03, el Reglamento (CE) no 1440/2002 de la Comisión (17), fijó el importe máximo de la cotización B en el 37,5 % del precio de intervención del azúcar blanco. Sin embargo, la cotización B aplicable para ese año, revisada según el método a que se hace referencia en el considerando 11, es del 16,371 % de dicho precio de intervención. Esta diferencia exige que el importe pagadero por los fabricantes de azúcar a los vendedores de remolacha se fije por tonelada de remolacha de calidad tipo para esa campaña de comercialización, de conformidad con el artículo 18, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1260/2001.

(18)

Con respecto a la campaña de comercialización 2003/04, la aplicación del método a que se hace referencia en el considerando 11, se traduce en el 2 % para la cotización por producción de base y en el 17,259 % para la cotización B. La pérdida global calculada de nuevo se sufraga totalmente con los ingresos de la cotización por la producción de base y de la cotización B. Por consiguiente, para esa campaña de comercialización, no es necesario fijar el coeficiente complementario mencionado en el artículo 16, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1260/2001.

(19)

Para la campaña de comercialización 2003/04, el Reglamento (CE) no 1440/2002 fijó el importe máximo de la cotización B en el 37,5 % del precio de intervención del azúcar blanco, mientras que la cotización B revisada de acuerdo con el método a que se hace referencia en el considerando 11, es del 17,259 % de dicho precio de intervención. Esta diferencia exige que el importe pagadero por los fabricantes de azúcar a los vendedores de remolacha se fije por tonelada de remolacha de calidad tipo para esa campaña de comercialización, de conformidad con el artículo 18, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1260/2001.

(20)

Con respecto a la campaña de comercialización 2004/05, la aplicación del método a que se hace referencia en el considerando 11 no modifica la cotización por producción de base ni la cotización B. Para esa campaña de comercialización, la pérdida global no sufragada calculada según el método a que se hace referencia en el considerando 11 asciende a 57 648 788 EUR. Debe fijarse, pues, el coeficiente contemplado en el artículo 16, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1260/2001. De la sentencia del Tribunal mencionada en el considerando 9 se desprende que el coeficiente debe ser uniforme en los Estados miembros de la Unión en su composición a 30 de abril de 2004 y en los Estados miembros de la Unión en su composición a 1 de mayo de 2004.

(21)

Con respecto a la campaña de comercialización 2005/06, la aplicación del método a que se hace referencia en el considerando 11 da como resultado una cotización por producción de base del 1,2335 %, sin que haya necesidad de una cotización B. La pérdida global calculada de nuevo se sufraga totalmente con los ingresos de la cotización por la producción de base, sin que haya necesidad de fijar, para esa campaña de comercialización, el coeficiente complementario a que se refiere el artículo 16, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1260/2001.

(22)

Para la campaña de comercialización 2005/06, el Reglamento (CE) no 1296/2005 de la Comisión (18), fijó el importe máximo de la cotización B en el 37,5 % del precio de intervención de azúcar blanco. Como la cotización de base, revisada de conformidad con el método a que se hace referencia en el considerando 11, es del 1,2335 % del precio de intervención del azúcar blanco, no es necesario fijar ninguna cotización B. Debido a estas diferencias, es necesario fijar los importes por tonelada de remolacha de calidad tipo pagaderos por los fabricantes de azúcar a los vendedores de remolacha para esa campaña de comercialización, de conformidad con el artículo 18, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1260/2001.

(23)

Por razones de seguridad jurídica y para garantizar la igualdad de trato a los operadores afectados de los diferentes Estados miembros, es necesario fijar una fecha común en la cual las cotizaciones fijadas en el presente Reglamento se constaten a tenor del artículo 2, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento (CE, Euratom) no 1150/2000 del Consejo (19). No obstante, este plazo no debe aplicarse cuando los Estados miembros estén obligados en virtud de la legislación nacional a efectuar un reembolso a los operadores afectados después de dicha fecha.

—

16 de octubre de 2002 para la campaña de comercialización 2001/02,

—

8 de octubre de 2003 para la campaña de comercialización 2002/03,

—

15 de octubre de 2004 para la campaña de comercialización 2003/04,

—

18 de octubre de 2005 para la campaña de comercialización 2004/05, y

—

23 de febrero de 2007 para la campaña de comercialización 2005/06.

—

16 de octubre de 2002 para la campaña de comercialización 2001/02, y

—

18 de octubre de 2005 para la campaña de comercialización 2004/05.

—

8 de octubre de 2003 para la campaña de comercialización 2002/03,

—

15 de octubre de 2004 para la campaña de comercialización 2003/04, y

—

23 de febrero de 2007 para la campaña de comercialización 2005/06.

19.12.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 343/7

(1)

El 23 de marzo de 2012, el Consejo adoptó el Reglamento (UE) no 267/2012.

(2)

A raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 28 de noviembre de 2013 en el asunto C-280/12 P, Fereydoun MAHMOUDIAN y Fulmen han quedado excluidos de la lista de personas y entidades sometidas a medidas restrictivas del anexo II de la Decisión 2010/413/PESC del Consejo (2).

(3)

Procede retirar a Fereydoun MAHMOUDIAN y a Fulmen de la lista de personas y entidades sometidas a medidas restrictivas del anexo IX del Reglamento (UE) no 267/2012.

19.12.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 343/9

(1)

La nota complementaria 6 a) del capítulo 2 de la nomenclatura combinada aneja al Reglamento (CEE) no 2658/87 define la «carne cruda y condimentada» como «la carne cruda cuyo sazonado se ha realizado profundamente o en la totalidad de la superficie del producto, y es perceptible a simple vista o claramente perceptible por el sabor».

(2)

Con el fin de garantizar la aplicación de un enfoque uniforme por parte de las autoridades de aduanas a efectos de la clasificación aduanera, es necesario establecer métodos para determinar si la carne cruda de aves de corral está condimentada o no en el sentido de la nota complementaria 6 a) del capítulo 2 de la nomenclatura combinada.

(3)

Según los estudios realizados por el Grupo de Laboratorios de Aduanas Europeos, los métodos para comprobar si la carne cruda de aves de corral está condimentada o no deben consistir, en primer lugar, en un examen visual y, en segundo lugar, en la degustación de una muestra.

(4)

El método de degustación de la muestra debe aplicarse únicamente si el examen visual no ha aportado resultados concluyentes.

(5)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité del Código Aduanero.

19.12.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 343/26

(1)

En el artículo 18, apartado 3, del Reglamento (UE) no 1169/2011 se establece que, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos de información al consumidor, todos los ingredientes presentes en los alimentos en forma de nanomateriales artificiales deben indicarse claramente en la lista de ingredientes. Además, los nombres de los ingredientes presentes en los alimentos en forma de nanomateriales artificiales deben ir seguidos de la palabra «nano» entre paréntesis. En el Reglamento (UE) no 1169/2011 se establece una definición de «nanomaterial artificial».

(2)

En virtud del artículo 18, apartado 5, de dicho Reglamento, se habilita a la Comisión para que, con el fin de alcanzar los objetivos de ese mismo Reglamento, ajuste y adapte, por medio de actos delegados, la definición de «nanomaterial artificial» en cuestión a los progresos técnicos y científicos o a las definiciones acordadas a escala internacional.

(3)

El 18 de octubre de 2011, respondiendo, entre otras cosas, a una petición del Parlamento Europeo relativa a la introducción de una definición científica exhaustiva de «nanomaterial» en la legislación de la Unión, se adoptó la Recomendación 2011/696/UE de la Comisión (2). La definición establecida en dicha Recomendación se basa únicamente en el tamaño de las partículas contenidas en un material y abarca los materiales naturales, accidentales y fabricados. Tiene en cuenta, entre otras cosas, el informe de referencia del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea «Considerations on a Definition of Nanomaterial for Regulatory Purposes» (Consideraciones sobre la definición de «nanomaterial» con fines normativos) (3), el dictamen del Comité Científico de los Riesgos Sanitarios Emergentes y Recientemente Identificados (CCRSERI) titulado «Scientific basis for the definition of the term «Nanomaterial”» (Base científica para la definición del término «nanomaterial») (4) y la definición de «nanomaterial» de la Organización Internacional de Normalización (ISO) (5).

(4)

De conformidad con la Recomendación 2011/696/UE, la definición de «nanomaterial» en ella establecida no prejuzga ni refleja el ámbito de aplicación de ningún acto legislativo de la Unión.

(5)

En la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo «Segunda revisión de la normativa sobre los nanomateriales» (6), la Comisión manifestó su intención de utilizar en la legislación de la UE la definición de «nanomaterial» establecida en su Recomendación 2011/696/UE. Cuando se utilicen otras definiciones en la legislación de la UE, se adaptarán las disposiciones a fin de garantizar un enfoque coherente, aunque podrían seguir siendo necesarias soluciones sectoriales.

(6)

Por consiguiente, conviene adaptar la definición de «nanomaterial artificial» establecida en el Reglamento (UE) no 1169/2011 a la que figura en la Recomendación 2011/696/UE, que refleja los progresos técnicos y científicos hasta la fecha.

(7)

Dado que la definición establecida en el Reglamento (UE) no 1169/2011 se refiere a los nanomateriales artificiales y no a los nanomateriales en general, no deben incluirse en la definición los nanomateriales naturales ni los accidentales.

(8)

Por otro lado, conviene establecer la relación entre la definición de «nanomaterial artificial» y el material fabricado intencionadamente, que debería definirse de manera explícita. Esta definición debe tener en cuenta la adoptada por la ISO, según la cual el «nanomaterial artificial» es el nanomaterial destinado a una finalidad o función específica (7).

(9)

Con arreglo al artículo 4 del Reglamento (CE) no 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (8), solo los aditivos alimentarios que estén incluidos en las listas de la Unión pueden comercializarse como tales y utilizarse en alimentos, en aditivos alimentarios, en enzimas alimentarias y en aromas alimentarios en las condiciones de utilización especificadas y tras haber evaluado su seguridad.

(10)

Las listas de la Unión se establecen en los Reglamentos (UE) no 1129/2011 (9) y (UE) no 1130/2011 (10) de la Comisión. En dichas listas, tal y como están establecidas, figuran los aditivos alimentarios cuyo uso estaba permitido antes de la entrada en vigor del Reglamento (CE) no 1333/2008, una vez analizada su conformidad con lo dispuesto en dicho Reglamento. Todos esos aditivos alimentarios aprobados están siendo evaluados de nuevo en la actualidad por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (en lo sucesivo, «la Autoridad») con arreglo al Reglamento (UE) no 257/2010 de la Comisión (11). Esta nueva evaluación de los aditivos alimentarios se está llevando a cabo de conformidad con las prioridades establecidas en el Reglamento mencionado y por grupo de aditivos alimentarios, dependiendo de la clase funcional a la que pertenezcan. Abarca, además, los problemas relacionados con los nanomateriales, que pueden abordarse en una revisión de las condiciones de utilización, cuando proceda. Como consecuencia de ello, ya se han evaluado treinta colorantes alimentarios. Ninguno de ellos se ha producido en forma de nanomaterial. Por lo que respecta al carbonato de calcio (E170) y al carbón vegetal (E153), la Autoridad ha recomendado indicar el tamaño de las partículas en las especificaciones. Otros aditivos que pueden producirse en forma de nanomaterial se van a evaluar a más tardar:

(11)

Algunos aditivos alimentarios incluidos en las listas de la Unión establecidas en los Reglamentos (UE) no 1129/2011 y (UE) no 1130/2011 podrían encontrarse en los alimentos finales en forma de nanomateriales artificiales. Sin embargo, añadir la palabra «nano» entre paréntesis tras la denominación de estos aditivos alimentarios en la lista de ingredientes podría confundir a los consumidores, ya que podría sugerirles que se trata de aditivos nuevos, cuando en realidad se han utilizado en los alimentos en esta forma durante décadas.

(12)

Por tanto, los aditivos alimentarios incluidos en las listas de la Unión en virtud de los Reglamentos (UE) no 1129/2011 y (UE) no 1130/2011 no deben ir obligatoriamente acompañados de la palabra «nano» en la lista de ingredientes ni deben incluirse en la definición de «nanomaterial artificial». La necesidad de establecer requisitos de etiquetado específicos para los nanomateriales en relación con estos aditivos debe abordarse en el contexto del programa de reevaluación, modificando, en su caso, las condiciones de utilización del anexo II del Reglamento (CE) no 1333/2008 y las especificaciones de esos aditivos, establecidas en el Reglamento (UE) no 231/2012 de la Comisión (12). Esta excepción no debe aplicarse a los aditivos alimentarios insertados en estas listas en una fecha posterior, incluidas las nuevas entradas con arreglo al artículo 12 del Reglamento (CE) no 1333/2008.

(13)

Debe revisarse el umbral del 50 % de la granulometría numérica, a fin de determinar si, en el futuro, debe sustituirse por un umbral situado entre el 1 y el 50 %, a la vista de los avances tecnológicos relativos a los métodos de detección y cuantificación y cuando esté justificado por cuestiones de salud y seguridad.

(14)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (UE) no 1169/2011 en consecuencia.

a)

los aditivos alimentarios que se incluyen en la definición establecida en el párrafo primero no se considerarán nanomateriales artificiales si se han incluido en las listas de la Unión a las que se refiere el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1333/2008 en virtud de los Reglamentos (UE) no 1129/2011 (13) y (UE) no 1130/2011 (14) de la Comisión;

b)

los fullerenos, los copos de grafeno y los nanotubos de carbono de pared simple con una o más dimensiones externas inferiores a 1 nm se considerarán nanomateriales artificiales.

A efectos de la definición establecida en el párrafo primero, se entenderá por:

i)   “partícula”: una parte diminuta de materia con límites físicos definidos,

ii)   “aglomerado”: un conjunto de partículas o agregados débilmente ligados en el que la extensión de la superficie externa resultante es similar a la suma de las extensiones de las superficies de los distintos componentes,

iii)   “agregado”: una partícula compuesta de partículas fuertemente ligadas o fusionadas,

iv)   “fabricado intencionadamente”: el material que ha sido fabricado para realizar/cumplir una función o finalidad específica.

19.12.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 343/29

(1)

El Reglamento (CE) no 834/2007 establece los requisitos básicos de la producción ecológica de animales de la acuicultura y de algas marinas. Las disposiciones de aplicación de esos requisitos figuran en el Reglamento (CE) no 889/2008 de la Comisión (2).

(2)

En el período comprendido entre noviembre de 2012 y abril de 2013, algunos Estados miembros solicitaron la revisión de las normas sobre productos, sustancias y técnicas que pueden usarse en la producción de la acuicultura ecológica. Tales solicitudes deben ser examinadas por el grupo de expertos de asesoramiento técnico sobre la producción ecológica creado mediante la Decisión 2009/427/CE de la Comisión (3); sobre la base de esta evaluación, la Comisión tiene la intención de determinar si es necesario revisar dichas normas en 2014.

(3)

En algunas de estas solicitudes se apuntaba la insuficiente disponibilidad en el mercado de juveniles ecológicos y de material ecológico de reproducción de moluscos para cumplir los requisitos de los artículos 25 sexies y 25 sexdecies del Reglamento (CE) no 889/2008.

(4)

Dado que los juveniles ecológicos y el material ecológico de reproducción de moluscos aún no están disponibles en cantidades suficientes, con el fin de permitir la continuidad, evitar trastornos de la producción acuícola ecológica en la Unión y dar tiempo al mercado de juveniles ecológicos y de material ecológico de reproducción de moluscos a desarrollarse más, está justificado, a la espera de recibir asesoramiento experto, aplazar la aplicación del porcentaje del 50 % previsto en el artículo 25 sexies, apartado 3, y en el artículo 25 sexdecies, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento (CE) no 889/2008 un año, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2014.

(5)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) no 889/2008 en consecuencia.

(6)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de Reglamentación sobre la Producción Ecológica.

1)

En el artículo 25 sexies, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3.   El porcentaje máximo de juveniles de la acuicultura no ecológica introducidos en la explotación será de un 80 %, como muy tarde, el 31 de diciembre de 2011, un 50 %, como muy tarde, el 31 de diciembre de 2014 y un 0 %, como muy tarde, el 31 de diciembre de 2015.».

2)

En el artículo 25 sexdecies, apartado 1, el párrafo tercero se sustituye por el texto siguiente:

«Sin embargo, el porcentaje máximo de material de reproducción procedente de viveros de crustáceos bivalvos no ecológicos que podrá introducirse en las unidades de producción ecológicas será del 80 %, como muy tarde, el 31 de diciembre de 2011, el 50 %, como muy tarde, el 31 de diciembre de 2014 y el 0 %, como muy tarde, el 31 de diciembre de 2015.».

19.12.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 343/31

(1)

El Reglamento (CE) no 1831/2003 regula la autorización de aditivos en la alimentación animal y establece los motivos y procedimientos para conceder dicha autorización.

(2)

De conformidad con el artículo 7 del Reglamento (CE) no 1831/2003, se presentó una solicitud de autorización de un preparado de α-galactosidasa producida por Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) y endo-1,4-β-glucanasa producida por Aspergillus niger (CBS 120604). Dicha solicitud estaba acompañada de la información y la documentación exigidas en el apartado 3 del citado artículo.

(3)

La solicitud es relativa a la autorización de un preparado de α-galactosidasa producida por Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) y endo-1,4-β-glucanasa producida por Aspergillus niger (CBS 120604) como aditivo alimentario para especies menores de aves de corral para engorde y para pollitas para puesta, que debe clasificarse en la categoría «aditivos zootécnicos».

(4)

El uso del preparado fue autorizado durante un período de diez años para los pollos de engorde por el Reglamento de Ejecución (CE) no 237/2012 de la Comisión (2).

(5)

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria («la Autoridad») concluyó en su dictamen de 18 de junio de 2013 (3) que, en las condiciones de utilización propuestas, el preparado de α-galactosidasa producida por Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) y endo-1,4-β-glucanasa producida por Aspergillus niger (CBS 120604) no tiene efectos adversos para la salud animal, la salud humana o el medio ambiente, y que su uso en pollitas para puesta puede ser eficaz y puede extrapolarse a especies menores de aves de corral para engorde. La Autoridad no considera que sean necesarios requisitos específicos de seguimiento posterior a la comercialización. La Autoridad verificó también el informe sobre el método de análisis del aditivo para alimentación animal en los piensos que presentó el laboratorio de referencia establecido por el Reglamento (CE) no 1831/2003.

(6)

La evaluación del preparado de α-galactosidasa producida por Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) y endo-1,4-β-glucanasa producida por Aspergillus niger (CBS 120604) pone de manifiesto que se cumplen las condiciones de autorización establecidas en el artículo 5 del Reglamento (CE) no 1831/2003. En consecuencia, debe autorizarse el uso de este preparado tal como se especifica en el anexo del presente Reglamento.

(7)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal.

19.12.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 343/34

(1)

Mediante la Decisión 2012/734/UE, el Consejo autorizó la firma, en nombre de la Unión, del Acuerdo por el que se establece una Asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por un lado, y Centroamérica, por otro, (en lo sucesivo denominado «el Acuerdo»). En virtud de la Decisión 2012/734/UE, el Acuerdo ha de aplicarse de forma provisional, a la espera de que concluyan los procedimientos necesarios para su celebración.

(2)

El anexo II del Acuerdo se refiere a la definición de la noción de «productos originarios» y a los métodos de cooperación administrativa. Para varios productos, el apéndice 2A de dicho anexo establece posibles excepciones de las reglas de origen que figuran en dicho anexo en el marco de contingentes anuales. Dado que la Unión ha decidido hacer uso de dicha posibilidad, es necesario establecer las condiciones para la aplicación de estas excepciones a las importaciones procedentes de Guatemala.

(3)

Conviene que la Comisión administre los contingentes arancelarios previstos en el apéndice 2A con arreglo a la fórmula de atender según el orden de recepción, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, por el que se establece el código aduanero comunitario (2).

(4)

El derecho a beneficiarse de las concesiones arancelarias debe supeditarse a la presentación ante las autoridades aduaneras de la prueba de origen pertinente, tal como está previsto en el Acuerdo.

(5)

Dado que el Acuerdo surtirá efecto el 1 de diciembre de 2013, el presente Reglamento debe aplicarse a partir de la misma fecha.

(6)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité del Código Aduanero.

19.12.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 343/38

(1)

El Reglamento de Ejecución (UE) no 543/2011 establece, en aplicación de los resultados de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los criterios para que la Comisión fije los valores de importación a tanto alzado de terceros países correspondientes a los productos y períodos que figuran en el anexo XVI, parte A, de dicho Reglamento.

(2)

De acuerdo con el artículo 136, apartado 1, del Reglamento de Ejecución (UE) no 543/2011, el valor de importación a tanto alzado se calcula cada día hábil teniendo en cuenta datos que varían diariamente. Por lo tanto, el presente Reglamento debe entrar en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

19.12.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 343/40

(1)

El 31 de diciembre de 2013 concluyen los mandatos de D. Gijs DE VRIES, D. Henri GRETHEN, D. Michel CRETIN, D. Ioannis SARMAS y D. David BOSTOCK.

(2)

Es necesario, por consiguiente, proceder a nuevos nombramientos,

—

D. Alex BRENNINKMEIJER,

—

D. Henri GRETHEN,

—

D.a Danièle LAMARQUE,

—

D. Nikolaos MILIONIS,

—

D. Phil WYNN OWEN.

19.12.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 343/41

(1)

El 22 de diciembre de 2009 y el 18 de enero de 2010, el Consejo adoptó las Decisiones 2009/1014/UE (1) y 2010/29/UE (2) por las que se nombran miembros y suplentes del Comité de las Regiones para el período comprendido entre el 26 de enero de 2010 y el 25 de enero de 2015.

(2)

Quedará vacante un cargo de miembro del Comité de las Regiones a raíz del término del mandato de D.a Emilia MÜLLER.

—

Dr. Beate MERK, Bayerische Staatsministerin für Europaangelegenheiten und regionale Beziehungen.

19.12.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 343/42

(1)

El anexo I de la Directiva 98/8/CE contiene la lista de sustancias activas aprobadas por la Unión para su inclusión en biocidas. La Directiva 2009/92/CE de la Comisión (2) añadió la sustancia activa bromadiolona para su utilización en biocidas del tipo 14, rodenticidas, conforme a la definición del anexo V de la Directiva 98/8/CE.

(2)

Se sabe que la bromadiolona, rodenticida anticoagulante, presenta riesgos de incidentes fortuitos para los niños, así como riesgos para los animales a los que no va dirigida la sustancia y para el medio ambiente, habiendo sido identificada como potencialmente persistente, bioacumulable y tóxica («PBT»), o muy persistente y muy bioacumulable («MPMB»).

(3)

No obstante, por motivos de salud pública e higiene, se consideró justificado incluir la bromadiolona y otros rodenticidas anticoagulantes en el anexo I de la Directiva 98/8/CE, permitiendo así a los Estados miembros autorizar biocidas a base de esa sustancia. La Directiva obliga, sin embargo, a los Estados miembros a velar por que, cuando concedan autorizaciones de biocidas que contengan bromadiolona, se reduzca al mínimo la exposición directa e indirecta de seres humanos, animales a los que no va dirigida la sustancia y el medio ambiente, teniendo en cuenta y aplicando todas las medidas oportunas de reducción del riesgo. Entre las medidas de reducción del riesgo mencionadas en la Directiva 2009/92/CE se incluye, por tanto, una limitación para uso profesional exclusivo.

(4)

La empresa Belgagri SA («el solicitante») presentó a Irlanda, de conformidad con el artículo 8 de la Directiva 98/8/CE, solicitudes de autorización de cuatro rodenticidas que contienen bromadiolona («los biocidas»).

(5)

Irlanda concedió las autorizaciones de los biocidas el 30 de septiembre de 2012. Los biocidas fueron autorizados con limitaciones para garantizar el cumplimiento en Irlanda de las condiciones previstas en el artículo 5 de la Directiva 98/8/CE. Entre esas limitaciones no se incluía el uso exclusivo por profesionales formados o titulares de una licencia.

(6)

El 5 de febrero de 2013, el solicitante remitió a Alemania solicitudes completas con vistas al reconocimiento mutuo de las primeras autorizaciones de los biocidas.

(7)

El 17 de abril de 2013, Alemania notificó a la Comisión, a los demás Estados miembros y al solicitante su propuesta de restringir las primeras autorizaciones de conformidad con el artículo 4, apartado 4, de la Directiva 98/8/CE. Alemania propuso imponer una limitación a los biocidas para uso por profesionales formados o titulares de una licencia.

(8)

La Comisión invitó a los otros Estados miembros y al solicitante a presentar por escrito sus alegaciones sobre dicha notificación dentro del plazo de 90 días que dispone el artículo 27, apartado 1, de la Directiva 98/8/CE. Al finalizar el plazo no se había presentado ninguna alegación. La notificación fue objeto de debate asimismo entre la Comisión y las autoridades competentes de los Estados miembros en materia de biocidas en la reunión del Grupo de Autorización de Biocidas y Facilitación del Reconocimiento Mutuo celebrada el 14 de mayo de 2013.

(9)

De conformidad con la Directiva 98/8/CE, las autorizaciones de biocidas que contienen bromadiolona deben estar sujetas a todas las medidas de reducción del riesgo adecuadas y disponibles, incluida la limitación para uso profesional exclusivo. Según la evaluación científica previa a la inclusión de la bromadiolona en la Directiva 98/8/CE, solo de los usuarios profesionales cabe esperar que sigan las instrucciones para conseguir minimizar el riesgo de intoxicación indirecta de animales a los que no va dirigida la sustancia y que utilicen los biocidas de una forma tal que impida la aparición y difusión de resistencia. En principio, pues, una limitación para usuarios profesionales debe considerarse una medida adecuada de reducción del riesgo, en particular en los Estados miembros en los que se observa resistencia a la bromadiolona.

(10)

Ante la ausencia de datos contrarios, una limitación para usuarios profesionales es, por tanto, una medida adecuada y disponible de reducción del riesgo a efectos de la autorización en Alemania de biocidas que contengan bromadiolona. Esta conclusión se ve respaldada por los argumentos aducidos por Alemania en el sentido de que se ha observado resistencia a la bromadiolona en ratas y que se piensa que esa resistencia está intensificándose en el país. Alemania dispone además de una infraestructura eficaz de operarios formados en control de plagas y de profesionales titulares de una licencia, como agricultores, jardineros y silvicultores que han recibido formación profesional, lo que hace que la limitación propuesta no dificulte la prevención de infecciones.

(11)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Biocidas.

19.12.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 343/44

(1)

La gripe aviar es una enfermedad vírica contagiosa de las aves de corral y otras aves cautivas, que tiene graves consecuencias en la rentabilidad de la cría de aves de corral y provoca perturbaciones en el comercio dentro de la Unión y en las exportaciones a terceros países.

(2)

En el caso de producirse un brote de gripe aviar, existe el riesgo de que el agente patógeno se propague a otras explotaciones de aves de corral no solo en ese Estado miembro, sino también en otros Estados miembros y en terceros países a través del comercio de aves de corral vivas o sus productos.

(3)

La Directiva 2005/94/CE del Consejo (2), relativa a medidas comunitarias de lucha contra la influenza aviar, establece medidas que, en caso de brote, los Estados miembros deben aplicar de inmediato con carácter de urgencia para evitar una mayor propagación del virus.

(4)

De conformidad con el artículo 84 del Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), los compromisos de gasto del presupuesto de la Unión deben ir precedidos de una decisión de financiación en la que se establezcan los elementos esenciales de la acción que implique un gasto y que sea adoptada por la institución o las autoridades en las que la institución haya delegado funciones.

(5)

En la Decisión 2009/470/CE se establecen las modalidades de la participación financiera de la Unión en las acciones veterinarias específicas, incluidas las intervenciones de urgencia. De conformidad con su artículo 4, apartado 2, los Estados miembros obtienen una contribución financiera para los gastos relacionados con determinadas medidas destinadas a erradicar la gripe aviar.

(6)

En el artículo 4, apartado 3, guiones primero y segundo, de la Decisión 2009/470/CE se establecen las normas relativas al porcentaje de los costes asumidos por el Estado miembro que puede sufragarse mediante la participación financiera de la Unión.

(7)

El pago de una contribución financiera de la Unión para las medidas urgentes destinadas a erradicar la gripe aviar está sujeto a las normas establecidas en el Reglamento (CE) no 349/2005 de la Comisión, de 28 de febrero de 2005, por el que se establecen las normas relativas a la financiación comunitaria de las intervenciones de urgencia y de lucha contra ciertas enfermedades animales contempladas en la Decisión 90/424/CEE del Consejo (4).

(8)

En 2012 y 2013 se produjeron brotes de gripe aviar en Alemania, Italia y los Países Bajos, y en 2013 en Dinamarca y España. Estos países adoptaron medidas, de conformidad con la Directiva 2003/85/CE del Consejo (5), para luchar contra dichos brotes.

(9)

En el marco del Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal, las autoridades de estos países informaron a la Comisión y a los demás Estados miembros de las medidas aplicadas de conformidad con la legislación de la Unión en materia de notificación y de erradicación de la enfermedad y de los resultados obtenidos.

(10)

Por consiguiente, las autoridades de estos países han cumplido sus obligaciones técnicas y administrativas en relación con las medidas previstas en el artículo 4, apartado 2, de la Decisión 2009/470/CE, y en el artículo 6 del Reglamento (CE) no 349/2005.

(11)

En esta fase no se puede determinar el importe exacto de la participación financiera de la Unión, ya que la información facilitada sobre los gastos de indemnización y gastos operativos consiste en estimaciones.

(12)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal.

19.12.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 343/46

(1)

El Reglamento (CE) no 58/2003 faculta a Comisión para delegar en las agencias ejecutivas competencias para ejecutar la totalidad o parte de un programa o proyecto de la Unión en nombre de la Comisión y bajo su responsabilidad.

(2)

La finalidad de delegar tareas de ejecución de programas en las agencias ejecutivas es hacer que la Comisión pueda concentrarse en sus actividades y funciones prioritarias, que no pueden externalizarse, sin por ello perder el control y la responsabilidad final de las actividades gestionadas por dichas agencias ejecutivas.

(3)

La delegación de las tareas relacionadas con la ejecución de programas en una agencia ejecutiva exige una clara separación entre las etapas de la programación que implican un amplio margen de discrecionalidad a la hora de elegir entre diferentes opciones atendiendo a consideraciones políticas, que corresponden a la Comisión, y la ejecución de los programas, que debe encomendarse a la agencia ejecutiva.

(4)

Mediante la Decisión 2005/56/CE (2), la Comisión creó la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (en lo sucesivo, «la Agencia») y le encomendó la gestión de la acción comunitaria en el ámbito educativo, audiovisual y cultural.

(5)

La Comisión modificó el mandato de la Agencia en varias ocasiones para que abarcara la gestión de nuevos proyectos y programas en los ámbitos de la educación, el sector audiovisual, la ciudadanía y la juventud y sustituyó la Decisión 2005/56/CE por la Decisión 2009/336/CE (3).

(6)

En su Comunicación de 29 de junio de 2011, titulada «Un presupuesto para Europa 2020» (4), la Comisión propuso que se utilizara la opción de recurrir de forma más generalizada a las actuales agencias ejecutivas para la aplicación de los programas de la Unión en el próximo marco financiero plurianual.

(7)

La Agencia ha demostrado un alto nivel de conocimientos técnicos y financieros en la gestión de programas de la Unión. Las encuestas de satisfacción efectuadas dentro de la primera y segunda evaluaciones intermedias de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA) (2009 y 2013) muestran que, en opinión de los beneficiarios y otras partes interesadas, la Agencia ofrece un servicio de mejor calidad que los modelos anteriores (oficina de asistencia técnica). La EACEA es capaz de atraer y conservar a personal altamente cualificado, lo que a su vez da estabilidad a su plantilla. La Agencia simplifica continuamente sus operaciones internas para mejorar su eficiencia, y procura normalizar los planteamientos en todos los programas. Se beneficia de su estatus de organismo público creado específicamente para gestionar programas en los ámbitos educativo, audiovisual y cultural, y esta especialización potencia la visibilidad de los programas de la UE entre las partes interesadas y el público en general. La existencia de una entidad única para gestionar varios programas complementarios genera efectos de sinergia en lo que respecta a la visibilidad de la actuación de la UE en beneficio mutuo de todos los programas. Los índices de error de la EACEA constatados en los controles a posteriori son bajos, muy inferiores al límite del 2 %. La segunda evaluación intermedia observa una mejora constante de los conocimientos técnicos y financieros de la EACEA, que a su vez se refleja en una mejora general de la actividad de la Agencia, como muestran sus indicadores clave de rendimiento.

(8)

Por lo que respecta a la comparación de los costes con la opción de gestión interna, el análisis de costes y ventajas llevado a cabo de conformidad con el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) no 58/2003 constató que sería más costoso gestionar las tareas en la Comisión, con una diferencia del 23 % en valor neto actual. Los nuevos programas que está previsto delegar en la EACEA están en consonancia con el mandato y la misión actuales de la Agencia y representan una continuación de las actividades existentes. La Agencia ha generado competencias, aptitudes y capacidad en la gestión de esos programas a lo largo de varios años. Por tanto, los nuevos programas se verían beneficiados de la experiencia y los conocimientos acumulados de la EACEA en la gestión de programas, con el consiguiente aumento de la productividad. El cambio hacia una gestión interna sería perjudicial, ya que la mayoría de los programas nunca han sido gestionados a título interno por las Direcciones Generales responsables, que no tienen capacidad para hacerlo. La delegación de la gestión de programas en la EACEA garantizaría así la continuidad de las actividades para los beneficiarios de los programas y las partes interesadas. La delegación a la EACEA también seguirá permitiendo a la Comisión atender mejor sus funciones institucionales.

(9)

Para dar a las agencias ejecutivas una identidad coherente, la Comisión, en la medida de lo posible, ha agrupado el trabajo en ámbitos temáticos al establecer sus nuevos mandatos.

(10)

Conviene hacer responsable a la Agencia de la ejecución de partes de los siguientes nuevos programas y acciones de la Unión:

(11)

Conviene que la Agencia siga siendo responsable de la ejecución de los siguientes programas y acciones existentes de la Unión:

(12)

La gestión de dichas partes de estos programas y acciones implica la ejecución de proyectos de carácter técnico, que no conllevan una toma de decisiones políticas, y exige un alto nivel de conocimientos técnicos y financieros durante todo el ciclo de los proyectos.

(13)

Para garantizar una ejecución coherente y puntual de la presente Decisión y de los programas en cuestión es necesario garantizar que la Agencia ejerza sus funciones relacionadas con la aplicación de estos programas a reserva y a partir de la fecha de entrada en vigor de los mismos.

(14)

Procede crear la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural. Esta debe sustituir y suceder a la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural, que fue creada por la Decisión 2009/336/CE de la Comisión. La Agencia debe funcionar con arreglo al estatuto general establecido en el Reglamento (CE) no 58/2003.

(15)

Procede derogar la Decisión 2009/336/CE, por la que se crea la Agencia, y adoptar disposiciones transitorias.

(16)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité de Agencias Ejecutivas.

a)

Erasmus+;

b)

el programa Europa Creativa;

c)

el programa Europa con los Ciudadanos;

d)

el Cuerpo Voluntario Europeo de Ayuda Humanitaria (EU Aid Volunteers);

e)

los proyectos en el ámbito de la enseñanza superior con arreglo a los siguientes instrumentos de cooperación exterior:

a)

los proyectos en el ámbito de la enseñanza superior que pueden financiarse con arreglo a las disposiciones relativas a la ayuda económica a determinados países de Europa Central y Oriental (Phare) establecidas por el Reglamento (CEE) no 3906/89;

b)

el programa de estímulo al desarrollo y a la distribución de obras audiovisuales europeas (MEDIA II-Desarrollo y Distribución) (1996-2000), establecido mediante la Decisión 95/563/CE;

c)

el programa de formación para los profesionales de la industria europea de programas audiovisuales (MEDIA II-Formación) (1996-2000), aprobado mediante la Decisión 95/564/CE;

d)

la segunda fase del Programa de Acción Comunitario en materia de Educación Sócrates (2000-2006), establecida por la Decisión no 253/2000/CE;

e)

la segunda fase del Programa de Acción Comunitario en materia de Formación Profesional Leonardo da Vinci (2000-2006), establecida por la Decisión 1999/382/CE;

f)

el Programa de Acción Comunitario Juventud (2000-2006), establecido por la Decisión no 1031/2000/CE;

g)

el programa Cultura 2000 (2000-2006), establecido por la Decisión no 508/2000/CE;

h)

los proyectos en el ámbito de la enseñanza superior que pueden financiarse con arreglo a las disposiciones relativas a la concesión de asistencia a los Estados socios de Europa Oriental y Asia Central (2000-2006) establecidas por el Reglamento (CE, Euratom) no 99/2000;

i)

los proyectos en el ámbito de la enseñanza superior que pueden financiarse con arreglo a las disposiciones relativas a la ayuda a Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Montenegro, Serbia y Kosovo (RCSNU 1244) (2000-2006) aprobadas por el Reglamento (CE) no 2666/2000;

j)

los proyectos en el ámbito de la enseñanza superior que pueden financiarse con arreglo a las disposiciones relativas a las medidas de acompañamiento financieras y técnicas (MEDA) de las reformas de las estructuras económicas y sociales en el marco de la colaboración euromediterránea aprobadas por el Reglamento (CE) no 2698/2000;

k)

la tercera fase del programa de cooperación transeuropea en materia de educación superior (Tempus III) (2000-2006), aprobada mediante la Decisión 1999/311/CE;

l)

los proyectos que pueden financiarse con arreglo a las disposiciones del Acuerdo celebrado entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos de América por el que se renueva el programa de cooperación en materia de enseñanza superior y de enseñanza y formación profesionales (2001-2005), aprobado mediante la Decisión 2001/196/CE;

m)

los proyectos que pueden financiarse con arreglo a las disposiciones del Acuerdo celebrado entre la Comunidad Europea y el Gobierno de Canadá por el que se renueva el programa de cooperación en materia de enseñanza superior y formación profesional (2001-2005), aprobado mediante la Decisión 2001/197/CE;

n)

el programa de estímulo al desarrollo de obras audiovisuales europeas (MEDIA Plus-Desarrollo, Distribución y Promoción) (2001-2006), aprobado mediante la Decisión 2000/821/CE;

o)

el programa de formación para los profesionales de la industria europea de programas audiovisuales (MEDIA-Formación) (2001-2006), aprobado mediante la Decisión no 163/2001/CE;

p)

el programa plurianual para la integración efectiva de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en los sistemas de educación y formación en Europa (programa eLearning) (2004-2006), aprobado mediante la Decisión no 2318/2003/CE;

q)

el programa de acción comunitario para la promoción de la ciudadanía europea activa (participación ciudadana) (2004-2006), aprobado mediante la Decisión 2004/100/CE;

r)

el programa de acción comunitario para la promoción de organismos activos a escala europea en el ámbito de la juventud (2004-2006), aprobado mediante la Decisión no 790/2004/CE;

s)

el programa de acción comunitario para la promoción de organismos activos a escala europea y el apoyo a actividades específicas en el ámbito de la educación y la formación (2004-2006), aprobado mediante la Decisión no 791/2004/CE;

t)

el programa de acción comunitario para la promoción de organismos activos a escala europea en el ámbito de la cultura (2004-2006), aprobado mediante la Decisión no 792/2004/CE;

u)

el programa para la mejora de la calidad de la enseñanza superior y la promoción del entendimiento intercultural mediante la cooperación con terceros países (Erasmus Mundus) (2004-2008), aprobado mediante la Decisión no 2317/2003/CE;

v)

los proyectos que pueden financiarse con arreglo a las disposiciones del Acuerdo celebrado entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos de América por el que se renueva el programa de cooperación en materia de enseñanza superior y de enseñanza y formación profesionales (2006-2013), aprobado mediante la Decisión 2006/910/CE;

w)

los proyectos que pueden financiarse con arreglo a las disposiciones del Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Gobierno de Canadá por el que se instituye un marco de cooperación en materia de enseñanza superior, formación y juventud (2006-2013), aprobado mediante la Decisión 2006/964/CE;

x)

el Programa de Acción en el ámbito del Aprendizaje Permanente (2007-2013), aprobado mediante la Decisión no 1720/2006/CE;

y)

el programa Cultura (2007-2013), aprobado mediante la Decisión no 1855/2006/CE;

z)

el programa Europa con los Ciudadanos para el período 2007-2013 a fin de promover la ciudadanía europea activa, aprobado mediante la Decisión no 1904/2006/CE;

aa)

el programa La Juventud en Acción (2007-2013), aprobado mediante la Decisión no 1719/2006/CE;

bb)

el programa de apoyo al sector audiovisual europeo (MEDIA 2007) (2007-2013), aprobado mediante la Decisión no 1718/2006/CE;

cc)

el Programa de Acción Erasmus Mundus (II) 2009-2013 para la mejora de la calidad de la enseñanza superior y la promoción del entendimiento intercultural mediante la cooperación con terceros países, aprobado mediante la Decisión no 1298/2008/CE;

dd)

el programa de cooperación audiovisual con profesionales de terceros países (MEDIA Mundus) (2011-2013), aprobado mediante la Decisión no 1041/2009/CE;

ee)

los proyectos en el ámbito de la enseñanza superior que pueden financiarse con arreglo a las disposiciones relativas a la cooperación económica con los países en vías de desarrollo de Asia aprobadas mediante el Reglamento (CEE) no 443/92;

ff)

los proyectos en el ámbito de la enseñanza superior y la juventud que pueden financiarse con arreglo a las disposiciones del Instrumento de Ayuda de Preadhesión (IPA), establecido por el Reglamento (CE) no 1085/2006;

gg)

los proyectos en el ámbito de la enseñanza primaria, secundaria y superior y de la juventud que pueden financiarse con arreglo a las disposiciones del Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación, creado por el Reglamento (CE) no 1638/2006;

hh)

los proyectos en el ámbito de la enseñanza superior que pueden financiarse con arreglo a las disposiciones del Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo, establecido por el Reglamento (CE) no 1905/2006;

ii)

los proyectos en el ámbito de la enseñanza superior y la juventud que pueden financiarse a través del instrumento de financiación de la cooperación con los países y territorios industrializados y otros países y territorios de renta alta, establecido por el Reglamento (CE) no 1934/2006;

jj)

los proyectos en el ámbito de la enseñanza superior que pueden financiarse con recursos del Fondo Europeo de Desarrollo, en aplicación del Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000 (Decisión 2003/159/CE), modificado por el Acuerdo firmado en Luxemburgo el 25 de junio de 2005 (Decisión 2005/599/CE).

a)

gestionar todas las etapas de la ejecución de los programas y todas las fases del ciclo de vida de proyectos específicos sobre la base de los programas de trabajo pertinentes aprobados por la Comisión, cuando esta la haya facultado para ello en el acto de delegación;

b)

adoptar los instrumentos de ejecución presupuestaria relativos a ingresos y gastos y llevar a cabo todas las operaciones necesarias para la gestión del programa, cuando la Comisión la haya facultado para ello en el acto de delegación;

c)

prestar apoyo en la aplicación de los programas, cuando la Comisión la haya facultado para ello en el acto de delegación, incluido el apoyo a actividades de difusión, cuando proceda en cooperación con las agencias nacionales;

d)

crear, a nivel de la Unión, la Red de Información sobre la Educación en la Unión Europea (Eurydice) y actividades tendentes a mejorar la comprensión y el conocimiento en el ámbito de la juventud;

e)

realizar, a nivel de la Unión, actividades tendentes a mejorar la comprensión y el conocimiento en el ámbito de la educación y formación profesionales.

19.12.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 343/54

19.12.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 343/63

(1)

Por carta de 7 de enero de 2009, se interpuso una denuncia contra el ayuntamiento de Narvik ((en lo sucesivo denominado «Narvik») en relación con la venta de los derechos de concesión eléctrica de Narvik a Narvik Energi AS («NEAS» ). La carta fue recibida y registrada por el Órgano de Vigilancia el 14 de enero de 2009 (2). Por carta de 16 de julio de 2009 (3), el Órgano de Vigilancia solicitó información adicional a las autoridades noruegas. Las autoridades noruegas respondieron por carta de 2 de octubre de 2009 (4).

(2)

El 14 de diciembre de 2011, el Órgano de Vigilancia incoó el procedimiento contemplado en el artículo 1, apartado 2, de la parte I del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción al adoptar la Decisión no 393/11/COL ((en lo sucesivo denominada «Decisión 393/11/COL»). Por carta de 23 de febrero de 2012 (5), las autoridades noruegas formularon sus observaciones a la Decisión.

(3)

El 26 de abril de 2012, la Decisión fue publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea y en su Suplemento EEE (6). Por correo electrónico de 25 de mayo de 2012 (7), el Órgano de Vigilancia recibió observaciones de un tercero. Por correo electrónico de 28 de junio de 2012 (8), el Órgano de Vigilancia transmitió dichas observaciones a las autoridades noruegas. Por carta de 30 de noviembre de 2012 (9), las autoridades noruegas facilitaron información adicional.

(4)

El denunciante alega que Narvik, al celebrar un contrato con NEAS para la venta de 128 GWh de concesión hidroeléctrica anual durante un período de 50,5 años, vendió sus derechos de compra de la concesión eléctrica muy por debajo del precio de mercado y, con ello, concedió ayuda estatal ilegal a NEAS.

(5)

El denunciante alega además que la decisión de celebrar el contrato fue adoptada por el Consejo municipal de Narvik sobre la base de información incorrecta y/o incompleta. Supuestamente, no se dieron a conocer al Consejo municipal antes de adoptar la decisión de celebrar el contrato unos informes periciales críticos en cuanto a la duración del contrato y la dificultad intrínseca de determinar un precio de mercado de la electricidad.

(6)

En Noruega, generalmente es necesaria una concesión para la explotación de grandes centrales hidroeléctricas. Las plantas titulares de concesiones de explotación de saltos de agua están obligadas a vender un determinado volumen de su producción anual al ayuntamiento en el que estén situadas. El volumen de electricidad que el ayuntamiento tiene derecho a comprar se denomina concesión hidroeléctrica. Este sistema está establecido en el artículo 2, apartado 12, de la Ley de licencias industriales (10) y en el artículo 12, apartado 15, de la Ley de regulación de saltos de agua (11).

(7)

La razón de la ley es que los ayuntamientos deben tener garantizado un suministro suficiente de electricidad a un precio justo y, por lo tanto, el volumen de la concesión hidroeléctrica se determina sobre la base de las necesidades generales de suministro de electricidad de cada ayuntamiento (12) y puede llegar hasta el diez por ciento de la producción anual de una planta. Sin embargo, no se imponen restricciones a los ayuntamientos en cuanto a la explotación de la concesión hidroeléctrica. Por tanto, los ayuntamientos pueden utilizar, vender o hacer cualquier otro uso de la concesión que consideren conveniente.

(8)

El derecho no implica que los ayuntamientos estén obligados a comprar concesión hidroeléctrica. En las concesiones anteriores a 1983, generalmente se aplica la advertencia de que, una vez que el ayuntamiento ha decidido no ejercer su derecho a la concesión, pierde ese derecho en el futuro.

(9)

La legislación establece dos regímenes de fijación de precios para la concesión hidroeléctrica; el primero para las concesiones otorgadas antes del 10 de abril de 1959 y el segundo para las concesiones otorgadas del 10 de abril de 1959 en adelante.

(10)

En los casos de concesiones otorgadas antes del 10 de abril de 1959, el precio de la concesión hidroeléctrica se calcula en función de la rentabilidad de cada central eléctrica, más una prima del 20 %. Este modelo todavía se aplica a las concesiones otorgadas antes del 10 de abril de 1959 y se denominará, en lo sucesivo, modelo del «precio de coste». La concesión hidroeléctrica vendida según este modelo de fijación de precios se denominará en lo sucesivo «concesión hidroeléctrica en función del precio de coste».

(11)

En los casos de concesiones otorgadas después del 10 de abril de 1959, el precio de la concesión lo determina el Ministerio de Energía y Petróleo sobre la base del coste medio de una muestra representativa de centrales hidroeléctricas de todo el país. Este método de fijación de precios se denominará en lo sucesivo método de «precios ministeriales». La concesión hidroeléctrica vendida según este modelo de fijación de precios se denominará en lo sucesivo «concesión hidroeléctrica en función de los precios ministeriales».

(12)

La Ley de licencias industriales establece que los derechos de los ayuntamientos a una concesión hidroeléctrica pueden ser revisados por la Dirección noruega de recursos del agua y energía («NVE») veinte años después de ser otorgada la concesión (13). Las autoridades noruegas han explicado que, aunque el proceso de revisión puede dar lugar a algunos ajustes por parte de la NVE del volumen de la concesión eléctrica, no puede producir cambios sustanciales en cuanto a los derechos del ayuntamiento a la concesión eléctrica. La mayoría de los derechos de concesión eléctrica de Narvik se revisarán en 2019

(13)

Los ayuntamientos corren con el coste de conectar la concesión hidroeléctrica a la red.

(14)

Narvik tiene derecho a un total de aproximadamente 128 GWh anuales de concesión hidroeléctrica, de los cuales unos 116,3 GWh se tarifican según el método de precios ministeriales y los restantes 11,7 GWh según el método de precios en función del coste. Las autoridades noruegas han explicado que en 2000 el precio ministerial fue de aproximadamente 0,10 NOK y el precio en función del coste correspondiente para Håkvik y Nygård ese mismo año fue de entre 0,14 y 0,178 NOK.

(15)

NEAS está situado en el municipio de Narvik, condado de Nordland. Produce y vende electricidad. Hasta 2001, NEAS era propiedad al cien por cien del ayuntamiento de Narvik. En 2001, Narvik vendió el 49,99 % de sus acciones a dos empresas eléctricas, Vesterålskraft AS y Hålogalandskraft AS.

(16)

Tras una fusión en 2006 y un cambio de nombre en 2009, ahora NEAS forma parte de la empresa Nordkraft AS («Nordkraft»).

(17)

Hasta finales de 1998, Narvik vendía su dotación anual de aproximadamente GWh 128 de concesión hidroeléctrica a NEAS en virtud de contratos a corto o a largo plazo. Sin embargo, a principios de 1999, al no haber llegado a un acuerdo con NEAS, Narvik vendió su concesión hidroeléctrica en una bolsa de electricidad a precios al contado.

(18)

En marzo de 1999, el ayuntamiento organizó un procedimiento de licitación para la venta de su concesión hidroeléctrica para el resto de 1999. El 30 de marzo de 1999, Narvik firmó un contrato con el mejor postor, Kraftinor AS. El precio fue de 109,50 NOK por MWh. Puesto que este pagó 111,10 NOK por MWh más 20 NOK por MWh de costes de alimentación por la concesión hidroeléctrica, Narvik incurrió en una pérdida de aproximadamente 2,3 millones de NOK con dicho contrato. Narvik había previsto inicialmente un superávit de 3,5 millones NOK.

(19)

El 19 de octubre de 1999, el Comité ejecutivo del Consejo municipal («Comité Ejecutivo») recomendó al Consejo municipal que el objetivo global al tramitar la concesión hidroeléctrica del ayuntamiento fuera maximizar el rendimiento a largo plazo con el fin de obtener un horizonte de planificación estable. La estrategia propuesta para lograr este objetivo constaba de cuatro elementos:

(20)

El Consejo municipal confirmó la recomendación del Comité Ejecutivo con un ajuste, sugerido por el alcalde y confirmado mediante una modificación de la estrategia: en lugar de que al alcalde expresamente «se le conceda un poder notarial para celebrar acuerdos con arreglo a la estrategia decidida por el Consejo municipal», la decisión final declaraba que «como primer paso en la aplicación de la estrategia, se invitaba a NEAS a discutir sus intereses en el asunto como se indica en su carta al ayuntamiento de 9 de noviembre.».

(21)

Una carta de NEAS de 9 de noviembre de 1999 cuestionaba la estrategia propuesta de vender la concesión hidroeléctrica mediante distintos contratos de diferente duración para diversificar el riesgo. En su lugar, NEAS sugería un contrato a largo plazo («por ejemplo 50 años») y estaba abierto a incluir una cláusula de ajuste de precios en el contrato con Narvik.

(22)

También en una carta de 15 de abril de 1999, NEAS se mostraba interesado en celebrar un contrato a largo plazo en relación con la concesión hidroeléctrica, principalmente mediante adquisición, con un pago inicial de una cantidad a tanto alzado, o, si no, como un arrendamiento a largo plazo — inicialmente se propusieron 60 años — con pagos anuales a Narvik.

(23)

Aparte de la cuestión de la concesión hidroeléctrica, hubo también conversaciones sobre el futuro papel de NEAS en el mercado y sobre el papel de Narvik como propietario de NEAS.

(24)

Según las autoridades noruegas, en aquel momento NEAS observaba una consolidación regional extensiva entre las compañías eléctricas y la entrada de operadores nacionales/internacionales en los mercados locales. NEAS necesitaba reforzar su base de capital a fin de adquirir acciones en otras compañías eléctricas, particularmente Nordkraft AS. NEAS también había firmado una declaración de intenciones con Hålogaland Kraft AS y Vesterålskraft AS para formar una empresa regional de producción y una empresa regional de transporte de energía. Estos cambios estaba previsto que entraran en vigor el 1 de enero de 2001. Para que NEAS pudiera completar estas transacciones con una combinación de capital propio y capital prestado, se esperaba que Narvik — único propietario de NEAS — aportara capital adicional a NEAS.

(25)

En una reunión del Consejo municipal de 16 de diciembre de 1999, se decidió que la participación en NEAS propiedad del ayuntamiento, las necesidades de capital de la empresa y la explotación de la concesión hidroeléctrica debían ser evaluadas conjuntamente por un equipo de negociación compuesto por el alcalde, el vicealcalde, el líder de la oposición, así como el director, el director adjunto y el director de contratación pública de la administración municipal («el equipo de negociación»).

(26)

NEAS encargó dos informes a Arthur Andersen («AA») y Deloitte Touche & («DT») con el fin de determinar el valor del precio ministerial de la concesión hidroeléctrica. El informe AA aplica una metodología de valor actual neto («VAN»), pero no describe los supuestos subyacentes con detalle. El informe DT también utiliza una metodología VAN pero va más allá que el informe AA al explicar los supuestos y cálculos relevantes. Por ejemplo, el informe DT explica con detalle cómo se determina la rentabilidad requerida sobre la base del modelo de valoración de activos financieros (Capital Asset Pricing Model, «CAPM») y cómo se determina el coste medio ponderado del capital («WACC»). El análisis también contiene una descripción detallada del cálculo del precio de la concesión e incluye análisis de sensibilidad sobre la base de cambios incrementales tanto en el precio de la electricidad como del WACC.

(27)

Narvik encargó dos informes a Danske Securities («DS1» y «DS2»). Para el primer informe, DS1, se encargó a Danske Securities que evaluara si el ayuntamiento debía vender su derecho a concesión hidroeléctrica en el mercado o transferirlo a NEAS. En DS1, Danske Securities, por iniciativa propia, hizo una estimación del valor del derecho de concesión eléctrica durante un período de 50 años. Aparte de exponer las hipótesis realizadas para la evolución futura de los precios de la electricidad, Danske Securities aportó una orientación limitada sobre cómo se calculaba el valor del derecho de concesión eléctrica.

(28)

En DS2, Danske Securities solicitó previsiones de precios y costes a tres operadores del mercado: CBF Kraftmegling AS («CBF»), Norwegian Energy Brokers AS («NEB») y Statkraft SF («Statskraft»). Sobre la base de estas previsiones, Danske Securities calculó un valor de mercado estimado del derecho de concesión eléctrica. Las previsiones de CBF arrojaron una estimación de 127 millones NOK según una hipótesis de base. Las previsiones de NEB dieron una estimación de 75 millones NOK según una hipótesis de base. Puesto que NEB no ajustó sus previsiones de precios y costes a la inflación, Danske Securities subrayó que no consideraba creíbles las previsiones de NEB. Las previsiones de Statkraft dieron una estimación de 115 y 140 millones NOK según una hipótesis de base. Sobre la base de estas tres tasaciones, Danske Securities concluyó que la estimación del valor actual neto del derecho a concesión hidroeléctrica oscilaría entre 100-140 millones NOK.

(29)

Los cuatro informes se resumen en el cuadro que figura a continuación. En lo sucesivo, estos informes se denominan colectivamente los «cuatro informes».

(30)

Además del asesoramiento externo, el director de contratación pública del ayuntamiento de Narvik realizó sus propias evaluaciones.

(31)

En la primera evaluación presentada al Comité Ejecutivo en octubre de 1999, el director de contratación pública concluyó que el riesgo global para el ayuntamiento era elevado en los contratos a largo plazo, entendiéndose por tales los contratos entre 10 y 40 años.

(32)

En su segunda evaluación, presentada al equipo de negociación el 16 de marzo de 2000, se discutieron diversas opciones para la gestión de la concesión hidroeléctrica. Para entonces, sin embargo, el equipo de negociación había limitado el ámbito de su mandato exclusivamente a evaluar el riesgo, el momento de la liquidación, las implicaciones fiscales y la maximización de los beneficios en tres supuestos (en todos ellos, Narvik transfería el derecho de concesión hidroeléctrica a NEAS durante un período de 50 años y reducía su participación en NEAS). A pesar de ello, en su segunda evaluación, el director de contratación pública siguió centrándose en la importancia de la duración del contrato. Su apreciación del valor marginal del derecho a concesión hidroeléctrica a largo plazo fue que «…celebrar un contrato a un plazo tan largo como 50 años nos aporta muy poco valor añadido como vendedores frente a un contrato más breve (por ejemplo, veinte años, con 83 millones NOK)».

(33)

Tras discutir internamente las ventajas y desventajas de un contrato a largo plazo, el equipo de negociación recomendó al Consejo municipal un contrato con una duración de 50,5 años por considerarlo adecuado para reducir el riesgo del ayuntamiento y ofrecer un horizonte de planificación a largo plazo.

(34)

NEAS solo pretendía comprar 116,3 GWh de la concesión hidroeléctrica a precio ministerial. En las negociaciones con la empresa, Narvik insistió, sin embargo, en que se comprara la totalidad de su derecho a concesión hidroeléctrica, y que, por lo tanto, el 11,7 GWh de concesión hidroeléctrica a precio en función del coste se ofreciera conjuntamente con la concesión hidroeléctrica a precio ministerial.

(35)

En mayo de 2000, las Partes acordaron finalmente que el acuerdo abarcara los 128 GWh totales de concesión hidroeléctrica y que NEAS pagaría 120 millones NOK por la concesión hidroeléctrica a precio ministerial y 6 millones NOK por la concesión hidroeléctrica a precio en función del coste.

(36)

El 25 de mayo de 2000, el Consejo municipal decidió formalmente que el ayuntamiento debía vender su derecho a concesión eléctrica de 128 GWh anuales a NEAS durante 50,5 años por 126 millones NOK.

(37)

El 16 de octubre de 2000, Narvik y NEAS formalizaron el acuerdo al firmar el contrato por el cual Narvik vendía el derecho de concesión eléctrica en las citadas condiciones. No se incluyó en el contrato un mecanismo de ajuste de precios, y el importe debía pagarse por adelantado a tanto alzado.

(38)

El 29 de noviembre de 2000, Narvik y NEAS firmaron un acuerdo complementario por el que NEAS se comprometía a pagar a Narvik por la adquisición del derecho a la concesión hidroeléctrica 60 millones NOK en efectivo y los restantes 66 millones NOK como una aportación en capital social en especie a NEAS (por entonces propiedad al 100 % del ayuntamiento).

(39)

En 2001, Narvik vendió el 49,99 % de sus acciones en NEAS a Vesterålskraft AS y Hålogalandskraft AS.

(40)

Las autoridades noruegas opinan que el contrato con NEAS se celebró en condiciones de mercado. En primer lugar, hacen hincapié en que el acuerdo se celebró porque la situación económica de Narvik era delicada y necesitaba liquidez. En segundo lugar, NEAS necesitaba una recapitalización para reestructurar la empresa y crear una empresa regional mayor. Por último, en el momento de la celebración del contrato, el Ayuntamiento había estado vendiendo la concesión hidroeléctrica a pérdida, porque su precio era superior al precio obtenido en el mercado. A modo de ejemplo, en el período comprendido entre abril de 1999 y diciembre de 1999, Narvik perdió 2,3 millones NOK con la venta de la concesión hidroeléctrica.

(41)

Por lo que se refiere a la cuestión del riesgo regulador, las autoridades noruegas han explicado que NEAS asume todos los riesgos. Sostienen que probablemente haya más riesgo por reducción que por aumento de la cantidad de concesión que reduciría la probabilidad de ayuda.

(42)

Las autoridades noruegas alegan que la referencia de mercado adecuada para el acuerdo a 50,5 años es una venta permanente de una central eléctrica y que, ajustados a las diferencias pertinentes, los precios obtenidos por NEAS eran acordes con los niveles de precios por la venta de centrales eléctricas en el mismo período.

(43)

Para los datos de precios sobre la venta de centrales eléctricas en 2000, las autoridades noruegas remiten a un análisis en tiempo real del mercado de la electricidad realizado en el año 2000 por Pareto (el «análisis Pareto»). En el citado análisis, parece que los precios de mercado de centrales eléctricas vendidas en 2000 oscilaron entre 1,64 NOK y 1,77 NOK/KWh de capacidad de producción anual. La venta del derecho de concesión eléctrica de Narvik equivale a aproximadamente 1,00 NOK/KWh de capacidad de producción anual. Según las autoridades noruegas, la diferencia entre estas cifras se explica por los siguientes factores.

(44)

En primer lugar, en el año 2000, entre los costes de explotación más frecuentes, incluida la reinversión continua (sin amortización) para una central eléctrica más reciente eran de aproximadamente 0,05 NOK por KWh/año (más costes de alimentación). El pago continuo de NEAS esperado tenía dos partes: unas 0,10 NOK por KWh/año (más costes de alimentación) sobre la concesión hidroeléctrica a precios ministeriales y entre 0,14 y 0,178 NOK por KWh (más costes de alimentación) al año en el concesión hidroeléctrica anterior al 10 de abril de 1959. En 2000, el precio de mercado esperado era de aproximadamente 0,12 NOK por KWh. Así pues, el supuesto de 2000 daría un beneficio neto de 0,07 NOK por KWh para un propietario de la central, frente a 0,02 NOK por KWh sobre la concesión hidroeléctrica. En el momento de la celebración del contrato, el precio estimado para 2010 era de 0,20 NOK. Sobre la base de esta estimación, el supuesto para 2010 daría un beneficio neto de 0,15 NOK por KWh para el propietario de una central, frente a 0,10 NOK por KWh sobre la concesión hidroeléctrica.

(45)

En segundo lugar, las autoridades noruegas argumentan que el precio de venta de las cinco centrales desde el análisis Pareto debe reducirse en aproximadamente un 10-15 % al aplicar un tipo de capitalización del 4 % para compensar la diferencia entre la capitalización en un plazo infinito (factor de capitalización 25) y 50 años (factor de capitalización 21,48).

(46)

Las autoridades noruegas añaden además que los primeros años tienen mayor impacto en el cálculo VAN y que los grandes costes de reinversión derivados de la titularidad habitualmente se producen en una fase posterior, y, por tanto, tienen escaso efecto de reducción en el cálculo VAN.

(47)

Teniendo esto en cuenta, las autoridades noruegas sostienen que existe una estrecha correlación entre, por un lado, las ventas de centrales eléctricas a aproximadamente 1,64 NOK–1,77 NOK/KWh de capacidad de producción anual y, por otra, los alquileres (pago por acceso a electricidad durante 50,5 años) de aproximadamente 1,00 NOK por KWh de la concesión hidroeléctrica.

(48)

Por tanto, las autoridades noruegas sostienen que una comparación que ajuste estos factores demuestra que el precio que pagó NEAS por la concesión hidroeléctrica era comparable al precio de las centrales eléctricas vendidas en ese mismo período, y añade que la conclusión sobre los niveles de precios está respaldada por el informe DT y los dos informe DS anteriores a la celebración del acuerdo de concesión hidroeléctrica durante 50,5 años.

(49)

En referencia a las Directrices del Órgano de Vigilancia sobre los elementos de ayuda en las ventas de terrenos y construcciones por parte de los poderes públicos («SOL») (16), las autoridades noruegas sostienen que un procedimiento de licitación competitivo e incondicional no es más que un método reconocido por el Órgano de Vigilancia para determinar precios de mercado en la venta de activos públicos. Las autoridades noruegas subrayan que en el SOL, el Órgano de Vigilancia también reconoce que un precio de mercado sin ayuda puede establecerse sobre la base de la tasación de un perito independiente. Las autoridades noruegas señalan que el informe DT y los dos informes DS se entregaron antes de que se celebrara el contrato de 50,5 años. El segundo informe DS determinó el valor sobre la base de una «investigación de mercado directa» que, según las autoridades noruegas, dio una prueba de mercado similar a la de un procedimiento de licitación. Las autoridades noruegas señalan también que el precio final estaba dentro del límite superior de las tres tasaciones.

(50)

Las autoridades noruegas alegan además que era adecuado no incluir una cláusula de ajuste de precios, ya que el precio de compra se pagó como una cantidad a tanto alzado, y no de forma continuada. Las autoridades noruegas argumentan que dado que la venta se liquidó por adelantado, – en parte en efectivo y en parte como contribución en especie –— de forma similar a una venta permanente de una central eléctrica, es «ilógico y muy poco habitual» incluir un mecanismo de ajuste de precios. Las autoridades noruegas sostienen además que, en virtud del modelo de contribución en especie, un ajuste posterior probablemente hubiera sido también ilegal con arreglo a las disposiciones de la Ley de sociedades de responsabilidad limitada (17).

(51)

Un tercero, NEAS (ahora Nordkraft), formuló observaciones a la Decisión 393/11/COL. NEAS coincide esencialmente con la opinión de las autoridades noruegas.

(52)

El artículo 61, apartado 1, del Acuerdo EEE establece lo siguiente:

«Salvo que el presente Acuerdo disponga otra cosa, serán incompatibles con el funcionamiento del presente Acuerdo, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre las Partes Contratantes, las ayudas otorgadas por los Estados miembros de las CE, por los Estados de la AELC o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen con falsear la competencia favoreciendo a determinadas empresas o producciones».

(53)

De esta disposición se desprende que, para que exista ayuda estatal, la medida debe otorgar una ventaja económica al beneficiario. A continuación, el Órgano de Vigilancia evaluará la cuestión de si, en el presente asunto, existe dicha ventaja económica.

(54)

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que para apreciar si una medida estatal constituye una ayuda, debe determinarse si la empresa beneficiaria recibe una ventaja económica que no habría obtenido en condiciones normales de mercado (18). Para evaluar la existencia de una ventaja económica, el Órgano de Vigilancia aplica el principio de un (hipotético) inversor en una economía de mercado (19).

(55)

Si la transacción en cuestión se realizó de acuerdo con el principio del inversor en una economía de mercado, es decir, si el ayuntamiento vendió el derecho de concesión eléctrica por su valor de mercado y el precio y las condiciones de la transacción habrían sido aceptables para un inversor privado prudente en una economía de mercado, la transacción no conferiría una ventaja económica a NEAS y, por tanto, no implica la concesión de ayuda estatal. Por el contrario, podría existir ayuda estatal si la transacción no se llevó a cabo a precio de mercado.

(56)

Al realizar esta evaluación, el Órgano de Vigilancia no puede sustituir el juicio comercial de Narvik por el suyo propio, lo que implica que el ayuntamiento, como propietario del derecho de la concesión hidroeléctrica, disfruta de un margen de discrecionalidad para elegir la forma en que opera en condiciones competitivas normales.

(57)

Una evaluación del precio y las condiciones del contrato entre el ayuntamiento y NEAS debe basarse en la información de que disponía Narvik en el momento de la celebración del contrato. En general, una evaluación fundada ex ante sería suficiente para descartar la existencia de ayuda estatal, aun cuando las hipótesis utilizadas en la evaluación resulten erróneas a posteriori.

(58)

A continuación, el Órgano de Vigilancia analiza, por tanto, si Narvik actuó como un inversor privado en una economía de mercado cuando celebró un contrato para vender su derecho a la concesión hidroeléctrica.

(59)

El Órgano de Vigilancia es consciente del contexto en el que tuvo lugar la transacción. A partir de la información facilitada por las autoridades noruegas, el Órgano de Vigilancia entiende que, en el momento en que se celebró el contrato, el ayuntamiento estaba en una situación en la que necesitaba tanto liquidez, para cumplir sus obligaciones crediticias, como capital que aportar a NEAS. Además, se observa que la Ley de sociedades de responsabilidad limitada restringió la posibilidad de incorporar un mecanismo de ajuste de precios en el contrato al hacer una aportación en especie. En 1999, antes de la celebración del acuerdo de venta en 2000, Narvik había incurrido además en pérdidas al vender la concesión hidroeléctrica. Por consiguiente, el ayuntamiento había decidido vender su derecho a la concesión hidroeléctrica a más largo plazo y, al mismo tiempo, seguir la estrategia expuesta de obtener el máximo rendimiento por la concesión hidroeléctrica.

(60)

Las autoridades noruegas han alegado que el Órgano de Vigilancia debe poder descartar la existencia de una ventaja al aplicar los principios del SOL en el presente asunto. El Órgano de Vigilancia observa que, aunque el SOL no se aplica a la venta de derechos de compra de concesión hidroeléctrica, de hecho prescribe dos métodos con los que las autoridades públicas pueden obtener generalmente un precio de mercado por la venta de edificios y terrenos de propiedad pública y, por lo tanto, asegurarse de que la venta no implica ayuda estatal. El primer método para descartar la existencia de un elemento de ayuda es la venta mediante licitación incondicional. El segundo, la venta a un precio establecido mediante una tasación de un perito independiente realizada de conformidad con criterios de evaluación comúnmente reconocidos.

(61)

El Órgano de Vigilancia observa que la venta de un activo mediante licitación incondicional normalmente excluye la presencia de una ventaja. Al menos en un procedimiento verdaderamente abierto, cuando hay más de un licitador (20). Ahora bien, el derecho de Narvik a la concesión hidroeléctrica no se vendió mediante licitación incondicional.

(62)

Por otra parte, tanto Narvik como NEAS encargaron dos tasaciones a asesores externos, como se explica en los considerandos (26) a (29). No obstante, ni el informe DS1, ni el DS2, ni los informes AA aclaran qué método se utilizó para determinar las tasaciones del valor. Sin más aclaraciones, el Órgano de Vigilancia no está en condiciones de evaluar si las tasaciones del valor de mercado se han realizado de conformidad con indicadores de mercado y criterios de evaluación comúnmente reconocidos. Por lo tanto, el Órgano de Vigilancia considera que los informes DS1, DS2 y AA tienen un valor limitado a la hora de evaluar el valor del derecho de la concesión hidroeléctrica. Por otra parte, el informe DT ofrece una explicación detallada de sus evaluaciones. En consecuencia, sus resultados pueden ser probados y verificados. Por consiguiente, el Órgano de Vigilancia estima que el informe DT es el más fidedigno. En opinión del Órgano de Vigilancia, el hecho de que los cuatro informes den resultados análogos (21) refuerza, sin embargo, los resultados del informe DT y, presumiblemente, también los de los otros tres informes

(63)

El Órgano de Vigilancia señala que, aunque un precio establecido por un tasador independiente generalmente puede considerarse que excluye la presencia de una ventaja en la venta de terrenos o construcciones genéricos fáciles de tasar que han sido objeto de numerosas transacciones, esto no es necesariamente cierto en el caso de terrenos y construcciones de características singulares o cuando las circunstancias de la venta puedan suscitar dudas respecto a si la tasación de los peritos refleja el valor real de mercado de la propiedad (22).

(64)

Como se explica a continuación, los contratos de suministro de energía eléctrica a un precio fijo de una duración superior a 6 años no son habituales ni suelen producirse. Al no haber un mercado en el que poder observar precios comparables y, dada la volatilidad de los precios de la electricidad, la tasación de un perito es menos adecuada como instrumento para determinar el precio de mercado de un contrato de electricidad a precio fijo a 50,5 años (23).

(65)

En cualquier caso, el Órgano de Vigilancia recuerda que es el criterio del inversor en una economía de mercado, y no el SOL, el que se aplica a la venta de terrenos y construcciones, es decir, la prueba aplicable para evaluar si un contrato de electricidad celebrado por una autoridad pública conlleva una ventaja que favorece a una empresa. En efecto, el Tribunal General confirmó que el principio general del inversor en una economía de mercado se aplica a los contratos de electricidad a largo plazo en la sentencia Budapesti Erőmű Zrt/Comisión en la que el Tribunal General respaldó el planteamiento de la Comisión Europea («la Comisión») en un asunto relativo a contratos de electricidad a largo plazo celebrados por las autoridades húngaras (24).

(66)

En dicho asunto, la Comisión señaló las principales prácticas de los operadores comerciales en los mercados europeos de la electricidad que eran relevantes a efectos de su análisis y evaluó si los acuerdos en el asunto en cuestión se ajustaban a dichas prácticas, o si los contratos se celebraron en condiciones que no habrían sido aceptables para un operador que actuara únicamente por motivos comerciales (25).

(67)

La Comisión constató que raramente se celebran en el mercado europeo contratos de electricidad a largo plazo de una duración superior a 6 años (26). La información de que dispone el Órgano de Vigilancia confirma esta conclusión. Así pues, caso de haberlos, son pocos los contratos de electricidad a largo plazo con los que comparar el precio de la electricidad vendida a 50,5 años vista.

(68)

Sin embargo, los potenciales compradores y vendedores de centrales eléctricas tienen que hacer estimaciones a largo plazo de los precios de la electricidad en el futuro. Sobre esta base, las autoridades noruegas alegan que la venta del derecho de concesión eléctrica de Narvik debe asimilarse a la venta de una central hidroeléctrica. Para respaldar este argumento, las autoridades noruegas han facilitado al Órgano de Vigilancia el análisis Pareto, que da una visión general de cinco centrales hidroeléctricas vendidas en Noruega en el año 2000.

(69)

Las autoridades noruegas argumentan que, tanto en el caso de la venta de una central hidroeléctrica como de la venta del derecho de concesión eléctrica de Narvik, el precio de venta representa el VAN de los flujos de tesorería previstos del volumen de producción. Así pues, al igual que Narvik y NEAS en el presente asunto, cualquier comprador o vendedor de una central hidroeléctrica tendrá que evaluar el valor de la central basándose en los ingresos estimados de producción menos los costes previstos, actualizados a un tipo de actualización pertinente mientras el nuevo propietario pueda explotar la energía hidroeléctrica.

(70)

Las autoridades noruegas argumentan que, corregidos determinados factores pertinentes, los precios de las cinco centrales hidroeléctricas citadas en el análisis Pareto son comparables al precio obtenido por la venta del derecho de concesión eléctrica de Narvik. En este contexto, el Órgano de Vigilancia toma nota de los factores de corrección referidos por las autoridades noruegas, según se explica en el capítulo I.11.

(71)

En el caso de las cinco centrales hidroeléctricas, los precios de venta por KWh de capacidad de producción oscilaban entre 1,66 y 1,74 NOK. Una venta permanente de un activo aumentará el VAN del activo en comparación con una venta del derecho a compra de la concesión hidroeléctrica a 50,5 años, puesto que se supone que el activo tendrá un flujo de tesorería positivo después de 50,5 años. Las autoridades noruegas han utilizado un tipo de capitalización del 4 % que arroja un ajuste a la baja del precio de venta de aproximadamente el 10-15 % para comparar una venta permanente con la venta de concesión hidroeléctrica por un tiempo limitado (27).