(1)

El Reglamento (CE) n.o 862/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo (2) establece un marco jurídico común y comparable para las estadísticas europeas en el ámbito de la migración y la protección internacional.

(2)

Para responder a las nuevas necesidades de la Unión en materia de estadísticas en el ámbito de la migración y la protección internacional, y debido a que las características de la migración cambian rápidamente, es necesario establecer un marco que permita responder rápidamente a las necesidades cambiantes en materia de estadísticas sobre migración y protección internacional.

(3)

Para ayudar a la Unión a responder eficazmente a los desafíos planteados por la migración y a elaborar políticas basadas en los derechos humanos, es necesario recoger datos sobre migración y protección internacional con una periodicidad inferior a un año.

(4)

Las estadísticas en el ámbito de la migración y la protección internacional son fundamentales para el estudio, la formulación y la evaluación de una amplia gama de políticas, en particular con respecto a las respuestas a la llegada de personas que buscan protección en Europa, a fin de definir y aplicar las mejores políticas.

(5)

Las estadísticas sobre migración y protección internacional son esenciales para tener una visión de conjunto de los movimientos migratorios dentro de la Unión y permitir una buena aplicación por los Estados miembros de la legislación de la Unión desde el respeto de los derechos fundamentales, tal y como se establecen en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») y en el Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.

(6)

A fin de garantizar la calidad y, en particular, la comparabilidad de los datos facilitados por los Estados miembros y de elaborar síntesis fiables a escala de la Unión, los datos utilizados deben basarse en los mismos conceptos y corresponder a la misma fecha o período de referencia.

(7)

Los datos sobre la migración y la protección internacional suministrados deben ser coherentes con las estadísticas correspondientes recopiladas en virtud del Reglamento (CE) n.o 862/2007.

(8)

El Reglamento (CE) n.o 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) establece un marco de referencia para las estadísticas europeas en el ámbito de la migración y la protección internacional. En particular, exige a los Estados miembros que respeten los principios de independencia profesional, imparcialidad, objetividad, fiabilidad, secreto estadístico y rentabilidad, así como los criterios de calidad que en él se especifican.

(9)

Los informes de calidad constituyen un elemento esencial para evaluar, mejorar y dar a conocer la calidad de las estadísticas europeas. El Comité del Sistema Estadístico Europeo ha aprobado una norma del Sistema Estadístico Europeo (SEE) relativa a la estructura de los informes de calidad de conformidad con lo dispuesto en materia de calidad de las estadísticas en el Reglamento (CE) n.o 223/2009. Dicha norma debe contribuir a la armonización de los informes de calidad contemplados en el Reglamento (CE) n.o 862/2007.

(10)

A fin de mejorar la eficiencia de la producción estadística, las autoridades estadísticas nacionales tienen derecho a acceder a todos los registros administrativos de sus respectivos sistemas de administración pública sin demora y gratuitamente, a hacer uso de ellos y a integrarlos en las estadísticas en la medida necesaria para el desarrollo, la elaboración y la difusión de las estadísticas europeas con arreglo a lo dispuesto en materia de acceso, uso e integración de registros administrativos en el artículo 17 bis del Reglamento (CE) n.o 223/2009.

(11)

En el desarrollo, la elaboración y la difusión de estadísticas europeas, las autoridades estadísticas nacionales y europeas y, cuando proceda, otras autoridades competentes, deben tener en cuenta los principios establecidos en el Código de buenas prácticas de las estadísticas europeas, revisado y actualizado por el Comité del Sistema Estadístico Europeo el 16 de noviembre de 2017.

(12)

Los estudios piloto deben tener en cuenta el valor añadido de la Unión, fijar las condiciones para introducir nuevas recogidas de datos en el ámbito de aplicación del presente Reglamento (CE) n.o 862/2007, evaluar la viabilidad y la calidad de las estadísticas, incluida su comparabilidad entre países, así como los costes de las recogidas de datos relacionadas. Antes de poner en marcha cada estudio piloto concreto, la Comisión (Eurostat) debe revisar las fuentes administrativas pertinentes a escala de la Unión y examinar si las estadísticas requeridas podrían basarse en esas fuentes. Debe darse prioridad al examen del número de solicitudes de primeros permisos de residencia y del número de ellas que son desestimadas. La Comisión (Eurostat) debe evaluar, en estrecha cooperación con los Estados miembros, los resultados de dichos estudios piloto y poner los resultados a disposición del público. La introducción de nuevas recogidas de datos en los Estados miembros únicamente debe considerarse si la evaluación de los resultados de los estudios piloto es positiva. La Comisión también debe consultar al Supervisor Europeo de Protección de Datos con arreglo a las condiciones de consulta legislativa establecidas en el Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo (4).

(13)

Es importante optimizar la utilización de la información existente y de los datos ya recogidos en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) n.o 862/2007. Para ello, es necesario analizar las fuentes de datos existentes a escala de la Unión y nacional, así como las formas de beneficiarse de los marcos de interoperabilidad establecidos por los Reglamentos (UE) 2019/817 (5) y (UE) 2019/818 (6) del Parlamento Europeo y del Consejo, a fin de evaluar su utilización en las estadísticas oficiales. Dicha evaluación debe incluir también la aplicación del concepto de interoperabilidad a escala de la Unión a fin de que haya un gran número de organizaciones que puedan utilizar los mismos datos en función de sus necesidades y de las autorizaciones de que disponga.

(14)

Dentro del ámbito de aplicación del Reglamento (CE) n.o 862/2007, el objetivo de la Comisión (Eurostat) debe ser garantizar la coordinación de la recogida de los datos utilizados por las agencias de la Unión competentes y, a tal efecto, celebrar acuerdos de cooperación con dichas agencias en el marco de sus respectivas competencias.

(15)

Con el fin de alcanzar los objetivos del Reglamento (CE) n.o 862/2007, deben asignarse recursos financieros suficientes para la recogida, el análisis y la difusión de estadísticas europeas y nacionales de alta calidad sobre migración y protección internacional.

(16)

En los casos en que la aplicación del Reglamento (CE) n.o 862/2007 exige que se desarrolle el sistema estadístico nacional de un Estado miembro y que se pongan en marcha nuevas metodologías y nuevas recogidas de datos con fines estadísticos en virtud de dicho Reglamento, incluidas la participación de los Estados miembros en estudios piloto y la mejora de las fuentes de datos y los sistemas informáticos, se debe conceder a tal Estado miembro una contribución financiera de la Unión en forma de subvención de conformidad con el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo (7).

(17)

El presente Reglamento observa el derecho al respeto de la vida privada y familiar, a la protección de los datos de carácter personal y a la no discriminación que establece la Carta. El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (8) y el Reglamento (UE) 2018/1725 son aplicables al tratamiento de datos personales que contempla el Reglamento (CE) n.o 862/2007.

(18)

A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del Reglamento (CE) n.o 862/2007, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución en lo que respecta al establecimiento de las disposiciones prácticas aplicables a los informes de calidad y su contenido; a la definición de los formatos apropiados para la transmisión de datos; a la especificación de las desagregaciones, y a la determinación, basada en la evaluación de los resultados de los estudios piloto, de las nuevas recogidas de datos y desagregaciones. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (9).

(19)

En caso de que la ejecución del Reglamento (CE) n.o 862/2007 requiera adaptaciones importantes del sistema estadístico nacional de un Estado miembro, la Comisión debe poder conceder, mediante actos de ejecución, una excepción al Estado miembro interesado, en casos debidamente justificados y por un período de tiempo limitado. Tales adaptaciones importantes pueden derivarse, en particular, de la necesidad de mejorar la puntualidad, de adaptar el diseño de los métodos de recogida de datos, incluido el acceso a fuentes administrativas, o de elaborar nuevos instrumentos para producir datos.

(20)

El control eficaz de la aplicación del Reglamento (CE) n.o 862/2007 requiere su evaluación a intervalos regulares. La Comisión debe evaluar exhaustivamente las estadísticas recopiladas de conformidad con dicho Reglamento, así como su calidad y suministro oportuno, con vistas a la presentación de informes para el Parlamento Europeo y el Consejo. La Comisión (Eurostat) debe consultar con detenimiento a todos los agentes implicados en la recogida de datos sobre migración y protección internacional y los principales usuarios de dichas estadísticas.

(21)

Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, revisar y completar las normas comunes existentes para la recogida y la elaboración de estadísticas europeas sobre migración y protección internacional, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, por motivos de armonización y comparabilidad, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(22)

Procede, por lo tanto, modificar el Reglamento (CE) n.o 862/2007 en consecuencia.

(23)

Se ha consultado al Supervisor Europeo de Protección de Datos de conformidad con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (10).

(24)

Se ha consultado al Comité del Sistema Estadístico Europeo.

1)

En el artículo 1, la letra c) se sustituye por el texto siguiente:

2)

El artículo 2 se modifica como sigue:

3)

El artículo 4 se modifica como sigue:

4)

En el artículo 5, el apartado 1 se modifica como sigue:

5)

El artículo 6 se modifica como sigue:

6)

El artículo 7 se modifica como sigue:

7)

Se suprime el artículo 8.

8)

El artículo 9 se modifica como sigue:

9)

Se insertan los artículos siguientes:

(*7)  Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1296/2013, (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013, (UE) n.o 1304/2013, (UE) n.o 1309/2013, (UE) n.o 1316/2013, (UE) n.o 223/2014 y (UE) n.o 283/2014 y la Decisión n.o 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 (DO L 193 de 30.7.2018, p. 1).»."

(1)

El artículo 3, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea tiene por objeto establecer un mercado interior que obre en pro del desarrollo sostenible de Europa, basado, entre otros, en un crecimiento económico equilibrado y en un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente.

(2)

El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó un nuevo marco mundial de desarrollo sostenible: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (en lo sucesivo, «Agenda 2030»). La Agenda 2030 se centra en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y abarca las tres dimensiones de la sostenibilidad, a saber: económica, social y medioambiental. La Comunicación de la Comisión de 22 de noviembre de 2016 sobre las próximas etapas para un futuro europeo sostenible vincula los ODS al marco de actuación de la Unión, a fin de garantizar que todas las acciones e iniciativas de la Unión, dentro de su territorio y a nivel mundial, incorporen ya de partida dichos objetivos. En sus Conclusiones de 20 de junio de 2017, el Consejo confirmó el compromiso de la Unión y de sus Estados miembros con la aplicación de la Agenda 2030 de manera completa, coherente, global, integrada y eficaz, en estrecha cooperación con sus socios y otras partes interesadas. El 11 de diciembre de 2019, la Comisión publicó su Comunicación sobre el «Pacto Verde Europeo».

(3)

El 5 de octubre de 2016 la Unión aprobó el Acuerdo de París aprobado en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (en lo sucesivo, «Acuerdo de París») (3). En su artículo 2, apartado 1, letra c), el Acuerdo de París fija el objetivo de reforzar la respuesta al cambio climático compatibilizando los flujos financieros con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, entre otros medios. En este contexto, el 12 de diciembre de 2019 el Consejo Europeo adoptó unas Conclusiones sobre el cambio climático. A la luz de ello, el presente Reglamento constituye un paso clave hacia el objetivo de lograr una Unión climáticamente neutra de aquí a 2050.

(4)

La sostenibilidad y la transición hacia una economía segura, sin efectos sobre el clima y resiliente a este, más eficiente en el uso de los recursos y circular son claves para garantizar la competitividad a largo plazo de la economía de la Unión. La sostenibilidad ha ocupado durante mucho tiempo un lugar central en el proyecto de la Unión, y el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) reflejan las dimensiones social y medioambiental del proyecto.

(5)

En diciembre de 2016, la Comisión encomendó a un grupo de expertos de alto nivel la labor de definir una estrategia general completa de la Unión en relación con las finanzas sostenibles. El informe del grupo de expertos publicado el 31 de enero de 2018 aboga por la creación de un sistema de clasificación técnicamente sólido a escala de la Unión a fin de aclarar qué actividades se consideran «ecológicas» o «sostenibles», comenzando por la mitigación del cambio climático.

(6)

En su Comunicación de 8 de marzo de 2018, la Comisión publicó su «Plan de Acción: Financiar el crecimiento sostenible», con el que inicia una estrategia ambiciosa e integral respecto de las finanzas sostenibles. Uno de los objetivos fijados en dicho plan de acción es reorientar los flujos de capital hacia inversiones sostenibles, a fin de lograr un crecimiento sostenible e inclusivo. La medida más importante y urgente prevista por el plan de acción es el establecimiento de un sistema de clasificación unificado de las actividades sostenibles. El plan de acción reconoce que la reorientación de los flujos de capital hacia actividades más sostenibles debe sustentarse en una interpretación común y holística de la sostenibilidad medioambiental de las actividades y las inversiones. Como primer paso, la definición de orientaciones claras sobre las actividades que pueden considerarse coadyuvantes al logro de objetivos medioambientales ayudará sin duda a informar a los inversores sobre las inversiones que financian actividades económicas medioambientalmente sostenibles. Posteriormente podrían elaborarse orientaciones complementarias sobre actividades que contribuyen a otros objetivos de sostenibilidad, entre ellos los de índole social.

(7)

Dado el carácter sistémico de los retos medioambientales mundiales, es necesario aplicar un enfoque sistémico y con visión de futuro a la sostenibilidad medioambiental, que aborde el crecimiento de las tendencias negativas, como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, el consumo mundial excesivo de recursos, la escasez de alimentos, el agotamiento de la capa de ozono, la acidificación de los océanos, el deterioro del sistema de agua dulce y el cambio del uso de la tierra, así como la aparición de nuevas amenazas, como productos químicos peligrosos y sus efectos combinados.

(8)

La Decisión n.o 1386/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (4) preconiza un aumento de la contribución del sector privado a la financiación de los gastos medioambientales y relacionados con el cambio climático, en particular a través del establecimiento de incentivos y métodos que alienten a las empresas a medir los costes medioambientales de su negocio y los beneficios derivados de la utilización de servicios medioambientales.

(9)

La consecución de los ODS en la Unión exige canalizar los flujos de capital hacia inversiones sostenibles. Es importante aprovechar plenamente el potencial del mercado interior para el logro de esos objetivos. En este contexto, es esencial eliminar los obstáculos a una circulación eficiente del capital hacia inversiones sostenibles en el mercado interior e impedir que surjan nuevos obstáculos.

(10)

Ante la magnitud del reto y los costes asociados a la falta de acción o a su retraso, el sistema financiero debe adaptarse progresivamente para respaldar el funcionamiento sostenible de la economía. A tal fin, es necesario que las finanzas sostenibles estén plenamente integradas en el sistema financiero y debe prestarse atención a la incidencia de los productos y servicios financieros en la sostenibilidad.

(11)

La disponibilidad de productos financieros que persigan objetivos medioambientalmente sostenibles es una forma eficaz de canalizar la inversión privada hacia actividades sostenibles. Los requisitos impuestos para la comercialización de productos financieros o de emisiones de renta fija privada como inversiones medioambientalmente sostenibles, en particular los requisitos establecidos por los Estados miembros y la Unión para permitir a quienes participan en los mercados financieros y a los emisores utilizar etiquetas nacionales, pretenden aumentar la confianza y concienciación de los inversores sobre el impacto ambiental de dichos productos financieros o emisiones de renta fija privada, crear visibilidad y disipar temores acerca del blanqueo ecológico. En el contexto del presente Reglamento, el blanqueo ecológico hace referencia a la práctica de obtener una ventaja competitiva desleal comercializando un producto financiero como respetuoso con el medio ambiente cuando, en realidad, no cumple los requisitos medioambientales básicos. Actualmente, unos pocos Estados miembros disponen de sistemas de etiquetado. Dichos sistemas en vigor se basan en diferentes sistemas para clasificar las actividades económicas medioambientalmente sostenibles. Habida cuenta de los compromisos políticos adquiridos en el marco del Acuerdo de París y a nivel de la Unión, es probable que cada vez más Estados miembros establezcan sistemas de etiquetado o exijan otros requisitos a los participantes en los mercados financieros o los emisores respecto de la promoción de productos financieros o de emisiones de renta fija privada como medioambientalmente sostenibles. En dichos casos, los Estados miembros utilizarían sus propios sistemas nacionales de clasificación a efectos de determinar qué inversiones pueden considerarse sostenibles. Si tales sistemas nacionales de etiquetado o requisitos nacionales usasen criterios diferentes para determinar qué actividades económicas pueden considerarse medioambientalmente sostenibles, los inversores se verían disuadidos de realizar inversiones transfronterizas, debido a las dificultades para comparar distintas oportunidades de inversión. Además, los operadores económicos que deseen atraer inversiones de toda la Unión tendrían que cumplir requisitos diferentes en distintos Estados miembros para que sus actividades se considerasen medioambientalmente sostenibles. La falta de criterios uniformes incrementaría, pues, los costes y disuadiría de manera importante a los operadores económicos de acceder a mercados de capital transfronterizos con el fin de efectuar inversiones sostenibles.

(12)

Resulta oportuno armonizar a escala de la Unión los criterios para determinar si una actividad económica se considera medioambientalmente sostenible, a fin de eliminar los obstáculos al funcionamiento del mercado interior por lo que respecta a la captación de fondos para proyectos de sostenibilidad, y prevenir la aparición futura de obstáculos a dichos proyectos. Con esta armonización, sería más fácil para los operadores económicos obtener financiación a escala transfronteriza para sus actividades medioambientalmente sostenibles, ya que sus actividades económicas podrían compararse a la luz de criterios uniformes antes de ser seleccionadas como activos subyacentes de inversiones medioambientalmente sostenibles. Por lo tanto, dicha armonización facilitaría las inversiones transfronterizas sostenibles en la Unión.

(13)

Si los participantes en los mercados financieros no ofrecen a los inversores ninguna explicación sobre la forma en que las actividades en las que invierten contribuyen a objetivos medioambientales, o si los participantes en los mercados financieros se basan en diferentes conceptos al explicar lo que constituye una actividad económica medioambientalmente sostenible, a los inversores les resultará desproporcionadamente oneroso comprobar y comparar productos financieros diferentes. Se ha constatado que esas prácticas disuaden a los inversores de invertir en productos financieros medioambientalmente sostenibles. Además, una falta de confianza de los inversores tiene efectos perjudiciales importantes en el mercado de la inversión sostenible. Se ha demostrado también que las normas nacionales y las iniciativas basadas en el mercado adoptadas para solucionar ese problema dentro de las fronteras nacionales dan lugar a una fragmentación del mercado interior. Si los participantes en los mercados financieros revelan de qué manera y en qué medida los productos financieros que se ofrecen como medioambientalmente sostenibles invierten en actividades que reúnen los criterios del presente Reglamento para ser consideradas actividades económicas medioambientalmente sostenibles, y si los participantes en los mercados financieros utilizan criterios comunes a toda la Unión para revelar esa información, esos factores ayudarían a los inversores para comparar distintas oportunidades de inversión a escala transfronteriza y se incentivaría a las empresas participadas a aumentar la sostenibilidad medioambiental de sus modelos empresariales. Asimismo, los inversores invertirían con mayor confianza en productos financieros medioambientalmente sostenibles en toda la Unión, lo que mejorará el funcionamiento del mercado interior.

(14)

Con objeto de hacer frente a los actuales obstáculos al funcionamiento del mercado interior y prevenir la aparición de tales obstáculos en el futuro, resulta oportuno disponer que los Estados miembros y la Unión utilicen un concepto común de «inversión medioambientalmente sostenible» a la hora de establecer requisitos a nivel nacional y de la Unión, que los participantes en el mercado financiero o los emisores deberán cumplir a efectos del etiquetado de los productos financieros o las emisiones de renta fija privada que sean comercializados como medioambientalmente sostenibles. Con objeto de evitar la fragmentación del mercado y cualquier perjuicio a los intereses de los consumidores e inversores, debido a conceptos divergentes de las actividades económicas medioambientalmente sostenibles, los requisitos nacionales que deben cumplir los participantes en los mercados financieros o los emisores para comercializar productos financieros o emisiones de renta fija privada como medioambientalmente sostenibles deben basarse en criterios uniformes aplicables a las actividades económicas medioambientalmente sostenibles. Entre dichos participantes en los mercados financieros o emisores figuran los participantes en los mercados financieros que ofrecen productos financieros medioambientalmente sostenibles y las empresas no financieras que emiten renta fija privada medioambientalmente sostenible.

(15)

El establecimiento de criterios para las actividades económicas medioambientalmente sostenibles puede alentar a aquellos operadores económicos que no están cubiertos por el presente Reglamento a publicar y difundir en sus sitios web, de forma voluntaria, información sobre las actividades de ese tipo que lleven a cabo. Esa información no solo ayudará a los participantes en los mercados financieros y otros agentes pertinentes de los mercados financieros a identificar sin dificultad a los operadores económicos que realizan actividades económicas medioambientalmente sostenibles, sino que también facilitará a dichos operadores económicos la obtención de financiación a efectos de sus actividades medioambientalmente sostenibles.

(16)

Una clasificación a escala de la Unión de las actividades económicas medioambientalmente sostenibles debería permitir el desarrollo de futuras políticas de la Unión en apoyo de las finanzas sostenibles, entre ellas, normas a escala de la Unión sobre los productos financieros medioambientalmente sostenibles, y, en última instancia, la posible creación de etiquetas que reconozcan formalmente el cumplimiento de esas normas en toda la Unión. También podría servir de base para otras medidas económicas y reglamentarias. A modo de referencia para la futura normativa de la Unión destinada a facilitar la reorientación de las inversiones hacia actividades económicas medioambientalmente sostenibles, son necesarios requisitos jurídicos uniformes que permitan determinar el grado de sostenibilidad medioambiental de las inversiones, basados en criterios uniformes sobre las actividades económicas medioambientalmente sostenibles.

(17)

En el marco de la consecución de los ODS en la Unión, ciertas opciones estratégicas, como la creación de un Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, han sido eficaces a la hora de contribuir a canalizar la inversión privada hacia inversiones sostenibles, junto con el gasto público. El Reglamento (UE) 2015/1017 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) fija un objetivo de inversiones en proyectos de infraestructura e innovación propicios a la lucha contra el cambio climático del 40 %, en el marco del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas. La fijación de criterios comunes para determinar si las actividades económicas tienen la consideración de sostenibles, incluido su impacto en el medio ambiente, podría respaldar futuras iniciativas similares de la Unión para movilizar las inversiones que persigan objetivos climáticos u otros objetivos medioambientales.

(18)

A fin de no perjudicar los intereses de los inversores, los gestores de fondos y los inversores institucionales que ofrezcan productos financieros deben revelar de qué modo y en qué medida utilizan los criterios aplicables a las actividades económicas medioambientalmente sostenibles para determinar la sostenibilidad medioambiental de sus inversiones. La información divulgada debe permitir a los inversores comprender la proporción de las inversiones subyacentes al producto financiero en actividades económicas medioambientalmente sostenibles en forma de porcentaje del total de las inversiones subyacentes a ese producto financiero, lo que debe permitir a los inversores comprender el grado de sostenibilidad medioambiental de la inversión. Cuando las inversiones subyacentes al producto financiero se hagan en actividades económicas que contribuyan a un objetivo medioambiental, la información que debe divulgarse debe especificar el objetivo u objetivos medioambientales a los que contribuye la inversión subyacente al producto financiero, así como la forma y la medida en que las inversiones subyacentes al producto financiero financian actividades económicas medioambientalmente sostenibles, y debe incluir información pormenorizada sobre las proporciones respectivas de las actividades facilitadoras y de transición. Es conveniente que la Comisión especifique la información que debe divulgarse a ese respecto. Esa información ha de permitir a las autoridades nacionales competentes comprobar con facilidad el cumplimiento de esa obligación de divulgación y exigir su cumplimiento de conformidad con la normativa nacional aplicable. Cuando los participantes en los mercados financieros no tengan en cuenta los criterios aplicables a las inversiones medioambientalmente sostenibles, deben presentar una declaración a tal efecto. A fin de que no se eluda la obligación de divulgación de información, esta obligación debe aplicarse también cuando los productos financieros se comercializan como productos que promocionan características medioambientales, incluidos los productos financieros que tengan por objetivo la protección del medio ambiente en sentido amplio.

(19)

Las obligaciones de divulgación de información contenidas en el presente Reglamento completan las normas relativas a la divulgación de información establecidas en el Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo (6). Con el fin de aumentar la transparencia, y para que los participantes en los mercados financieros proporcionen a los inversores finales un punto de comparación objetivo en cuanto a la parte de las inversiones que financian actividades económicas medioambientalmente sostenibles, el presente Reglamento completa las normas de transparencia en relación con la divulgación de información precontractual y con los informes periódicos establecidas en el Reglamento (UE) 2019/2088. La definición de «inversiones sostenibles» del Reglamento (UE) 2019/2088 incluye inversiones en aquellas actividades económicas que contribuyan a un objetivo medioambiental, que, entre otras, han de incluir inversiones en «actividades económicas medioambientalmente sostenibles» en el sentido del presente Reglamento. Además, según el Reglamento (UE) 2019/2088, una inversión solo es sostenible si no perjudica significativamente ninguno de los objetivos medioambientales o sociales expuestos en dicho Reglamento.

(20)

Para garantizar la fiabilidad, la coherencia y la comparabilidad de la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, la divulgación de información relacionada con el presente Reglamento debe utilizar indicadores de sostenibilidad existentes en la medida de lo posible, tal como propone el Parlamento Europeo en su resolución de 29 de mayo de 2018 sobre finanzas sostenibles (7). En ese contexto, los criterios técnicos de selección deben basarse, en la medida de lo posible, en los indicadores de sostenibilidad del Reglamento (UE) 2019/2088.

(21)

En cuanto a las actividades económicas llevadas a cabo por empresas que no están obligadas a divulgar información en virtud del presente Reglamento, pueden darse casos excepcionales en los que los participantes en los mercados financieros no puedan obtener razonablemente la información pertinente para determinar de manera fiable la adaptación a los criterios técnicos de selección establecidos en virtud del presente Reglamento. En tales casos excepcionales, y únicamente para aquellas actividades económicas para las que no se pueda obtener información completa, fiable y oportuna, debe permitirse a los participantes en los mercados financieros efectuar evaluaciones y estimaciones complementarias basadas en información procedente de otras fuentes. Dichas evaluaciones y estimaciones solo deben compensar partes limitadas y específicas de los datos deseados, y producir un resultado prudente. Con el fin de garantizar que la divulgación a los inversores es clara y no engañosa, los participantes en los mercados financieros deben explicar claramente el fundamento de sus conclusiones y las razones por las que han debido realizar dichas evaluaciones y estimaciones complementarias a efectos de divulgación de información a los inversores finales.

(22)

En su Comunicación de 20 de junio de 2019, «Directrices sobre la presentación de informes no financieros: Suplemento sobre la información relacionada con el clima», la Comisión recomienda que determinadas grandes empresas informen sobre determinados indicadores clave de resultados relacionados con el clima que se basan en el marco establecido por el presente Reglamento. En particular, la información sobre la proporción del volumen de negocios de este tipo de grandes empresas no financieras, sus inversiones en activo fijo (CapEx) o sus gastos operativos (OpEx), asociados a actividades económicas medioambientalmente sostenibles, así como los indicadores clave de resultados específicamente pensados para grandes sociedades financieras resulta útil para los inversores que estén interesados en empresas cuyos productos y servicios contribuyan considerablemente a cualquiera de los objetivos medioambientales fijados en el presente Reglamento. Por lo tanto, es adecuado exigir a esas grandes empresas que publiquen anualmente tales indicadores clave y desarrollar este requisito en actos delegados, en particular por lo que respecta a las grandes sociedades financieras. Aunque ampliar este requisito a las empresas más pequeñas sería desproporcionadamente oneroso, estas pueden decidir publicar dicha información de forma voluntaria.

(23)

Con el fin de determinar la sostenibilidad medioambiental de una actividad económica precisa, debe confeccionarse una lista exhaustiva de los objetivos medioambientales. Los seis objetivos medioambientales que debe comprender el presente Reglamento son: la mitigación del cambio climático; la adaptación al cambio climático; el uso sostenible y la protección de los recursos hídricos y marinos; la transición hacia una economía circular; la prevención y control de la contaminación; y la protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas.

(24)

Una actividad económica que persiga el objetivo medioambiental de mitigar el cambio climático debe contribuir de forma sustancial a estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero evitándolas o reduciéndolas, o mejorando su absorción. La actividad económica debe ser coherente con el objetivo de temperatura a largo plazo establecido en el Acuerdo de París. Ese objetivo medioambiental debe interpretarse de acuerdo con la normativa aplicable de la Unión, incluida la Directiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (8).

(25)

Una actividad económica que persiga el objetivo medioambiental de adaptación al cambio climático debe contribuir de forma sustancial a reducir o prevenir las repercusiones climáticas adversas actuales o que se prevean en el futuro o los riesgos de esas repercusiones adversas, ya sea en la propia actividad, ya sea en las personas, la naturaleza o los activos. Ese objetivo medioambiental debe interpretarse de acuerdo con la normativa aplicable de la Unión y con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030.

(26)

El objetivo medioambiental de uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos debe interpretarse de acuerdo con la normativa aplicable de la Unión, en particular el Reglamento (UE) n.o 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (9) y las Directivas 2000/60/CE (10), 2006/7/CE (11), 2006/118/CE (12), 2008/56/CE (13) y 2008/105/CE (14) del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 91/271/CEE (15), 91/676/CEE (16) y 98/83/CE (17) del Consejo y la Decisión (UE) 2017/848 de la Comisión (18), así como con las Comunicaciones de la Comisión de 18 de julio de 2007, «Afrontar el desafío de la escasez de agua y la sequía en la Unión Europea», de 14 de noviembre de 2012, «Plan para salvaguardar los recursos hídricos de Europa» y de 11 de marzo de 2019, «Enfoque estratégico de la Unión Europea en materia de productos farmacéuticos en el medio ambiente».

(27)

El objetivo medioambiental de transición hacia una economía circular debe interpretarse de acuerdo con la normativa aplicable de la Unión en el ámbito de la economía circular, los residuos y las sustancias químicas, en particular los Reglamentos (CE) n.o 1013/2006 (19), (CE) n.o 1907/2006 (20) y (UE) 2019/1021 (21) del Parlamento Europeo y del Consejo, y las Directivas 94/62/CE (22), 2000/53/CE (23), 2006/66/CE (24), 2008/98/CE (25), 2010/75/UE (26), 2011/65/UE (27), 2012/19/UE (28), (UE) 2019/883 (29) y (UE) 2019/904 (30) del Parlamento Europeo y del Consejo, la Directiva 1999/31/CE del Consejo (31), el Reglamento (UE) n.o 1357/2014 de la Comisión (32), las Decisiones 2000/532/CE (33) y 2014/955/UE (34) de la Comisión, así como con las Comunicaciones de la Comisión de 2 de diciembre de 2015, «Cerrar el círculo: un plan de acción de la UE para la economía circular», y de 16 de enero de 2018, «Una estrategia europea para el plástico en una economía circular».

(28)

Una actividad económica puede contribuir de forma considerable y de diversos modos al objetivo medioambiental de transición hacia una economía circular. Puede aumentar, por ejemplo, la durabilidad, la posibilidad de reparación, de actualización y de reutilización de los productos, o puede reducir el uso de los recursos mediante el diseño y la elección de materiales, facilitando la reconversión, el desmontaje y la deconstrucción en el sector de los edificios y la construcción, en especial para reducir el uso de materiales de construcción y promover su reutilización. También puede contribuir de forma sustancial al objetivo medioambiental de transición hacia una economía circular desarrollando modelos de negocio del tipo «producto como servicio» y cadenas de valor circulares, con objeto de mantener los productos, componentes y materiales en su nivel máximo de utilidad y valor durante el mayor tiempo posible. Cualquier reducción del contenido de sustancias peligrosas en materiales y productos durante todo el ciclo de vida, incluida su sustitución por alternativas más seguras, debe ser, como mínimo, conforme con el Derecho de la Unión. Una actividad económica también puede contribuir de forma sustancial al objetivo medioambiental de transición hacia una economía circular mediante la reducción de los residuos alimentarios en la producción, la transformación, la fabricación o la distribución de alimentos.

(29)

Los objetivos medioambientales de prevención y control de la contaminación deben interpretarse de acuerdo con la normativa aplicable de la Unión, en particular la Directivas 2000/60/CE, 2004/35/CE (35), 2004/107/CE (36), 2006/118/CE, 2008/50/CE (37), 2008/105/CE, 2010/75/UE, (UE) 2016/802 (38) y (UE) 2016/2284 (39) del Parlamento Europeo y del Consejo.

(30)

Los objetivos medioambientales de protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas deben interpretarse de acuerdo con la normativa aplicable de la Unión, en particular los Reglamentos (UE) n.o 995/2010 (40), (UE) n.o 511/2014 (41) y (UE) n.o 1143/2014 (42) del Parlamento Europeo y del Consejo, la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (43), el Reglamento (CE) n.o 338/97 del Consejo (44), y las Directivas 91/676/CEE y 92/43/CEE (45) del Consejo, así como con las Comunicaciones de la Comisión de 21 de mayo de 2003, «Aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales», de 3 de mayo de 2011, «Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital natural», de 6 de mayo de 2013, «Infraestructura verde: mejora del capital natural de Europa», de 26 de febrero de 2016, «Plan de acción de la UE contra el tráfico de especies silvestres» y de 23 de julio de 2019, «Intensificar la actuación de la UE para proteger y restaurar los bosques del mundo».

(31)

Una actividad económica puede contribuir de forma considerable al objetivo medioambiental de proteger y restaurar la biodiversidad y los ecosistemas, de diversos modos, entre ellos, protegiendo, conservando o restaurando la biodiversidad y los ecosistemas, y mejorando así los servicios ecosistémicos. Dichos servicios se clasifican en cuatro categorías, a saber: servicios de aprovisionamiento, como el aprovisionamiento de alimentos y agua; servicios de regulación, como el control del clima y las enfermedades; servicios facilitadores, como los ciclos nutritivos y la producción de oxígeno; y servicios culturales, como los que ofrecen beneficios espirituales y recreativos.

(32)

A efectos del presente Reglamento, el término «gestión forestal sostenible» debe interpretarse teniendo en cuenta las prácticas y la utilización de los bosques y de los terrenos forestales que contribuyan a mejorar la biodiversidad o a frenar o evitar la degradación de los ecosistemas, la deforestación y la pérdida de hábitats, teniendo en cuenta la administración y uso de los bosques y tierras forestales de forma y en intensidad tales que mantengan su biodiversidad, productividad, capacidad de regeneración, vitalidad y potencial para atender, actualmente y en el futuro, funciones ecológicas, económicas y sociales relevantes a escala local, nacional y global, y que no causen daño a otros ecosistemas, tal como establece la Resolución H1 de la segunda Conferencia Ministerial sobre Protección de los Bosques de Europa, celebrada en Helsinki los días 16 y 17 de junio de 1993, sobre las Directrices generales para una gestión sostenible de los bosques en Europa, así como teniendo en cuenta los Reglamentos (UE) n.o 995/2010 y (UE) 2018/841 (46) del Parlamento Europeo y del Consejo, la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (47), y la Comunicación de la Comisión de 20 de septiembre de 2013, «Una nueva estrategia de la UE en favor de los bosques y del sector forestal».

(33)

A efectos del presente Reglamento, el término «eficiencia energética» se utiliza en sentido amplio y debe interpretarse teniendo en cuenta la normativa aplicable de la Unión, en particular el Reglamento (UE) 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo (48) y las Directivas 2012/27/UE (49) y (UE) 2018/844 (50) del Parlamento Europeo y del Consejo, así como las medidas de transposición adoptadas en virtud de la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (51).

(34)

Deben establecerse, respecto de cada objetivo medioambiental, criterios uniformes para determinar si las actividades económicas contribuyen de forma sustancial a ese objetivo. Uno de los elementos de los criterios uniformes debe ser evitar cualquier perjuicio significativo a alguno de los objetivos medioambientales establecidos en el presente Reglamento. Se pretende así evitar que una inversión se considere medioambientalmente sostenible cuando las actividades económicas a las que beneficia provoquen en el medio ambiente daños más importantes que la contribución que aportan a un objetivo medioambiental. Dichos criterios deben tomar en consideración el ciclo de vida de los productos y servicios que proporciona dicha actividad económica, además de los efectos medioambientales de la propia actividad económica, teniendo en cuenta también los datos de las evaluaciones del ciclo de vida de las que se disponga, en particular habida cuenta de la producción, uso y final de vida útil de los productos.

(35)

Recordando el compromiso asumido conjuntamente por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión de observar los principios consagrados en el pilar europeo de derechos sociales en apoyo de un crecimiento sostenible e integrador, y reconociendo la importancia de unos derechos y normas mínimos a escala internacional en materia de derechos humanos y laborales, una de las condiciones para que las actividades económicas se consideren medioambientalmente sostenibles ha de ser el cumplimiento de unas garantías mínimas. Por este motivo, las actividades económicas solo deben considerarse medioambientalmente sostenibles cuando se realicen de conformidad con las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y con los Principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, en particular la Declaración relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los ocho convenios fundamentales de la OIT y la Carta Internacional de Derechos Humanos. Los convenios fundamentales de la OIT determinan los derechos humanos y laborales que las empresas deben respetar. Varias de esas normas internacionales están consagradas en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular la prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado, así como el principio de no discriminación. Estas garantías mínimas se entienden sin perjuicio de la aplicación de requisitos más estrictos que el Derecho de la Unión pueda establecer en materia de medio ambiente, salud y seguridad, y sostenibilidad social. A la hora de cumplir estas garantías mínimas, las empresas deben respetar el principio consistente en «no causar un perjuicio significativo» mencionado en el Reglamento (UE) 2019/2088, y tener en cuenta las normas técnicas de regulación adoptadas en virtud de dicho Reglamento que desarrollan ese principio.

(36)

Con el fin de garantizar la coherencia entre el presente Reglamento y el Reglamento (UE) 2019/2088, el presente Reglamento debe modificar el Reglamento (UE) 2019/2088 para encomendar a las Autoridades Europeas de Supervisión establecidas mediante los Reglamentos (UE) n.o 1093/2010 (52), (UE) n.o 1094/2010 (53) y (UE) n.o 1095/2010 (54) del Parlamento Europeo y del Consejo (denominadas colectivamente «AES») la función de elaborar conjuntamente normas técnicas de regulación en las que se especifique de modo pormenorizado el contenido y la presentación de la información relativa al principio consistente en «no causar un perjuicio significativo». Dichas normas técnicas de regulación deben ser coherentes con el contenido, las metodologías y la presentación de los indicadores de sostenibilidad en relación con las incidencias adversas a que se hace referencia en el Reglamento (UE) 2019/2088. También deben ser coherentes con los principios consagrados en el pilar europeo de derechos sociales, las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, los Principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, en particular la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, los ocho convenios fundamentales de la OIT y la Carta Internacional de Derechos Humanos.

(37)

También se debe modificar el Reglamento (UE) 2019/2088 para encomendar a las AES la elaboración, por medio del Comité Mixto, de proyectos de normas técnicas de regulación que complementen las normas sobre transparencia de la promoción de las características medioambientales y de las inversiones medioambientalmente sostenibles en la divulgación de información precontractual y en los informes periódicos.

(38)

Habida cuenta de los detalles técnicos específicos que se requieren para evaluar el impacto ambiental de una actividad económica y de la rapidez con que evolucionan la ciencia y la tecnología, los criterios de las actividades económicas medioambientalmente sostenibles deben adaptarse periódicamente para que reflejen dicha evolución. Para que los criterios estén actualizados, con arreglo a los datos científicos y a las aportaciones de los expertos y las partes interesadas pertinentes, las condiciones de contribución sustancial y perjuicio significativo deben especificarse con más detalle respecto de las diferentes actividades económicas y actualizarse periódicamente. Con este objetivo, la Comisión debe establecer criterios técnicos de selección detallados y calibrados respecto de las distintas actividades económicas, basándose en la aportación técnica de una plataforma sobre finanzas sostenibles de carácter multilateral.

(39)

Algunas actividades económicas tienen un impacto negativo en el medio ambiente y la reducción de dicho impacto negativo puede constituir una contribución sustancial a uno o más objetivos medioambientales. En relación con las actividades económicas de ese tipo, es conveniente establecer criterios técnicos de selección que supongan una mejora sustancial del comportamiento medioambiental en comparación, entre otras cosas, con la media del sector, pero que al mismo tiempo eviten efectos de bloqueo perjudiciales para el medio ambiente, en particular efectos de bloqueo que supongan importantes emisiones de carbono, durante la vida económica de la actividad económica financiada. Dichos criterios deben tener en cuenta también las repercusiones a largo plazo de una actividad económica precisa.

(40)

Una actividad económica no debe considerarse medioambientalmente sostenible si son más los daños que causa al medio ambiente que los beneficios que aporta. Los criterios técnicos de selección deben determinar los requisitos mínimos necesarios para evitar un perjuicio significativo a otros objetivos, por ejemplo, basándose en cualquiera de los requisitos mínimos establecidos de conformidad con el Derecho de la Unión. A la hora de establecer y actualizar los criterios técnicos de selección, la Comisión debe cerciorarse de que dichos criterios se basen en datos científicos disponibles, se elaboren teniendo en cuenta consideraciones relacionadas con el ciclo de vida, en particular las evaluaciones del ciclo de vida de las que se disponga, y se actualicen periódicamente. Cuando la evaluación científica no permita determinar un riesgo con suficiente certeza, debe aplicarse el principio de precaución, de conformidad con el artículo 191 del TFUE.

(41)

A la hora de establecer y actualizar los criterios técnicos de selección para el objetivo medioambiental de mitigación del cambio climático, la Comisión debe tener en cuenta e incentivar la necesaria transición en curso hacia una economía climáticamente neutra, de conformidad con el artículo 10, apartado 2, del presente Reglamento. Además de la utilización de energía sin efectos sobre el clima y de más inversiones en actividades y sectores económicos que ya sean de bajas emisiones de carbono, la transición necesita reducciones importantes de las emisiones de gases de efecto invernadero en otras actividades y sectores económicos para los que no existan alternativas ni tecnológica ni económicamente viables de bajas emisiones de carbono. Debe considerarse que las actividades económicas de transición cuyas emisiones de gases de efecto invernadero sean muy inferiores a las de la media del sector o la industria, que no obstaculicen el desarrollo y la implantación de alternativas de bajas emisiones de carbono y que no conlleven la retención de activos incompatibles con el objetivo de neutralidad climática, teniendo en cuenta la vida económica de dichos activos, contribuyen de forma sustancial a la mitigación del cambio climático. Los criterios técnicos de selección aplicables a dichas actividades económicas de transición deben garantizar que las actividades transitorias tengan una trayectoria creíble hacia la neutralidad climática, y deben ajustarse en consecuencia a intervalos regulares.

(42)

Debe considerarse que una actividad económica contribuye sustancialmente a alcanzar uno o varios de los objetivos medioambientales establecidos en el presente Reglamento, cuando permita directamente a otras actividades realizar una contribución sustancial a uno o varios de dichos objetivos. Dichas actividades facilitadoras no deben conllevar la retención de activos que socaven los objetivos medioambientales a largo plazo, teniendo en cuenta la vida económica de dichos activos, y debe tener un efecto medioambiental particularmente positivo considerando el ciclo de vida.

(43)

A la hora de establecer y actualizar los criterios técnicos de selección, la Comisión debe tener en cuenta la normativa aplicable de la Unión, en particular los Reglamentos (CE) n.o 1221/2009 (55) y (CE) n.o 66/2010 (56) del Parlamento Europeo y del Consejo, así como la Recomendación 2013/179/UE de la Comisión (57) y la Comunicación de la Comisión de 16 de julio de 2018, «Contratación pública para un medio ambiente mejor». A fin de evitar incoherencias innecesarias con las clasificaciones de las actividades económicas que ya existen para otros fines, la Comisión también debe tener en cuenta las clasificaciones estadísticas relativas al sector de bienes y servicios ambientales, a saber, la clasificación de actividades y gastos de protección del medio ambiente (CEPA) y la clasificación de las actividades de gestión de recursos (CReMA) del Reglamento (UE) n.o 538/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (58). A la hora de establecer y actualizar los criterios técnicos de selección, la Comisión debe tener en cuenta los indicadores y marcos de información en materia de medio ambiente existentes elaborados por la Comisión o la Agencia Europea de Medio Ambiente, entre otros, y las normas internacionales en vigor, como las elaboradas, por ejemplo, por la OCDE.

(44)

A la hora de establecer y actualizar los criterios técnicos de selección, la Comisión debe tener en cuenta, igualmente, las especificidades del sector de infraestructura y las externalidades ambientales, sociales y económicas en el marco de un análisis coste-beneficio. A este respecto, conviene que la Comisión tenga en cuenta la normativa aplicable de la Unión, en particular las Directivas 2001/42/CE (59), 2011/92/UE (60), 2014/23/UE (61), 2014/24/UE (62) y 2014/25/UE (63) del Parlamento Europeo y del Consejo, así como las normas y la metodología actual y la labor de organizaciones internacionales como la OCDE. En este contexto, los criterios técnicos de selección deben promover marcos de gobernanza adecuados que integren los factores ambientales, sociales y de gobernanza tal como se exponen en los Principios de las Naciones Unidas para la Inversión Responsable en todas las fases del ciclo de vida de un proyecto.

(45)

Los criterios técnicos de selección deben garantizar que las actividades económicas pertinentes de un sector concreto puedan tener la consideración de medioambientalmente sostenibles y sean tratadas del mismo modo si contribuyen por igual a uno o varios de los objetivos medioambientales establecidos en el presente Reglamento. La capacidad potencial para contribuir a dichos objetivos medioambientales puede variar según los sectores, lo cual debe reflejarse en esos criterios. Con todo, dentro de cada sector, los citados criterios no deben poner injustamente en desventaja determinadas actividades económicas frente a otras si las primeras contribuyen a la consecución de los objetivos medioambientales en la misma medida que las segundas.

(46)

A la hora de establecer y actualizar los criterios técnicos de selección aplicables a las actividades medioambientalmente sostenibles, la Comisión debe evaluar si el establecimiento de esos criterios daría lugar a activos obsoletos o generaría incentivos incoherentes, o podría tener cualquier otro impacto negativo en los mercados financieros.

(47)

A fin de no imponer a los operadores económicos costes de cumplimiento excesivamente gravosos, la Comisión debe establecer criterios técnicos de selección que ofrezcan la suficiente claridad jurídica, sean viables y fáciles de aplicar, y cuya observancia pueda verificarse a un coste razonable, evitando así cargas administrativas innecesarias. Los criterios técnicos de selección podrían exigir que se lleve a cabo una evaluación del ciclo de vida en la medida en que sea viable y necesario.

(48)

A fin de garantizar que las inversiones se canalicen hacia actividades económicas que tengan el mayor impacto positivo en los objetivos medioambientales, la Comisión debe dar prioridad al establecimiento de criterios técnicos de selección respecto de las actividades económicas que potencialmente contribuyan más a dichos objetivos.

(49)

Resulta oportuno establecer criterios técnicos de selección adecuados con respecto al sector del transporte, en particular de los activos móviles. Dichos criterios técnicos de selección deben tener en cuenta el hecho de que este sector, en el que se incluye el transporte marítimo internacional, representa casi el 26 % del total de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión. Tal como se indica en el Plan de Acción sobre la Financiación del Crecimiento Sostenible, el sector del transporte supone en torno al 30 % de las necesidades anuales adicionales de inversión de cara a un desarrollo sostenible de la Unión, por ejemplo, a través del aumento de la electrificación o la transición hacia unos modos de transporte más limpios mediante el fomento de un cambio modal y una mejor gestión del tráfico.

(50)

Al desarrollar los criterios técnicos de selección, es de especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas con arreglo al Programa de Mejora de la Legislación. El proceso para el establecimiento y la actualización de los criterios técnicos de selección debe implicar a las partes interesadas pertinentes y basarse en el asesoramiento de expertos con conocimientos y experiencia acreditados en los ámbitos correspondientes. Para ello, resulta oportuno que la Comisión cree una Plataforma sobre Finanzas Sostenibles (en lo sucesivo, «Plataforma»). La Plataforma debe estar compuesta por expertos que representen tanto al sector público como al privado. Entre los expertos del sector público debe haber representantes de la Agencia Europea de Medio Ambiente, de las AES, del Banco Europeo de Inversiones y de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Entre los expertos del sector privado debe haber representantes de los participantes en los mercados financieros y no financieros y de los sectores empresariales que representen a las industrias pertinentes, y personas con experiencia en contabilidad y elaboración de informes. La Plataforma también debe incluir a expertos que representen a la sociedad civil, en particular expertos en cuestiones ambientales, sociales, laborales y de gobernanza. Ha de alentarse a los participantes en los mercados financieros a que, cuando consideren que una actividad económica que no cumple los criterios técnicos de selección, o respecto de la cual aún no se han establecido tales criterios, debe considerarse no obstante medioambientalmente sostenible, lo comuniquen a la Comisión, a fin de ayudar a esta última a evaluar la conveniencia de complementar o actualizar los criterios técnicos de selección.

(51)

La Plataforma debe constituirse de conformidad con las normas horizontales aplicables a la creación y funcionamiento de los grupos de expertos de la Comisión, también por lo que respecta al proceso de selección. El proceso de selección debe tener por objeto garantizar un elevado nivel de conocimientos especializados y un equilibrio geográfico y de género, así como una representación equilibrada de los conocimientos técnicos pertinentes, teniendo en cuenta las tareas específicas de la Plataforma. Durante el proceso de selección, la Comisión debe realizar una evaluación, de conformidad con esas normas horizontales, para determinar si existen conflictos de intereses potenciales y debe adoptar las medidas adecuadas para resolver cualquier conflicto de ese tipo.

(52)

La Plataforma debe asesorar a la Comisión acerca del desarrollo, el estudio y la revisión de los criterios técnicos de selección, en particular del impacto potencial de dichos criterios sobre la valoración de activos que se consideren activos medioambientalmente sostenibles según las prácticas de mercado vigentes. La Plataforma también debe asesorar a la Comisión acerca de la posible idoneidad de los criterios técnicos de selección para usarlos en futuras iniciativas de actuación de la Unión encaminadas a facilitar las inversiones sostenibles y del posible papel de apoyo que la contabilidad sobre sostenibilidad y las normas para la divulgación de información sobre la sostenibilidad puedan tener en la aplicación de los criterios técnicos de selección. La Plataforma debe asesorar a la Comisión sobre la elaboración de nuevas medidas para mejorar la disponibilidad y la calidad de los datos, teniendo en cuenta el objetivo de evitar cargas administrativas innecesarias, así como sobre la actuación relativa a otros objetivos de sostenibilidad, como los objetivos sociales, y sobre el funcionamiento de las garantías mínimas y la posible necesidad de complementarlas.

(53)

La Comisión debe dar continuidad al Grupo de expertos de los Estados miembros en materia de finanzas sostenibles y otorgarle carácter oficial. El Grupo de expertos desempeñará, entre otras, la función de asesorar a la Comisión acerca de la conveniencia de los criterios técnicos de selección y acerca del enfoque adoptado por la Plataforma en lo que respecta al desarrollo de esos criterios. Para ello, la Comisión debe mantener informados a los Estados miembros mediante reuniones periódicas del Grupo de expertos de los Estados miembros en materia de finanzas sostenibles.

(54)

A fin de especificar los requisitos contenidos en el presente Reglamento, y en particular para establecer y actualizar criterios técnicos de selección específicamente pensados y pormenorizados para distintas actividades económicas en cuanto a lo que constituye una «contribución sustancial» y un «perjuicio significativo» a los objetivos medioambientales, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE, por lo que respecta a la información necesaria para cumplir la obligación de información en virtud del presente Reglamento, y por lo que respecta a los criterios técnicos de selección. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, por ejemplo, a través de la Plataforma y del Grupo de expertos de los Estados miembros en materia de finanzas sostenibles, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (64). En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(55)

El presente Reglamento completa los requisitos relativos a la divulgación de información establecidos en el Reglamento (UE) 2019/2088. A fin de garantizar una supervisión ordenada y efectiva del cumplimiento del presente Reglamento por parte de los participantes en los mercados financieros, los Estados miembros deben valerse de las autoridades competentes designadas con arreglo al Reglamento (UE) 2019/2088. Además, para garantizar el cumplimiento, los Estados miembros deben establecer un régimen de medidas y sanciones, que deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias. Las autoridades nacionales competentes y las AES deben ejercer las facultades de intervención de productos establecidas en los Reglamentos (UE) n.o 600/2014 (65), (UE) n.o 1286/2014 (66) y (UE) 2019/1238 (67) del Parlamento Europeo y del Consejo, también en lo que respecta a las prácticas de venta abusiva o a las declaraciones de información relacionada con la sostenibilidad engañosas, incluida la información que se exige en el presente Reglamento.

(56)

Debe considerarse, en su caso, la posibilidad de hacer un mayor uso de tecnologías digitales, incluidas las virtuales, con el fin de garantizar una organización eficaz y sostenible de las prácticas de trabajo y de reunión, tanto de la Plataforma como del Grupo de expertos de los Estados miembros en materia de finanzas sostenibles, y con el fin de posibilitar una amplia participación y una interacción eficaz dentro de los grupos, sus subgrupos, la Comisión y las partes interesadas.

(57)

A fin de conceder a los agentes pertinentes tiempo suficiente para familiarizarse con los criterios que cualifican a una actividad como actividad económica medioambientalmente sostenible que establece el presente Reglamento y para prepararse de cara a su aplicación, las obligaciones contenidas en el presente Reglamento deben comenzar a aplicarse, respecto de cada objetivo medioambiental, doce meses después del establecimiento de los correspondientes criterios técnicos de selección.

(58)

Las disposiciones del presente Reglamento que hacen referencia a los regímenes de incentivos fiscales basados en certificados que existían antes de la entrada en vigor del presente Reglamento se entienden sin perjuicio de las respectivas competencias de la Unión y de los Estados miembros por lo que se refiere a las disposiciones fiscales, tal como se establece en los Tratados.

(59)

La aplicación del presente Reglamento debe revisarse periódicamente con objeto de evaluar, entre otros, los progresos realizados en lo que respecta a la definición de los criterios técnicos de selección aplicables a las actividades económicas medioambientalmente sostenibles; la posible necesidad de revisar y completar dichos criterios para determinar si una actividad económica se considera medioambientalmente sostenible; la eficacia del sistema de clasificación de las actividades económicas medioambientalmente sostenibles para canalizar las inversiones privadas hacia tales actividades, en particular en lo relativo al flujo de capital hacia empresas privadas y otras entidades jurídicas; y el ulterior desarrollo de dicho sistema de clasificación, incluida la ampliación de su ámbito de aplicación más allá de las actividades económicas medioambientalmente sostenibles con el fin de incluir las actividades que perjudiquen significativamente el medio ambiente, así como otros objetivos de sostenibilidad, en particular los objetivos sociales.

(60)

Dado que los objetivos del presente Reglamento no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a la necesidad de introducir en toda la Unión criterios uniformes aplicables a las actividades económicas medioambientalmente sostenibles, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(1)

De conformidad con el artículo 20, apartado 1, del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el transporte de mercancías y de viajeros por ferrocarril y por carretera (3) (en lo sucesivo, «Acuerdo UE‐Suiza»), no se autoriza el transporte de viajeros en autocar y autobús entre dos puntos situados en el territorio de la misma Parte Contratante por transportistas establecidos en el territorio de la otra Parte Contratante, lo que se conoce como cabotaje.

(2)

De conformidad con el artículo 20, apartado 2, del Acuerdo UE‐Suiza, los derechos de cabotaje existentes en virtud de los acuerdos bilaterales celebrados entre Estados miembros y Suiza, que estaban en vigor cuando se celebró el Acuerdo UE‐Suiza, a saber, el 21 de junio de 1999, pueden seguir ejerciéndose siempre que no exista discriminación entre los transportistas establecidos en la Unión ni se falsee la competencia. El Acuerdo bilateral de transporte por carretera entre Suiza y Alemania de 17 de diciembre de 1953 (4) (en lo sucesivo, «Acuerdo entre Suiza y Alemania») no autoriza las operaciones de cabotaje durante la prestación de servicios de transporte de viajeros por carretera en autocar y autobús entre los dos países. Por lo tanto, el derecho a realizar estas operaciones no figura entre los derechos a que se refiere el artículo 20, apartado 2, del Acuerdo UE‐Suiza y que se enumeran en su anexo 8.

(3)

Los compromisos internacionales que permiten a los transportistas establecidos en Suiza realizar operaciones de cabotaje dentro de la Unión pueden afectar al artículo 20 del Acuerdo UE‐Suiza, ya que dicho artículo no autoriza tales operaciones.

(4)

El Reglamento (CE) n.o 1073/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), permite las operaciones de cabotaje dentro de la Unión solamente si las realizan transportistas titulares de una licencia comunitaria y en determinadas condiciones. Los compromisos internacionales que permiten a los transportistas de terceros países que no son titulares de tales licencias realizar operaciones de este tipo pueden afectar a dicho Reglamento.

(5)

Por consiguiente, tales compromisos internacionales entran en el ámbito de competencia exclusiva externa de la Unión. Los Estados miembros pueden negociar o celebrar estos compromisos solamente si están facultados para ello por la Unión de conformidad con el artículo 2, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

(6)

Las operaciones de cabotaje realizadas dentro de la Unión por parte de transportistas de terceros países que no son titulares de una licencia comunitaria como establece el Reglamento (CE) n.o 1073/2009 afectan al funcionamiento del mercado interior de servicios de autocares y autobuses, establecido por dicho Reglamento. Por consiguiente, es necesario que el legislador de la Unión delegue poderes en virtud del artículo 2, apartado 1, del TFUE, de conformidad con el procedimiento legislativo a que se hace referencia en el artículo 91 del TFUE.

(7)

Mediante carta de 11 de mayo de 2017, Alemania pidió a la Unión que la facultara para modificar el Acuerdo entre Suiza y Alemania, con el fin de autorizar las operaciones de cabotaje durante la prestación de servicios de transporte de viajeros por carretera en autocar y autobús en las regiones fronterizas de Alemania y Suiza.

(8)

Las operaciones de cabotaje permiten aumentar el factor de carga de los vehículos, lo que aumenta la eficiencia económica de los servicios de transporte de viajeros en autocar y autobús. Por lo tanto, procede autorizar estas operaciones durante la prestación de servicios de transporte de viajeros por carretera en autocar y autobús entre Alemania y Suiza en las regiones fronterizas de los dos países. Esto podría reforzar aún más la estrecha integración de esas regiones fronterizas.

(9)

Con el fin de garantizar que las operaciones de cabotaje en cuestión no alteren excesivamente el funcionamiento del mercado interior de servicios de autocares y autobuses, tal como establece el Reglamento (CE) n.o 1073/2009, la autorización de las operaciones de cabotaje debe estar condicionada a que no exista discriminación entre los transportistas establecidos en la Unión ni se falsee la competencia.

(10)

Por el mismo motivo, solamente deben autorizarse las operaciones de cabotaje en las regiones fronterizas de Alemania durante la prestación de servicios de transporte de viajeros por carretera en autocar y autobús entre Alemania y Suiza. A tal efecto, es necesario definir las regiones fronterizas de Alemania a efectos de la presente Decisión, de una manera que tenga debidamente en cuenta el Reglamento (CE) n.o 1073/2009, permitiendo al mismo tiempo aumentar la eficiencia de las operaciones en cuestión.

(1)

De conformidad con el artículo 20, apartado 1, del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el transporte de mercancías y de viajeros por ferrocarril y por carretera (3) (en lo sucesivo, «Acuerdo UE-Suiza»), no se autoriza el transporte de viajeros en autocar y autobús entre dos puntos situados en el territorio de la misma Parte Contratante por transportistas establecidos en el territorio de la otra Parte Contratante, lo que se conoce como cabotaje.

(2)

De conformidad con el artículo 20, apartado 2, del Acuerdo UE-Suiza, los derechos de cabotaje existentes en virtud de los acuerdos bilaterales celebrados entre Estados miembros y Suiza, que estaban en vigor cuando se celebró el Acuerdo UE-Suiza, a saber, el 21 de junio de 1999, pueden seguir ejerciéndose siempre que no exista discriminación entre los transportistas establecidos en la Unión ni se falsee la competencia. Italia no tiene ningún acuerdo bilateral con Suiza que autorice las operaciones de cabotaje durante la prestación de servicios de transporte de viajeros por carretera en autocar y autobús entre los dos países. Por lo tanto, el derecho a realizar estas operaciones no figura entre los derechos a que se refiere el artículo 20, apartado 2, del Acuerdo UE-Suiza y que se enumeran en su anexo 8.

(3)

Los compromisos internacionales que permiten a los transportistas establecidos en Suiza realizar operaciones de cabotaje dentro de la Unión pueden afectar al artículo 20 del Acuerdo UE-Suiza, ya que dicho artículo no autoriza tales operaciones.

(4)

El Reglamento (CE) n.o 1073/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), permite las operaciones de cabotaje dentro de la Unión solamente si las realizan transportistas titulares de una licencia comunitaria y en determinadas condiciones. Los compromisos internacionales que permiten a los transportistas de terceros países que no son titulares de tales licencias realizar operaciones de este tipo pueden afectar a dicho Reglamento.

(5)

Por consiguiente, tales compromisos internacionales entran en el ámbito de competencia exclusiva externa de la Unión. Los Estados miembros pueden negociar o celebrar estos compromisos solamente si están facultados para ello por la Unión de conformidad con el artículo 2, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

(6)

Las operaciones de cabotaje realizadas dentro de la Unión por parte de transportistas de terceros países que no son titulares de una licencia comunitaria como establece el Reglamento (CE) n.o 1073/2009 afectan al funcionamiento del mercado interior de servicios de autocares y autobuses, establecido por dicho Reglamento. Por consiguiente, es necesario que el legislador de la Unión delegue poderes en virtud del artículo 2, apartado 1, del TFUE, de conformidad con el procedimiento legislativo a que se hace referencia en el artículo 91 del TFUE.

(7)

Mediante carta de 7 de febrero de 2018, Italia pidió a la Unión que la facultara para celebrar un acuerdo con Suiza que autorizara las operaciones de cabotaje durante la prestación de servicios de transporte de viajeros por carretera en autocar y autobús en las regiones fronterizas de Italia y Suiza.

(8)

Las operaciones de cabotaje permiten aumentar el factor de carga de los vehículos, lo que aumenta la eficiencia económica de los servicios de transporte de viajeros en autocar y autobús. Por lo tanto, procede autorizar estas operaciones durante la prestación de servicios de transporte de viajeros por carretera en autocar y autobús entre Italia y Suiza en las regiones fronterizas de los dos países. Esto podría reforzar aún más la estrecha integración de esas regiones fronterizas.

(9)

Con el fin de garantizar que las operaciones de cabotaje en cuestión no alteren excesivamente el funcionamiento del mercado interior de servicios de autocares y autobuses, tal como establece el Reglamento (CE) n.o 1073/2009, la autorización de dichas operaciones debe estar condicionada a que no exista discriminación entre los transportistas establecidos en la Unión ni se falsee la competencia.

(10)

Por el mismo motivo, solamente deben autorizarse las operaciones de cabotaje en las regiones fronterizas de Italia durante la prestación de servicios de transporte de viajeros por carretera en autocar y autobús entre Italia y Suiza. A tal efecto, es necesario definir las regiones fronterizas de Italia a efectos de la presente Decisión, de una manera que tenga debidamente en cuenta el Reglamento (CE) n.o 1073/2009, permitiendo al mismo tiempo aumentar la eficiencia de las operaciones en cuestión.