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En 2014, Guatemala aprobó el Plan Nacional de Desarrollo K’atun: Nuestra Guatemala 2032 (PND), y en 2016 priorizó la Agenda 2030 integrando 99 metas al PND, de las cuales 16 son metas estratégicas y se agrupan en 10 Prioridades Nacionales. La Revisión Nacional Voluntaria 2019 incluye el análisis de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a través de las 10 Prioridades. Este ejercicio revisa el transcurrir de los primeros 5 años del PND y fue elaborada conjuntamente por instituciones públicas, municipalidades, consejos de desarrollo, cooperación internacional, sector empresarial, y sociedad civil;
El acceso a una educación de calidad, pertinente y equitativa, es un desafío para el país. Se ha identificado que la problemática concierne al débil desarrollo de competencias y capacidades suficientes para el desarrollo integral de la persona. Actualmente, los indicadores del logro nacional en lectura y matemática, evidencian que menos de la mitad de la población estudiantil evaluada alcanza los resultados esperados. La percepción de la población es que iniciativas como la Ley de Alimentación Escolar y el Remozamiento de Aulas, han contribuido al mejoramiento de cobertura en educación, sobre todo en preprimaria. Sin embargo, es necesario atender al nivel medio, mejorando la calidad y reduciendo la deserción, repitencia y sobre edad.
El limitado acceso al empleo decente y de calidad es uno de los temas que más preocupa a la población guatemalteca, principalmente a los jóvenes. Si bien, la tasa de desempleo en 2018 fue de únicamente el 2.8%, 7 de cada 10 personas ocupadas se encuentran en el sector informal. Se han identificado acciones interinstitucionales para la diversificación y tecnificación de la población económicamente activa, que deberán fortalecerse aunado al impulso para la generación de fuentes de empleo formal. El sector empresarial ha participado activamente en documentar prácticas que favorecen el empleo digno y la inversión en las prioridades de largo plazo, y ha sido parte de la definición conjunta de una Política Nacional de Competitividad 2018-2032 y una Ley de Emprendimiento.
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) para Guatemala en 2014 fue de 0.492, abajo del promedio latinoamericano y ocupando la posición 127 de 188 países. Por ello, la reducción de desigualdades es fundamental para alcanzar el desarrollo y la meta 10.2 de los ODS, constituyéndose como un objetivo clave del PND para garantizar el acceso a los bienes y servicios que el Estado provee y así disminuir las brechas en las poblaciones indígenas, mujeres y personas con discapacidad y de áreas rurales del país. El país se encuentra en una región con diversas características que la convierten altamente vulnerable a los efectos del cambio climático, por lo que se reconoce la necesidad de integrar los principios de adaptación y mitigación en la planificación en todos los niveles, lo que permitirá continuar con los avances en la materia, como lo es la Ley Marco y Plan de Acción Nacional de Cambio Climático.
Para la Prioridad Fortalecimiento Institucional, Seguridad y Justicia que incluye al ODS 16, se han sostenido ejercicios de gobierno y presupuesto abierto. Además, se han reestructurado los gabinetes de gobierno, y en 2018, luego de 14 años, se ha realizado un censo poblacional. También se realizó la consulta popular para que el diferendo territorial, insular y marítimo con Belice sea resuelto por Corte Internacional de Justicia (CIJ)
Los indicadores sobre violencia en el país, demuestran avances como la reducción del número de delitos contra el patrimonio y de homicidios, pasando de 29.5 por cada 100,000 habitantes, en 2015 a 22.4 en 2018. Sin embargo, la percepción de la población, es aún de un bajo nivel de seguridad y confianza, por lo que hay un largo camino que recorrer en materia de fortalecimiento institucional y acceso a la justicia. Adicionalmente, el país ha implementado diversos instrumentos según estándares internacionales y se ha promovido legislación para la mejora de la gestión pública, tales como juzgados especializados de atención a la población.
En estos años se han sentado las bases y se han generado condiciones para el largo plazo, por lo que el próximo quinquenio será para una implementación efectiva y consolidada.
