Diversos cambios introducidos en los Tratados de la Unión, especialmente desde que se aprobó el Tratado de Lisboa en 2009, confieren al Parlamento Europeo competencias sustanciales en materia legislativa, presupuestaria y de control.
El Parlamento es colegislador. En el lenguaje de la Unión, eso significa que tiene la potestad de adoptar y modificar propuestas legislativas y decidir acerca del presupuesto de la UE en pie de igualdad con el Consejo (Estados miembros). También pide a la Comisión y a otras instituciones y órganos de la Unión que rindan cuentas.
Competencias legislativas
La mayor parte del Derecho de la Unión pasa por el procedimiento legislativo ordinario (a menudo denominado «de codecisión», pues era así como se lo llamaba antes). Se trata del proceso estándar de toma de decisiones legislativas de la Unión, un proceso que otorga el mismo peso al Parlamento Europeo y al Consejo de la Unión Europea (Estados miembros). Se aplica a una gran variedad de ámbitos, como por ejemplo la migración, la energía, el transporte, el cambio climático, el medio ambiente, la protección de los consumidores y la gobernanza económica.
La «aprobación» es otro procedimiento de toma de decisiones. Significa que se necesita el consentimiento o la aprobación del Parlamento Europeo, y se aplica a cuestiones como la adhesión de nuevos Estados miembros, así como a los acuerdos comerciales internacionales de la Unión. La decisión final sobre la aprobación o no de un Colegio de Comisarios entrante se produce por aprobación.
La «consulta» se utiliza en ámbitos tales como la fiscalidad, el Derecho de la competencia y la política exterior y de seguridad común. Permite al Parlamento aprobar o rechazar una propuesta legislativa, así como proponer enmiendas a la misma. Aunque la posición del Parlamento no obliga al Consejo, este último debe consultar al primero y esperar a su posición antes de adoptar una decisión. De no hacerlo, un acto sería ilegal y estaría expuesto a una posible anulación por parte del Tribunal de Justicia. Además, cuando el Consejo modifique sustancialmente una propuesta, debe consultar de nuevo al Parlamento.
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