Desde 2014, la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia, su apoyo a grupos separatistas en el este de Ucrania, sus políticas de desestabilización en relación con sus países vecinos, sus campañas de desinformación e injerencia y las violaciones internas de los derechos humanos han tensado las relaciones entre Rusia y la Unión Europea. Tras el inicio de la guerra de agresión no provocada, injustificada e ilegal de Rusia contra Ucrania el 24 de febrero de 2022, se suspendió la cooperación política, cultural y científica restante.
Base jurídica
- Título V del Tratado de la Unión Europea: relativo a la acción exterior de la Unión.
- Artículos 206 y 207 (comercio) y 216 a 219 (acuerdos internacionales) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
- Acuerdo de Colaboración y Cooperación (ACC) (relaciones bilaterales).
Las relaciones UE-Rusia
Hasta las protestas del movimiento Maidán en Ucrania en noviembre de 2013, la Unión y Rusia habían estado construyendo una asociación estratégica (el acuerdo de Asociación para la Modernización presentado en 2010) y negociando un nuevo acuerdo para intensificar la cooperación presentado en 2008 en relación con, entre otros ámbitos, el comercio, la economía, la energía, el cambio climático, la investigación, la educación, la cultura y la seguridad, incluida la lucha contra el terrorismo, la no proliferación nuclear y la resolución de conflictos en Oriente Próximo. La Unión ha sido una firme defensora de la adhesión de Rusia a la Organización Mundial del Comercio (OMC), concluida en 2012. La anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia en marzo de 2014, las pruebas de que Rusia estaba apoyando a combatientes separatistas en el este de Ucrania y los intentos por obstaculizar el acceso al mar de Azov marcaron el inicio de una importante revisión de la política de la Unión respecto a Rusia.
Desde marzo de 2014, la Unión, al igual que los Estados Unidos, Canadá, Australia y otros países occidentales, ha impuesto progresivamente medidas restrictivas contra Rusia. Inicialmente, las sanciones de la Unión de 2014 contra Rusia incluyeron medidas restrictivas individuales, como la congelación de activos y la prohibición de visados, dirigidas contra miembros de la élite rusa, los separatistas ucranianos y las organizaciones asociadas a estos grupos, así como sanciones diplomáticas, que conllevaron la suspensión formal de las cumbres UE-Rusia y de las negociaciones sobre el nuevo acuerdo de cooperación UE-Rusia, además de la suspensión de la participación de Rusia en el G8. Posteriormente se impusieron sanciones económicas de mayor alcance contra Rusia, empezando por las restricciones al comercio con Crimea, y sanciones sectoriales relativas al comercio de armas, la energía y la cooperación financiera con Rusia. En respuesta, en agosto de 2014 Rusia adoptó contrasanciones para prohibir numerosos productos agroalimentarios procedentes de la Unión que, en 2013, representaban el 43 % del total de las exportaciones agroalimentarias de la Unión a Rusia y el 4,2 % del total de las exportaciones agroalimentarias de la Unión al mundo. A pesar de las sanciones y de las contrasanciones, la Unión siguió siendo el principal socio comercial de Rusia, mientras que esta constituyó el quinto mayor socio comercial de la Unión hasta 2021.
Por otra parte, la Unión reevaluó sus relaciones con Rusia mediante su estrategia de seguridad global de 2016, en la que estas se definen como «un reto estratégico clave». En marzo de 2016, el Consejo estableció cinco principios rectores que debían aplicarse a las relaciones de la Unión con Rusia: 1) aplicación de los acuerdos de Minsk sobre el conflicto en el este de Ucrania como condición básica de cara a cualquier cambio sustancial de la posición de la Unión frente a Rusia; 2) consolidación de las relaciones con los socios orientales de la Unión y otros países vecinos, incluidos los de Asia Central; 3) fortalecimiento de la resiliencia de la Unión (por ejemplo, la seguridad energética, las amenazas híbridas o la comunicación estratégica); 4) compromisos selectivos con Rusia en cuestiones de interés para la Unión; 5) la necesidad de establecer contactos interpersonales y respaldar a la sociedad civil rusa.
Desde el 24 de febrero de 2022, cuando la Federación de Rusia inició su guerra de agresión no provocada, injustificada e ilegal contra Ucrania, se considera a Rusia como Estado agresor y la Unión ha reorientado su estrategia hacia la Federación de Rusia.
En marzo de 2022, la Unión adoptó su Brújula Estratégica para la Seguridad y la Defensa, en la que reconoció que Rusia representaba «una amenaza directa y a largo plazo para la seguridad europea», lo que supuso un cambio importante en las relaciones UE-Rusia desde 2016. Este enfoque fue respaldado en el Concepto Estratégico de la OTAN, adoptado en junio de 2022, en el que se afirma que la Federación de Rusia es «la amenaza más importante y directa para la seguridad de los Aliados y para la paz y la estabilidad en el área euroatlántica».
Por consiguiente, desde 2022 el planteamiento adoptado por la Unión con respecto a Rusia se ha regido por los siguientes principios: 1) se debe aislar a Rusia a escala internacional y se le deben imponer sanciones para evitar la guerra; 2) la comunidad internacional debe garantizar la rendición de cuentas obligando a Rusia, a los autores individuales y a los cómplices a que asuman responsabilidades por las violaciones del Derecho internacional y los crímenes de guerra cometidos en Ucrania; 3) los países vecinos de la Unión deben recibir apoyo, también a través de las políticas de ampliación de la Unión, al igual que los socios de todo el mundo para hacer frente a las consecuencias de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania; 4) debe apoyarse una estrecha cooperación con la OTAN y los socios de todo el mundo para defender el orden internacional basado en normas; 5) debe reforzarse la resiliencia de la Unión, en particular en materia de seguridad energética e infraestructuras críticas, y deben combatirse las amenazas cibernéticas e híbridas, la manipulación de la información y las injerencias de Rusia; 6) la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos y los medios de comunicación independientes deben recibir apoyo dentro y fuera de Rusia, al tiempo que se gestionan las amenazas a la seguridad y el orden público en la Unión.
La Unión ha condenado con la mayor firmeza posible la guerra de agresión no provocada, injustificada e ilegal de Rusia contra Ucrania, así como los ataques contra la población y las infraestructuras civiles. Asimismo, la Unión ha exigido la retirada inmediata e incondicional de todas las fuerzas militares rusas de todo el territorio de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente. La Unión también ha señalado que esta guerra de agresión constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas y de los principios fundamentales del Derecho internacional, y que la Federación de Rusia es plenamente responsable de ello. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, también ha destacado sus repercusiones en el orden mundial, declarando el 1 de marzo de 2022 que no es solo Ucrania la que está siendo atacada, sino que también se está atacando al Derecho internacional, el orden internacional basado en normas, la democracia y la dignidad humana, y eso es terrorismo geopolítico, ni más ni menos. Además, los líderes de la Unión han subrayado que Rusia, Bielorrusia y todos los responsables de crímenes de guerra y de otros delitos de la máxima gravedad tendrán que rendir cuentas de sus acciones con arreglo al Derecho internacional. La Unión también ha condenado la utilización de los alimentos como arma por parte de Rusia en la guerra contra Ucrania y la crisis mundial de seguridad alimentaria que Rusia ha desencadenado. La Unión también consideró ilegales e ilegítimos los falsos referendos celebrados por Rusia en septiembre de 2022 en los territorios ucranianos ocupados temporalmente y rechazó firmemente este intento de Rusia de legitimar o normalizar su control militar ilegal y su intento de anexión de partes de los territorios ucranianos.
En respuesta a la invasión de Rusia, los Estados miembros de la Unión adoptaron rápidamente sanciones de un rigor sin precedentes y en estrecha cooperación con sus socios, incluidos los Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Australia y Japón. Desde el 24 de febrero de 2022, la Unión ha ampliado considerablemente las medidas sectoriales restrictivas mediante trece paquetes de sanciones sucesivos (hasta abril de 2024), y ha añadido un número significativo de personas y entidades a la lista de sanciones con el objetivo de intensificar aún más la presión sobre Rusia para que esta ponga fin a la guerra. Con las medidas restrictivas se persigue debilitar las bases económicas de Rusia, privándola de tecnologías y mercados esenciales y reduciendo en gran medida su capacidad bélica. Actualmente se está negociando un decimocuarto paquete de sanciones.
La rápida sucesión de los trece paquetes de sanciones de la Unión, en lo que ya se ha denominado una «revolución de las sanciones», ha dado lugar a un conjunto de medidas sin precedentes dirigidas contra los sectores esenciales de la economía rusa y las élites políticas del país. Cada paquete ha modificado y ampliado gradualmente el alcance de los regímenes de sanciones adoptados a partir de 2014, con la adición de un nuevo régimen que prohíbe las importaciones de productos procedentes de los territorios anexionados ilegalmente de Donetsk, Luhansk, Jersón y Zaporiyia a la Unión. Los paquetes de sanciones están destinados para ser duros y tener efectos de gran alcance en los sectores financiero, energético, tecnológico, de transporte y espacio aéreo, de consultoría y radiodifusión, así como en los sectores del metal, el lujo y otros productos. Las restricciones a la exportación y a la importación abarcan más del 50 % del comercio anterior a la guerra entre la Unión y Rusia.
Además de las sanciones individuales y económicas, posteriormente se impusieron varias sanciones diplomáticas, incluida la suspensión de la facilitación de visados entre la Unión y Rusia. Junto con otros miembros de la OMC, la Unión Europea acordó denegar el trato de nación más favorecida a los productos y servicios rusos en los mercados de la Unión.
Desde finales de abril de 2024, en las listas de sanciones figuran más de 2 100 personas y entidades. Entre las personas sancionadas se encuentran el presidente de la Federación de Rusia, Vladímir Putin, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, los 351 miembros de la Duma Estatal que respaldaron el reconocimiento de los territorios temporalmente ocupados de las regiones de Donetsk y Luhansk, funcionarios y personal militar de alto rango, agentes de desinformación, los responsables de los ataques con misiles contra la población y las infraestructuras civiles críticas y de los secuestros y posteriores adopciones ilegales de niños ucranianos, y muchos otros. En la lista de sanciones también se ha incluido a varios miembros de alto nivel de la organización mercenaria Grupo Wagner. En junio de 2023, el Consejo sancionó a nueve personas por condenar a Vladímir Kara-Murza, político opositor ruso, activista por la democracia y crítico del Kremlin, a veinticinco años de prisión por acusaciones falsas y basadas en motivos políticos. Más recientemente, también se ha añadido a la lista de sanciones a funcionarios de prisiones y del poder judicial vinculados a la muerte de Alexéi Navalni.
Además de imponer esta gran variedad de sanciones, la Unión también ha intensificado la lucha contra su elusión por parte de Rusia. Con el fin de evitar que la eficacia de las sanciones de la Unión quede debilitada por las exportaciones a través de terceros países, la Unión ha introducido nuevas medidas para evitar la elusión de las prohibiciones de exportación de determinados bienes y tecnologías, en particular productos de doble uso, componentes críticos y tecnologías avanzadas.
Además, el incumplimiento de las medidas restrictivas se ha añadido a la lista de «eurodelitos» y, el 9 de junio de 2023, el Consejo acordó introducir infracciones y sanciones penales por la vulneración de las sanciones de la Unión y facilitar la investigación, el enjuiciamiento y el castigo del incumplimiento de las medidas sancionadoras en toda la Unión.
En septiembre de 2022, los Estados miembros de la Unión suspendieron por completo el acuerdo de facilitación de visados UE-Rusia de 2007 y la Comisión adoptó directrices para garantizar que esta suspensión no afecte negativamente a quienes necesitan protección y a las personas que viajan a la Unión para atender fines esenciales, como periodistas, disidentes y representantes de la sociedad civil.
En represalia por las sanciones de la Unión y otras sanciones internacionales impuestas contra Rusia tras su invasión de Ucrania en febrero de 2022, el Gobierno ruso publicó una lista de países extranjeros «poco amistosos», en la que figuran los Estados miembros de la Unión, el Reino Unido, los Estados Unidos y otras naciones con un plan de sanciones contra Rusia. Los ciudadanos de estas naciones se encuentran ahora sujetos a un sistema progresivamente más complejo de contrasanciones de represalia, que afectan a varios acuerdos empresariales y financieros relacionados con Rusia. El 31 de marzo de 2022, las autoridades rusas también decidieron ampliar de manera significativa su «lista negra» para incluir «a los máximos dirigentes de la Unión, a varios comisarios europeos y jefes de organismos militares de la Unión, así como a la abrumadora mayoría de los diputados al Parlamento Europeo», denegándoles el derecho de entrar en territorio ruso. Esta lista no está publicada oficialmente, por lo que no existe ninguna posibilidad de recurso legal, al contrario de lo que sucede con la prohibición de viajar que aplica la Unión. La lista negra rusa incluye, asimismo, a funcionarios de alto nivel de los Gobiernos de algunos Estados miembros de la Unión y diputados a Parlamentos nacionales, así como personalidades públicas y de los medios de comunicación.
Habida cuenta de que la invasión no provocada e injustificada de Ucrania por parte de Rusia constituye una violación flagrante del Derecho internacional y de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, la Unión ha apoyado los esfuerzos ucranianos e internacionales para garantizar la rendición de cuentas por los crímenes de guerra y otros delitos graves cometidos, incluido el crimen de agresión, así como por los enormes daños causados. La Comisión Europea, aunque sigue apoyando la labor de la Corte Penal Internacional, manifestó su disposición a colaborar con la comunidad internacional en la creación de un tribunal internacional especial para investigar y enjuiciar los delitos de agresión de Rusia contra Ucrania perpetrados por la dirección política y militar de la Federación de Rusia y sus aliados, en particular Bielorrusia. En mayo de 2023, se dotó a Eurojust de nuevas facultades para preservar, analizar y almacenar pruebas con el fin de facilitar la investigación ulterior de crímenes de guerra, actos de genocidio y crímenes contra la humanidad cometidos en el territorio de Ucrania. En julio de 2023, Eurojust puso en marcha el Centro Internacional para el Enjuiciamiento del Crimen de Agresión contra Ucrania, con la participación de los miembros del equipo de investigación conjunta de la Unión.
La Comisión Europea también ha estado explorando formas de utilizar los activos rusos inmovilizados para la recuperación y reconstrucción de Ucrania, en coordinación con los socios internacionales, de conformidad con el Derecho internacional y de la Unión. Desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania se han inmovilizado 260 000 millones de euros de activos del banco central ruso en los países del G7, dos tercios de los cuales se mantienen en la Unión. En la cumbre del G7 de junio de 2024 se debatirá cómo coordinar los enfoques de las estrategias de los socios internacionales.
Según lo acordado por el Consejo Europeo, los Estados miembros están debatiendo ahora la posibilidad de utilizar los ingresos extraordinarios procedentes de los activos del banco central ruso inmovilizados en la Unión. El 12 de febrero de 2024, el Consejo adoptó un marco jurídico para contabilizar por separado estos beneficios extraordinarios. El 18 de marzo se presentó una segunda propuesta para asignar el 90 % de estos ingresos al Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, con el fin de aumentar el apoyo militar a Ucrania, y el 10 % para hacer frente a las necesidades de reconstrucción y apoyar las capacidades de la industria de defensa ucraniana. Todavía no se ha alcanzado ningún acuerdo, pero se han registrado avances.
Bajo el mandato de Vladímir Putin, y especialmente a partir de 2012, el espacio para la acción individual y colectiva ha disminuido de manera gradual pero sistemática, mediante restricciones legislativas y la intimidación selectiva de los críticos. A lo largo de los años, las autoridades rusas han introducido restricciones legales generales contra «agentes extranjeros» y organizaciones «indeseables» y «extremistas», dirigidas contra cientos de organizaciones no gubernamentales (ONG), mientras que la censura a los medios de comunicación, internet y las redes sociales ha aumentado significativamente. Se ha designado como «agentes extranjeros» a un número cada vez mayor de agentes de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos y periodistas independientes, a quienes se ha acosado y encarcelado, se han clausurado organizaciones de defensa de los derechos humanos y se han restringido las libertades de expresión, de reunión pacífica y de asociación. El periodismo de investigación objetivo también ha sido atacado, mientras que los medios controlados por el Estado han promovido incansablemente una imagen de «fortaleza asediada» sometida al ataque del «Occidente colectivo». Además, las elecciones parlamentarias de 2016 y 2021 y las elecciones regionales y municipales de septiembre de 2022 se celebraron en un entorno político y mediático restrictivo, lo que derivó en una victoria significativa para el partido de Putin, Rusia Unida. Los observadores electorales (hasta 2016) y los medios de comunicación independientes constataron que las elecciones seguían incumpliendo los estándares internacionales y quedaban desvirtuadas por el fraude, la movilización en los lugares de trabajo, la exclusión sistemática de la oposición y otras irregularidades. En septiembre de 2023, la Federación de Rusia celebró elecciones regionales, también en los territorios ocupados de Ucrania, que la Unión condenó y consideró ilegales e ilegítimas. Los expertos observaron que estas elecciones fueron aún menos justas y libres que las anteriores. El derecho de voto de los ciudadanos rusos se ha deteriorado hasta el punto de que estas elecciones pueden considerarse carentes de verdaderos principios democráticos.
Tras obtener su cuarto mandato presidencial en 2018, Vladímir Putin impulsó en 2020 enmiendas constitucionales que le permiten permanecer en el poder después de 2024 (en teoría hasta 2036). En marzo de 2024, Vladímir Putin ganó su quinto mandato presidencial, obteniendo el 87,28 % de los votos con una participación del 77,44 % de las personas con derecho a voto, en unas elecciones que se consideraron antidemocráticas. Estas «elecciones» presidenciales se celebraron los días 15 y 17 de marzo en un entorno muy restringido y bajo fuerte propaganda. La Unión Europea hizo pública una declaración en la que reitera que no reconoce, ni reconocerá nunca, ni la celebración de estas denominadas «elecciones» en los territorios de Ucrania ni sus resultados. El alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión (AR/VP), Josep Borrell, declaró que las elecciones se basaron en leyes represivas y estuvieron marcadas por la ausencia de competencia creíble y medios de comunicación independientes, por la detención y persecución arbitrarias de líderes de la oposición política, representantes de la sociedad civil y periodistas, así como por la muerte repentina del líder de la oposición rusa y galardonado con el Premio Sájarov Alexéi Navalni, detenido en una de las colonias penales más duras de Rusia. En un debate celebrado en el Parlamento Europeo el 10 de abril de 2024, Josep Borrell declaró que, en este contexto, no podían denominarse «elecciones». Además, es la segunda vez consecutiva que la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) no ha podido observar las elecciones en el país (tras las elecciones parlamentarias de 2021).
Tras una década de reducción de la esfera pública bajo el mandato de Vladímir Putin, se abrió una nueva espiral de represión política interna que comenzó con el regreso de Alexéi Navalni a Rusia en enero de 2021 y que ha aumentado drásticamente desde el inicio de la invasión rusa a gran escala de Ucrania en febrero de 2022. Cualquier discrepancia o desviación respecto a la versión oficial de los hechos está sujeta a sanciones y las voces críticas de la sociedad se han visto aún más penalizadas. El Índice de Democracia de 2023 elaborado por la Unidad de Inteligencia de The Economist (EIU) describe a Rusia como un «régimen autoritario», que ocupa el puesto 144 de un total de 167 países, por debajo de Nicaragua, Venezuela y Níger. Desde la invasión de Ucrania, Rusia ha descendido nueve puestos en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras, donde ocupa el puesto 167 de 180, con un panorama que se describe como «muy grave». La relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en la Federación de Rusia, Mariana Katzarova, ha destacado en numerosas ocasiones que la situación de los derechos humanos en Rusia se ha deteriorado significativamente desde la invasión de Ucrania, con un patrón de supresión de los derechos civiles y políticos.
Desde el 24 de febrero de 2022, se ha detenido en Rusia a 20 000 manifestantes en contra de la guerra y, según OVD-Info, actualmente hay más de 1 000 presos políticos. La Unión ha condenado la represión sistemática de ONG, organizaciones de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos y periodistas independientes, tanto dentro como fuera de Rusia, y sigue apoyando a los rusos que se han manifestado o han protestado contra la guerra en Ucrania. La Unión Europea ha reafirmado reiteradamente su solidaridad con Vladímir Kara-Murza, Alexéi Navalni, Ilya Yashin, Oleg Orlov y todas las personas rusas que han sido enjuiciadas, encarceladas o intimidadas por seguir luchando por los derechos humanos y decir la verdad sobre las acciones ilegales del régimen.
Acuerdos en vigor
La base jurídica de las relaciones entre la Unión y Rusia es el acuerdo de colaboración y cooperación (ACC) de junio de 1994. Dicho acuerdo, que tenía una validez inicial de diez años, se ha ido renovando automáticamente cada año. En él se fijan los principales objetivos comunes y se establece el marco institucional para los contactos bilaterales —incluidas las consultas periódicas en materia de derechos humanos y las cumbres presidenciales celebradas dos veces al año—, que actualmente se encuentran paralizados.
En la cumbre de San Petersburgo de 2003, la Unión y Rusia reforzaron su cooperación con la creación de cuatro «espacios comunes»: un espacio económico, un espacio de libertad, seguridad y justicia, un espacio de seguridad exterior y un espacio de investigación, educación y cultura. A nivel regional, la Unión y Rusia, junto con Islandia y Noruega, establecieron en 2007 la nueva política relativa a la dimensión septentrional, centrada en la cooperación transfronteriza en las regiones del mar Báltico y del mar de Barents. En julio de 2008, se iniciaron negociaciones con vistas a alcanzar un nuevo acuerdo entre la Unión y Rusia que incluyera compromisos jurídicamente vinculantes en ámbitos como el diálogo político, la justicia, la libertad, la seguridad, la cooperación económica, la investigación, la educación, la cultura, el comercio, la inversión y la energía. En 2010 se presentó la «Asociación para la Modernización». Las negociaciones relativas a un acuerdo para la facilitación de visados concluyeron en 2011. Sin embargo, la intervención de Rusia en Crimea llevó a la suspensión de todas las negociaciones y los procesos en este sentido. En 2014, el Consejo Europeo paralizó la cooperación con Rusia (exceptuando la cooperación transfronteriza y los contactos interpersonales), así como la financiación de la Unión en beneficio del país a través de instituciones financieras internacionales. Las relaciones entre la Unión y Rusia han sido tensas desde la anexión ilegal de Crimea y la ciudad de Sebastopol por parte de Rusia en 2014, y sus acciones desestabilizadoras en el este de Ucrania. Tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero de 2022, se suspendió la cooperación política, cultural y científica restante.
Papel del Parlamento Europeo
El Parlamento Europeo aprobó el ACC en 1997, con arreglo al «procedimiento de dictamen conforme».
El Parlamento ha aprobado una serie de Resoluciones sobre Ucrania en las que condena la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia en 2014 y su papel en la desestabilización del este de Ucrania. En junio de 2015 y marzo de 2019, el Parlamento aprobó Resoluciones sobre el estado de las relaciones entre la Unión y Rusia en las que respalda las sanciones de la Unión y hace hincapié en la necesidad de ofrecer una ayuda financiera de la Unión más ambiciosa a la sociedad civil rusa y de promover los contactos interpersonales a pesar de las difíciles relaciones. La Resolución de 2019 expresa una honda preocupación por el comportamiento internacional de Rusia, en particular en los países de la Asociación Oriental. La Resolución también critica el deterioro de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Rusia y propone que Rusia deje de ser considerada un «socio estratégico» de la Unión. En septiembre de 2021, el Parlamento aprobó una Recomendación sobre la dirección de las relaciones políticas entre la Unión y Rusia en la que obliga a la Unión a «garantizar que toda nueva implicación con el Kremlin estará supeditada a la promesa de este de poner fin a su agresión interna contra su propio pueblo, detener la represión sistemática de la oposición y [...] de presos políticos, de las organizaciones de la sociedad civil, derogar o modificar la legislación incompatible con las normas internacionales, como la relativa a los “agentes extranjeros” [...] y poner fin a su agresión externa contra los países vecinos». Pide que la Unión tenga líneas rojas claramente definidas y se abstenga de proseguir la cooperación con Rusia con el único fin de mantener abiertos los canales de diálogo. También pide una visión y una estrategia sobre el futuro de las relaciones de la Unión con una Rusia libre, próspera, pacífica y democrática.
Antes de 2014, el Parlamento era favorable a un nuevo acuerdo global con Rusia basado en valores e intereses comunes. Sin embargo, el Parlamento ha expresado reiteradamente su profunda preocupación por el respeto de los derechos humanos, el Estado de Derecho y la democracia en Rusia, por ejemplo, en lo que se refiere a las leyes contra la «propaganda» LGBTI, las leyes que despenalizan las formas menos graves de violencia doméstica y la represión de las ONG independientes o que reciben financiación extranjera, entre otros aspectos. El Parlamento ha condenado de manera especial el nivel sin precedentes de las violaciones de derechos humanos perpetradas contra los habitantes de Crimea, en particular los tártaros. En 2018, exigió la liberación del director de cine ucraniano Oleg Sentsov, que se había opuesto a la anexión ilegal de Crimea, y a quien concedió el Premio Sájarov. Sentsov fue liberado en 2019 en el marco de un intercambio de presos entre Rusia y Ucrania. El Parlamento condenó taxativamente el intento de asesinato de Alexéi Navalni cometido en 2020.
Desde el inicio de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, el Parlamento ha adoptado numerosas Resoluciones en las que condena la agresión rusa y los crímenes perpetrados a su paso, y ha expresado su firme apoyo a la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente.
En el período transcurrido desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, el Parlamento Europeo ha apoyado firmemente la imposición de sanciones firmes y eficaces por parte de la Unión como instrumento fundamental contra la Federación de Rusia y sus aliados y Bielorrusia. Ha abogado por la confiscación de los activos rusos inmovilizados por la Unión y su uso para ayudar a la reconstrucción de Ucrania y la indemnización a las víctimas de la agresión rusa. Por lo que se refiere a la cooperación en materia de sanciones en todo el mundo, el Parlamento Europeo ha pedido a sus socios que se sumen a estas sanciones, y considera con preocupación que varios terceros países estén colaborando con Rusia para ayudar a este país a eludir las sanciones.
En su Resolución de 23 de noviembre de 2022, el Parlamento reconoció a Rusia como un Estado promotor del terrorismo y que utiliza medios terroristas e instó a la comunidad internacional a unirse en la exigencia de responsabilidades por la comisión de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y el crimen de agresión. En varias Resoluciones, ha pedido que el presidente Putin, otros líderes rusos y sus aliados bielorrusos rindan cuentas por el crimen de agresión que han cometido. En su Resolución de 19 de enero de 2023, el Parlamento apoya la creación de un tribunal internacional especial para enjuiciar el crimen de agresión contra Ucrania perpetrado por los dirigentes políticos y militares de la Federación de Rusia y sus aliados, en particular Bielorrusia. Apoya plenamente además la investigación en curso del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre la situación en Ucrania y los presuntos crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. En marzo de 2023, se anunció que se habían emitido órdenes de detención de la CPI para Vladímir Putin y Maria Lvova-Belova, comisaria de Derechos del Niño para el presidente de Rusia, debido a las deportaciones ilegales de niños ucranianos al territorio ruso, y el Parlamento Europeo acogió con satisfacción la decisión durante un debate en el Pleno.
En su Recomendación, de 8 de junio de 2022, sobre la política exterior, de seguridad y de defensa de la Unión Europea tras la guerra de agresión rusa contra Ucrania, el Parlamento instó al AR/VP Josep Borrell a adoptar un enfoque global con respecto a la Federación de Rusia y a abandonar cualquier compromiso selectivo con Moscú frente a las atrocidades y crímenes de guerra orquestados por las élites políticas rusas y cometidos por tropas rusas, sus representantes y mercenarios en Ucrania y en otros lugares.
En su Resolución de 16 de febrero de 2023, el Parlamento reconoció que la guerra de agresión rusa había cambiado radicalmente la situación geopolítica en Europa y, por tanto, instó a la Unión a adoptar decisiones políticas, financieras y de seguridad audaces, valientes y globales, y a mantener el aislamiento internacional de la Federación de Rusia.
Al mismo tiempo, el Parlamento también cree que la Comisión, el Servicio Europeo de Acción Exterior y los Estados miembros deberían empezar a reflexionar sobre cómo abordar las relaciones con Rusia en el futuro y cómo ayudar a este país a realizar una transición satisfactoria de un régimen autoritario a un país democrático que renuncie a las políticas revisionistas e imperialistas, como se señala en su Resolución de 6 de octubre de 2022.
Antes de que comenzara la guerra de agresión, el Parlamento ya había condenado durante años la represión interna por parte del régimen ruso y el creciente deterioro de la situación de los derechos humanos en el país. Cuando Rusia emprendió su guerra de agresión contra Ucrania, el Parlamento reiteró en los términos más enérgicos su condena, en particular por las severas restricciones impuestas a la libertad de opinión y expresión, al derecho de reunión pacífica y asociación y por las represiones sistemáticas contra las organizaciones de la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos, los medios de comunicación independientes, los abogados y la oposición política. El Parlamento también ha deplorado la legislación rusa ampliamente represiva, incluida la relativa a los «agentes extranjeros» y a las «organizaciones indeseables», los cambios en el Código Penal y la Ley de medios de comunicación de masas, que se utilizan para ejercer un acoso judicial contra las voces disidentes en el país y en el extranjero y socavar la independencia de los medios de comunicación. Además, ha denunciado la continua y creciente censura aplicada en Rusia.
En particular, el Parlamento ha condenado reiteradamente a Rusia por la condena de Alexéi Navalni, galardonado con el Premio Sájarov del Parlamento Europeo en 2021. A medida que se detuvo y encarceló a más activistas, el Parlamento adoptó dos Resoluciones, el 7 de abril de 2022 y el 20 de abril de 2023 respectivamente, en las que se condena la creciente represión en Rusia y, en particular, los casos de Vladímir Kara-Murza y Alexéi Navalni. Como parte de la campaña «Free Navalny» (Navalni Libre), en junio de 2023 el Parlamento instaló delante de su edificio en Bruselas una copia a tamaño real de la celda de castigo («Shizo») en la que Alexéi Navalni cumplía su condena de nueve años y medio. El acto, organizado en el marco de las actividades del Grupo de Apoyo a la Democracia y Coordinación Electoral, tenía como objetivo llamar la atención sobre la difícil situación de Alexéi Navalni e informar al público sobre la represión contra la oposición política en Rusia. El 29 de febrero de 2024, el Parlamento aprobó una Resolución a raíz de la muerte repentina de Alexéi Navalni, calificándola de «asesinato», cuya responsabilidad penal y política recae en el Gobierno ruso y en Vladímir Putin personalmente. En ella, el Parlamento pidió al AR/VP Josep Borrell y a los Estados miembros que exigiesen responsabilidades a los dirigentes políticos y a las autoridades rusas y sancionasen a los implicados en los juicios contra Alexéi Navalni, su condena, su encarcelamiento y sus condiciones de detención. También volvió a denunciar la escalada de las violaciones de los derechos humanos por parte del régimen ruso.
En su Resolución de 5 de octubre de 2023, el Parlamento expresó su preocupación por Zarema Musaeva, defensora de los derechos humanos procedente de Chechenia. El Parlamento también ha condenado de forma reiterada y enérgica las violaciones de los derechos humanos en Chechenia.
El Parlamento ha expresado su solidaridad y apoyo al pueblo de Rusia y Bielorrusia que protesta contra la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y ha exigido a los Estados miembros que protejan y concedan asilo a los rusos y bielorrusos que son perseguidos por hablar en contra de la guerra, así como a los desertores y a los objetores de conciencia rusos y bielorrusos. También aboga por que las instituciones de la Unión se comprometan con los líderes democráticos y la sociedad civil de Rusia y apoya la creación de un eje democrático para Rusia, organizado por el Parlamento Europeo. La presidenta del Parlamento Europeo se reunió con algunos representantes de la oposición rusa en 2022 y la Subcomisión de Derechos Humanos mantiene periódicamente intercambios de puntos de vista con periodistas independientes rusos, con la sociedad civil y con representantes de la oposición. Los diputados al Parlamento Europeo también organizaron una mesa redonda sobre el futuro de una Rusia democrática los días 5 y 6 de junio de 2023, en la que participaron representantes de las instituciones de la Unión, diputados al Parlamento Europeo y representantes destacados de la oposición política y de los medios de comunicación libres rusos de todas las corrientes.
El 25 de abril de 2024, antes de su receso, el Parlamento celebró una votación importante en la que concluía que las denominadas elecciones presidenciales celebradas en Rusia del 15 al 17 de marzo fueron ilegítimas y antidemocráticas, y condenó inequívocamente las elecciones ilegales celebradas en los territorios temporalmente ocupados de Ucrania. El Parlamento también instó a los Estados miembros de la Unión Europea y a la comunidad internacional a que no reconozcan como legítimo el resultado de las elecciones presidenciales rusas, ya que no fueron ni libres ni justas ni cumplieron las normas electorales internacionales básicas, por lo que carecieron de legitimidad democrática.
El 14 de febrero de 2024, el Grupo de Apoyo a la Democracia y Coordinación Electoral y la Delegación del Parlamento Europeo sobre las relaciones con Rusia organizaron conjuntamente una conferencia en la que se invitó a representantes de la oposición rusa y a abogados defensores de los derechos humanos a debatir sobre el significado de estas elecciones presidenciales.
Las relaciones con los legisladores rusos se desarrollaron principalmente en el marco de la Comisión Parlamentaria de Cooperación (CPC), un foro interparlamentario establecido por el ACC UE-Rusia. Entre 1997 y 2014, la Comisión Parlamentaria de Cooperación sirvió de plataforma estable para desarrollar la cooperación y el diálogo entre las delegaciones del Parlamento Europeo y de la Asamblea Federal rusa. Desde marzo de 2014, no obstante, el Parlamento ha interrumpido estas reuniones interparlamentarias, de conformidad con las medidas diplomáticas restrictivas adoptadas por la Unión en respuesta a la crisis en Ucrania. No obstante, la Delegación del Parlamento en la CPC UE-Rusia sigue reuniéndose periódicamente para analizar y debatir el impacto de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania en el mundo y a escala nacional y, en particular, la creciente represión de las autoridades rusas contra la sociedad civil rusa. En este contexto, la delegación mantiene intercambios de puntos de vista periódicos con representantes de la oposición rusa, defensores de los derechos humanos, la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y periodistas independientes, así como con expertos internacionales.
Rusia no ha invitado al Parlamento Europeo como observador de elecciones desde 1999.
Vanessa Cuevas Herman